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El soborno a un testigo que enreda a URIBE y que podría llevarlo a la cárcel

Redacción

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La Corte Suprema de Justicia podría acudir a su propia jurisprudencia para continuar investigando al ex presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ y, eventualmente, juzgarlo, ante el anuncio del senador en el sentido de que renuncia al fuero de parlamentario, aparentemente en un intento por evitar ser procesado por los magistrados penalistas, por un caso de supuesto soborno a un testigo en su contra.

URIBE anunció a través de su cuenta de Twitter la decisión de renunciar a su curul de senador, luego de conocer que la Sala Penal de la Corte lo citó a indagatoria para que responda sobre su responsabilidad en la supuesta manipulación de un testigo, un delincuente preso que al parecer iba a declarar en contra del ex presidente por haberle mandado emisarios a su celda, en un aparente intento de convencerlo de cambiar su versión.

 

Chivas y Crónicas conoció que pese al intento de URIBE por hacerle el quite a la Corte y que su caso sea enviado a la Fiscalía, los magistrados ya habrían determinado que echarán mano a una tesis que la misma Sala Penal dictó hace varios años, cuando apresó y juzgó a varias docenas de parlamentarios aliados con los paramilitares, dentro del llamado caso de la “parapolíitca”.

Como se recordará, en el año 2007, docenas de senadores y representantes procesados por sus probados vínculos con los jefes “paras”, renunciaron a su curul para de esa forma esquivar a la Corte buscando que sus expedientes fueran enviados a la Fiscalía, donde, según presumían, recibirían un tratamiento jurídico más beneficioso. En ese momento, la Corte cambió la jurisprudencia y dejó en claro que pese a la renuncia, la competencia seguiría siendo de la Sala Penal, cuando se trata de delitos cometidos en función y en vigencia del fuero parlamentario.

Si los magistrados de la actual Sala Penal mantienen esa tesis jurídica, el caso de ÁLVARO URIBE se mantendrá en la Corte, pues los hechos investigados supuestamente ocurrieron cuando ya había adquirido su fuero de senador. En la Corte los procesados aún no tienen derecho a una segunda instancia, pues los mismos magistrados que procesan son los que acusan juzgan y condenan. Así las coas, el panorama para el poderoso senador sería incierto y se vería avocado a una medida de aseguramiento en su contra, en caso de que las pruebas en poder de los investigadores prosperen y no puedan ser derrotadas por los abogados defensores. En un comunicado público, la Corte Suprema, al anunciar el llamado a indagatoria, dejó en claro que cuenta con un acervo probatorio bastante sólido en contra del senador. En uno de los apartes del comunicado, la Corte afirma:

“Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de de abrir instrucción al senador IVÁN CEPEDA y compulsó copias contra el denunciante ÁLVARO URIBE. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente URIBE habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas URIBE y PRADA deberán responder por los mencionados delitos”

URIBE, pillao

El viacrucis legal que hoy empezó a sufrir el senador URIBE inició con una serie de interceptaciones telefónicas ordenadas por la misma Corte, dentro de un proceso preliminar abierto contra el senador IVÁN CEPEDA, también por supuesta manipulación de testigos, pero en ese caso para enlodar al expresidente de la República.

Pero, como se dice popularmente, “el tiro le salió por la culata” a URIBE, pues la Corte Suprema no solo estableció que el senador CEPEDA nada tuvo que ver con la supuesta manipulación de testigos contra URIBE, sino que por el contrario habría sido URIBE quien incurrió en tal práctica delincuencial, según una serie de interceptaciones telefónicas en las que se escucha al propio URIBE hablando con varios personajes sobre el tema de los testigos en su contra y, aparentemente, arreglando la forma de que los testigos se retractaran. De hecho, URIBE le advierte  a uno de sus interlocutores que “los hijueputas del CTI” pueden estar escuchádolos, en una clara alusión a que sus teléfonos podrían estar interceptados, como en efecto lo estaban.

En esas mismas llamadas el expresidente deja entrever que alguien del CTI le advirtió que lo estaban escuchando. Según publicó el diario El Espectador en su momento, el jefe del CTI de la Fiscalía para la época de los hechos investigados, era el hoy litigante DANY JULIÁN QUINTANA, quien casualmente en la tarde de este martes se mostró contrariado con la decisión de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al expresidente.

Ese fue uno de los indicios que llevó a la Corte a abrir la indagación preliminar contra URIBE, que hoy, después de  otras pruebas recogidas, llevaron a la determinación de vincularlo formalmente como sindicado y llamarlo a indagatoria, diligencia para la cual deberá acudir con un abogado de confianza.

En la misma decisión, la Corte también vincula al representante ÁLVARO HERNÁN PRADA, mientras que compulsa copias ante la Fiscalía para que se investiguen otros posibles delitos cometidos durante en supuesta manipulación del testigo. Los delitos por los que ambos personajes deben rendir cuentas, son SOBORNO A TESTIGO Y FRAUDE PROCESAL, cuyas penas, según lo contempla el Código Penal, sobrepasan los doce años de prisión y por ende no pueden ser excarcelables.

