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El «Oso» de la Corte Suprema en la condena de tres años a exfiscal MORENO

Redacción

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Con «Bombos y platillos» la Corte Suprema de Justicia anunció a primera hora del día, la condena de apenas tres años y medio contra el exfiscal LUIS GUSTAVO MORENO, quien confesó ser uno de los cerebros del más grande escándalo de corrupción político judicial de la historia colombiana. La información generó diversas reacciones, la mayoría de indignación, especialmente de quienes consideraron el fallo como «insólito». Y no es para menos, pues se trata de graves delitos que dejaron por el suelo la credibilidad de la Justicia, al punto que un magistrado, tres senadores y varios fiscales están detenidos, incursos en una verdadera «compra y venta» de decisiones judiciales. «El delito sí paga», fue uno de los mensajes que más se leyó en las redes, tras conocerse la noticia.

Pero faltaba la «perla». Horas más tardes, la misma Corte hizo saber que, haciendo uso de normas legales, iba a corregir la sentencia, aunque sin dar mayores razones. Los medios especularon con que los magistrados redactarían una nueva providencia, con argumentos según los cuales las aritméticas utilizadas por el magistrado ponente no estuvieron de acuerdo con la normatividad vigente, y que el confeso delincuente fue beneficiado con más beneficios de los que se merecía.

Lo que fuere, no son muchos los antecedentes sobre fallos que la Corte Suprema haya «echado para atrás», especialmente después de haber anunciado los fallos. Lo más seguro, según se comenta en los pasillos de la misma Corte, es que una vez tasada la nueva sentencia, la pena contra el ex fiscal MORENO podría ser incrementada en un 20 porciento.

Error humano?

Una de las abogadas que más sabe del tema es la penalista SILVIA RUGELES, quien aunque conidera desafortunada la actuación de la Corte Suprema, aclara que la normatividad vigente permite que este tipo de errores sean corregidos.

 

La reconocida abogada, quien especialmente litiga en la Corte Suprema, ante la cual es asesora en casos sensibles, explicó que existe la figura de la «Corrección aritmética», a la luz del Artículo 286 del Código general del proceso. Es decir, que una pena puede ser reformada, osea tasada por segunda vez. A petición de «Chivas y Crónicas», la doctora RUGELES emitió el siguiente concepto respecto al «incidente».

«Según el anuncio de los medios de comunicación en el sentido que fue emitida sentencia dentro del proceso penal que actualmente se sigue contra Luis Gustavo Moreno, en donde fueron aceptados los cargos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, en el que inicialmente se anunció como pena a imponer la tasada en tres (3) años y seis (6) meses de prisión, la misma Corte anunció posteriormente, que existió un error en la tasación del descuento a la pena a imponer, razón por la cual, procede entonces la corrección de errores aritméticos para la ponencia, situación que es prevista en la ley concretamente en el artículo 286 del Código General del Proceso. Si bien este caso resulta una situación desafortunada dada la connotación que el proceso penal tiene, ha de entenderse que corresponde a un simple error humano, para el cual la ley tiene su propia solución».

Condena y a la casa?

Como sea, el aumento de la pena contra el ex fiscal MORENO no podría ser aumentada en muchos años, al punto que de todas formas podría ser la más baja de las que se apliquen por este escándalo. Si los magistrados decidieran dejarla así, es decir de tres años y seis meses, el exfiscal quedaría libre de forma inmediata, pues se le conmutaría el tiempo que lleva en prisión, más rebajas por estudio y buena conducta, es decir que podría aspirar a la libertad condicional por haber pagado una tercera parte de la sentencia impuesta.

Claro que hay que tener en cuenta que MORENO tiene pendiente un proceso en Estados Unidos, donde es esperado por una corte federal que lo pidió en extradición para que responsada por lavado de activos, un caso precisamente relacionado con el escándalo del «Cartel de la toga».

Fuentes de la Corte Suprema aclararon también que MORENO tiene pendientes otros casos de corrupción, los que, sin embargo, podría dejar zanjados con un Principio de Oportunidad que ya le fue concedido inicialmente, aunque rechazado por un juez de la República.

El confidencial

Alcalde Cota asume costo de lote, para que resguardo indígena no sea desalojado

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La Alcaldía de Cota Cundinamarca evitará que un resguardo indígena, ubicado en los predios del municipio, sea desalojado por orden de la Justicia Civil, como consecuencia de una acción judicial emprendida por el verdadero propietario del predio, un ciudadano que hace 25 años lo adquirió por 12 millones de pesos.

