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«EL CHUZAGATE»: General Guatibonza y senador Benedetti, en la mira de la justicia

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Hasta el fiscal general y su esposa estaban en la lista de una red privada de «chuzadores», conformada por oficiales retirados del Ejército y dirigida, presuntamente, por el otrora poderoso general de la Policía HUMBERTO GUATIBONZA, capturado en la mañana de este miércoles en compañía de sus supuestos compinches.

El caso ya tiene ribetes de escándalo de talla mayor, que tiende a convertirse en un «CHUZAGATE», pues las evidencias que ha recogido y filtrado la Fiscalía General, indican que se trataba de una organización privada al servicio de ilustres personajes, poderosas empresas y políticos, uno de ellos nada menos que el senador ARMANDO BENEDETTI.

Los elementos probatorios fueron el soporte para que la Fiscalía pidiera la captura del general GUATIBONZA, de quien se cuenta con grabaciones en las que, supuestamente, habla con varios de los otros implicados sobre la forma de «meter números», lo que  ajuicio de los investigadores podría tratarse de números telefónicos para ser interceptados.

Los capturados

Como ya se dijo, la lista de capturados la encabeza el general HUMBERTO GUATIBONZA, excomandante del GAULA y de la Policía Metropolitana de Bogotá, y al parecer propietario de una empresa con sede en Cali que está siendo investigada por los mismos hechos; el coronel del Ejercito JORGE HUMBERTO SALINAS MUÑOZ, de quien se sabe es un experto en inteligencia técnica; el también coronel retirado del Ejército CARLOS ANDRÉS PÉREZ, otro experto en temas de seguridad electrónica, y quien oficiaba como jefe de seguridad del municipio de Ipiales,  cuyo alcalde es RICARDO ROMERO, padre del hoy gobernador de Nariño, CAMILO ROMERO, también salpicado en este escándalo y quien igualmente deberá rendir explicaciones ante la Fiscalía; LUIS MESÍAS QUIROGA CUBILLOS, mayor retirado del Ejército y MARÍA ALICIA PINZÓN MOTENEGRO, funcionaria del Mintic. También fue detenido en Bogotá JULIÁN VILLARRAGA.

El capturado que se volvió testigo

Entre los detenidos figura el coronel retirado del Ejército JORGE HUMBERTO SALINAS, quien ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía y comenzó a detallar la forma como operaba la red, que estaba al servicio de conocidas  personalidades del país, empresas y hasta periodistas, según ha trascendido.

El testigo, que recibirá protección y podría recibir rebajas de pena por su colaboración eficaz, contó que la red contaba con dos centros de operaciones, una en Ipiales Nariño y otra en Cali, ambas allanadas por los agentes del CTI, que recogieron evidencias como computadores, celulares y otros equipos de comunicación y monitoreo que, al parecer, eran usados para hacer seguimientos electrónicos y escuchar llamadas telefónicas privadas.

La funcionaria del Mintic MARÍA ALICIA PINZÓN MONTENEGRO, también se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones, pues era la persona que supuestamente se encargaba de montar los «operativos de rastreo» a los blancos previamente escogidos, a petición de los clientes de la red ilegal. Esta muer, conocida como «La haker», cuenta con amplios conocimientos en el área de las comunicaciones y las redes y plataformas digitales, como quiera que se desempeñaba en un cargo importante y estratégico en el Ministerio de las TIC. De ella, se asegura que también habría robado información confidencial desde su cargo oficial, que vendía a los clientes de la red.

En la lista de investigados también figuran periodistas, según lo había anticipado públicamente, pero someramente, el propio fiscal general.

Los chuzados y los clientes de la red

Por ahora lo que ha trascendido es que la red contaba entre sus cientes con el senador ARMANDO BENEDETTI, quien presuntamente habría pedido a la banda que interceptara los teléfonos privados del fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ y de su esposa. El congresista atribuyó el señalamiento a una retaliación del fiscal general. Cabe recordar que el senador mantiene una fuerte controversia con el jefe del ente investigador, de quien ha denunciado públicamente que tiene supuestas pruebas de su intervención en el escándalo de sobornos de ODEBRECHT, como quiera que MARTÍNEZ fue abogado de una filial del Grupo AVAL, enredada en las indagaciones por la repartija de dólares de la multinacional brasileña. Tras ser mencionado como «cliente» de la red de chuzadores, BENEDETTI negó tajantemente la acusación: «No soy ni seré mercenario y menos sería capaz de chuzar a un fiscal general», dijo.

También figura el nombre del abogado JAIME LOMBANA, penalista, defensor del ex presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Según lo  manifestó él mismo en la emisora La W, la Fiscalía ya le notificó que fotos suyas y de su hijo aparecen en una carpeta descubierta, como posibles blancos de la red ilegal.

