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“EL CHUZAGATE”: General Guatibonza y senador Benedetti, en la mira de la justicia

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Hasta el fiscal general y su esposa estaban en la lista de una red privada de “chuzadores”, conformada por oficiales retirados del Ejército y dirigida, presuntamente, por el otrora poderoso general de la Policía HUMBERTO GUATIBONZA, capturado en la mañana de este miércoles en compañía de sus supuestos compinches.

El caso ya tiene ribetes de escándalo de talla mayor, que tiende a convertirse en un “CHUZAGATE”, pues las evidencias que ha recogido y filtrado la Fiscalía General, indican que se trataba de una organización privada al servicio de ilustres personajes, poderosas empresas y políticos, uno de ellos nada menos que el senador ARMANDO BENEDETTI.

Los elementos probatorios fueron el soporte para que la Fiscalía pidiera la captura del general GUATIBONZA, de quien se cuenta con grabaciones en las que, supuestamente, habla con varios de los otros implicados sobre la forma de “meter números”, lo que  ajuicio de los investigadores podría tratarse de números telefónicos para ser interceptados.

Los capturados

Como ya se dijo, la lista de capturados la encabeza el general HUMBERTO GUATIBONZA, excomandante del GAULA y de la Policía Metropolitana de Bogotá, y al parecer propietario de una empresa con sede en Cali que está siendo investigada por los mismos hechos; el coronel del Ejercito JORGE HUMBERTO SALINAS MUÑOZ, de quien se sabe es un experto en inteligencia técnica; el también coronel retirado del Ejército CARLOS ANDRÉS PÉREZ, otro experto en temas de seguridad electrónica, y quien oficiaba como jefe de seguridad del municipio de Ipiales,  cuyo alcalde es RICARDO ROMERO, padre del hoy gobernador de Nariño, CAMILO ROMERO, también salpicado en este escándalo y quien igualmente deberá rendir explicaciones ante la Fiscalía; LUIS MESÍAS QUIROGA CUBILLOS, mayor retirado del Ejército y MARÍA ALICIA PINZÓN MOTENEGRO, funcionaria del Mintic. También fue detenido en Bogotá JULIÁN VILLARRAGA.

El capturado que se volvió testigo

Entre los detenidos figura el coronel retirado del Ejército JORGE HUMBERTO SALINAS, quien ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía y comenzó a detallar la forma como operaba la red, que estaba al servicio de conocidas  personalidades del país, empresas y hasta periodistas, según ha trascendido.

El testigo, que recibirá protección y podría recibir rebajas de pena por su colaboración eficaz, contó que la red contaba con dos centros de operaciones, una en Ipiales Nariño y otra en Cali, ambas allanadas por los agentes del CTI, que recogieron evidencias como computadores, celulares y otros equipos de comunicación y monitoreo que, al parecer, eran usados para hacer seguimientos electrónicos y escuchar llamadas telefónicas privadas.

La funcionaria del Mintic MARÍA ALICIA PINZÓN MONTENEGRO, también se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones, pues era la persona que supuestamente se encargaba de montar los “operativos de rastreo” a los blancos previamente escogidos, a petición de los clientes de la red ilegal. Esta muer, conocida como “La haker”, cuenta con amplios conocimientos en el área de las comunicaciones y las redes y plataformas digitales, como quiera que se desempeñaba en un cargo importante y estratégico en el Ministerio de las TIC. De ella, se asegura que también habría robado información confidencial desde su cargo oficial, que vendía a los clientes de la red.

En la lista de investigados también figuran periodistas, según lo había anticipado públicamente, pero someramente, el propio fiscal general.

Los chuzados y los clientes de la red

Por ahora lo que ha trascendido es que la red contaba entre sus cientes con el senador ARMANDO BENEDETTI, quien presuntamente habría pedido a la banda que interceptara los teléfonos privados del fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ y de su esposa. El congresista atribuyó el señalamiento a una retaliación del fiscal general. Cabe recordar que el senador mantiene una fuerte controversia con el jefe del ente investigador, de quien ha denunciado públicamente que tiene supuestas pruebas de su intervención en el escándalo de sobornos de ODEBRECHT, como quiera que MARTÍNEZ fue abogado de una filial del Grupo AVAL, enredada en las indagaciones por la repartija de dólares de la multinacional brasileña. Tras ser mencionado como “cliente” de la red de chuzadores, BENEDETTI negó tajantemente la acusación: “No soy ni seré mercenario y menos sería capaz de chuzar a un fiscal general”, dijo.

