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La Chiva

El Rey de la plusvalía: los documentos que enredan al gobernador de Cundinamarca

Redacción

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La Fiscalía investiga los contratos firmados por Rey para recaudar los impuestos.

La Plusvalía es un tributo que los municipios les cobra a los dueños de predios en su jurisdicción, cuando se incrementan los precios de la tierra, lo que ocurre si en esos lotes se desarrollan proyectos de infraestructra, o se cambia el uso del suelo. En 2010 cuando el actual Gobernador de Cundinamarca Jorge Rey era alcalde del municipio de Funza, tomó una decisión que dejó en estado de pánico a los industriales de esa zona del país. El valor del tributo a la  plusvalía: 520 mil millones de pesos. Una suma nunca antes vista en Colombia, que dejó perplejos a los contribuyentes, pues ni siquiera en la capital del país ha ocurrido. En Bogotá, ese mismo impuesto ha sido de algo más de 40 mil millones de pesos.
Una fuente le dijo a este portal que como consecuencia de los reclamos que en ese momento no se hicieron esperar contra la administración de Rey, el mandatario reversó la decisión rebajando la cifra a 47 mil millones de pesos. Información extraoficial que también analiza la Fiscalía, asegura que este acuerdo de rebaja no fue gratuito, y que los industriales debieron pagar, “por debajo de la mesa”, 5 mil pesos por metro cuadrado de su propiedad. Es decir un nuevo impuesto pero “fantasma”.
Todos estos hechos reposan en una investigación preliminar de la Fiscalía, basada en denuncias de la comunidad afectada. Lo que al ente investigador le llama la atención, en principio, es la forma en que el alcalde Rey contrató el estudio que lo llevó a imponer el descomunal impuesto de 520 mil millones de plusvalía. Lo primero que han encontrado los investigadores, es que la empresa contratada para tales efectos, “Manabá”, al parecer no cumplía con los requisitos para cumplir semejante encargo. El contrato con “Manabá” le costó a Funza 120 millones de pesos. Dinero que perdió el municipio, pues el contrato no sirvió para nada.
Pasados los días, el alcalde Rey se vió en la necesidad de contratar un nuevo estudio, esta vez con la empresa “Apra Ltda”, a la que le pagó 90 milllones de pesos. Esta segunda empresa contratada concluyó que la plusvalía del municipio de Funza debía ser de 47 mil millones. Es decir menos del diez porciento de lo que originalmente calculó el estudio contratado por el alcalde Rey. La Fiscalía planea perguntarle al hoy gobernador del departamento, porqué razón su primer impuesto resultó tan exhorbitante, teniendo en cuenta que finalmente se transó por uno de 47 mil millones. Al fin y al cabo los fines, las extensiones y los precios de los terrernos eran los mismos.
Ver procesos fiscalía.
       
“Chivas y Crónicas” obtuvo copia del contrato que Rey firmó con la “Corporación Manabá”, el mismo que hoy analiza la Fiscalía. Según el documento, el objeto social de la contratista era el de “establecer bases conceptuales y prácticas de la investigación del medio ambiente y la sociedad, con el fin de aportar al fundamento científico, técnico y pedagógico a las políticas públicas de conservación, protección, organización y desarrollo de la comunidad”. Aparentemenmte, nada qué ver con temas relacionados con análisis de impuestos o tributos. Además, la empresa solo contaba  con una persona con experiencia en avalúo de predios.
“Manabá” entregó al alcalde Rey los resultados de su estudio, el 24 de junio de 2009. El mandatario los recibió a satisfacción, y así dejó constancia en el documento de recibido que firmó. El estudio, como ya se explicó, concluyó  que la suma a recaudar en todo el municipio de Funza debía ser de 520 mil millones de pesos.
ver contrato con Manabá
Así las cosas, en abril del año 2010, el alcalde Rey procedió a emitir los decretos mediante los cuales impuso el millonario impuesto de 520 mil millones a los industriales, pese a los ya airados reclamos. El tributo avocaba a los dueños de los predios, a pagar impuestos jamás pensandos. Por ejemplo, un sólo predio quedaba expuesto a pagar hasta 20 mil millones de pesos.
Abogados representantes de varios industriales de Funza pidieron un informe detallado a “Manabá” y descubrieron las primeras inconsistencias del polémico estudio entregado al alcalde. Por ejemplo, que aparentemente el avaluador de los predios, no estaba inscrito para la fecha en que “Manabá” realizó el estudio de los terrenos.
Ver certificado de industria y comercio
Varios propietarios se declararon víctimas del impuesto y a través de abogados interpusieron recursos, denunciando las irregularidades. La meta que se fijaron fue tumbar los millonarios recaudos.
Ver procesos
 
