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La Chiva

Escándalo: Congresistas vendieron los Cupos Indicativos a colegas y contratistas

Redacción

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El traslado del senador MUSSA BESAILE a una guarnición militar es un «mensaje de buena voluntad» que le envió la Corte Suprema, ante el ofrecimiento, ya documentado, de mucha información que comenzó a entregar, sobre el escándalo de la repartija de «Mermelada» a los congresistas que apoyaron la reelección de SANTOS y sus esfuerzos por alcanzar la paz. Este portal conoció que el detenido congresista cordobés, que hasta este miércoles se encontraba en La Picota, será el testigo «estrella» de los magistrados, ahora que la Sala Penal abrió la mega investigación por la forma como sus ex compañeros del Congreso recibieron miles de millones camuflados en los llamados «Cupos indicativos».

Desde hace varios meses la Corte Suprema se ha mostrado interesada en «meterle el diente» al tema de la «Mermelada», pero no contaba con información documentada o con testigos que hablaran de ello, salvo una denuncia presentada en el Tolima hace más de cuatro años. Denuncia que aunque es seria y fundamentada, requería de un complemento, que en este caso es un testigo de excepción. Y el testigo parece haber llegado: MUSSA BESAILE, un personaje de la política que, prácticamente, surge de «las entrañas» de ese entramado montado para que los gobiernos de turno paguen los favores a los congresistas, un engendro que reemplazó los tristemente célebres «Auxilios parlamentarios». Ahora con nombre más rimbombante: «Cupos indicativos», pero que el propio SANTOS calificó como Mermelada.

Como se sabe, MUSSA BESAILE, al lado del también detenido «ÑOÑO» ELÍAS, hizo parte de la famosa «Ñoñomanía», una poderosa maquinaria electoral que, bajo el escudo de LA U, arrasó en las elecciones parlamentarias y ayudó a consolidar el triunfo del presidente SANTOS en los debates electorales que le correspondieron. Ahora se sospecha que esos 300 mil votos del «Dúo dinámico» de Córdoba, pudieron ser producto del uso burocrático de los «Cupos indicativos», que en realidad son millonarias partidas presupuestales distribuidas entre diferentes entidades oficiales que literalmente le son entregadas a dedo a los políticos aliados, en este caso los «Ñoños».

Compra y venta de cupos?

La Corte Suprema cuenta con información extraoficial según la cual detrás de los «Cupos indicativos» se desató un negocio de compra y venta, pues los congresistas nuevos con poca experiencia en estas lides, prefirieron «vender» los suyos a los «veteranos», quienes a su vez los entregaban a contratistas y políticos de su cuerda y confianza. Esa supuesta «venta» se hacía por un valor menor, pues la diferencia se convertía en la ganancia del «comprador». Los montos en dinero de esos cupos, oscilaban entre los mil, los tres mil y hasta más millones, dependiendo de la región del congresista y el aporte en votos y el apoyo en las iniciativas legislativas del Ejecutivo.

De esta forma, entidades públicas con importante burocracia y alto presupuesto, quedaron en manos de los parlamentarios «enmermelados». Ejemplos: Fonade, ICBF, Sena, Sector Salud, Coldeportes y algunas entidades en vía de liquidación, como los Ferrocarriles y organismos regionales descentralizados. Esa nómina era manejada por los congresistas,que ubicaban bajo su dirección a sus propias cuotas políticas y hasta familiares. Incluso, magistrados de las altas cortes se vieron beneficiados de la «repartija», concretamente los involucrados en el escándalo del «Cartel de la Toga», tema respeto del cual el mismo MUSSA BESAILE tiene información para entregar.

La Corte Suprema alista las primeras decisiones en esta mega investigación contra cerca de 70 congresistas, lista publicada por «Chivas y Crónicas», entre los cuales se destacan el actual ministro del Interior, el ex ministro JUAN FERNANDO CRISTO, el embajador JUAN MESA, el senador ROY BARRERAS, así como gobernadores en ejercicio y funcionarios de alto rango. La Sala Penal llamará a versión libre en unos casos y a indagatoria en otros, a los preliminarmente involucrados.