Igualmente aparecen los nombres de los abogados JAIME GRANADOS y del penalista IVÁN CANCINO, quienes hoy mismo le pidieron a la Fiscalía que acelere las investigaciones para que se esclarezca porqué razón estaban siendo monitoreados por esta supuesta red de chuzadores.

Por el lado de «los clientes» de la red ilegal, aparecen nombres de connotadas empresas como PEPSICOL, PROVIDENCIA, SERVIENTREGA y AVIANCA, compañía que, presuntamente, habría necesitado los servicios de los chuzadores para monitorear los movimientos y estrategias del sindicato de la compañía, en momentos en que se adelantaba un paro de pilotos. En un comunicado público la empresa aérea rechazó los señalamientos y por el contrario se declaró víctima de la red ilegal.

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Exfiscales MONTEALEGRE y PERDOMO entran al «Cartel de la Toga»

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Después de meses de especulación, de testimonios filtrados parcialmente y de anuncios explosivos, se confirmó por pesquisas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, sí estarían vinculados con el llamado «Cartel de la Toga», cuyo jefe, según la misma investigación, fue el otrora poderoso presidente de la Corte Suprema, el magistrado JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, de quien se especula tramita un asilo político en Canadá, país al que viajó luego de estallar el que se considera el más grande escándalo de corrupción judicial de la historia.

Una de las piezas procesales que sirve de soporte para la solicitud de investigación contra MONTEALEGRE y PERDOMO, es la declaración del ex fiscal anticorrupción LUIS GUSTAVO MORENO, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, quien en varias declaraciones ha hablado de su relación con los dos altos ex funcionarios judiciales,  concretamente por la injerencia que el ex magistrado BUSTOS tuvo en la nómina de la Fiscalía General, durante la gestión de MONTEALEGRE y de PERDOMO, su segundo a bordo.

De hecho, uno de los más influyentes fiscales delegados ante la Corte Suprema, fue ubicado en ese importante y estratégico cargo por recomendación de BUSTOS, y quien según las pruebas estaría relacionado con bienes y automotores que presuntamente fueron adquiridos con el pago de comisiones millonarias del Cartel de la Toga.

MORENO entregó copias de tiquetes aéreos, fotografías, chats y relación de viajes al exterior en compañía del entonces presidente de la Corte y de su esposa, la ex fiscal MARTHA CRISTINA PINEDA, además de abogados que también aparecen salpicados en el mismo escándalo de corrupción. MORENO también habló de su cercanía con la administración de MONTEALEGRE, quien le concedió un millonario contrato de asesoría externa, y especialmente de su amistad con PERDOMO, quien luego de ser Vicefiscal, pasó a ser Fiscal General encargado, mientras se elegía al nuevo jefe del ente investigador, NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ.

Hay que recordar que, de acuerdo con pruebas recaudadas y testimonios,  el caso «Cartel de la Toga» está sólidamente unido al escándalo sobornos Odebrecht, que también tiene un capítulo pendiente en la Fiscalía General, según o anticipó el testigo estrella OTTO BULA, en cuyo celular incautado por elCTI aparecen menciones al ex vicefiscal PERDOMO cuando aspiraba a ser elegido fiscal general en propiedad..

Cartel de amigos y sin visa?

Además de BUSTOS, MONTEALEGRE y PERDOMO, las investigaciones también apuntan a otro cuestionado magistrado, EIDER PATIÑO, presidente de la Sala Penal de la Corte, de quien se sabe su amistad y cercanía con BUSTOS y compañía. De hecho, además del colegaje, los unía una gran amistad y era frecuente verlos en cocteles, reuniones sociales y cenas en exclusivos hoteles, junto a los también cuestionados e investigados togados JOSÉ FRANCISCO RICAURTE (hoy detenido y acusado) CAMILO TARQUINO (procesado preliminarmente) y GUSTAVO MALO (investigado y preso).

La noticia de la vinculación de MONTEALEGRE y PERDOMO con el «Cartel de la Toga», se conoció durante el anuncio de la solicitud de acusación formal que el representante investigador,  EDWAR RODRÍGUEZ, hizo contra el magistrado BUSTOS, señalándolo de ser una especie de «capo» de la organización delincuencial que, según testigos, operaba cobrando millonarias comisiones a altos funcionarios aforados, a cambio de no investigarlos  o no apresarlos, en los procesos abiertos en su contra en la Sala Penal de la Alta Corporación.