Otro documento que ha llamado la atención de los investigadores de la Fiscalía, tiene que ver con una extraña advertencia que el municipio fijó a los contribuyentes en los recibos de cobro. En una de sus cláusulas, el documento dejó constancia de que debían renunciar “expresamente a iniciar cualquier proceso judicial en contra del Municipio de Funza”.
Ver recibo de acuerdo de pago
 
Aunque definitivamente el alcalde Rey no pudo cobrar la millonaria suma que inicialmente decretó, el municipio alcanzó a recaudar 900 millones de pesos, con base en el primer estudio que le hizo “Manabá”. La Fiscalía establecerá la ruta de esos recursos para determinar a dónde fueron a parar.
Tras cumplir su período constitucional Rey abandonó el cargo, ya pensando en un futuro político más promisorio: La Cámara de Representantes y la Gobernación del departamento, lo que evidentemente lograría. Pero con su salida no terminó el calvario para los propietarios de predios, pues en reemplazo de Rey llegó otro personaje de su entorno y su círculo de confianza: Jorge Enrique Machuca, quien continuó con los drásticos cobros que afectaron a docenas de industriales propietarios. Machuca salió de la Alcaldía y fue a parar al lado de su mentor como gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, una de las consideradas “joyas de la corona” en el presupuesto de la gobernación. Machuca también está en el radar de las investigaciones de la Fiscalía.

La Chiva

Escándalo: Aparece copia de fallo judicial de caso de corrupción, cinco días antes de la audiencia

Redacción

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La Fiscalía investiga una denuncia según la cual aparecieron, en sobre sellado, las copias de la parte resolutiva de un fallo judicial supuestamente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con un sonado caso en el que están involucrados reconocidos personajes vinculados con escándalos de corrupción en contratación. Lo que resultaría delicado, es que la audiencia en la que se conocería oficialmente la decisión, había sido programada para este jueves seis de diciembre a las tres de la arde, es decir seis días después de que los documentos circularan y llegaran a manos de los abogados y de otros extraños ajenos al caso.

La denuncia fue instaurada por el abogado LIBARDO RODRÍGUEZ LEUDO, precisamente uno de los defensores de uno de los implicados en la investigación, que llegó a instancias del Tribunal en virtud de una apelación al fallo de  primera instancia con el que un juzgado de Bogotá condenó a varios de los encartados, absuelto a otros y prescrita la acción penal en favor de otros.

Textualmente, en su escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue el insólito suceso, el abogado relata que, a él, la copia del supuesto fallo le llegó en sobre cerrado. Este portal conoció que copias similares fueron conocidas por otras personas allegadas al caso:

El denunciante agrega que “Por la circunstancia anterior y dado que la mencionada información no coincide con lo que los sujetos procesales conocemos de la actuación que se adelanta en esa digna corporación; toda vez que la publicidad de la decisión se llevará a cabo mediante audiencia que se encuentra programada para el día 6 de diciembre de 2018, con el respeto acostumbrado se solicita que se adopten las medidas a que hubiere lugar”.

Pesos pesados

Este portal conoció copias del supuesto fallo filtrado, y que hoy está siendo analizado por los investigadores del CTI y sus forenses, contrastando con lo actuado en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal.

Las alarmas se prendieron por la aparición en ese expediente del empresario de origen judío AARON RABINOVICH, conocido como uno de los “zares” de la seguridad electrónica en el país, como quiera que se ha ganado las licitaciones para varios de los más jugosos contratos para brindarle seguridad a entidades públicas, entre ellas las cárceles del país, especialmente los brazaletes para los presos. Recientemente, este personaje fue condenado por la justicia colombiana y tiene en su contra orden de captura. Se cree que está fuera del país, refugiado en Israel.

Los otros vinculados al expediente aparentemente “filtrado”, son DIANA ISABEL NASIF DE RIMA, representante legal de la empresa “”Cipecol” y “Rapiscan”; GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ, intermediario en contratación; MAURICIO PARADA, de quien se sabe hizo parte del proceso de asignación de un contrato con Fonade; y el mismo señor RABINOVICH, representante legal de la firma “Interamericana de  Sistemas y Seguridad S.A”.

El abogado denunciante sospecha, aclarando que no posee pruebas al respecto, que esta filtración podría presumir que en el interior del Tribunal se podría estar traficando con decisiones que aún no se notifican. La Fiscalía investigará de forma pronta esta denuncia, especialmente si durante la audiencia el fallo sale de la misma forma como aparece en las copias que llegaron a manos de los abogados anticipadamente.

