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La Chiva

Denuncian que jefe “paraco” estaría ofreciendo dinero para desacreditar en medios a los fiscales que lo persiguen

Redacción

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Esta historia podría llamarse “Los pájaros tirandole a las escopetas”. Las escopetas serían los delincuentes, mientras que los pájaros serían algunos investigadores y operadores de la Fiscalía, los mismos que han dedicado parte de sus vidas a desmantelar las maniobras mediante las cuales algunos jefes paramilitares y delincuentes de gran talla de la Costa, intentan lavar sus grandes fortunas y mantener su poder económico en entidades aparentemente legales.

Así se desprende de un Derecho de Petición que ya está en manos del fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, que le fue enviada en las últimas horas por tres funcionarios judiciales y de Policía, considerados entre lo más destacados en la lucha contra la corrupción: una fiscal especializada, un suboficial de la Policía Nacional y un investigador de Policía Judicial. Los tres le hicieron ver al jefe del ente investigador, la forma como un personaje muy mentado en los círculos criminales, el ex paramilitar PEDRO CÉSAR PESTANA, al parecer puso en marcha una inusual campaña de desprestigio en su contra, a través de información manipulada que ya empezó a “filtrar” en algunos medios de comunicación, en contra del buen nombre de los servidores públicos quienes, casualmente, han sido los que lo han perseguido judicialmente. Como se sabe, PESTANA, hoy condenado por la Corte Suprema de Justicia, se esconde en un resguardo indígena con el argumento de que pertenece a una etnia.

Como un medio de comunicación nacional ya “le copió”, publicando una nota en la que muestra a los fiscales como “jefes” de una conspiración en contra del paramilitar, los funcionarios judiciales decidieron acudir ante su máximo jefe, el fiscal MARTÍNEZ, para advertirle del drama que empezaron a sufrir por culpa de las publicaciones que ya empezaron a salir a la luz pública a nivel regional y nacional. También destacan el uso de testigos falsos en su contra, para hacerlos ver como corruptos, cuando la verdad es que, por el contrario,  se trata de funcionarios que persiguen a los corruptos.

Quiénes son los fiscales?

Se trata de la fiscal ANA MILENA PALOMINO CANO, fiscal 52 Especializada; JHONY SANJUAN GARCÍA , sargento de la Policía Nacional”; y un agente investigador de Policía Judicial, cuyo nombre no puede ser publicado por razones de su seguridad personal. De hecho, en diálogo con los tres quejosos, revelaron a este portal que reciben llamadas en las que los amenazan de muerte y les advierten que “ya tienen pagos periodistas en todo el país” para seguir sacando “cositas” en su contra.

En una de esas “cositas” que ya publicaron en contra de estos tres funcionarios, se menciona que los tres se reunieron de forma clandestina con un superintendente y un senador de la República, para planear la forma de armarle un proceso al paramilitar PESTANA, con la finalidad de matarlo y adquirir unos dineros y compromisos para lograr resultados en relación con el cierre de  la cuestionada EPS MANEXKA.

Por el contrario, según relatan en la carta al fiscal MARTÍNEZ, los tres funcionarios detallan uno por uno los logros que han tenido en el proceso penal derivado de la liquidación de la mencionada EPS. Dicha liquidación se ordenó legalmente, después de establecerse probatoriamente que de allí “se surtía con desfalcos millonarios, en montos de aproximadamente 8 mil millones de pesos mensuales, el señor CÉSAR PESTANA”. Este dinero, según las pesquisas judiciales, eran usados presuntamente para actividades políticas personales y delincuenciales, según obra en el fallo de condena en contra de PESTANA.

Gracias a las actuaciones de la fiscal y sus agentes investigadores adscritos, el andamiaje montado por PESTANA y sus colaboradores ha sufrido fuertes golpes de la Justicia, como la captura de dos docenas de presuntos delincuentes y el allanamiento e incautación de más de 70 bienes al parecer adquiridos de forma ilícita.

Ante la gravedad de los descubrimientos de la fiscal y sus auxiliares judiciales, la carta advierte que se sienten en peligro de atentados contra su integridad y de sufrir montajes judiciales y mediáticos, como evidentemente ya empezó a ocurrir.

