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Choque entre Fiscal General y jueces de garantías por amenaza de investigarlos

Redacción

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  • Un choque de “trenes” dentro de la Rama Judicial quedó planteado en la tarde de este jueves, luego de que se filtrara a través de las redes un amenazante anuncio hecho por uno de los más altos funcionarios de la Fiscalía, el delegado para la Seguridad Ciudadana LUIS GONZÁLEZ, quien usando términos como “hay que levantar a los jueces”, deja entrever una amenaza de procesar penalmente a los jueces de Control de Garantías que dejen en libertad a delincuentes reincidentes. Lo más sorprendente de todo, es que GONZÁLEZ habla en nombre del propio fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, de quien asegura que dio la polémica orden. Inmediatamente se conocieron anuncios de demandas internacionales contra el Fiscal General.

Una vez conocido a través de las redes el anuncio que  LUIS GONZÁLEZ hiciera por medio del WhatsApp oficial de la Fiscalía, los jueces emitieron sendos comunicados en los que se declaran indignados por la supuesta amenaza del fiscal general y recuerdan que los fiscales son sujetos procesales que actúan dentro de los procesos judiciales en igualdad de condiciones que cualquier otro, teniendo la posibilidad de acudir a mecanismos como las apelaciones cuando las decisiones de los jueces no concuerde con su criterio jurídico.

Apartes de la comunicación WhatsApp enviada por el delegado LUIS GONZÁLEZ:

“En el comité del martes, el señor fiscal general de la nación ORDENÓ QUE HICIÉRAMOS UN LEVANTAMIENTO de todos los jueces de Garantías que no han querido aplicar el Artículo Séptimo de la Ley 1826, osea, eso qué significa? La peligrosidad objetiva como argumento, el que tenga varias anotaciones (delincuentes capturados varias veces) en los tres últimos años, debe irse para la cárcel; entonces por favor cada seccional me documenta dos o tres casos pidiendo copia del audio de la audiencia, PARA YO ORDENAR LAS INVESTIGACIONES PENALES…”

Casi que de inmediato, los jueces reaccionaron furiosos en sendos comunicados. El primero, emitido desde el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, donde se desarollan las más importantes y sensibles audiencias contra criminales de toda índole:

“Rechazamos con vehemencia las directrices que recientemente ha emitido el señor fiscal general de la Nación a sus fiscales delegados, las que se relacionan con iniciar investigación penal contra los jueces con función de Control de Garantías… La Fiscalía es parte en los procesos y para ella la Ley ofrece los recursos ordinarios -Reposición y Apelación- cuando sus pretensiones no son admitidas por el juez. Intimidar con el poder que el ente acusador tiene de investigar a los jueces, pone en grave riesgo los principios de imparcialidad, autonomía e independencia judicial. Cuando el juez resuelve con miedo, los ciudadanos no podrán dormir tranquilos…”

Demanda internacional contra el fiscal general

Más tarde, “CORJUSTICIA”, que aglutina a jueces y magistrados de Colombia y otros países del Hemisferio, emitieron otro comunicado en el que respaldan a sus colegas y critican con mayor vehemencia la directriz del fiscal general:

“Dicha instrucción responde a un ejercicio ilegítimo del poder, además de ser una actuación intimidatoria, que constituye un grave ataque a la independencia judicial…Es lamentable que, en vez de que se propicien diálogos constructivos frente al tema con la Judicatura Colombiana, se intimide a los funcionarios con juicios penales… Razón por la cual se procederá a poner en conocimiento de los organismos internacionales de DDHH, la implementación de esta práctica implantada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia… Se hace un llamado al respeto…”

Hasta llegada la noche del jueves, el fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ no se había pronunciado respecto a estos dos comunicados y el anuncio de la demanda  internacional en su contra.

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Más recursos para Salud y Educación en el Valle del Cauca

Redacción

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La gobernadora del valle DILIAN FRANCISCA TORO entregó otros 300 millones de pesos al hospital “Luis Ablanque” de la Plata, que garantizarán el buen funcionamiento de este centro hospitalario, que este año ya ha recibido cerca de 2 mil millones en recursos.