Se trata de un sitio considerado sagrado por la comunidad indígena Muisca, donde periódicamente sus miembros realizan actividades propias de su cultura y adoraciones, y que funciona dentro de una extensión de aproximadamente 505 hectáreas, en los límites del bello municipio cundinamarqués.

El gobernador de dicha comunidad, GREGORY CHINGATÉ, se mostró muy preocupado por un fallo de última instancia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, según el cual el verdadero dueño del predio donde opera el resguardo, es el ciudadano RICARDO PÁEZ, quien logro demostrar que compró el lote hace 25 años. Según la sentencia judicial, en efecto, el lugar sagrado indígena debe ser desalojado de inmediato, para ser devuelto a su verdadero dueño.

Pero la comunidad indígena opina y afirma otra cosa, a juzgar por las palabras del gobernador GREGORY CHINGATÉ, ante medios de comunicación locales y nacionales, como el Noticiero CM& TV, que visitó el lugar y entrevistó a los implicados en el litigio:

«En 1876, tras un remate que hace el Estado Soberano de Cundinamarca, nosotros adquirimos estas tierras por un valor de 9.001 pesos».

Por ahora la Corte Suprema, máxima autoridad Civil en el tema, parece darle la razón al declarado propietario, quien papeles en manos ha logrado demostrar la propiedad el predio. El ciudadano PÁEZ lamenta lo sucedido, pero asegura que debe respetarse la decisión y el derecho que tiene sobre el lote.

«De buena fe les compré porque ellos tenían sus escrituras y su certificado de libertad, ahí siempre cultivaban y tenían ovejas y sus vacas», explicó PÁEZ, el ciudadano oriundo de Boyacá.

Aparece el «Ángel Salvador»

                                                                                   Carlos Moreno, alcalde de Cota

Ante el desespero de los miembros de la comunidad indígena, apareció como «caído del cielo» el alcalde de Cota, CARLOS MORENO, quien de inmediato dio instrucciones a su equipo de trabajo jurídico, para que le encuentren una pronta salida legal al asunto y los indígenas no pierdan su tradicional lugar de adoración.

«He dado órdenes para que del Presupuesto del Municipio salga una partida que permita comprarle el predio al ciudadano PÁEZ, con el fin de donarlo o prestárselo a esta comunidad indígena, a la que la ciudadanía de Cota le merece todo el respeto, admiración y solidaridad», explicó el burgomaestre.

Así las cosas, de lo único que depende el asunto es de un pronunciamiento del Concejo Municipal aprobando el presupuesto con el que se pague el predio, ante lo cual se definirá si queda a nombre del municipio y éste lo presta, dona o arrienda al comunidad indígena.

Este gesto del alcalde MORENO ha recibido el respaldo de la opinión pública, la clase dirigente de la zona, del sector privado y empresarial y de gran parte de la ciudadanía, pues lo ven como una salia humanitaria y un ejemplo de tolerancia, precisamente en momentos en que el país reclama Paz, Reparación y reconocimiento de los Derechos de las minorías y comunidades étnicas, consagrados en la Constitución Nacional.

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El fiscal Martínez de turista y la Fiscalía alborotada

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Pillaron al fiscal General en bermudas y en tenis cruzando los anillos de seguridad de un aeropuerto de la Florida, Estados Unidos, al parecer en plan de vacaciones. Mientras tanto, dicen algunos, la Fiscalía en Colombia está «patas arriba» por cuenta de los procesos que dejó abiertos y la polémica desatada con la no extradición de Santrich.

   

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El confidencial

Cuentas falsas, pagos a medios y guerra sucia contra candidatos, en la mira de la Fiscalía. Santa Marta y Magdalena, casos emblemáticos

Redacción

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Teniendo en cuenta que se avecina una gran campaña electoral, la Fiscalía General tiene en la mira a varios grupos de cibernautas que se dedican a difundir, a través de perfiles falsos, noticias mentirosas contra reconocidos personajes de la política y la actualidad regional y nacional, que a diario son blanco de ataques por parte de sus enemigos y opositores, inundando las redes sociales con información que atenta contra su buen nombre y prestigio.

Uno de los casos que más ha llamado la atención de los investigadores es el del actual candidato a la gobernación del Magdalena CARLOS CAICEDO. En su caso, YA SE HAN IDENTIFICADO QUINCE PERFILES FALSOS, que agrupados en diferentes zonas de la Costa Atlántica, dedican su trabajo a «disparar» información injuriosa y calumniosa, y que al parecer tiene centros de operación montados en varias ciudades de la región, en las que el candidato hace presencia en campaña, y obviamente en la misma capital Santa Marta.