La investigación se hará extensiva al gobierno del presidente ÁLVARO URIBE, especialmente en lo relacionado con la última parte de su segundo periodo. En el radar de las investigaciones también están el ministro de Hacienda y varios de sus colaboradores, así como jefes de Planeación. En estos casos, sus casos serán enviados a la Fiscalía, pues no gozan de fuero.

La Chiva

Libertad de «Jesús Santrich» desata ira gringa y vienen más visas canceladas

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La decisión de la JEP de negar la extradición a Estados Unidos del jefe de las Farc «JESÚS SANTRICH» y dejarlo en libertad,  desatará una nueva oleada de cancelación de visas por parte del gobierno de DONALD TRUMP, de varios reconocidos personajes de la política y de la justicia colombianas, bajo el supuesto de que con sus decisiones o intromisiones estarían apoyando a un grupo narcotraficante y/o obstruyendo la justicia del poderoso del Norte.

Este portal conoció que en la lista de posibles «revocados» de Visa gringa, estarían los ex fiscales EDUARDO MONTEALRGE y su segundo a bordo JORGE FERNANDO PERDOMO, varios funcionarios de la propia JEP, entre ellos su ex secretaria general MARTHA LUCÍA ZAMORA, y la ex funcionaria de la Fiscalía KATERINE ELJAK, además de por lo menos otros dos magistrados de altas cortes.

Es que la decisión de impedir la extradición de SANTRICH y de paso pedir su libertad inmediata, tomó por sorpresa a los representantes del presidente TRUMP en Colombia y del Departamento de Estado, pues durante seis meses enviaron a Colombia pruebas que dejarían en claro que en efecto el jefe de las Farc hacía parte de un cartel de drogas que enviaba toneladas de cocaina a Estados Unidos vía México, con el apoyo de capos de ese país centroamericano. Según esas pruebas, SANTRICH violó los acuerdos, pues siguió en el negocio de las drogas ilícitas aún después de firmar la paz con el gobierno SANTOS.

Lo que dice la JEP

Pero, contrario a lo que afirma la justicia de Estados Unidos, a juicio de la JEP lo que hubo fue ausencia de pruebas que permitan establecer que  SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ, alias «JESUS SANTRICH», realmente estuvo involucrado con un cartel de narcos, además de que no se puede asegurar que los elementos aportados por la Fiscalía y a DEA, lleven a inferir que esos presuntos hechos ocurrieron después de que firmara la paz con SANTOS.

Tan pronto hizo oficial su decisión, la Jurisdicción Especial para  la Paz, JEP, explicó sus motivos en un escueto trino desde su cuenta oficial:

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, rechazando la decisión de la JEP y, muy seguramente, reiterando que las pruebas aportadas sí pueden establecer que el jefe guerrillero hacía parte de un cartel. Entre otras pruebas, fueron aportados videos y comunicaciones entre SATRICH y otros personajes al parecer allegados a carteles de México, entre ellos un familiar de IVÁN MÁRQUEZ, de quien se dice que fue infiltrado por la DEA.

Entre las varias reacciones que se esperan por parte del gobierno de TRUMP como consecuencia de la decisión de la JEP, se teme por una decertificación de Colombia en su lucha contra las drogas, lo que implica una sustancial reducción de la ayuda económica a nuestro país.

Igualmente se espera la cancelación de más visas y la solicitud de extradición de otros jefes de las FARC, de  la misma cúpula de la otrora organización terrorista y subversiva. De hecho, se sabe que algunos jefes de ese grupo serán cobijados con órdenes de captura en las próximas horas por incumplimiento de los acuerdos firmados con SANTOS.

Mientras tanto SANTRICH, a través de un audio que hizo circular en medios de comunicación desde la cárcel La Picota, tras conocer la decisión de la JEP, dijo que su libertad aclara que estaba siendo víctima de un montaje por parte de la derecha colombiana y tras instancias.

«La decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía contra mí», afirmó.