Los tres funcionarios judiciales fueron mencionados por un testigo “secreto” en una conversación telefónica que sostuvo con otro cuestionado personaje. Lo extraño del caso es que parte del contenido de dicha charla, justo la parte que los menciona, fue filtrada a medios de comunicación, lo que ellos consideran como una prueba más de la “campaña de desprestigio” iniciada en su contra, pues dicho declarante refiere hechos ocurridos cuando ellos ya no tenían en su poder el proceso de PESTANA y la EPS, ya que por una orden emanada de Bogotá el expediente fue reasignado hace varios años.

“Hechos estos que nos alertan sobre el riesgo y peligro en que se encuentran nuestras vidas, y que se ponen en conocimiento desde ya, debido a las retaliaciones que ya anunció este señor PESTANA, con apoyo de EMANUEL, por la actividad acuciosa de una investigación estructurada, dado que muchos de los testigos de este proceso fueron objeto  de tentativas de homicidio”.

Facsímil de la carta

Descargar carta completa:

 

Quién es Pedro César Pestana

PEDRO CÉSAR PESTANA ROJAS es médico de profesión y su nombre salió a la luz pública a nivel nacional, tras conocerse que fue uno de los escogidos por el jefe del Bloque Norte de los paramilitares alias JORGE CUARENTA, para que hiciera parte de su proyecto de expansión política y militar de la Costa Norte. Una cumbre para tomar esas decisiones, fue presidida por el también capo paramilitar alias “Don Antonio”, quien además grabó en video dicho encuentro. Ese día, en enero del 2006, a PESTANA lo acompañó su amigo y confidente y socio ANTONIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, quien igualmente aparece en las denuncias de los tres fiscales víctimas de los posibles montajes.

El video de la reunión llegó a conocimiento de la Fiscalía, lo que le sirvió de base probatoria a un fiscal que meses más tarde ordenaría la captura de PESTANA y su amigo MARTÍNEZ, a quien los jefes paras pretendían llevar a la Cámara de Representantes, con el supuesto apoyo de organizaciones indígenas. Los dos serían condenados a seis años de prisión por Concierto para Delinquir. Pero ambos alegaron un argumento insólito para evitar ser enviados a prisión: que eran miembros de una etnia indígena y que por lo tanto pagarían prisión en un  resguardo indígena. Hasta hoy, los dos parapolíticos permanecen en el Resguardo de San Andrés de Sotavento, ubicado a tan solo dos kilómetros de la vía que une a Lorica con Sincelejo.

 Pestana, de camisa roja, al lado de su aliado Antonio Martínez, en la “cárcel”, rodeados de la guardia indígena (Tomada de Semana)

La Revista Semana publicó que desde su “cárcel”, PESTANA ha acumulado un enorme poder, pues desde allí maneja los hilos de la próspera EPS MANEXKA, “que hoy cuenta con 250 mil afiliados y, de acuerdo con versiones brindadas a SEMANA por diferentes fuentes, el lugar es un centro de reuniones desde donde se organiza el trabajo político”. Poder que le ha servido al declarado delincuente para auspiciar la elección de varios alcaldes de la región, a su hermana en la Asamblea y a dos representantes a la Cámara.

Sobre su pasado familiar, se sabe que fue un estudiante aventajado de Medicina, que es hijo de una mujer blanca y de un indígena, y que prestó sus primeros servicios médicos en resguardos indígenas, De sus nexos con los grupos al margen de la Ley, se asegura que hizo estrecha amistad con el temible alias “Cadena”, uno de los más sanguinarios jefes de las AUC en Sucre.

Para la Justicia Ordinaria, es decir la Corte Suprema como su máxima autoridad, PESTANA aún está prófugo y debe pagar su condena en una cárcel corriente. Para él, deberá seguir en su “cárcel natural”, desde donde al parecer sigue manejando los hilos del poder económico y político, preside juntas y cumbres electorales y, según se denuncia, a diseñar campañas de desprestigio y a intimidar a quienes se crucen en su camino. A unos presuntamente con amenazas de muerte, como los testigos en su contra, según la carta, y  a otros con amenazas y montajes mediáticos en medios de comunicación, como lo denuncian los tres funcionarios de la Fiscalía.

Otras denuncias en contra de PESTANA, hechas por confesos sicarios, lo señalan como autor intelectual y determinador de varios homicidios, entre ellos uno que ya fue declarado de LESA HUMANIDAD, en el que las  víctimas fueron un profesor y su esposa, quien en el momento del ataque de los matones se encontraba en estado de embarazo.

