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La Chiva

Corrupción? Compra venta de lujoso vehículo enreda a jefe del ICBF Cauca. Exclusivo

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La Fiscalía General de la Nación investiga porqué razón una lujosa camioneta terminó en poder del director del ICBF del Cauca, JAMES NEY RUIZ, pese a que su anterior dueño era la ONG “Fundación Gestión Social de Colombia”, contratista de la entidad oficial. Se trata de la camioneta Nissan Qashqai gris, modelo 2017.

La fiscalía rastrea la contratación firmada por el director del ICBF, en busca de establecer si favoreció los intereses de la ONG, y si, como lo señalan informaciones preliminares, el vehículo fue una prebenda recibida por el funcionario, quien por ser director regional, es el ordenador del gasto de la entidad.

Lo que ya ha sido establecido es que el vehículo llegó a poder del funcionario el 9 de noviembre de 2016, según los documentos de traspaso cuyas copias ya están en poder de los investigadores. Las primeras indagaciones ya dejaron en claro que la citada ONG sí tiene o ha tenido contratos con el ICBF Cauca, desde el año 2015, bajo la administración del investigado director.

Ver Documento Traspaso

Aunque podría ser sospechoso, el tema del traspaso podría ser normal, y de hecho está amparado por la Ley. Sin embargo, dos aspectos llaman  la atención de los investigadores: que la ONG “Fundación Gestión Social de Colombia” es una de las mayores contratistas del ICBF en esa zona del país, y que incluso ha sido cuestionada por el incumplimiento con los pagos de salarios a docentes que son contratados por el ICBF, a través de la misma ONG. Este portal conoció al menos 5 contratos millonarios que tiene la ONG con la regional del ICBF en Cauca.

Ver Contratos. 

Otro hallazgo de los investigadores prendió las alarmas: la hija del director JAMES NEY RUIZ, aparece en los registros como jefe del área de Talento Humano de la ONG “Fundación Gestión Social de Colombia”. Según los documentos, DAIRA RUIZ  ocupaba dicho cargo en el año 2016, cuando la ONG ya había iniciado contratación con el ICBF. Este portal tuvo acceso a una constancia laboral que así lo probaría.

Ver Constancia Laboral Hija del Director ICBF – Cauca 

Además de la investigación penal de la Fiscalía, la oficina de Control Interno y disciplinario del ICBF también inició indagaciones contra el funcionario, para establecer si se trató de un caso de corrupción y si se presentó conflicto de intereses. En dicha oficina anunciaron que están a la espera de los avances y resultados que arrojen las pesquisas de la Fiscalía.

“Yo le compre el vehículo a la ONG porque me salía más barato”

Ante la gravedad de los primeros hallazgos de la Fiscalía, “Chivas & Crónicas” habló con el director del ICBF regional Cauca, JAMES NEY RUÍZ, quien tras confirmar que en efecto adquirió la lujosa camioneta, explicó que compró el carro con un préstamo de 50 millones que hizo al Fondo de Empleados del ICBF.

“Yo se lo compré a la Fundación con recursos propios, el carro costó 75 millones, Fonbienestar me hizo un préstamo de 50  millones y lo compré a la ONG, señaló.

Al ser interrogado por nuestros periodistas sobre la decisión de comprar el vehículo directamente a la Fundación y no a un concesionario, enfatizó: “a las fundaciones los concesionarios les hacen descuentos y les rebajan el precio de los vehículos y por eso lo compré, me lo daban más barato, el carro me costaba 90 millones en concesionario y ellos me lo vendieron en 75 millones”.

El funcionario también admitió que la ONG “Fundación Gestión Social de Colombia” ha tenido más de 5 contratos en los últimos 3 años, con esa regional del ICBF, aclarando que sin embargo dichos contratos fueron terminados por  incumplimientos .

“Les terminamos los contratos en Junio y  en Octubre de 2017”.

JAMES NEY RUÍZ, atribuyó las denuncias en su contra a una persecución, precisamente por su forma correcta de manejar a los proveedores de la entidad en el Cauca. “Me quieren perjudicar desde todos lados, por no ayudarle a proveedores y he tenido que desvincular gente”. Y agregó, respecto a la sospechosa compra del carro:

“Si hubiera comprado el carro de mala fe, hubiese utilizado testaferros”.

