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ESCÁNDALO de Acoso en la Policía: Revuelo por fallo de Procuraduría que absuelve al general PALOMINO pero condena a sus dos subalternos

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Como sorpresiva y polémica ha sido calificada en redes sociales la decisión de la Procuraduría General que absolvió al controvertido ex director de la Policía RODOLFO PALOMINO, en la investigación abierta por el escándalo de acosos en la institución y la existencia de un llamado «carrusel de ascensos», según se desprendió de la grabación de una conversación en la que tres oficiales trataban de persuadir a un coronel, para que no siguiera denunciando los supuestos actos de corrupción que se estaban desatando y ventilando en los medios de comunicación, y que a la postre llevaron a la caída de PALOMINO como comandante de esa fuerza.

La polémica se centra en que mientras que en el fallo se establece plenamente la responsabilidad de los coroneles FLAVIO MESA, entonces comandante de la Policía en Cundinamarca, y del coronel CIRO CARVAJAL, entonces secretario general de la institución, por otro lado se absuelve a quien fungía como su jefe inmediato. Según se deduce de la conversación grabada que desató el escándalo, los dos coroneles trataban de colaborarle a PALOMINO y aparentemente siguiendo instrucciones superiores.

Según la parte resolutiva del fallo, los coroneles CARVAJAL y MESA incurrieron en FALTA GRAVÍSIMA», a título de DOLO, es decir que actuaron conscientes de que estaban cometiendo un delito y una falta disciplinaria: «Por influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero, igualmente ofrecerse a acceder a realizar la conducta anteriormente descrita».

El fallo no solo inhabilita a los dos coroneles para ejercer cargos públicos durante los siguientes DIEZ AÑOS, sino que los destituye de forma fulminante, es decir que los condena disciplinariamente y les genera antecedentes que de forma grave afectan sus hojas de vida.

Facsímil del fallo publicado por la Agencia Periodística que dirige Norbey Quevedo

El otro absuelto que genera polémica

Además de la exoneración de la que fue beneficiado el hoy retirado general PALOMINO, el fallo también ha generado polémica y rechazo en algunos sectores, en lo que se refiere al mayor JHON SANTOS QUINTERO, ahijado del general PALOMINO y considerado uno de sus «consentidos» y baluartes dentro de la Policía para alcanzar los más altos rangos, en el entendido de que a la fecha ya ostenta el grado de Teniente Coronel.

La polémica y extrañeza en este caso radica en que el oficial SANTOS aparece en las mismas grabaciones en las que hablan los coroneles CARVAJAL y MESA, según se escucha en los audios en los que igualmente interviene cuando sus compañeros tratan de persuadir al otro oficial, (Mayor Reynaldo Gómez) para que no siga denunciando.

La grabación de dicha conversación fue entregada a la periodista VICKY DÁVILA, entonces directora de la cadena radial LA FM de RCN, quien la publicó en su totalidad. La divulgación originó que oficiosamente la Procuraduría abriera la indagación disciplinaria que hoy termina con la destitución de los dos coroneles y la absolución del general PALOMINO y de su ahijado. El caso llevaba tres años en la Procuraduría.

El escándalo de los acosos en la Policía (de tipo laboral y sexual) puso en la picota pública al general PALOMINO, especialmente cuando la misma periodista VICKY DÁVILA divulgó un video en el que otro oficial de la institución habla con un senador de la República sobre la existencia de una posible red de prostitución en el interior de la institución, de la que harían parte altos oficiales, políticos, congresistas y particulares, quienes presuntamente pagaban los favores y servicios sexuales con ascensos dentro de la institución.

La divulgación de dicho video desató una oleada de críticas contra la periodista DÁVILA a quien, a través de las redes sociales, centenares de particulares, funcionarios y muchos de sus colegas y amigos, calificaron de amarillista y oportunista, según ellos, por no haber editado el video y permitido que saliera al aire con vocabulario expícito, grotesco y violatorio de la intimidad. El video, sin embargo, fue avalado por el entonces procurador ALEJANDRO ORDOÑEZ como prueba de las investigaciones.