“Nosotros venimos apoyando al Hospital desde que llegamos. Ya habíamos dado $1.500 millones al inicio de este año para pago de personal; dimos dotación para las salas de cirugía y ahora estamos apoyando con $300 millones para paga el recurso humano”, explicó la mandataria tras hacer la entrega del cheque al director de centro hospitalario.

También para la Educación

La gobernadora también hizo entrega de 15o tablets con contenido digital para el fortalecimiento de la cátedra de emprendimiento, con destino a instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento, lo que facilitará el acceso de los estudiantes a nuevos conocimientos a través de las distintas plataformas.

La gobernadora también impulsa la Escuela Taller de Buenaventura, donde un grupo de mujeres fabrica 35 mil camisas para los niños de los colegios públicos de la ciudad. Son 70 mujeres las que se dedican a confeccionar la ropa para los estudiantes de las instituciones educativas públicas del departamento y del puerto.

“Estamos buscando que las mujeres sean autónomas financieramente, porque de esta manera se hacen respetar y no se dejan de nadie. Espero que este año que viene sea de consolidación de todas ustedes porque seguiremos brindándoles todo el apoyo que sea necesario”, les expresó la gobernadora a las mujeres en su visita a la Casa Taller.

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LEONARDO ESPINOSA, el Adhoc de MARTÍNEZ

Redacción

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La Corte Suprema de Justicia cumplió y antes de irse de vacaciones resolvió sin mayor discusión el embrollo del fiscal Adhoc que reemplazará a NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ en varias investigaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht. Se trata del decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, LEONARDO ESPINOSA, el primero de los ternados por el presidente DUQUE. Fue elegido con 17 votos.

De paso, los togados de la Corte en pleno desestimaron los otros dos nombres, el de la actual secretaria jurídica de Palacio CLARA MARÍA GONZÁLEZ y el del exmagistrado GILBERTO OROZCO. Respecto a la señora GONZÁLEZ, los magistrados consideraron que podría estar inhabilitada, por cuanto reina la jurisprudencia según la cual una funcionaria de alto rango no puede al mismo tiempo ocupar un cargo de elevado perfil como el de un fiscal general, así sea Ad hoc. Sobre el abogado OROZCO, la corporación no valoró lo suficiente su perfil, pese a la brillante hoja de vida que presentó a su consideración, que incluye, entre otros cargos, su vinculación de más de 30 años con la Rama Judicial y en la magistratura.

 

17 magistrados votaron en favor de Espinosa

Lo que sí deja en claro la Corte con esta elección, es que no se requiere de un penalista para ejercer el cargo de fiscal general, pese a que se trata de un funcionario que lidera la política criminal del Estado y, además, personalmente debe desarrollar tareas exclusivamente de carácter penal y criminológico. En ese caso, los magistrados consideraron que el fiscal Adhoc tendrá como soporte investigativo y a su disposición, fiscales especializados que actualmente trabajan bajo la batuta de NÉSTOR HUMERTO MARTÍNEZ, varios de ellos en el mismo caso Odebrecht.

El fiscal Adhoc LEONARDO ESPINOSA es un profesor universitario de 65 años de edad, abogado y politólogo, y se desempeña como decano de Derecho la Universidad “Sergio Arboleda” desde hace 30 años, donde comenzó como docente. Se sabe que es amigo personal del presidente IVÁN DUQUE, de quien fue su profesor en la misma academia.

Los casos

Son por lo menos tres los casos sensibles que en principio llegarán a conocimiento del fiscal Adhoc, especialmente el que vincula a las exministras de Estado GINA PARODY y CECILIA ÁLVAREZ, de quienes se señala en la investigación que se beneficiaron de las obras que adelantó ODEBRECHT, al valorizar un predio de sus familias. Las dos exfuncionarias ya fueron vinculadas al proceso formalmente.

Los otros temas que debería conocer el fiscal Adhoc, están relacionados con la muerte de dos testigos que habían anticipado revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht, revelaciones que comprometen seriamente al propio fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ. También deberá pasar por su despacho el tema de las asesorías que brindó MARTÍNEZ al Grupo Aval, mientras este grupo económico fue socio de la multinacional brasileña.