Frente a los cuestionamientos que salpican a su hija, DAIRA RUIZ, quien trabaja para la ONG cuestionada en este caso, explicó que “ella se presentó a un concurso y por sus méritos fue elegida como la jefe de Talento Humano en la fundación”

Por último, dijo que sus abogados están recopilando toda la información necesaria para demostrar ante la Fiscalía y organismos de control, que no ha cometido ningún delito y mucho menos que esté involucrado en actos de corrupción en la entidad.

 

 

 

La Chiva

El papelito que enreda a JORGE PRETEL y a varios abogados con más sobornos

Redacción

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Con un “papelito” con anotaciones a mano, así comenzó el escándalo del “Carrusel de Contratos” de Bogotá que llevó a la cárcel a docenas de personajes, entre políticos, concejales, contratistas, poderosos empresarios y personeros distritales.  Y así mismo podría empezar un nuevo escándalo de corrupción, que amenaza con enlodar de nuevo  al magistrado de la Corte Constitucional JORGE PRETTEL y a otros importantes juristas y abogados. Se trata de otro caso de millonarios sobornos en las altas cortes.

Según un comunicado de la Fiscalía General, anunciando la compulsa de copias contra PRETTEL ante la Corte Suprema,  las pruebas halladas esta vez aparecieron en la investigación desatada con la Operación Acordeón, consistentes en documentos, entre ellos un papel con varios nombres y cifras millonarias escritas a mano, además de confesiones de testigos que colaboran con la justicia.

Dice la Fiscalía que dichas declaraciones  “dan cuenta del presunto pago de una elevada suma de dinero al magistrado de la Corte Constitucional JORGE IGNACIO PRETTEL CHALJUB, a cambio de favorecer los intereses de la empresa “Recaudos y Tributos S.A”, filial del grupo INASSA, en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado 5 Civil de Santa Marta, el 26 de junio de 2012, con motivo de la controversia originada entre esa empresa y el Distrito de Santa Marta, en torno a la revisión de legalidad del contrato para la modernización del sistema de gestión y recaudos tributarios de esa ciudad…”

Según las pruebas que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema contra PRETTEL, el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad de Recaudos y Tributos. Los hallazgos de las investigaciones permiten sospechar que el entonces magistrado ayudó en la escogencia de la tutela y en el fallo de la misma, pues actuó como ponente y en favor de los intereses de la empresa INNASA.

El papelito es la prueba

Una de las pruebas es el mencionado “papelito” que al parecer fue suscrito en un hotel de Panamá, en el que queda claramente registrado, a puño y letra, la que sería la forma como supuestamente se iban a repartir los dineros del soborno ente los implicados, entre quienes figura e nombre del magistrado PRETTEL y el de dos prestigiosos abogados.

De este documento también se infiere la presunta actuación dolosa de los abogados RODRIGO ESCOBAR GIL, ex magistrado de la misma Corte Constitucional, y de VÍCTOR PACHECO, conocido asesor externo privado. Ambos, al igual que PRETTEL, ya figuraron en autos judiciales con ocasión al escándalo de FIDUPETROL, en el que también se estableció la ocurrencia de un soborno millonario en el trámite de una tutela.

Coincidencialmente, en el caso de FIDUPETROl el entonces magistrado PRETTEL ofició como ponente de una tutela que también favorecía los intereses de la empresa privada, en detrimento del Erario, mientas que ESCOBAR GIl fue señalado de ser intermediario para que el pago del supuesto soborno se hiciera efectivo. El abogado PACHECO, mientras tanto, confesó parcialmente su participación y fue usado como testigo por parte de la Fiscalía en ese momento.

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La Chiva

EXCLUSIVO: Las pruebas ocultas que podrían desmontar escándalo sexual en el San Viator

Redacción

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Mientras el rector del Colegio San Viator de Bogotá, padre ALBEIRO DE JESÚS VANEGAS, pide pista en la Fiscalía para ser escuchado en interrogatorio y así poder dar una versión más exacta y clara de los hechos que hoy lo tienen inmerso en un gran escándalo de acoso sexual, se conoció que agentes del CTI encontraron una carpeta que contendría información que podría echar al traste las acusaciones hechas por un alumno de la institución educativa.