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La Chiva

Esposa del alcalde de Mariquita confiesa que sí estafaron a sus electores con una falsa venta de lotes. Fiscalía prepara nuevas decisiones

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Por: Juan Carlos Giraldo

Diseño gráfico: Leidy Johana Ramírez

A las puertas de una condena que podría ser hasta de diez años, quedó expuesta ÁNGELA GUTIÉRREZ, quien ostentara el cargo de «Primera Gestora» del municipio, en calidad de esposa del actual alcalde de Mariquita ALEJANDRO GALINDO, por su reconocida responsabilidad en el masivo robo de lotes a cientos de humildes habitantes de la población que creyeron en un proyecto de vivienda de interés social que resultó ser una estafa que ya supera los 5 mil millones de pesos.

Así quedó claro luego de la sorpresiva CONFESIÓN que hiciera la señora GUTIÉRREZ ante la Fiscalía y ante un juez de la República, que en los próximos días deberá tasar el quántum de la pena a imponer, que según las normas penales vigentes oscila entre ocho y diez años de prisión. Como la ahora confesa delincuente aceptó los cargos, la Ley prevé una rebaja de hasta un 50   porciento de esa pena.

La aceptación del cargo implica que la ex primera gestora continúe en la cárcel por lo menos dos años más, pues únicamente podría recobrar la libertad condicional una vez cumpla la tercera pena de la sentencia que le sea impuesta. Sin embargo, en su contra cursan otras dos investigaciones derivadas de los mimos hechos corruptos cometidos por ella y parte de su séquito de amigos y asesores de la campaña y luego de la alcaldía.

Según la Fiscalía, ÁNGELA GUTIÉRREZ también incurrió en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cargo que la detenida señora se negó a aceptar, por lo que podría verse avocada a una nueva condena, esta superior a la que en los próximos días le será impuesta por aceptar la ESTAFA.

La Fiscalía también cuenta con elementos para tratar de configurar en contra de la señora GUTIÉRREZ el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, pues se sabe que no actuó sola en el montaje y ejecución del plan criminal para quedarse con los más de 5 mil millones de pesos que salieron de los bolsillos de más de 1000 víctimas ya reconocidas, la mayoría de ellas amigos personales del alcalde GALINDO y su esposa, colaboradores de su campaña y electores, que se sintieron confiados en que una vez ganara las elecciones, el alcalde y su esposa les iban a solucionar el problema de vivienda.

Se le complica la situación al alcalde

La aceptación del cargo por parte de la señora GUTIÉRREZ pondrá en aprietos al ya cuestionado e investigado alcalde ALEJANDRO GALINDO, como quiera que la Fiscalía cuenta con elementos que permiten inferir que el mandatario de los mariquiteños podría haber estado enterado de las andanzas de su esposa y estuvo al tanto de parte del andamiaje montado por ella para estafar a sus amigos y coterráneos y quedarse con el millonario botín.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con «un as bajo la manga», que podrían ser conversaciones telefónicas, consignaciones bancarias y el testimonio de un eventual testigo, que podría complicarle la situación jurídica a GALINDO, pues al parecer  se trataría de una persona muy allegada a la pareja de esposos y con  acceso a la administración municipal.

De hecho, en un primer intento, la Fiscalía le ofreció a la señora GUTIÉRREZ una serie de beneficios jurídicos a cambio de que entregue información y delate a quienes muy seguramente trabajaron de su mano para estafar a los cientos de inversionistas. Inicialmente, la señora GUTIÉRREZ se negó, aunque los tiempos procesales aún le alcanzan para en caso de quiera comenzar un proceso de «Colaboración Eficaz» con la justicia que, incluso podría representarle la libertad inmediata, si se acoge, por ejemplo, a la figura del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

Fuentes del ámbito político le confirmaron a «Chivas y Crónicas» que la situación jurídica del alcalde podría definirse una vez el panorama político se aclare y se sepa quién será su sucesor en la alcaldía, pues un eventual encarcelamiento de GALINDO afectaría la imagen del partido que le dio el aval, especialmente en esta contienda electoral que se avecina.

Y la platica?

