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El confidencial

Corte Suprema no aceptaría fiscal Adhoc para reemplazar a NHM

Redacción

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Desde el año 2014 la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia respecto a la elección de un fiscal general Adhoc, para casos en los que el titular deba declararse impedido en alguna de las investigaciones que conozca, o en las que pueda tener injerencia.

Como lo más probable es que la alta corporación de Justicia mantenga esa doctrina y no la varíe, se estima que negarán la petición que presentó NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, a propósito del escándalo en el que está envuelto a raíz de la misteriosa muerte de dos testigos claves del caso ODEBRECHT, en el que el jefe del ente acusador está salpicado como abogado que fue del grupo AVAL, socio de la empresa brasilera que confesó haber repartido multimillonarios sobornos en Colombia y otros países del continente.

El pronunciamiento de la Corte que ahora cobra vigencia, tuvo que ver con la controversia desatada en febrero del 2014, cuando el entonces fiscal general EDUARDO MONTEALEGRE se declaró impedido para investigar a la entonces contralora de la República SANDRA MORELLI, denunciada por el ex presidente de Saludcoop CARLOS PALACINO por calumnia, teniendo en cuenta que MONTEALEGRE había sido abogado de PALACINO antes de asumir como fiscal general.

Fue entonces cuando MONTEALEGRE se declaró impedido y pidió a la Corte un fiscal Adhoc, pero los magistrados en pleno negaron tal petición, considerando que es la propia Constitución la que ordena que para ese tipo de casos debe asumir la vicefiscal, lo que fue ratificado por leyes posteriores creadas por el Congreso de la República.

Hasta antes del pronunciamiento de la Corte del 2014, se estimaba que un fiscal Adhoc era lo más sano para asegurar  objetividad e imparcialidad en una investigación, con el argumento de que un subalterno del impedido no ofrece garantía de independencia e imparcialidad. Los magistrados negaron de tajo tal argumento y el magistrado ponente FERNANDO ALBERTO CASTRO, recordó que si bien se trata de una discusión antigua que debe seguir dándose en el plano académico, ya fue resuelta por el Congreso de la República al disponer en el articulo 58 del Código de Procedimiento Penal, que en caso de impedimento del fiscal general, la actuación debe adelantarla el vicefiscal general. Textualmente estableció:

«Esa es la realidad jurídica actual y a ella debe atenerse la Corte, siendo oportuno destacar que en nuestro modelo constitucional, el fiscal general, el vicefiscal general y todos los fiscales delegados, son miembros de la Rama Judicial del Poder Público (Artículo 249 C.N.) y como administradores de justicia que son, únicamente están sometidos al imperio de la Constitución y la Ley».

Recordó dicho pronunciamiento, que el Artículo 228 de la Constitución ordena que las decisiones de la administración de Justicia sean independientes y autónomas, garantía fundamental cuya efectividad se controla a través de las figuras procesales de los impedimentos y las recusaciones.

Así las cosas, de no variar esta doctrina que además fue respaldada por la Corte Constitucional cuando revisó la reforma de la estructura de la Fiscalía General, el caso ODEBRECHT debería ser asumido por la actual vicefiscal general MARÍA PAULINA RIVEROS, pese a haber sido designada directamente por NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, lo que la convierte en su subordinada.

El otro hecho que debe tenerse en cuenta es si a la Corte Suprema le alcanza el tiempo para pronunciarse respecto a la solicitud del fiscal Martínez, pues, como se sabe, a los magistrados les quedan escasamente dos semanas de jornada laboral, ya que a partir del 16 de diciembre entran en vacaciones colectivas y hasta el próximo año. La decisión de aceptar o no el fiscal Adhoc, debe ser tomada en Sala Plena.

El confidencial

El fiscal Martínez de turista y la Fiscalía alborotada

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Pillaron al fiscal General en bermudas y en tenis cruzando los anillos de seguridad de un aeropuerto de la Florida, Estados Unidos, al parecer en plan de vacaciones. Mientras tanto, dicen algunos, la Fiscalía en Colombia está «patas arriba» por cuenta de los procesos que dejó abiertos y la polémica desatada con la no extradición de Santrich.

   

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El confidencial

Cuentas falsas, pagos a medios y guerra sucia contra candidatos, en la mira de la Fiscalía. Santa Marta y Magdalena, casos emblemáticos

Redacción

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Teniendo en cuenta que se avecina una gran campaña electoral, la Fiscalía General tiene en la mira a varios grupos de cibernautas que se dedican a difundir, a través de perfiles falsos, noticias mentirosas contra reconocidos personajes de la política y la actualidad regional y nacional, que a diario son blanco de ataques por parte de sus enemigos y opositores, inundando las redes sociales con información que atenta contra su buen nombre y prestigio.