Dentro del acervo probatorio se ha mencionado el actuar de dos abogados, el reconocido litigante JAIME LOMBANA, defensor del presidente URIBE en algunos casos, así como al litigante caleño DIEGO CADENA. Al parecer, los dos profesionales del Derecho habrían visitado al testigo en su celda, para hablarle del testimonio que enreda a URIBE. El testigo ya denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia.

La Corte también menciona en sus hallazgos llamadas hechas por abogados a la detenida fiscal expecializada HILDA NIÑO, apresada y acusada por graves hechos de corrupción, entre otros haber favorecido a jefes paramilitares a cambio de dinero, entre ellos a ORLANDO VILLA ZAPATA, un potencial testigo contra políticos colombianos y narcos.

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Más recursos para Salud y Educación en el Valle del Cauca

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La gobernadora del valle DILIAN FRANCISCA TORO entregó otros 300 millones de pesos al hospital “Luis Ablanque” de la Plata, que garantizarán el buen funcionamiento de este centro hospitalario, que este año ya ha recibido cerca de 2 mil millones en recursos.

“Nosotros venimos apoyando al Hospital desde que llegamos. Ya habíamos dado $1.500 millones al inicio de este año para pago de personal; dimos dotación para las salas de cirugía y ahora estamos apoyando con $300 millones para paga el recurso humano”, explicó la mandataria tras hacer la entrega del cheque al director de centro hospitalario.

También para la Educación

La gobernadora también hizo entrega de 15o tablets con contenido digital para el fortalecimiento de la cátedra de emprendimiento, con destino a instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento, lo que facilitará el acceso de los estudiantes a nuevos conocimientos a través de las distintas plataformas.

La gobernadora también impulsa la Escuela Taller de Buenaventura, donde un grupo de mujeres fabrica 35 mil camisas para los niños de los colegios públicos de la ciudad. Son 70 mujeres las que se dedican a confeccionar la ropa para los estudiantes de las instituciones educativas públicas del departamento y del puerto.

“Estamos buscando que las mujeres sean autónomas financieramente, porque de esta manera se hacen respetar y no se dejan de nadie. Espero que este año que viene sea de consolidación de todas ustedes porque seguiremos brindándoles todo el apoyo que sea necesario”, les expresó la gobernadora a las mujeres en su visita a la Casa Taller.

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LEONARDO ESPINOSA, el Adhoc de MARTÍNEZ

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La Corte Suprema de Justicia cumplió y antes de irse de vacaciones resolvió sin mayor discusión el embrollo del fiscal Adhoc que reemplazará a NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ en varias investigaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht. Se trata del decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, LEONARDO ESPINOSA, el primero de los ternados por el presidente DUQUE. Fue elegido con 17 votos.

De paso, los togados de la Corte en pleno desestimaron los otros dos nombres, el de la actual secretaria jurídica de Palacio CLARA MARÍA GONZÁLEZ y el del exmagistrado GILBERTO OROZCO. Respecto a la señora GONZÁLEZ, los magistrados consideraron que podría estar inhabilitada, por cuanto reina la jurisprudencia según la cual una funcionaria de alto rango no puede al mismo tiempo ocupar un cargo de elevado perfil como el de un fiscal general, así sea Ad hoc. Sobre el abogado OROZCO, la corporación no valoró lo suficiente su perfil, pese a la brillante hoja de vida que presentó a su consideración, que incluye, entre otros cargos, su vinculación de más de 30 años con la Rama Judicial y en la magistratura.

 

17 magistrados votaron en favor de Espinosa

Lo que sí deja en claro la Corte con esta elección, es que no se requiere de un penalista para ejercer el cargo de fiscal general, pese a que se trata de un funcionario que lidera la política criminal del Estado y, además, personalmente debe desarrollar tareas exclusivamente de carácter penal y criminológico. En ese caso, los magistrados consideraron que el fiscal Adhoc tendrá como soporte investigativo y a su disposición, fiscales especializados que actualmente trabajan bajo la batuta de NÉSTOR HUMERTO MARTÍNEZ, varios de ellos en el mismo caso Odebrecht.

El fiscal Adhoc LEONARDO ESPINOSA es un profesor universitario de 65 años de edad, abogado y politólogo, y se desempeña como decano de Derecho la Universidad “Sergio Arboleda” desde hace 30 años, donde comenzó como docente. Se sabe que es amigo personal del presidente IVÁN DUQUE, de quien fue su profesor en la misma academia.

Los casos

Son por lo menos tres los casos sensibles que en principio llegarán a conocimiento del fiscal Adhoc, especialmente el que vincula a las exministras de Estado GINA PARODY y CECILIA ÁLVAREZ, de quienes se señala en la investigación que se beneficiaron de las obras que adelantó ODEBRECHT, al valorizar un predio de sus familias. Las dos exfuncionarias ya fueron vinculadas al proceso formalmente.