También figura el nombre del abogado JAIME LOMBANA, penalista, defensor del ex presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ. Según lo  manifestó él mismo en la emisora La W, la Fiscalía ya le notificó que fotos suyas y de su hijo aparecen en una carpeta descubierta, como posibles blancos de la red ilegal.

Igualmente aparecen los nombres de los abogados JAIME GRANADOS y del penalista IVÁN CANCINO, quienes hoy mismo le pidieron a la Fiscalía que acelere las investigaciones para que se esclarezca porqué razón estaban siendo monitoreados por esta supuesta red de chuzadores.

Por el lado de “los clientes” de la red ilegal, aparecen nombres de connotadas empresas como PEPSICOL, PROVIDENCIA, SERVIENTREGA y AVIANCA, compañía que, presuntamente, habría necesitado los servicios de los chuzadores para monitorear los movimientos y estrategias del sindicato de la compañía, en momentos en que se adelantaba un paro de pilotos. En un comunicado público la empresa aérea rechazó los señalamientos y por el contrario se declaró víctima de la red ilegal.

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Investigación: Familiares de directivas de Fiduprevisora y Findeter desmienten enriquecimiento ilícito y alistan documentos para probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente

Redacción

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Tras la revelación de la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía para establecer o descartar un posible enriquecimiento ilícito por parte de familiares de directivos y ex directivos de Findeter y Fiduprevisora, voceros y allegados a ese núcleo familiar desmintieron de tajo que 29 bienes inmuebles en la mira de los investigadores hayan sido adquiridos con dineros de oscura procedencia o provenientes de actos de corrupción.

Como fue divulgado por este portal y otros medios de comunicación del país, los bienes de siete personas, entre hijas y hermanas de SANDRA GÓMEZ (actual jefe de Findeter) y DIANA PORRAS (vicepresidente jurídica de la Fiduprevisora)  aparecen en un informe que investigadores de Policía Judicial le entregaron a un fiscal Especializado, que en este momento analiza para establecer si con su adquisición, los propietarios incrementaron injustificadamente su patrimonio, lo que podría configurar un Enriquecimiento Ilícito.

Aunque las dos funcionarias prefirieron no pronunciarse respecto a la noticia, voceros y allegados a ellas con los que este portal tuvo contacto, explicaron que los inmuebles investigados hacen parte de un patrimonio que históricamente las dos familias han adquirido, como quiera que se trata de personas prestantes, empresarios que con el paso de los años han venido adquiriendo estos apartamentos y lotes.

Por ejemplo, explicaron, el esposo de DIANA ALEJANDRA PORRAS es uno de los dueños de una poderosa empresa de trasporte de carga con varias décadas de tradición. Uno de los inmuebles investigados, un apartamento en Medellín, fue comprado hace más de catorce años y luego vendido. Un lote en Girardot, fue adquirido en el año 2004.

“Es lógico y normal que los padres adquieran bienes inmuebles y los pongan a nombre de sus hijos, pues es una forma de asegurarles el futuro, no es una forma de esconderlos. Se trata de propiedades históricas, y eso está perfectamente documentado y será entregado a la Fiscalía cuando sea necesario”, explicó un de los voceros de la familia que prefirió no identificarse.

Respecto a la relación de SANDRA GÓMEZ con DIANA ALEJANDRA PORRAS, la misma persona consultada explicó que se trata de un amistad de hace varios años, que nació incluso desde antes de que alguna de las dos llegara a ocupar cargos de relevancia en el Estado. Amistad que no esconden y que incluso hacen púbica a través de sus redes, en las que se declaran amigas incondicionales.

Venganza?

El mismo vocero dijo que no descarta que las denuncias contra las dos familias sean producto de un plan de venganza orquestado por contratistas afectados por decisiones que las dos funcionarias han tomado desde sus cargos, en los cuales deben estar alertas a las licitaciones que abren esas dependencias.

De hecho, sospechan que detrás de anónimos y denuncias ante los medios de comunicación y los entes de control estarían contratistas que recientemente fueron descalificados en un proceso licitatorio en Medellín, en el que se probó que no cumplieron con los requerimientos. De igual manera no descartan que se trate de enemigos del ministro CARRASQUILLA, que quieran hacerle daño a través de estas dos funcionarias.

Allegados a la familia GÓMEZ también desmintieron rumores según los cuales SANDRA no ha sido ratificada en su cargo como directora de FINDETER, entidad a la que llegó recientemente, luego de su paso como jefa de LA FIDUPREVISORA, donde según los voceros sobresalió por atacar focos de corrupción y denunciar posibles actos indebidos en contratación.