«Bustos hizo parte, como el cerebro de una red criminal encaminada a entorpecer procesos en la Comisión de Acusación», señala la decisión, en la que se le endilgan al magistrado os delitos de  CONCIERTO PARA DELINQUIR, COHECHO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

Agrega la decisión que «las declaraciones por separado de los testigos dan información muy importante que vinculan al doctor BUSTOS MARTÍNEZ con los actos de corrupción, pero si se analizan en conjunto dan claridad de todo el entramado de acciones desplegadas por el grupo delincuencial»

Estas informaciones se conocen en medio de una serie de especulaciones según las cuales Estados Unidos le revocó la Visa a varios altos e influyentes funcionarios judiciales, entre ellos algunos magistrados, uno de ellos el propio EIDER PATIÑO, quien no lo ha negado públicamente.

También se especula, de haber corrido la misma suerte, con los nombres de los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, aunque la información no ha sido oficialmente confirmada pero tampoco desmentida. De hecho, en una rueda de prensa que este martes concedió el ex fiscal MONTEALEGRE, se negó a responder preguntas al respecto, ciñéndose a la lectura de un comunicado.

De ser cierta la información sobre la cancelación de la Visa a MONTEALEGRE y PERDOMO, las especulaciones han ido más allá del tema del supuesto apoyo a los privilegios jurídicos a jefes de las FARC,  -por ejemplo atravesarse a la extradición a Estados Unidos-, pues se habla de temas relacionados con otro tipo de narcotraficantes en la mira de Estados Unidos.

Montealegre señala a Uribe

La rueda de prensa convocada por MONTEALEGRE para responder a los anuncios de la investigación en su contra como presunto miembro importante del «Cartel de la Toga», no lo fue, pues en realidad se trató de una lectura de un comunicado de prensa, en el que arremetió contra el uribismo y el paramilitarismo.

Visiblemente ofuscado y en compañía de su escudero y pareja en su administración JORGE FERNANDO PERDOMO, el ex fiscal MONTEALEGRE se fue «lanza en ristre» contra el ex presidente ÁLVARO URIBE, a quien señaló de ser el artífice de una supuesta persecución en su contra y de los defensores de la paz. En tono fuerte y apelando a términos de alto calibre, MONTEALEGRE anunció que denunciará a URIBE internacionalmente como responsable de dos de las más horrendas  masacres cometidas por los grupos paramilitares que, precisamente,  firmaron un cuestionado acuerdo de paz con el gobierno del hoy senador de la República y máximo jefe del Centro Democrático.

 El comunicado

 

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DENUNCIA: Popayán, «inundada» en basuras

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Poco a poco y desde hace más de dos semanas, Popayán se está llenando de basuras por todas partes, por culpa del aparente incumplimiento de la empresa privada encargada de la recolección: Serviaseo. Denuncias de la ciudadanía, líderes políticos y veedores ciudadanos, alertaron sobre la situación, que ya tomó ribetes de CRISIS AMBIENTAL, que comienza a generar problemas de salubridad a los habitantes.

Según las denuncias, SERVIASEO, empresa que se ganó la licitación para operar el servicio, no tiene un plan de contingencia que enfrente este tipo de crisis, ítem que estaba plenamente establecido dentro de los requisitos a los que se sometió a la hora de quedarse con el multimillonario contrato. Como se sabe, en SERVIASEO tienen representación accionaria los hermanos RÍOS, que también en Bogotá tienen fuerte protagonismo empresarial en el mismo campo de las basuras. Uno de sus miembros aparece salpicado en el escándalo de corrupción conocido como el «Cartel de los contratos», cuyos principales cerebros fueron los NULE.

Alerta amarilla

Al tiempo que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra funcionarios públicos que por omisión han sido responsables, la Alcaldía de Popayán declaró la ALERTA AMARILLA, emitiendo una serie de recomendaciones a la ciudadanía que eviten que se genere una crisis de salubridad.

Por su parte la Fiscalía indaga la posibilidad de abrir procesos formales contra los particulares que pudieron  incumplir sus obligaciones contractuales, en el entendido de que manejan dineros públicos, pues la empresa privada que opera el servicio recibe los pagos de la Alcaldía.

El senador caucano LUIS FERNANDO VELASCO también pidió la intervención de los órganos de control, y en una carta pública exigió medidas urgentes y la aplicación de sanciones, si es del caso, contra los posibles responsables de esta crisis, advirtiendo además que puede haber omisión de parte de la superintendencia del ramo, pues ya son varias las quejas contra la misma empresa privada.

Los veedores ciudadanos

Veedores ciudadanos también han estado activos a partir de la crisis, exigiendo la pronta intervención de las autoridades y una respuesta clara e inmediata de la empres SERVIASEO. La líder ambiental VICTORIA GUTIÉRREZ, quien ha estado acompañando a la comunidad luego de desatada la crisis, anunció la posibilidad de acudir a una acción popular que recoja los intereses de la comunidad.