Según conoció este portal, el pasado jueves varios agentes del CTI y un delegado del fiscal que lleva el caso, realizaron una inspección sorpresa en la rectoría del colegio, durante la cual encontraron una voluminosa carpeta que contiene cientos de documentos oficiales y dictámenes médicos, así como cartas personales firmadas por el alumno denunciante y sus padres, según las cuales esta historia podría dar un rumbo inesperado en los próximos días.

Al parecer los investigadores quedaron tan sorprendidos con el hallazgo, que decidieron ponerle freno a una serie de pruebas que ya habían sido programadas después de estallar el escándalo, cuando el caso apuntaba hacia la responsabilidad del padre ALBEIRO por las acusaciones hechas por uno de los alumnos de último curso.

Entre otras pruebas hasta ahora desconocidas, se encontraron misivas escritas y firmadas por el propio alumno acusador, en las que se retracta de señalamientos similares y explica las razones por las cuales tomó la decisión de atacar al rector del colegio. Cartas en el mismo sentido aparecen firmadas por los padres del señalado estudiante. También figuran los resultados de un extenso análisis psiquiátrico y psicológico hecho al joven, que en principio evidencian que se trataría de una persona con serios desórdenes y trastornos de personalidad, inclinado a la agresividad verbal y con síntomas de bipolaridad.

La inspección del CTI se realizó en la oficina de la rectoría del Colegio

La carpeta fue de inmediato entregada al fiscal que lidera el caso, aunque no pudo ser incluida formalmente al proceso bajo los rigores que exige la “Cadena de Custodia”. De todas formas, ya obra como elemento probatorio dentro de la investigación, y la seriedad de su contenido obliga a que otro tipo de nuevas pruebas sean decretadas para establecer hasta qué punto, como lo ha sostenido el propio religioso acusado, se trataría de una denuncia infundada, en lo que a l rector del plantel se refiere.

Dos casos diferentes

De todas formas, la Fiscalía no descarta que casos de acoso sexual hayan ocurrido en años anteriores. incluso cuando el padre ALBEIRO no era el rector de la institución. De hecho, también se investiga si otro sonado caso de suicidio de  un joven de 22 años, que estudió en el mismo colegio, tiene relación con un acoso sexual previo.

En este caso en concreto, la Fiscalía ya tiene claro que ese otro episodio, que derivó en el suicidio de un estudiante de 22 años, no tendría relación directa con el caso que hoy tiene en entredicho al padre ALBEIRO, pues al parecer este estudiante llegó al San Viator proveniente de otro colegio religioso, donde al parecer ya se habían denunciado supuestos acosos sexuales por parte de otros curas.

En las últimas horas se conoció una carta firmada por exalumnos del San Viator, en la que piden a la Fiscalía que acelere las investigaciones para que muy pronto el buen nombre del colegio quede en limpio, en el entendido de que la conducta aislada de unos pocos no empañe la imagen de toda una institución prestigiosa y que goza de excelente reconocimiento en el medio educativo del país.

También piden que se hagan denuncias ciertas y no infundadas, en caso de que en realidad hayan ocurrido casos de acoso sexual, diferentes al que hoy se hizo público contra el rector, el padre ALBEIRO.

Alumnos del actual período escolar que está por terminar, han realizado manifestaciones públicas callejeras y videos de forma voluntaria, en los que expresan su respaldo al padre ALBEIRO y a las directivas del colegio, e insisten a las autoridades en que adelanten las investigaciones de forma rápida para que el nombre del colegio no siga siendo perjudicado, en el entendido de que este escándalo estalló justo en momentos en que se abren las matrículas para el próximo año escolar.

Las directivas del plantel, alumnos, padres de familia y asesores jurídicos del colegio, tienen temor de que este escándalo perjudique de forma grave e irreparable la imagen de la institución, su reputación y buen nombre, por lo que hacen un llamado para que este hecho no se convierta en una puerta de entrada a denuncias infundadas y malintencionadas.