Por esta razón es que un grupo de abogados ya reunió el acervo probatorio y documentado que ha sido regado en las diferentes redes sociales, para fundamentar una denuncia ante la Fiscalía General, pues mucha de esa información falsa llega incluso a medios de comunicación, con el riesgo de que sea publicada sin el debido filtro de veracidad que una situación de estas requiere.

La información a diario inunda redes como Facebook, Instagram y Twitter, primncipalmente, que a su vez es retransmitida a periodistas políticos de los diferentes diarios y medios de comunicación regionales, con el propósito  de que sean difundidas a la opinión pública.

«Esta estrategia tiene la intención férrea de opacar la campaña del grupo significativo de ciudadanos, Fuerza Ciudadana y de su candidato a la gobernación», le dijo a este portal portal  uno de los asesores el señor CAICEDO.
La denuncia llegará a la Fiscalía acompañada de resultados de pesquisas hechas por investigadores privados, según las cuales ya se tienen identificados 15 perfiles en redes sociales, con el agravante de que SON PAGAS exclusivamente para que a diario produzcan informaciones falsas sin ningún control y con un solo objetivo: manipular al electorado a partir de mentiras y engaños.

                                                  La campaña de Carlos Caicedo, víctima de ataques cibernéticos

Para Carlos Sanín, experto en marketing digital, “esta práctica de desinformar es famosa a nivel mundial. Lo vimos con la campaña de Trump a la presidencia de Estados Unidos y desafortunadamente da resultados. Sin embargo, redes sociales como Facebook han intensificados sus políticas de publicaciones con lo que hoy en día es posible cerrar cuentas malintencionadas, que en la mayoría de los casos, son pagas para producir
noticias falsas”.
Para los que saben de este tema, lo que deben hacer los usuarios de las redes sociales es desconfiar de esta clase de contenidos y abstenerse de compartirlos. Además de dejar de seguir, bloquear y denunciar a estos perfiles para que estos falsos mensajes no se propaguen por internet.

La Gobernación estaría detrás de la campaña «sucia»

(Arte gráfico: Johana Ramírez Reyes)

Más allá de las consecuencias de esta campaña «negra y sucia», lo que llama la atención de los investigadores es que, según portales noticiosos de investigación, detrás de esta estrategia podrían estar funcionarios públicos, incluso de la la propia Gobernación del departamento, detrás de la cual, como se sabe, aparece un clan familiar políticamente identificada como enemiga del candidato CAICEDO.

Uno de tales portales es «Periodismoyopinion.com«, que denuncia que la Gobernación del Magdalena, ha firmado contratos por más de 45 millones de pesos con portales web por 8 meses, que a todas luces son sobrevalorados, dejando claro que no ameritan semejante pago de publicidad para sitios web que no registran un gran número de usuarios.

Además, cita el portal, que los contratos de publicidad de la Gobernación oscilan entre los 3 mil y 4 mil millones de pesos, una cifra exorbitante que no beneficia a la comunidad y sí a unos pocos “periodistas” que mantienen una imagen limpia de aquellos que hasta tienen investigaciones por paramilitarismo, sin que ello llegue a instancias judiciales y los órganos de control.

«Chivas y crónicas.com» iniciará un completo seguimiento a estos portales y las publicaciones y, en próximas entregas, dará a conocer el ADN malintencionado de un pasquín que, por supuesto, también sería pago por los enemigos de CAICEDO y que se distribuye en Santa Marta y que se une a la plataforma de comunicaciones financiada para deslegitimar la campaña de CARLOS CAICEDO a la gobernación del Magdalena.

Ya hay jurisprudencia en la Corte

Este portal conoció de fuentes de la Fiscalía en Bogotá, que por orden del fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, ya se organizó un grupo de investigadores expertos en delincuencia cibernética, peritos y hackers que tienen en su poder información que puede llevar a identificar en los próximos días el origen de estas cuentas y a quienes las manejan clandestinamente.

La investigación de la Fiscalía se soporta en decisiones recientes de la Corte Suprema, según las cuales no solo es delito de gravedad difundir estas noticias falsas, sino también REPRODUCIRLAS y hacerlas distribuir en otras redes y en medios de comunicación.

El caso del candidato CAICEDO ha sido considerada como un ejemplo típico de esos ataques y por la misma razón será atado con prioridad por el ente acusador, pues la información aportada por los abogados está fundamentada en documentos y cruces de información en redes y los nombres de posibles autores. En caso de probarse que provienen de funcionarios públicos, la investigación sería remitida también a la Procuraduría General.

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