El impase le costó la destitución fulminante a la periodista DÁVLA de su puesto, por orden directa de la cúpula de la  Organización Ardila Lulle, donde gozaba de absoluto respaldo y protección hasta entonces. De hecho, trascendió que el senador involucrado en el video que ella emitió, inició un acción judicial contra la empresa radial y contra la propia periodista, reclamando una multimillonaria indemnización. Igualmente, según se supo, habrían procedido  varios de los oficiales involucrados en sus denuncias periodísticas.

Palomino, conocido de autos

Pese a esta absolución, el general en retiro RODOLFO PALOMINO, tiene otros pendientes en la Justicia colombiana, no solo en el ámbito disciplinario sino también en el penal, donde debe afrontar un delicado caso de posible obstrucción a la Justicia y extralimitación de sus funciones.

El ex director de la Policía también fue denunciado por contratación, por el incremento injustificado de su patrimonio y por los casos de acoso. Uno de los procesos más avanzado también está al despacho del procurador general, el relacionado con la compra de varias tractomulas y la adquisición de algunos bienes raíces en la Sabana de Bogotá.

El caso de las tractomulas fue denunciado por el prestigioso periodista DANIEL CORONELL, en su columna habitual de la Revista Semana, en la que divulgó la relación de los bienes en poder del general. En una de tales publicaciones, el propio oficial se vio obligado a confesar que por lo menos tres de los vehículos sí eran de su propiedad, aunque los calificó como simples «cabezotes». Hay que recordar que el investigado ex general PALOMINO fue director de la Policía Carreteras.

En la Fiscalía, es procesado por haber tratado de intrigar ante una valiente fiscal especializada en favor de un cuestionado empresario con vínculos con paramilitares de Córdoba investigado nada menos que por despojo de tierras a la fuerza por parte de los criminales de las AUC. Este proceso está en etapa de juicio y PALOMINO ya fue imputado formalmente.

Varios de los periodistas que denunciaron los escándalos que entonces se desataron contra la Policía y en cabeza de  PALOMINO, aparecen en una lista de «chuzados» y seguidos, por orden de un fiscal y al parecer con ayuda técnica de una dependencia de la Policía. Se les rotuló como «enemigos».

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Exfiscales MONTEALEGRE y PERDOMO entran al «Cartel de la Toga»

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Después de meses de especulación, de testimonios filtrados parcialmente y de anuncios explosivos, se confirmó por pesquisas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, sí estarían vinculados con el llamado «Cartel de la Toga», cuyo jefe, según la misma investigación, fue el otrora poderoso presidente de la Corte Suprema, el magistrado JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, de quien se especula tramita un asilo político en Canadá, país al que viajó luego de estallar el que se considera el más grande escándalo de corrupción judicial de la historia.

Una de las piezas procesales que sirve de soporte para la solicitud de investigación contra MONTEALEGRE y PERDOMO, es la declaración del ex fiscal anticorrupción LUIS GUSTAVO MORENO, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, quien en varias declaraciones ha hablado de su relación con los dos altos ex funcionarios judiciales,  concretamente por la injerencia que el ex magistrado BUSTOS tuvo en la nómina de la Fiscalía General, durante la gestión de MONTEALEGRE y de PERDOMO, su segundo a bordo.

De hecho, uno de los más influyentes fiscales delegados ante la Corte Suprema, fue ubicado en ese importante y estratégico cargo por recomendación de BUSTOS, y quien según las pruebas estaría relacionado con bienes y automotores que presuntamente fueron adquiridos con el pago de comisiones millonarias del Cartel de la Toga.