La investigación sigue

Este portal confirmó que el caso en la Fiscalía sigue su curso normal y que el fiscal que lo lidera aún no ha tomado decisiones de fondo, como por ejemplo el de citar o no a audiencia de imputación de cargos, pues está a la espera de los resultados de otras tareas que encomendó a los investigadores de Policía Judicial.

Es posible que dentro del plan metodológico de esta investigación, sean llamados a entrevista los familiares de la dos funcionarias, incluso ellas mismas, para que tengan la oportunidad de entregar pruebas antes de que se tome una decisión en alguno de los sentidos posibles, es decir citarlas a interrogatorio o, dependiendo del acervo probatorio, convocarlas a audiencia de Imputación de Cargos. .

“Ellos están dispuestos a presentarse cuando el fiscal lo determine, están tranquilas y con las pruebas en la mano”, agregó el vocero de la familia.

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Más plata para el hospital de Palmira

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La gobernadora del Valle DILIAN FRANCISCA TORO @DilianFrancisca, entregó otros $4.300 millones para el Hospital de Palmira, completando un total de $6.800 millones, que servirán para la modernización de este centro asistencial, uno de los más y mejor dotados del departamento, según informó en su cuenta oficial la gobernación.

El acto de entrega del nuevo cheque se realizó en la misma sede del centro asistencial, ante la presencia, entre otros,  del acalde de Palmira, @OrtegaSamboni, y el gerente del hospital, JHON JAIRO SATIZÁBAL, quien recibió de manos de la gobernadora el cheque por los $4.300 millones.

“Si invertimos en los hospitales, apoyamos a la comunidad. Este es un esfuerzo que hacemos desde @GobValle para fortalecer la red pública hospitalaria” señaló la gobernadora en su cuenta oficial, luego de asistir al evento.

Rendición Pública Participativa

Este lunes la gobernadora DILIAN FRANCISCA TORO cumplió con la rendición Pública Participativa para el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante un evento realizado en la Cámara de Comercio de Cali, con la presencia de autoridades civiles y representantes de las comunidades afrodescendientes.

“Este plan incluye también Salud, Educación y Mejoramiento de Vivienda exclusivo para la comunidad Afrodescendiente”, dijo la gobernadora durante el evento, durante el cual también se habló de tareas propuestas para unir esfuerzos para la transformación de la comunidad afro e indígena colombiana.

La gobernadora se reunió en un desayuno de trabajo con la secretaria de Asuntos Étnicos @YinethMaby, BARRON HARBEY, decano de la Universidad de Harvard, y ANGELINO GARZÓN, embajador de Colombia en Costa Rica, entre otras personalidades

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Por impedimentos tambalea terna “uribista” para Fiscal Ad hoc

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La noticia que con “bombos y platillos” anunció desde tempranas horas de este martes el presidente IVÁN DUQUE, sobre la terna enviada a la Corte Suprema de la que deberá elegirse un fiscal Ad hoc, terminó desinflándose en la noche del mismo día, luego de conocerse que los tres ternados podrían presentar impedimentos que harían imposible la elección de cualquiera de ellos.

La terna enviada a la Corte Suprema está conformada por la ex presidenta de la Corte Suprema, MARGARITA CABELLO, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, LEONARDO ESPINOSA, y la actual secretaria jurídica de la Presidencia de la República, CLARA MARÍA GONZÁLEZ.

Las primeras reacciones que se conocieron tras la divulgación de los nombres, es que ninguno de ellos es penalista, lo que podría ser clave, si se tiene en cuenta que quien sea elegido debe apersonarse del delicado caso de los sobornos de Odebrecht, en los que el fiscal titular NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ se ha tenido que declarar impedido. Especial requisito, si se tiene en cuenta que ahora, ademas de esos casos, deberá conocer de los indicios que relacionan a MARTÍNEZ con la extraña muerte de dos potenciales testigos del entramado corrupto montado por la firma brasileña para sobornar a docenas de “ilustres” colombianos, entre políticos, funcionarios, congresistas y particulares, a camio de los jugosos contratos de obra civil.

Solo de estos hechos “sobrevinientes” conocidos en los últimos meses, se podrían desprender delitos como el de LAVADO DE ACTIVOS, TESTAFERRATO y CONCIERTO PARA DELINQUIR, incluso HOMICIDIO y OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA. Además, se trata de hallazgos penales sobre los cuales la justicia de Estados Unidos ya tiene los ojos puestos, en el entendido de que parte del dinero sucio de ODEBRECHT pudo haber sido blanqueado a través de cuentas trianguladas en ESTADOS UNIDOS.