Uno de los casos que más ha llamado la atención de los investigadores es el del actual candidato a la gobernación del Magdalena CARLOS CAICEDO. En su caso, YA SE HAN IDENTIFICADO QUINCE PERFILES FALSOS, que agrupados en diferentes zonas de la Costa Atlántica, dedican su trabajo a «disparar» información injuriosa y calumniosa, y que al parecer tiene centros de operación montados en varias ciudades de la región, en las que el candidato hace presencia en campaña, y obviamente en la misma capital Santa Marta.

Por esta razón es que un grupo de abogados ya reunió el acervo probatorio y documentado que ha sido regado en las diferentes redes sociales, para fundamentar una denuncia ante la Fiscalía General, pues mucha de esa información falsa llega incluso a medios de comunicación, con el riesgo de que sea publicada sin el debido filtro de veracidad que una situación de estas requiere.

La información a diario inunda redes como Facebook, Instagram y Twitter, primncipalmente, que a su vez es retransmitida a periodistas políticos de los diferentes diarios y medios de comunicación regionales, con el propósito  de que sean difundidas a la opinión pública.

«Esta estrategia tiene la intención férrea de opacar la campaña del grupo significativo de ciudadanos, Fuerza Ciudadana y de su candidato a la gobernación», le dijo a este portal portal  uno de los asesores el señor CAICEDO.
La denuncia llegará a la Fiscalía acompañada de resultados de pesquisas hechas por investigadores privados, según las cuales ya se tienen identificados 15 perfiles en redes sociales, con el agravante de que SON PAGAS exclusivamente para que a diario produzcan informaciones falsas sin ningún control y con un solo objetivo: manipular al electorado a partir de mentiras y engaños.

                                                  La campaña de Carlos Caicedo, víctima de ataques cibernéticos

Para Carlos Sanín, experto en marketing digital, “esta práctica de desinformar es famosa a nivel mundial. Lo vimos con la campaña de Trump a la presidencia de Estados Unidos y desafortunadamente da resultados. Sin embargo, redes sociales como Facebook han intensificados sus políticas de publicaciones con lo que hoy en día es posible cerrar cuentas malintencionadas, que en la mayoría de los casos, son pagas para producir
noticias falsas”.
Para los que saben de este tema, lo que deben hacer los usuarios de las redes sociales es desconfiar de esta clase de contenidos y abstenerse de compartirlos. Además de dejar de seguir, bloquear y denunciar a estos perfiles para que estos falsos mensajes no se propaguen por internet.

La Gobernación estaría detrás de la campaña «sucia»

(Arte gráfico: Johana Ramírez Reyes)

Más allá de las consecuencias de esta campaña «negra y sucia», lo que llama la atención de los investigadores es que, según portales noticiosos de investigación, detrás de esta estrategia podrían estar funcionarios públicos, incluso de la la propia Gobernación del departamento, detrás de la cual, como se sabe, aparece un clan familiar políticamente identificada como enemiga del candidato CAICEDO.

Uno de tales portales es «Periodismoyopinion.com«, que denuncia que la Gobernación del Magdalena, ha firmado contratos por más de 45 millones de pesos con portales web por 8 meses, que a todas luces son sobrevalorados, dejando claro que no ameritan semejante pago de publicidad para sitios web que no registran un gran número de usuarios.

Además, cita el portal, que los contratos de publicidad de la Gobernación oscilan entre los 3 mil y 4 mil millones de pesos, una cifra exorbitante que no beneficia a la comunidad y sí a unos pocos “periodistas” que mantienen una imagen limpia de aquellos que hasta tienen investigaciones por paramilitarismo, sin que ello llegue a instancias judiciales y los órganos de control.

«Chivas y crónicas.com» iniciará un completo seguimiento a estos portales y las publicaciones y, en próximas entregas, dará a conocer el ADN malintencionado de un pasquín que, por supuesto, también sería pago por los enemigos de CAICEDO y que se distribuye en Santa Marta y que se une a la plataforma de comunicaciones financiada para deslegitimar la campaña de CARLOS CAICEDO a la gobernación del Magdalena.

Ya hay jurisprudencia en la Corte

Este portal conoció de fuentes de la Fiscalía en Bogotá, que por orden del fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, ya se organizó un grupo de investigadores expertos en delincuencia cibernética, peritos y hackers que tienen en su poder información que puede llevar a identificar en los próximos días el origen de estas cuentas y a quienes las manejan clandestinamente.