MORENO entregó copias de tiquetes aéreos, fotografías, chats y relación de viajes al exterior en compañía del entonces presidente de la Corte y de su esposa, la ex fiscal MARTHA CRISTINA PINEDA, además de abogados que también aparecen salpicados en el mismo escándalo de corrupción. MORENO también habló de su cercanía con la administración de MONTEALEGRE, quien le concedió un millonario contrato de asesoría externa, y especialmente de su amistad con PERDOMO, quien luego de ser Vicefiscal, pasó a ser Fiscal General encargado, mientras se elegía al nuevo jefe del ente investigador, NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ.

Hay que recordar que, de acuerdo con pruebas recaudadas y testimonios,  el caso «Cartel de la Toga» está sólidamente unido al escándalo sobornos Odebrecht, que también tiene un capítulo pendiente en la Fiscalía General, según o anticipó el testigo estrella OTTO BULA, en cuyo celular incautado por elCTI aparecen menciones al ex vicefiscal PERDOMO cuando aspiraba a ser elegido fiscal general en propiedad..

Cartel de amigos y sin visa?

Además de BUSTOS, MONTEALEGRE y PERDOMO, las investigaciones también apuntan a otro cuestionado magistrado, EIDER PATIÑO, presidente de la Sala Penal de la Corte, de quien se sabe su amistad y cercanía con BUSTOS y compañía. De hecho, además del colegaje, los unía una gran amistad y era frecuente verlos en cocteles, reuniones sociales y cenas en exclusivos hoteles, junto a los también cuestionados e investigados togados JOSÉ FRANCISCO RICAURTE (hoy detenido y acusado) CAMILO TARQUINO (procesado preliminarmente) y GUSTAVO MALO (investigado y preso).

La noticia de la vinculación de MONTEALEGRE y PERDOMO con el «Cartel de la Toga», se conoció durante el anuncio de la solicitud de acusación formal que el representante investigador,  EDWAR RODRÍGUEZ, hizo contra el magistrado BUSTOS, señalándolo de ser una especie de «capo» de la organización delincuencial que, según testigos, operaba cobrando millonarias comisiones a altos funcionarios aforados, a cambio de no investigarlos  o no apresarlos, en los procesos abiertos en su contra en la Sala Penal de la Alta Corporación.

«Bustos hizo parte, como el cerebro de una red criminal encaminada a entorpecer procesos en la Comisión de Acusación», señala la decisión, en la que se le endilgan al magistrado os delitos de  CONCIERTO PARA DELINQUIR, COHECHO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

Agrega la decisión que «las declaraciones por separado de los testigos dan información muy importante que vinculan al doctor BUSTOS MARTÍNEZ con los actos de corrupción, pero si se analizan en conjunto dan claridad de todo el entramado de acciones desplegadas por el grupo delincuencial»

Estas informaciones se conocen en medio de una serie de especulaciones según las cuales Estados Unidos le revocó la Visa a varios altos e influyentes funcionarios judiciales, entre ellos algunos magistrados, uno de ellos el propio EIDER PATIÑO, quien no lo ha negado públicamente.

También se especula, de haber corrido la misma suerte, con los nombres de los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, aunque la información no ha sido oficialmente confirmada pero tampoco desmentida. De hecho, en una rueda de prensa que este martes concedió el ex fiscal MONTEALEGRE, se negó a responder preguntas al respecto, ciñéndose a la lectura de un comunicado.

De ser cierta la información sobre la cancelación de la Visa a MONTEALEGRE y PERDOMO, las especulaciones han ido más allá del tema del supuesto apoyo a los privilegios jurídicos a jefes de las FARC,  -por ejemplo atravesarse a la extradición a Estados Unidos-, pues se habla de temas relacionados con otro tipo de narcotraficantes en la mira de Estados Unidos.

Montealegre señala a Uribe

La rueda de prensa convocada por MONTEALEGRE para responder a los anuncios de la investigación en su contra como presunto miembro importante del «Cartel de la Toga», no lo fue, pues en realidad se trató de una lectura de un comunicado de prensa, en el que arremetió contra el uribismo y el paramilitarismo.