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Investigación: Familiares de directivas de Fiduprevisora y Findeter desmienten enriquecimiento ilícito y alistan documentos para probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente

Redacción

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Tras la revelación de la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía para establecer o descartar un posible enriquecimiento ilícito por parte de familiares de directivos y ex directivos de Findeter y Fiduprevisora, voceros y allegados a ese núcleo familiar desmintieron de tajo que 29 bienes inmuebles en la mira de los investigadores hayan sido adquiridos con dineros de oscura procedencia o provenientes de actos de corrupción.

Como fue divulgado por este portal y otros medios de comunicación del país, los bienes de siete personas, entre hijas y hermanas de SANDRA GÓMEZ (actual jefe de Findeter) y DIANA PORRAS (vicepresidente jurídica de la Fiduprevisora)  aparecen en un informe que investigadores de Policía Judicial le entregaron a un fiscal Especializado, que en este momento analiza para establecer si con su adquisición, los propietarios incrementaron injustificadamente su patrimonio, lo que podría configurar un Enriquecimiento Ilícito.

Aunque las dos funcionarias prefirieron no pronunciarse respecto a la noticia, voceros y allegados a ellas con los que este portal tuvo contacto, explicaron que los inmuebles investigados hacen parte de un patrimonio que históricamente las dos familias han adquirido, como quiera que se trata de personas prestantes, empresarios que con el paso de los años han venido adquiriendo estos apartamentos y lotes.

Por ejemplo, explicaron, el esposo de DIANA ALEJANDRA PORRAS es uno de los dueños de una poderosa empresa de trasporte de carga con varias décadas de tradición. Uno de los inmuebles investigados, un apartamento en Medellín, fue comprado hace más de catorce años y luego vendido. Un lote en Girardot, fue adquirido en el año 2004.

“Es lógico y normal que los padres adquieran bienes inmuebles y los pongan a nombre de sus hijos, pues es una forma de asegurarles el futuro, no es una forma de esconderlos. Se trata de propiedades históricas, y eso está perfectamente documentado y será entregado a la Fiscalía cuando sea necesario”, explicó un de los voceros de la familia que prefirió no identificarse.

Respecto a la relación de SANDRA GÓMEZ con DIANA ALEJANDRA PORRAS, la misma persona consultada explicó que se trata de un amistad de hace varios años, que nació incluso desde antes de que alguna de las dos llegara a ocupar cargos de relevancia en el Estado. Amistad que no esconden y que incluso hacen púbica a través de sus redes, en las que se declaran amigas incondicionales.

Venganza?

El mismo vocero dijo que no descarta que las denuncias contra las dos familias sean producto de un plan de venganza orquestado por contratistas afectados por decisiones que las dos funcionarias han tomado desde sus cargos, en los cuales deben estar alertas a las licitaciones que abren esas dependencias.

De hecho, sospechan que detrás de anónimos y denuncias ante los medios de comunicación y los entes de control estarían contratistas que recientemente fueron descalificados en un proceso licitatorio en Medellín, en el que se probó que no cumplieron con los requerimientos. De igual manera no descartan que se trate de enemigos del ministro CARRASQUILLA, que quieran hacerle daño a través de estas dos funcionarias.

Allegados a la familia GÓMEZ también desmintieron rumores según los cuales SANDRA no ha sido ratificada en su cargo como directora de FINDETER, entidad a la que llegó recientemente, luego de su paso como jefa de LA FIDUPREVISORA, donde según los voceros sobresalió por atacar focos de corrupción y denunciar posibles actos indebidos en contratación.

La investigación sigue

Este portal confirmó que el caso en la Fiscalía sigue su curso normal y que el fiscal que lo lidera aún no ha tomado decisiones de fondo, como por ejemplo el de citar o no a audiencia de imputación de cargos, pues está a la espera de los resultados de otras tareas que encomendó a los investigadores de Policía Judicial.

Es posible que dentro del plan metodológico de esta investigación, sean llamados a entrevista los familiares de la dos funcionarias, incluso ellas mismas, para que tengan la oportunidad de entregar pruebas antes de que se tome una decisión en alguno de los sentidos posibles, es decir citarlas a interrogatorio o, dependiendo del acervo probatorio, convocarlas a audiencia de Imputación de Cargos. .

“Ellos están dispuestos a presentarse cuando el fiscal lo determine, están tranquilas y con las pruebas en la mano”, agregó el vocero de la familia.

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