El padre ALBEIRO ya contrató los servicios de un prestigioso abogado penalista, a través del cual ya envió una carta a la Fiscalía en la que pide ser escuchado en diligencia de INTERROGATORIO, con la intención de explicar más  a fondo lo que verdaderamente ha venido ocurriendo con este alumno que lo denunció, en el entendido de que es falsa la denuncia y que, por el contrario, él podría estar siendo victima de un hecho extorsivo.

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La Chiva

Destapan “cartel de los traslados” en el INPEC

Redacción

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Resoluciones de traslado de dos presos, con el mismo número de radicación y ambas con la firma del director del INPEC, general JORGE LUIS RAMÍREZ, prendieron las alarmas que pusieron en evidencia a una red que venía operando en el interior de la entidad, cobrando gruesas sumas de dinero a reclusos necesitados de ser llevados a otras cárceles o cambiados de  patio.

Una de las resoluciones figuraba a nombre de un suboficial del Ejército y la otra a nombre de un presunto capo del narcotráfico, reconocido por su alta peligrosidad. El primero de los documentos al parecer es el legalmente expedido, mientras que el segundo parece haber sido hecho de acuerdo o con base en el otro. Es decir, usando los mismos membretes, pero con número de identificación y nombre de recluso diferente. Además contiene la firma del director del INPEC autorizando los traslados. Ver las resoluciones:

El escándalo se descubrió gracias a un proceso administrativo interno abierto contra un dragoneante de Prisiones, quien fue señalado de supuestos actos de corrupción. Cuando dicho uniformado fue requerido por las autoridades, decidió como arte de su defensa contar lo que por ahora parece ser el comienzo del destape de un gran “cartel de  traslados”.

El suboficial, que ahora pide pista en la Fiscalía como testigo a la espera de beneficios y protección, relató que en el supuesto entramado de corrupción participan varios funcionarios de la entidad, así como miembros de la guardia, incluso altos mandos.

De hecho, salió a relucir que una de las personas claves con acceso al sistema electrónico de traslados desde Bogotá, es un familiar del propio director del INPEC, al parecer un sobrino suyo. Este hallazgo ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, por posible nepotismo.

El descubrimiento, que fue hecho público por el Noticiero virtual “Noticias Sin Control” del Canal V.I.P TV, obligó la inmediata reacción del propio director del INPEC, quien aclaró que fue él mismo quien puso en conocimiento de las  autoridades la existencia de este cartel, admitiendo y confirmado que de él hacen parte funcionarios de la entidad. Explicó que le pidió a la DIJÍN que investigue los hechos, que podrían estar relacionados con otros actos de  corrupción ya públicos hace pocas semanas, que suscitaron la captura del director de la cárcel La Picota, sorprendido por el CTI cuando recibía 2o millones de pesos de manos de un recluso.

Lo que la Fiscalía ha podido establecer hasta el momento, es que este “cartel” de traslados operaba extorsionando a los reclusos de alto perfil, amenazándolos con ser trasladados a cárceles de apartadas zonas del país donde el acceso de sus familiares y abogados es difícil.

En otros casos, les armaban falsos informes de inteligencia que los señalaba de actos de indisciplina que nunca ocurrieron, con el fin de pedirles dinero a cambio de no entregar los supuestos informes a la Dirección General, donde la consecuencia podría ser el traslado o un castigo intramural. Varios de esas víctimas de extorsión ya han relatado ante los investigadores sus casos.

Tarifas al mejor postor

Las tarifas para estos traslados oscila entre los 5 millones y hasta los 300 millones, como en el caso de un jefe paramilitar al que le pidieron esa suma por no ser sacado del Pabellón de la Picota. A las pocas semanas, tras no acceder a las pretensiones de los guardias, fue trasladado a otra cárcel.

Las tarifas de cinco millones están relacionadas con visitas médicas, que por lo general son falsas y le permiten al recluso verse con sus familiares, encontrarse con ellas en centros comerciales y hasta almorzar, incluso se sabe de permisos de horas en los que pueden ir hasta sus casas. También cobran por cambio de celdas y por el ingreso de celulares, comida especial y visitas en horas y días no permitidos. De hecho, se cuenta con información de autorización de citas y fiestas nocturnas con presencia de mujeres y el ingreso de ellas a las celdas hasta altas horas del amanecer.

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