Visiblemente ofuscado y en compañía de su escudero y pareja en su administración JORGE FERNANDO PERDOMO, el ex fiscal MONTEALEGRE se fue «lanza en ristre» contra el ex presidente ÁLVARO URIBE, a quien señaló de ser el artífice de una supuesta persecución en su contra y de los defensores de la paz. En tono fuerte y apelando a términos de alto calibre, MONTEALEGRE anunció que denunciará a URIBE internacionalmente como responsable de dos de las más horrendas  masacres cometidas por los grupos paramilitares que, precisamente,  firmaron un cuestionado acuerdo de paz con el gobierno del hoy senador de la República y máximo jefe del Centro Democrático.

 El comunicado

 

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DENUNCIA: Popayán, «inundada» en basuras

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Poco a poco y desde hace más de dos semanas, Popayán se está llenando de basuras por todas partes, por culpa del aparente incumplimiento de la empresa privada encargada de la recolección: Serviaseo. Denuncias de la ciudadanía, líderes políticos y veedores ciudadanos, alertaron sobre la situación, que ya tomó ribetes de CRISIS AMBIENTAL, que comienza a generar problemas de salubridad a los habitantes.

Según las denuncias, SERVIASEO, empresa que se ganó la licitación para operar el servicio, no tiene un plan de contingencia que enfrente este tipo de crisis, ítem que estaba plenamente establecido dentro de los requisitos a los que se sometió a la hora de quedarse con el multimillonario contrato. Como se sabe, en SERVIASEO tienen representación accionaria los hermanos RÍOS, que también en Bogotá tienen fuerte protagonismo empresarial en el mismo campo de las basuras. Uno de sus miembros aparece salpicado en el escándalo de corrupción conocido como el «Cartel de los contratos», cuyos principales cerebros fueron los NULE.

Alerta amarilla

Al tiempo que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra funcionarios públicos que por omisión han sido responsables, la Alcaldía de Popayán declaró la ALERTA AMARILLA, emitiendo una serie de recomendaciones a la ciudadanía que eviten que se genere una crisis de salubridad.

Por su parte la Fiscalía indaga la posibilidad de abrir procesos formales contra los particulares que pudieron  incumplir sus obligaciones contractuales, en el entendido de que manejan dineros públicos, pues la empresa privada que opera el servicio recibe los pagos de la Alcaldía.

El senador caucano LUIS FERNANDO VELASCO también pidió la intervención de los órganos de control, y en una carta pública exigió medidas urgentes y la aplicación de sanciones, si es del caso, contra los posibles responsables de esta crisis, advirtiendo además que puede haber omisión de parte de la superintendencia del ramo, pues ya son varias las quejas contra la misma empresa privada.

Los veedores ciudadanos

Veedores ciudadanos también han estado activos a partir de la crisis, exigiendo la pronta intervención de las autoridades y una respuesta clara e inmediata de la empres SERVIASEO. La líder ambiental VICTORIA GUTIÉRREZ, quien ha estado acompañando a la comunidad luego de desatada la crisis, anunció la posibilidad de acudir a una acción popular que recoja los intereses de la comunidad.

«Estamos acompañando a la comunidad ciudadana de Popayán para instaurar una acción popular, pues Serviaseo no tenía un plan de contingencia efectivo y la comunidad se ve afectada. Los políticos no se aparecen en la ciudad cuando ay crisis, se deben revaluar las condiciones del contrato con esa empresa», advirtió VICTORIA GUTIÉRREZ.

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IMPUTACIÓN: Fiscalía le cierra el cerco al alcalde Mariquita por nuevo escándalo

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La situación jurídica del cuestionado alcalde de Mariquita Tolima, ALEJANDRO GALINDO,  cada día se antoja más complicada, luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por PREVARICATO POR ACCIÓN, por su actuación presuntamente dolosa en la expedición de un decreto contrario a la Ley, con el que pretendió sacar del camino a la empresa URBES, encargada del manejo del acueducto y recolección de basuras del municipio.