Por lo pronto, las víctimas de este aparente montaje mediático, esperan que muy pronto la misma Fiscalía aclare el tema y establezca de una vez por todas si es cierto que PESTANA directamente, o a través de terceros, está pagando para que sus perseguidores legales sean desprestigiados.

“Aquí la verdadera conspiración es contra nosotros”, dice una de ellas.

Copia de esta nota periodística fue enviada directamente al fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, a la espera de un pronunciamiento oficial.

La Chiva

Escándalo: Aparece copia de fallo judicial de caso de corrupción, cinco días antes de la audiencia

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La Fiscalía investiga una denuncia según la cual aparecieron, en sobre sellado, las copias de la parte resolutiva de un fallo judicial supuestamente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con un sonado caso en el que están involucrados reconocidos personajes vinculados con escándalos de corrupción en contratación. Lo que resultaría delicado, es que la audiencia en la que se conocería oficialmente la decisión, había sido programada para este jueves seis de diciembre a las tres de la arde, es decir seis días después de que los documentos circularan y llegaran a manos de los abogados y de otros extraños ajenos al caso.

La denuncia fue instaurada por el abogado LIBARDO RODRÍGUEZ LEUDO, precisamente uno de los defensores de uno de los implicados en la investigación, que llegó a instancias del Tribunal en virtud de una apelación al fallo de  primera instancia con el que un juzgado de Bogotá condenó a varios de los encartados, absuelto a otros y prescrita la acción penal en favor de otros.

Textualmente, en su escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue el insólito suceso, el abogado relata que, a él, la copia del supuesto fallo le llegó en sobre cerrado. Este portal conoció que copias similares fueron conocidas por otras personas allegadas al caso:

El denunciante agrega que “Por la circunstancia anterior y dado que la mencionada información no coincide con lo que los sujetos procesales conocemos de la actuación que se adelanta en esa digna corporación; toda vez que la publicidad de la decisión se llevará a cabo mediante audiencia que se encuentra programada para el día 6 de diciembre de 2018, con el respeto acostumbrado se solicita que se adopten las medidas a que hubiere lugar”.

Pesos pesados

Este portal conoció copias del supuesto fallo filtrado, y que hoy está siendo analizado por los investigadores del CTI y sus forenses, contrastando con lo actuado en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal.

Las alarmas se prendieron por la aparición en ese expediente del empresario de origen judío AARON RABINOVICH, conocido como uno de los “zares” de la seguridad electrónica en el país, como quiera que se ha ganado las licitaciones para varios de los más jugosos contratos para brindarle seguridad a entidades públicas, entre ellas las cárceles del país, especialmente los brazaletes para los presos. Recientemente, este personaje fue condenado por la justicia colombiana y tiene en su contra orden de captura. Se cree que está fuera del país, refugiado en Israel.

Los otros vinculados al expediente aparentemente “filtrado”, son DIANA ISABEL NASIF DE RIMA, representante legal de la empresa “”Cipecol” y “Rapiscan”; GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ, intermediario en contratación; MAURICIO PARADA, de quien se sabe hizo parte del proceso de asignación de un contrato con Fonade; y el mismo señor RABINOVICH, representante legal de la firma “Interamericana de  Sistemas y Seguridad S.A”.

El abogado denunciante sospecha, aclarando que no posee pruebas al respecto, que esta filtración podría presumir que en el interior del Tribunal se podría estar traficando con decisiones que aún no se notifican. La Fiscalía investigará de forma pronta esta denuncia, especialmente si durante la audiencia el fallo sale de la misma forma como aparece en las copias que llegaron a manos de los abogados anticipadamente.

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La Chiva

Los celulares del alcalde de Barranca y su esposa, que según Fiscalía fueron usados en actos de corrupción electoral, los paga la Cámara de Comercio

Redacción

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Un nuevo capítulo parece desprenderse del escándalo de corrupción electoral que sacudió a Barrancabermeja, y que tiene en detención domiciliaria y acusado de varios delitos, al alcalde del puerto petrolero DARÍO ECHEVERRI y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta vez el “coletazo” alcanzaría a la Cámara de Comercio de la ciudad, entidad que según se asegura en los mentideros políticos, desde hace varios años es manejada y controlada, tras bambalinas, por el burgomaestre detenido.