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La Chiva

Los celulares del alcalde de Barranca y su esposa, que según Fiscalía fueron usados en actos de corrupción electoral, los paga la Cámara de Comercio

Redacción

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Un nuevo capítulo parece desprenderse del escándalo de corrupción electoral que sacudió a Barrancabermeja, y que tiene en detención domiciliaria y acusado de varios delitos, al alcalde del puerto petrolero DARÍO ECHEVERRI y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta vez el “coletazo” alcanzaría a la Cámara de Comercio de la ciudad, entidad que según se asegura en los mentideros políticos, desde hace varios años es manejada y controlada, tras bambalinas, por el burgomaestre detenido.

Según un documento secreto de la Policía Judicial y del CTI, conocido por “Chivas y Crónicas“, la prueba reina de dicho control que ejerce el alcalde ECHEVERI, es que los teléfonos celulares de su uso personal y el de su esposa MARYLUZ NÚÑEZ, también imputada por la Fiscalía por el mismo escándalo de corrupción electoral, en realidad pertenecen a la Cámara de Comercio y al parecer los venían usando desde el año 2007, mucho antes de ser elegido alcalde.

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Como ha sido publicado por medios periodísticos nacionales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja aparece mencionada en repetidas ocasiones en las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía, en las que aparece como pieza clave en el supuesto entramado corrupto montado por ECHEVERRI y sus asesores para evitar la revocatoria de su mandato.

De los alegatos de la Fiscalía en la imputación de cargos a ECHEVERRI y los demás investigados, se puede concluir que de esas mismas líneas telefónicas el burgomaestre hizo y recibió las llamadas de las personas con las que aparentemente se concertó para llevar a cabo el plan criminal que consistió en constreñir a los electores, de varias maneras: evitando que votaran en unos casos, o haciendo que sufragaran en blanco, en otros casos; como también a través de la promesa y/o entrega de prebendas y puestos en cargos oficiales y contratos y, en algunos eventos, con amenazas de despedidos.

En el caso concreto, lo que los investigadores hallaron a la hora de analizar el cruce de cientos de llamadas interceptadas, es que “el precitado abonado celular (el mismo del que hablaba el alcalde ECHEVERRI) se encuentra a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, con número de identificación NIT: 890201676, desde el 23/02/2007”. De hecho, DARÍO ECHEVERRI y su esposa MARILUZ NUÑEZ fueron funcionarios de la misma Cámara de Comercio desde enero del 2008.

Este portal tiene en su poder los pantallazos del perfil de la cuenta WhatsApp que confirman que el usuario de la línea telefónica es el señor ECHEVERRI, así como una de las facturas del año 2017, del operador CLARO, a nombre de la Cámara de Comercio.

Los contratos del hijo

El tema cobra especial relevancia ahora, cuando se sabe que la misma Cámara de Comercio suscribió más de 30 contratos con los medios de comunicación de Barrancabermeja, contratos otorgados justo para la época de la campaña de la revocatoria del mandato del alcalde ECHEVERRI. Revisado el contenido de los informes periodísticos de esos medios que recibieron los jugosos contratos, queda claro que en su gran mayoría se mostraron en favor de la causa del mandatario, en muchos casos avalando el abstencionismo.

Otro nexo que indicaría el manejo que el alcalde mantiene en la contratación de la Cámara, es el hecho de que su propio hijo, DARIO ECHEVERRI SERRANO, también es uno de los beneficiarios de la repartija de contratos, con carga presupuestal a los convenios que el municipio suscribió con la Cámara de Comercio.

Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio: se prenden las alarmas

En el año 2016 se denunció la supuesta injerencia del alcalde ECHEVERRI en la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, según documentos que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento, se habló de pérdida de las planillas de votación y, aunque esta entidad de control avaló las elecciones, le pidió a a Fiscalía General que investigue la posible ocurrencia de delitos en dicho proceso de elección. Paradójico, si se tiene en cuenta que avaló, pese a sospechar la comisión de delitos.

Las planillas de votación, en efecto, no aparecieron. La respuesta de la Presidencia de la Cámara fue que una inundación los despareció. Lo curiosos es que las planillas reposaban en un segundo piso de la sede oficial de la entidad, y en esas fechas no se registró una grave inundación por causa del invierno, y menos de una magnitud tal que alcanzara el segundo piso de la edificación.

El censo electoral, dicen la denuncias, pudo haber sido alterado u ocultado para facilitar que a la Cámara llegaran las fichas del alcalde. Si no se cuenta con información respecto a qué personas y/o empresas hacen parte de ese censo  electoral, los nuevos aspirantes a hacer parte de la Junta Directiva, no tendrán chance alguno.