Según la resolución judicial con la que la Fiscalía 48 seccional de Honda lo notificó en su despacho oficial, el mandatario deberá comparecer en audiencia pública el próximo 20 de marzo, durante la cual el ente acusador le imputará los cargos por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, esto quiere decir que expidió una norma contraria a la Ley, a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito.

Se trata del Decreto 072 mediante el cual el alcalde de los mariquiteños pretendió atravesarse al contrato firmado con la empresa ESPUMA URBES, una entidad privada cuya actuación también ha sido fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por la forma como opera el recaudo de los dos servicios públicos.

Con la imputación de cargos, el alcalde GALINDO  queda formalmente vinculado al proceso penal, lo que lo convierte en adelante en IMPUTADO, a la espera de que la misma Fiscalía decida si, de acuerdo con las pruebas, lo llama a juicio y lo acusa formalmente del grave delito, lo que lo dejaría a las puertas de una sentencia condenatoria.

Crisis e Ingobernabilidad

Desde el punto de vista político, esta decisión conlleva una situación incómoda para el mandatario de los mariquiteños, pues podría seguir afectando su gobernabilidad, que de por sí está bastante cuestionada por cuenta de otro escándalo que lo trasnocha y no lo ha dejado ejercer su cargo con total tranquilidad: el robo masivo de lotes a cientos de familias de su pueblo, por lo que su esposa, la ex «Gestora» del municipio ÁNGELA GUTIÉRREZ está presa y ya fue acusada y llamada a juicio por vario delitos.

Este portal ha recibido información no confirmada según la cual ALEJANDRO GALINDO confía ciegamente en las gestiones que varios congresistas de la región y algunos de sus jefes políticos estarían realizando en las altas esferas para que los procesos penales no avancen de forma acelerada, hasta tanto termine su gestión como alcalde.

En los pasillos de la alcaldía de Mariquita se rumora con insistencia que GALINDO hace ingentes esfuerzos y contactos políticos para dejar acomodado en la nueva administración a una de sus «fichas», un funcionario que trabaja a su lado y que pronto lanzaría su nombre como candidato a sucederlo en el cargo.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, tras sus huellas

Esta nueva investigación de tipo penal se convierte en la más avanzada de las tres que la Fiscalía ha iniciado en contra del alcalde GALINDO que, de paso sea dicho, cogió por sorpresa a los mariquiteños, pues en principio pensaron que la Imputación de cargos tenía que ver con el escándalo del masivo robo de lotes a sus propios coterráneos.

En el caso de los lotes, el mandatario mariquiteño tiene tras su espalda tres denuncias más, una de las cuales ya se encuentra en estado avanzado y la que podría próximamente arrojar resultados. Los investigadores ya recogieron suficiente evidencia que lo vincula con la recepción de dineros producto de la cuestionada venta de los predios, así como interceptaciones telefónicas que dejarían en claro que desde un principio supo del riesgo del negocio emprendido por su esposa y del despilfarro del dinero recibido producto del mismo, entregado por los incautos compradores a varias personas del círculo más cercano del mandatario, su esposa, amigos, familiares, asesores y funcionarios. No se descarta que antes de mitad de este año sea citado a audiencia de IMPUTACIÓN DE CARGOS, incluso con solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, pues se trata de delitos relacionados con estafas, falsedades y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría también lo indaga disciplinariamente por los mimos hechos, además de su actuación en el caso de la empresa URBES y por la contratación concedida durante su cuestionada administración. La Contraloría también lo tiene en la mira su gestión en el manejo de los recursos, luego de conocerse denuncias según las cuales subalternos suyos, que manejan entidades del municipio, como por ejemplo el Hospital, le han dado un sospechoso manejo a los contratos, con aparente sobrecostos y favoreciendo a amigos y allegados contratistas.

Recientemente, gran parte de la ciudadanía participó de una manifestación pública durante la cual exgieron su renuncia y lo calificaron de CORRUPTO.

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