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La Chiva

Estados Unidos decide si también pide la extradición de Iván Márquez por narcotráfico

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En los próximos días un fiscal de Nueva York decidirá si tramita ante la Corte Federal de ese estado, la solicitud de extradición, al gobierno colombiano, del jefe de las Farc IVÁN MÁRQUEZ, involucrado en una conspiración para introducir cocaína a ese país, la misma investigación que hoy mantiene tras las rejas al otro líder de esa guerrilla alias JESÚS SANTRICH, cuyo proceso de envío a una cárcel norteamericana ya está cursando.

Tal como lo había anticipado este portal, como testigos de cargo contra IVÁN MÁRQUEZ, la DEA cuenta con por lo menos dos testigos considerados de alta credibilidad, entre ellos el propio primo del jefe subversivo, el abogado MARLON MARÍN. Un video en el que alias «IVÁN MÁRQUEZ aparece hablando sobre la ayuda de un capo mexicano, es una de las evidencias que llevaron a la Fiscalía a abrir un INDICTMEN.  Fuentes de la DEA le confirmaron a este portal que el testigo está viviendo en un hotel del Sur de la Florida, bajo protección especial, y allí permanecerá hasta cuando SANTRICH llegue a ese país y comience a enfrentar un juicio criminal en su contra. Por eso, también se está a la expectativa de que sea pedida la extradición de IVÁN MÁRQUEZ, para que el testigo participe en las dos causas penales.

En el video, según las fuentes, IVÁN MÁRQUEZ aparece dándole las gracias a un capo de drogas mexicano, al parecer el mismo RAFAEL QUINTERO, a quien Estados Unidos ya incluyó en la lista de los más buscados. Esta evidencia fue entregada por el propio ROLANDO MARÍN, a la hora de ser recibido en la Florida por agentes de la DEA. De todos modos, otras personas involucradas en la misma conspiración, también estarían dispuestas a declarar contra SANTRICH y MÁRQUEZ.

El trámite de extradición de SANTRICH, la prueba de fuego

El caso de la extradición de SANTRICH generó todo un choque de trenes entre las altas cortes, el gobierno y la nueva jurisdicción para la paz JEP. Inicialmente esta última se abrogó la competencia de asumir el caso, para revisar si los hechos por los cuales fue solicitada la extradición del jefe subversivo, ocurrieron con posterioridad a la firma de la paz. De todas formas, la Corte Suprema también debe intervenir en el proceso, tal como lo ordena el Código de Procedimiento Penal.

Chivas y Crónicas consultó la opinión de la abogada penalista SILVIA RUGELES, que litiga ante la Corte Suprema, para que nos ayude a dilucidar la encrucijada, pues a las claras se va a generar lo que en el ordenamiento legal colombiano se conoce como «Colisión de competencias». Para ella, el simple hecho de que SANTRICH haya solicitado la intervención  de la JEP, es suficiente para que esa jurisdicción especial tome parte en el asunto.

«El señor Hernández Solarte se acogió a dicha jurisdicción especial y por tanto, es la Sala de Revisión del Tribunal Especial para la Paz quien tiene la competencia de verificar si la conducta sucedió antes o después del 1 de diciembre de 2016. De verificarse que la conducta por la que se captura, tuvo ocurrencia con posterior a esta fecha, será competente la justicia ordinaria para conocer la solicitud de extradición radicada por los Estados Unidos de Norteamérica», explicó la abogada.

Según la señora RUGELES, lo que debe determinarse de entrada es si los hechos por los que es acusado en Estados UJnidos SANTRICH, estyán relacionados de alguna forma con el copnlflcvito armado que sosotuveorn las FARC con el estado colombiano. En el evento en que la Sala de Revisión de la JEP así lo determine, remitirá el caso a la sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Verdad, que asumirá el caso para su conocimiento y bajo esta hipótesis se excluye toda posibilidad de extradición. Así las cosas, quien define la competencia de este caso, es la Sala de Revisión del Tribunal Especial para la Paz.

 

El presidente podría negarse a entregarlo, por razones de la paz ya firmada

Le hicimos varias preguntas directas  a la abogada, respecto a lo que significa para un presidente de la República firmar una extradición de un personaje como SANTRICH, teniendo en cuenta lo que está en juego y la muy segura deserción de guerrilleros desmovilizados que este hecho generaría. De hecho, el propio IVÁN MÁRQUEZ, al parecer y también involucrado en el mismo Indictmen que fue abierto contra SANTRICH, anunció que se retira al monte mientras se aclaran las cosas, temiendo correr la misma suerte de su camarada.