Los otros temas que debería conocer el fiscal Adhoc, están relacionados con la muerte de dos testigos que habían anticipado revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht, revelaciones que comprometen seriamente al propio fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ. También deberá pasar por su despacho el tema de las asesorías que brindó MARTÍNEZ al Grupo Aval, mientras este grupo económico fue socio de la multinacional brasileña.

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Investigación: Familiares de directivas de Fiduprevisora y Findeter desmienten enriquecimiento ilícito y alistan documentos para probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente

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Tras la revelación de la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía para establecer o descartar un posible enriquecimiento ilícito por parte de familiares de directivos y ex directivos de Findeter y Fiduprevisora, voceros y allegados a ese núcleo familiar desmintieron de tajo que 29 bienes inmuebles en la mira de los investigadores hayan sido adquiridos con dineros de oscura procedencia o provenientes de actos de corrupción.

Como fue divulgado por este portal y otros medios de comunicación del país, los bienes de siete personas, entre hijas y hermanas de SANDRA GÓMEZ (actual jefe de Findeter) y DIANA PORRAS (vicepresidente jurídica de la Fiduprevisora)  aparecen en un informe que investigadores de Policía Judicial le entregaron a un fiscal Especializado, que en este momento analiza para establecer si con su adquisición, los propietarios incrementaron injustificadamente su patrimonio, lo que podría configurar un Enriquecimiento Ilícito.

Aunque las dos funcionarias prefirieron no pronunciarse respecto a la noticia, voceros y allegados a ellas con los que este portal tuvo contacto, explicaron que los inmuebles investigados hacen parte de un patrimonio que históricamente las dos familias han adquirido, como quiera que se trata de personas prestantes, empresarios que con el paso de los años han venido adquiriendo estos apartamentos y lotes.

Por ejemplo, explicaron, el esposo de DIANA ALEJANDRA PORRAS es uno de los dueños de una poderosa empresa de trasporte de carga con varias décadas de tradición. Uno de los inmuebles investigados, un apartamento en Medellín, fue comprado hace más de catorce años y luego vendido. Un lote en Girardot, fue adquirido en el año 2004.

“Es lógico y normal que los padres adquieran bienes inmuebles y los pongan a nombre de sus hijos, pues es una forma de asegurarles el futuro, no es una forma de esconderlos. Se trata de propiedades históricas, y eso está perfectamente documentado y será entregado a la Fiscalía cuando sea necesario”, explicó un de los voceros de la familia que prefirió no identificarse.

Respecto a la relación de SANDRA GÓMEZ con DIANA ALEJANDRA PORRAS, la misma persona consultada explicó que se trata de un amistad de hace varios años, que nació incluso desde antes de que alguna de las dos llegara a ocupar cargos de relevancia en el Estado. Amistad que no esconden y que incluso hacen púbica a través de sus redes, en las que se declaran amigas incondicionales.

Venganza?

El mismo vocero dijo que no descarta que las denuncias contra las dos familias sean producto de un plan de venganza orquestado por contratistas afectados por decisiones que las dos funcionarias han tomado desde sus cargos, en los cuales deben estar alertas a las licitaciones que abren esas dependencias.

De hecho, sospechan que detrás de anónimos y denuncias ante los medios de comunicación y los entes de control estarían contratistas que recientemente fueron descalificados en un proceso licitatorio en Medellín, en el que se probó que no cumplieron con los requerimientos. De igual manera no descartan que se trate de enemigos del ministro CARRASQUILLA, que quieran hacerle daño a través de estas dos funcionarias.

Allegados a la familia GÓMEZ también desmintieron rumores según los cuales SANDRA no ha sido ratificada en su cargo como directora de FINDETER, entidad a la que llegó recientemente, luego de su paso como jefa de LA FIDUPREVISORA, donde según los voceros sobresalió por atacar focos de corrupción y denunciar posibles actos indebidos en contratación.

La investigación sigue

Este portal confirmó que el caso en la Fiscalía sigue su curso normal y que el fiscal que lo lidera aún no ha tomado decisiones de fondo, como por ejemplo el de citar o no a audiencia de imputación de cargos, pues está a la espera de los resultados de otras tareas que encomendó a los investigadores de Policía Judicial.

Es posible que dentro del plan metodológico de esta investigación, sean llamados a entrevista los familiares de la dos funcionarias, incluso ellas mismas, para que tengan la oportunidad de entregar pruebas antes de que se tome una decisión en alguno de los sentidos posibles, es decir citarlas a interrogatorio o, dependiendo del acervo probatorio, convocarlas a audiencia de Imputación de Cargos. .

“Ellos están dispuestos a presentarse cuando el fiscal lo determine, están tranquilas y con las pruebas en la mano”, agregó el vocero de la familia.

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