La investigación de la Fiscalía se soporta en decisiones recientes de la Corte Suprema, según las cuales no solo es delito de gravedad difundir estas noticias falsas, sino también REPRODUCIRLAS y hacerlas distribuir en otras redes y en medios de comunicación.

El caso del candidato CAICEDO ha sido considerada como un ejemplo típico de esos ataques y por la misma razón será atado con prioridad por el ente acusador, pues la información aportada por los abogados está fundamentada en documentos y cruces de información en redes y los nombres de posibles autores. En caso de probarse que provienen de funcionarios públicos, la investigación sería remitida también a la Procuraduría General.

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El confidencial

SUSPENDIDO! Alcalde de Mariquita, termina su mandato acosado por los procesos judiciales y el fantasma de un carcelazo

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En las calles de Mariquita Tolima se rumora que pronto podría prenderse un ventilador en la Fiscalía, que tiene asustado a más de uno, especialmente ahora que se cierra el círculo y empieza la disputa por el reemplazo de ALEJANRO GALINDO.  Ya se habla de candidaturas, avales y de un mejor futuro para el pueblo. Pareciera que quieren pasar la página del «libro» GALINDO, un alcalde que pasará a la historia como uno de los más investigados de las décadas recientes. Los procesos penales y disciplinarios lo acosaron casi hasta el final de su período, al punto de haberle quitado las alas de la gobernabilidad, a juzgar por las quejas que se escuchan: inseguridad, violencia, calles destrozadas, escándalos, pobreza, desempleo, entre otros.

A los escándalos judiciales que lo envuelven a él y a su esposa, detenida por el masivo robo de los lotes, se suma ahora la suspensión que decretó la Procuraduría en su contra, y que podría sacarlo del puesto unos diez meses, según el fallo que lo suspende e inhabilita por una de sus actuaciones más dudosas, relacionada con el manejo dado a una decisión sobre los servicios públicos de la ciudad, encomendado a una empresa privada por alcaldes anteriores.

Según el Ministerio Público en primera instancia, ALEJANDRO GALINDO no tramitó en los términos legales una recusación que le exigía declarase impedido para ejecutar la retoma del sistema de redes de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio. El mandatario omitió enviar esa recusación al mismo ente de control, decidiendo autónomamente continuar con el proceso administrativo de retoma de lo los servicios. Por eso, la Procuraduría dice ahora que cometió una FALTA GRAVÍSIMA.

«Los servidores públicos no pueden decidir unilateralmente si proceden o no las recusaciones en su contra», señala el fallo, tras advertir que  la actuación del alcalde violó principios fundamentales como la garantía y la imparcialidad, pues el recurso interpuesto por la empresa privada que maneja los servicios en Mariquita, no contó con la oportunidad de ejercer sus derechos.

La decisión fue apelada de inmediato por el alcalde, lo que, por lo pronto, le permite seguir al frente del despacho. El municipio ya cuenta con tres alcaldes, dos de ellos dhoc, por otros impedimentos.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue procesándolo por el escándalo de los lotes, un proceso que ya tiene tas las rejas a su esposa, quien fue acusada formalmente y está a punto de ser condenada, al tiempo que cientos de familias les reclaman a los dos esposos que respondan por los casi 6 mil millones  de pesos que se perdieron en la frustrada venta de lotes para construir sus viviendas.

En los pasillos políticos se habla de un supuesto arreglo al que dirigentes políticos que apoyan a ALEJANDRO GALINDO, habrían llegado con enlaces judiciales, para que el proceso penal en la Fiscalía no avance hasta tanto no deje su cargo, pues su eventual encarcelamiento sería un golpe de opinión muy negativo para el partido que avaló su aspiración a la alcaldía, especialmente este que será el año de todas las elecciones regionales.

Por ahora, el fantasma de nuevas detenciones por el escándalo de los lotes sigue rondando y quitándoles el sueño a varios conocidos personajes del pueblo, al propio alcalde y a otros familiares, pues se sabe que hay más pruebas que sigue recaudando la Justicia como grabaciones de llamadas y documentos contables que se salvaron de ser destruidos. Y no se descarta que aparezca un testigo, de esos que a última hora negocian sus penas a cambio de contar lo que los mariquiteños más desean escuchar y saber: el robo de los lotes, la repartición de la plata y la destrucción de las pruebas los planificó y fraguo solita la esposa el alcalde? O él también sabía?

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