No hay que olvidar que los dos testigos, JORGE PIZANO y su hijo ANDRÉS, habían hecho acercamientos con la justicia del país norteamericano para servir como testigos de cargo contra varios “poderosos” personajes colombianos que estarían detrás de esa red de lavado orquestada por ODEBRECHT. Fue la justicia de Estados Unidos la que inició el proceso que tiene ramificaciones en casi todo el continente y ya ha dejado presidentes detenidos.

Los cuestionamientos

Otro cuestionamiento que surgió contra los nombres ternados, es el hecho evidente de que los tres son afines al uribismo, en temas políticos, jurídicos y comerciales. Así las cosas, se estaría violando el principio de independencia que se le ha exigido al Estado frente a este delicado caso, que tiene en vilo la continuidad del fiscal general en su cargo y el futuro judicial de varios dirigentes y funcionarios aún no investigados por el escándalo, algunos de ellos militantes “uribistas”.

De hecho, hasta el propio presidente IVÁN DUQUE ha sido mencionado por un viaje a Brasil, donde se habría reunido con la plana mayor de ODEBRECHT, un viaje que salpica también al candidato ÓSCAR IVAN ZULUAGA y dos de sus asesores que lo acompañaron. Como se sabe, fue durante el gobierno de ÁLVARO URIBE que la firma carioca llegó al país y comenzó a recibir los jugosos contratos, como el de la Ruta del Sol, que luego el presidnete JUAN MANUEL SANTOS prolongó y adicionó.

Algunos abogados penalistas recavaron en que la ex magistrada CABELLO, antes de abandonar su cargo en la Corte Suprema, participó en la elección de los actuales magistrados que componen las diferentes salas. Es decir que no podría ahora ser elegida por quienes ella eligió. Lo que popularmente se le conoce como el impedimento del “Yo te elijo, Tú me elijes”.

En el caso de la señora CLARA MARÍA GONZÁLEZ, el hecho de  actualmente ostentar un alto puesto público en el Estado, la dejaría incursa en un impedimento de tipo legal, como quiera que la ley prohíbe en casos como el de ser Fiscal General, que quien lo sea tenga al mismo tiempo un cargo en cualquiera de las ramas del Poder Público, en este caso del Ejecutivo. Además, se menciona como causal de impedimento el haber sido profesora del presidente DUQUE en la Universidad Sergio Arboleda.

Adicionalmente, como abogada litigante, la señora GONZÁLEZ defendió los intereses del fallecido industrial antioqueño FABIO ECHEVERRY CORREA, gerente de las dos campañas de ÁLVARO URIBE  a la Presidencia. Más tarde, haría parte del equipo de campaña del también “uribista pura sangre” ÓSCAR IVÁN ZULUAGA.

En cuanto al profesor y decano LEONARDO ESPINOSA QUINTERO, se sabe de su muy cercana relación personal, de amistad, con el presidente DUQUE, lo que automáticamente lo inhabilitaría, pues como ya se dijo el propio jefe de Estado está salpicado en el mismo escándalo que ahora debería conocer, en caso de ser elegido fiscal general Ad hoc.

“Salvavidas” del Uribismo al fiscal Martínez?

Uribe saluda al fiscal Martínez, luego del debate en su contra por corrupción Odebrecht

Algunos otros puntos de vista expresados en las redes, apuntan hacia un posible “salva vidas” del uribismo al ahora cuestionado fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, quien atraviesa una tormenta político judicial por cuenta de sus nexos con ODEBRECHT, a través del Grupo AVAL, del que fue su abogado.

Ese “salva vidas”, dicen esas opiniones, consistiría en que le daría un respiro al fiscal MARTÍNEZ, si se tienen en cuenta los tiempos, en caso de que la terna sea rechazada o modificada Como se sabe, las vacaciones judiciales colectivas en la Rama Judicial comienzan a partir del 17 de diciembre, lo que dejaría el asunto pendiente para el año entrante.

Lo que se especula es que, consciente de la inviabilidad de la terna y el impedimento de los tres juristas, DUQUE la envió así para dilatar la elección y esperar hasta el año 2019, cuando, deba presentar una nueva terna y la Corte se reúna para elegir.

Algunos abogados opinaron que, incluso, si se mantiene y se acepta esta terna, la Corte Suprema se vería en la necesidad de nombrar conjueces, en caso de que la gran mayoría de magistrados se declaren impedidos por el hecho de haber contad con el voto de la señora CABELLO cuando fueron elegidos. Y la Constitución y las leyes señalan que no serán viables las decisiones de conjueces, cuando estos sean mayoría.

Por todas estas razones, según conoció este portal,  en los pasillos del Palacio de Nariño ya se da por hecho que el presidente DUQUE está pensando en deshacerla para conformar una nueva terna, pero para que sea estudiada a comienzos el año nuevo.

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