Como se trata de un delito con connotaciones económicas, -pues hay involucrados casi seis mil millones de pesos que al parecer recaudaron por la multiplicidad de venta de lotes clonados- esta aceptación del delito por parte de ÁNGELA GUTIÉRREZ conlleva a que se inicie un proceso de indemnización a sus víctimas, que a través de una firma de abogados reclaman la inmediata devolución del dinero invertido.

Este portal conoció que el consejo del abogado defensor de la detenida ex primera gestora del municipio, es que acepte únicamente el cargo de ESTAFA, en el entendido de que la Fiscalía no tendría mayor acervo probatorio para acusarla y llevarla a juicio por los otros delitos investigados, especialmente el de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía le confirmaron a este portal que, por el contrario, las pruebas recaudadas por los investigadores apuntan a que gran parte del dinero recibido por la acusada y sus  compinches, incrementó su patrimonio de manera injustificada y fue a parar a cuentas secretas que están en la mira de la Fiscalía y sobre lo cual este portal publicará en los próximos días mayores detalles, pues al parecer se habrían cometidos otros delitos aún no investigados, como por ejemplo el de TESTAFERRATO, a través del traspaso de bienes.

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La Chiva

Fiscalía a punto de establecer si Los SARMIENTO del Grupo AVAL conocían de los sobornos de Odebrecht. Primera imagen de MELO esposado

Redacción

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Un testimonio hasta ahora oculto a la opinión pública, en poder de un fiscal especializado, podría dar luces sobre la suerte jurídica de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y de su hijo LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ, máximas cabezas del Grupo AVAL. De paso, esta prueba igualmente podría aclarar si los dos magnates fueron cómplices del entramado corrupto montado por la multinacional brasileña, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en el país.

El testimonio, en poder de «Chivas y Crónicas» y que será publicado una vez surta los trámites internos en la Fiscalía, fue entregado por uno de los principales implicados en el escándalo y habla de la forma como SARMIENTO GUTIÉRREZ, presuntamente, fue enterado del pago de por lo menos seis millones de dólares en sobornos, antes de que estos fueran girados. Es decir, que el banquero habría dado el aval para esos pagos.

Como se sabe, en el fallo condenatorio de casi doce años contra el presidente de Corficolombiana JOSÉ ELÍAS MELO, el juez del caso compulsó copias para que SARMIENTO GUTIÉRREZ sea igualmente investigado por los sobornos, pues le parece imposible que como máxima cabeza del Grupo AVAL no se haya enterado del pago de las multimillonarias «coimas».

Primera imagen esposado hacia La Picota

Mientras tanto, agentes del CTI trasladarán a un pabellón especial de la Cárcel La Picota, al expresidente de Corficolombiana, luego de ser notificado de la dura condena en su contra, la más alta de cuantas se han impuesto hasta el momento por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.

Este portal conoció la primera imagen del poderoso ejecutivo tras la condena, captada en el momento en que es trasladado, esposado, hacia un calabozo especial del Búnker de la Fiscalía, desde donde será remitido a la Picota, para que cumpla la condena, y a la espera de la apelación de elevarán sus abogados.

Los testimonios que los enredan

Además del testimonio secreto conocido por este portal, la prueba que más peso ha tenido en este caso contra las cabezas visibles el Grupo Aval, es el del expresidente de Odebrecht  en Colombia, LUIZ BUENO JR, uno de los primeros procesados por la Justicia de su país y de Estados Unidos, y quien ya confesó y relató la forma como la multinacional brasileña desplegó y puso a marchar en gran parte del continente, un plan criminal para ganarse los principales contratos de obra civil en diferentes países.

Concretamente, fue el mismo BUENO JR quien advirtió del comportamiento de JOSÉ ELÍAS MELO, lo que fue tenido en cuenta por el juez colombiano a la hora de imponerle la drástica condena.

Respecto a los SARMIENTO ANGULO y SARMIENTO GUTIÉRREZ, la Fiscalía recauda más acervo probatorio para empezar a investigarlos. En este caso, las pruebas deberán pasar a conocimiento del fiscal adhoc LEONARDO ESPINOSA, quien asumió todo lo relacionado con los indicios que comprometan al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, debido a su actuación como abogado del grupo Aval y asesor de los dos poderosos banqueros.

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