«Estamos acompañando a la comunidad ciudadana de Popayán para instaurar una acción popular, pues Serviaseo no tenía un plan de contingencia efectivo y la comunidad se ve afectada. Los políticos no se aparecen en la ciudad cuando ay crisis, se deben revaluar las condiciones del contrato con esa empresa», advirtió VICTORIA GUTIÉRREZ.

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IMPUTACIÓN: Fiscalía le cierra el cerco al alcalde Mariquita por nuevo escándalo

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La situación jurídica del cuestionado alcalde de Mariquita Tolima, ALEJANDRO GALINDO,  cada día se antoja más complicada, luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por PREVARICATO POR ACCIÓN, por su actuación presuntamente dolosa en la expedición de un decreto contrario a la Ley, con el que pretendió sacar del camino a la empresa URBES, encargada del manejo del acueducto y recolección de basuras del municipio.

Según la resolución judicial con la que la Fiscalía 48 seccional de Honda lo notificó en su despacho oficial, el mandatario deberá comparecer en audiencia pública el próximo 20 de marzo, durante la cual el ente acusador le imputará los cargos por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, esto quiere decir que expidió una norma contraria a la Ley, a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito.

Se trata del Decreto 072 mediante el cual el alcalde de los mariquiteños pretendió atravesarse al contrato firmado con la empresa ESPUMA URBES, una entidad privada cuya actuación también ha sido fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por la forma como opera el recaudo de los dos servicios públicos.

Con la imputación de cargos, el alcalde GALINDO  queda formalmente vinculado al proceso penal, lo que lo convierte en adelante en IMPUTADO, a la espera de que la misma Fiscalía decida si, de acuerdo con las pruebas, lo llama a juicio y lo acusa formalmente del grave delito, lo que lo dejaría a las puertas de una sentencia condenatoria.

Crisis e Ingobernabilidad

Desde el punto de vista político, esta decisión conlleva una situación incómoda para el mandatario de los mariquiteños, pues podría seguir afectando su gobernabilidad, que de por sí está bastante cuestionada por cuenta de otro escándalo que lo trasnocha y no lo ha dejado ejercer su cargo con total tranquilidad: el robo masivo de lotes a cientos de familias de su pueblo, por lo que su esposa, la ex «Gestora» del municipio ÁNGELA GUTIÉRREZ está presa y ya fue acusada y llamada a juicio por vario delitos.

Este portal ha recibido información no confirmada según la cual ALEJANDRO GALINDO confía ciegamente en las gestiones que varios congresistas de la región y algunos de sus jefes políticos estarían realizando en las altas esferas para que los procesos penales no avancen de forma acelerada, hasta tanto termine su gestión como alcalde.

En los pasillos de la alcaldía de Mariquita se rumora con insistencia que GALINDO hace ingentes esfuerzos y contactos políticos para dejar acomodado en la nueva administración a una de sus «fichas», un funcionario que trabaja a su lado y que pronto lanzaría su nombre como candidato a sucederlo en el cargo.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, tras sus huellas

Esta nueva investigación de tipo penal se convierte en la más avanzada de las tres que la Fiscalía ha iniciado en contra del alcalde GALINDO que, de paso sea dicho, cogió por sorpresa a los mariquiteños, pues en principio pensaron que la Imputación de cargos tenía que ver con el escándalo del masivo robo de lotes a sus propios coterráneos.

En el caso de los lotes, el mandatario mariquiteño tiene tras su espalda tres denuncias más, una de las cuales ya se encuentra en estado avanzado y la que podría próximamente arrojar resultados. Los investigadores ya recogieron suficiente evidencia que lo vincula con la recepción de dineros producto de la cuestionada venta de los predios, así como interceptaciones telefónicas que dejarían en claro que desde un principio supo del riesgo del negocio emprendido por su esposa y del despilfarro del dinero recibido producto del mismo, entregado por los incautos compradores a varias personas del círculo más cercano del mandatario, su esposa, amigos, familiares, asesores y funcionarios. No se descarta que antes de mitad de este año sea citado a audiencia de IMPUTACIÓN DE CARGOS, incluso con solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, pues se trata de delitos relacionados con estafas, falsedades y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría también lo indaga disciplinariamente por los mimos hechos, además de su actuación en el caso de la empresa URBES y por la contratación concedida durante su cuestionada administración. La Contraloría también lo tiene en la mira su gestión en el manejo de los recursos, luego de conocerse denuncias según las cuales subalternos suyos, que manejan entidades del municipio, como por ejemplo el Hospital, le han dado un sospechoso manejo a los contratos, con aparente sobrecostos y favoreciendo a amigos y allegados contratistas.

Recientemente, gran parte de la ciudadanía participó de una manifestación pública durante la cual exgieron su renuncia y lo calificaron de CORRUPTO.

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