Según un documento secreto de la Policía Judicial y del CTI, conocido por “Chivas y Crónicas“, la prueba reina de dicho control que ejerce el alcalde ECHEVERI, es que los teléfonos celulares de su uso personal y el de su esposa MARYLUZ NÚÑEZ, también imputada por la Fiscalía por el mismo escándalo de corrupción electoral, en realidad pertenecen a la Cámara de Comercio y al parecer los venían usando desde el año 2007, mucho antes de ser elegido alcalde.

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Como ha sido publicado por medios periodísticos nacionales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja aparece mencionada en repetidas ocasiones en las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía, en las que aparece como pieza clave en el supuesto entramado corrupto montado por ECHEVERRI y sus asesores para evitar la revocatoria de su mandato.

De los alegatos de la Fiscalía en la imputación de cargos a ECHEVERRI y los demás investigados, se puede concluir que de esas mismas líneas telefónicas el burgomaestre hizo y recibió las llamadas de las personas con las que aparentemente se concertó para llevar a cabo el plan criminal que consistió en constreñir a los electores, de varias maneras: evitando que votaran en unos casos, o haciendo que sufragaran en blanco, en otros casos; como también a través de la promesa y/o entrega de prebendas y puestos en cargos oficiales y contratos y, en algunos eventos, con amenazas de despedidos.

En el caso concreto, lo que los investigadores hallaron a la hora de analizar el cruce de cientos de llamadas interceptadas, es que “el precitado abonado celular (el mismo del que hablaba el alcalde ECHEVERRI) se encuentra a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, con número de identificación NIT: 890201676, desde el 23/02/2007”. De hecho, DARÍO ECHEVERRI y su esposa MARILUZ NUÑEZ fueron funcionarios de la misma Cámara de Comercio desde enero del 2008.

Este portal tiene en su poder los pantallazos del perfil de la cuenta WhatsApp que confirman que el usuario de la línea telefónica es el señor ECHEVERRI, así como una de las facturas del año 2017, del operador CLARO, a nombre de la Cámara de Comercio.

Los contratos del hijo

El tema cobra especial relevancia ahora, cuando se sabe que la misma Cámara de Comercio suscribió más de 30 contratos con los medios de comunicación de Barrancabermeja, contratos otorgados justo para la época de la campaña de la revocatoria del mandato del alcalde ECHEVERRI. Revisado el contenido de los informes periodísticos de esos medios que recibieron los jugosos contratos, queda claro que en su gran mayoría se mostraron en favor de la causa del mandatario, en muchos casos avalando el abstencionismo.

Otro nexo que indicaría el manejo que el alcalde mantiene en la contratación de la Cámara, es el hecho de que su propio hijo, DARIO ECHEVERRI SERRANO, también es uno de los beneficiarios de la repartija de contratos, con carga presupuestal a los convenios que el municipio suscribió con la Cámara de Comercio.

Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio: se prenden las alarmas

En el año 2016 se denunció la supuesta injerencia del alcalde ECHEVERRI en la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, según documentos que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento, se habló de pérdida de las planillas de votación y, aunque esta entidad de control avaló las elecciones, le pidió a a Fiscalía General que investigue la posible ocurrencia de delitos en dicho proceso de elección. Paradójico, si se tiene en cuenta que avaló, pese a sospechar la comisión de delitos.

Las planillas de votación, en efecto, no aparecieron. La respuesta de la Presidencia de la Cámara fue que una inundación los despareció. Lo curiosos es que las planillas reposaban en un segundo piso de la sede oficial de la entidad, y en esas fechas no se registró una grave inundación por causa del invierno, y menos de una magnitud tal que alcanzara el segundo piso de la edificación.

El censo electoral, dicen la denuncias, pudo haber sido alterado u ocultado para facilitar que a la Cámara llegaran las fichas del alcalde. Si no se cuenta con información respecto a qué personas y/o empresas hacen parte de ese censo  electoral, los nuevos aspirantes a hacer parte de la Junta Directiva, no tendrán chance alguno.

Fiscalía y Superintendencia ponen la lupa en nueva elección

Este seis de diciembre la Cámara de Comercio se apresta a elegir su nueva Junta Directiva, pero esta vez bajo la lupa que la Fiscalía y los organismos de control como la propia Superintendencia de Industria y Comercio han puesto sobre el puerto petrolero, a raíz del escándalo que hoy tiene con detención domiciliaria a DARÍO ECHEVERRI. Las primeras indagaciones dejaron al descubierto un hecho insólito en el censo electoral en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja: solo el 8 porciento de los afiliados corresponde a sociedades, es decir que e 92 porciento del censo electoral está conformado por personas naturales.