Fiscalía y Superintendencia ponen la lupa en nueva elección

Este seis de diciembre la Cámara de Comercio se apresta a elegir su nueva Junta Directiva, pero esta vez bajo la lupa que la Fiscalía y los organismos de control como la propia Superintendencia de Industria y Comercio han puesto sobre el puerto petrolero, a raíz del escándalo que hoy tiene con detención domiciliaria a DARÍO ECHEVERRI. Las primeras indagaciones dejaron al descubierto un hecho insólito en el censo electoral en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja: solo el 8 porciento de los afiliados corresponde a sociedades, es decir que e 92 porciento del censo electoral está conformado por personas naturales.

Lo que se va a tratar de establecer ahora, es si todas esas personas naturales cumplen con las normas vigentes para este tipo de elecciones,a la luz del Código de Comercio, pues se sospecha que muchos de los afiliados no ejercerían la actividad mercantil requerida y, por tanto, no podrían hacer parte de las elecciones que se avecinan.

Otro hallazgo es que más del 50 porcieno de los afiliados son de municipios diferentes a Barrancabermeja, pese a que  más del 70 porciento de los comerciantes inscritos son del puerto petrolero. Así las cosas, de nuevo surgen sospechas de que podría presentarse manipulación de la elección, detrás de la cual, se presume, estaría la mano y el supuesto poder manipulador del alcalde ECHEVERI, algo que al parecer ha venido haciendo en los últimos 20 años.

La Superintendencia también revisará el tema de la elección del Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el entendido de que el actual, PABLO MURILLO, ajusta ya 15 años en este cargo, un contador público de quien se asegura es ficha del acalde ECHEVERRI y uno de sus amigos más cercanos. De hecho, la esposa de este contador fue hasta hace poco secretaria de Hacienda del alcalde.

Lo curioso es que para la elección que se avecina para Revisor Fiscal, el requisito es que el aspirante al cargo debe tener experiencia “en negocios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja”. Es decir que el único que cumple con este ítem, en el país, vendría a ser el mismo PABLO MURILLO.

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La Chiva

Crece el escándalo: Las reuniones secretas del contralor de Medellín con director de Hospital y contratistas

Redacción

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El escándalo del posible loby que hizo el gerente del Hospital General de Medellín JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE,  para reintegrarse a su cargo después de haber suspendido por la Procuraduría, tomó nuevo ribetes que ahora salpican nada menos que al contralor delegado para asuntos médicos de la capital antioqueña, CARLOS CORREA.

Este portal tuvo acceso a videos y fotografías, en las que se ve a este funcionario de control reunido con el gerente del hospital y varios contratistas, quienes al parecer se encontraron en una reunión “privada” en un conocido hotel de Medellín. Los asistentes a la clandestina cita, fueron grabados en video y fotografiados desde una mesa vecina en la que departían, sin que se percataran. En las imágenes se ve claramente al contralor hablando con el gerente, mientras ambos toman nota en unas libretas, en las que al parecer marcan números y cifras. Al lado de cada uno de los funcionarios se ven dos personas más, quienes según las fuentes consultadas por este portal se trataría de contratistas.

Según abogados consultados, este hecho podría configurar no solo faltas gravísimas disciplinarias, sino también delitos penales, pues el contralor delegado para los temas de salud es quien justamente debe vigilar, supervisar y si es del caso investigar y enjuiciar fiscalmente al gerente del hospital, quien tiene rango de funcionario público y maneja multimillonaria contratación en medicamentos y utencilios de salud. Es decir que el contralor es el juez natural del gerente. De hecho, el contralor ya ha investigado a BUSTAMANTE en anteriores ocasiones, por lo que esta reunión clandestina resultaría sospechosa.

Este portal también conoció que uno de los asistentes a la reunión, es un conocido contratista del área de los medicamentos, y podría tener contratos vigentes con el Hospital. Según las fuentes de “Chivas y Crónicas”, la esposa de este contratista habría recibido un contrato de una de las entidades vigiladas por el contralor “pillado” en el video.

Los videos y fotografías no han sido entregados a los órganos de control, aunque las fuentes de Chivas y Crónicas aseguraron que están a la espera de acompañarlas de las respectivas denuncias disciplinarias y penales que planean elevar. Todo parece indicar que esta reunión capada en video, habría ocurrido justo después de que el gerente BUSTAMANTE fuera restituido en su cargo.

De hecho, además de esta reunión, hay evidencias de que el gerente del hospital habría avalado un loby a través del mismo contralor, con una funcionaria de la Procuraduría en Bogotá, para lograr que fuese devuelto a su cargo, luego de que fuera suspendido por posibles irregularidades en la contratación del hospital. El propio procurador general FERNANDO CARRILLO lo denunció públicamente cuando conoció que el cuestionado funcionario se había vuelto a posesionar.

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