Lo que se va a tratar de establecer ahora, es si todas esas personas naturales cumplen con las normas vigentes para este tipo de elecciones,a la luz del Código de Comercio, pues se sospecha que muchos de los afiliados no ejercerían la actividad mercantil requerida y, por tanto, no podrían hacer parte de las elecciones que se avecinan.

Otro hallazgo es que más del 50 porcieno de los afiliados son de municipios diferentes a Barrancabermeja, pese a que  más del 70 porciento de los comerciantes inscritos son del puerto petrolero. Así las cosas, de nuevo surgen sospechas de que podría presentarse manipulación de la elección, detrás de la cual, se presume, estaría la mano y el supuesto poder manipulador del alcalde ECHEVERI, algo que al parecer ha venido haciendo en los últimos 20 años.

La Superintendencia también revisará el tema de la elección del Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el entendido de que el actual, PABLO MURILLO, ajusta ya 15 años en este cargo, un contador público de quien se asegura es ficha del acalde ECHEVERRI y uno de sus amigos más cercanos. De hecho, la esposa de este contador fue hasta hace poco secretaria de Hacienda del alcalde.

Lo curioso es que para la elección que se avecina para Revisor Fiscal, el requisito es que el aspirante al cargo debe tener experiencia “en negocios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja”. Es decir que el único que cumple con este ítem, en el país, vendría a ser el mismo PABLO MURILLO.

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La Chiva

Crece el escándalo: Las reuniones secretas del contralor de Medellín con director de Hospital y contratistas

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El escándalo del posible loby que hizo el gerente del Hospital General de Medellín JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE,  para reintegrarse a su cargo después de haber suspendido por la Procuraduría, tomó nuevo ribetes que ahora salpican nada menos que al contralor delegado para asuntos médicos de la capital antioqueña, CARLOS CORREA.

Este portal tuvo acceso a videos y fotografías, en las que se ve a este funcionario de control reunido con el gerente del hospital y varios contratistas, quienes al parecer se encontraron en una reunión “privada” en un conocido hotel de Medellín. Los asistentes a la clandestina cita, fueron grabados en video y fotografiados desde una mesa vecina en la que departían, sin que se percataran. En las imágenes se ve claramente al contralor hablando con el gerente, mientras ambos toman nota en unas libretas, en las que al parecer marcan números y cifras. Al lado de cada uno de los funcionarios se ven dos personas más, quienes según las fuentes consultadas por este portal se trataría de contratistas.

Según abogados consultados, este hecho podría configurar no solo faltas gravísimas disciplinarias, sino también delitos penales, pues el contralor delegado para los temas de salud es quien justamente debe vigilar, supervisar y si es del caso investigar y enjuiciar fiscalmente al gerente del hospital, quien tiene rango de funcionario público y maneja multimillonaria contratación en medicamentos y utencilios de salud. Es decir que el contralor es el juez natural del gerente. De hecho, el contralor ya ha investigado a BUSTAMANTE en anteriores ocasiones, por lo que esta reunión clandestina resultaría sospechosa.

Este portal también conoció que uno de los asistentes a la reunión, es un conocido contratista del área de los medicamentos, y podría tener contratos vigentes con el Hospital. Según las fuentes de “Chivas y Crónicas”, la esposa de este contratista habría recibido un contrato de una de las entidades vigiladas por el contralor “pillado” en el video.

Los videos y fotografías no han sido entregados a los órganos de control, aunque las fuentes de Chivas y Crónicas aseguraron que están a la espera de acompañarlas de las respectivas denuncias disciplinarias y penales que planean elevar. Todo parece indicar que esta reunión capada en video, habría ocurrido justo después de que el gerente BUSTAMANTE fuera restituido en su cargo.

De hecho, además de esta reunión, hay evidencias de que el gerente del hospital habría avalado un loby a través del mismo contralor, con una funcionaria de la Procuraduría en Bogotá, para lograr que fuese devuelto a su cargo, luego de que fuera suspendido por posibles irregularidades en la contratación del hospital. El propio procurador general FERNANDO CARRILLO lo denunció públicamente cuando conoció que el cuestionado funcionario se había vuelto a posesionar.

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