– Qué le aconsejaría al presidente de turno que deba decidir sobre este caso?

«En el evento que bajo su competencia, la justicia ordinaria emita concepto favorable para esta extradición, el Presidente de la República podría considerar una extradición diferida o en su defecto negarla en atención a la importancia que revestiría la presencia de Santrich en el país para la implementación de una paz estable y duradera, conforme a las condiciones políticas del momento en que se tenga que tomar la decisión».

– Desde su experiencia, en caso de que sea extraditado Santrich, quedaría hecho trizas el proceso de paz?

«Mientras siga siendo Colombia el tercer país más desigual del mundo, no es posible hablar de una verdadera Paz. La extradición de Santricht podría ser un fuerte golpe al proceso de desmovilización del grupo insurgente FARC-EP hoy constituido en partido político, pero ya se vio con las declaraciones de Rodrigo Londoño que aceptan sin mayor resistencia el simple compromiso ofrecido por el Gobierno Nacional, en cuento al cumplimiento de garantías y debido proceso de Santricht. Si la captura de Santricht en las irregulares condiciones jurídicas en que se ha dado no ha generado un fuerte impacto en lo que va corrido de esta semana, dudo que su eventual extradición lo sea, porque lastimosamente el agite noticioso en el que viven los colombianos los lleva a la pérdida paulatina de la memoria. Las sorpresivas declaraciones de Londoño en la práctica se ven, como una aceptación tácita de una eventual extradición».

– Cual es la jurisdicción del Estado (Entidad) facultada para conceptuar sobre una extradición, la JEP también?

«Dentro de la órbita de competencia de la JEP lo que implica que sin duda alguna los hechos por los que fue librada orden de captura sucedieron con anterioridad al 1 de Diciembre de 2016, en ningún evento es contemplado un escenario de extracción como ya se explicó en respuesta precedente. Así las cosas, sólo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el evento en que sea de su competencia objetiva derivada de la fecha de la ocurrencia de los hechos por los que se ordena la captura, es la facultada para conceptuar favorablemente o de manera negativa la extradición de un ciudadano colombiano, solicitado por otro estado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia para éstos casos, la validéz de la documentación presentada, la demostración plena de la identificación del solicitado, la aplicación del principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo contemplado en los tratados internacionales, dentro de esta misma etapa emite concepto no vinculante la Procuraduría General de la Nación»

Colombia, país amigo de las extradiciones con USA

Colombia siempre ha sido un país amigo de la extradición y de cumplir sumisamente las imposiciones de los Estados Unidos de Norteamérica.  En 1888 se suscribió el primer tratado multilateral de extradición sin hacer ninguna mención a las drogas, incluso por vía administrativa, esto es, no se requería concepto previo de la Corte Suprema de Justicia. Para el año 1944  se realiza la primera reforma, en la cual se incluyó el tema de las drogas aunque de una manera muy limitada, modificándose por primera vez el entonces vigente Código Penal de 1936.

Durante el gobierno de JULIO CÉSAR TRUBAY AYALA, el embajador ante los Estados Unidos, VIRGILIO BARCO, logró suscribir el tratado de extradición entre ambos países y se promulga internamente la ley 27 de 1980. Pero sólo hasta 1985 el tema de la extradición pasó a ser una propiedad para la agenda gubernamental, con ocasión a la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, hecho a través del cual, por primera vez, se evidencia el nexo existente entre grupos guerrilleros y narcotraficantes no siendo el primer acontecimiento como lo ocurrido al parecer presuntamente con Jesús Santricht.

En 1986 la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley 27 de 1980 aludiendo vicios durante su aprobación, Dos días después, el Presidente VIRGILIO BARCO decide ¨re-sancionar¨ la misma ley, intentando subsanar el vicio de procedimiento y se aprueba entonces la ley 68 de 1986, la que en 1987 es declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Tuvo que correr ríos de sangre en el país, para que en 1997, bajo la presidencia de ERNESTO SAMPER, se buscara revivir la figura de la extradición. La amenazas comerciales ejercidas por los Estados Unidos influenciaron de manera directa en la reactivación de la extracción, en la que se logró aprobar un paquete de leyes antidrogas con efectos en materia de expropiación de bienes de los narcotraficantes, es así como, luego de una serie de atentados, el 16 de septiembre de 1997 es aprobada por el Congreso de la república la extradición sin retroactividad y no es aplicable a los delitos políticos.

Durante la Presidencia de Andrés Pastrana fueron extraditados un promedio de 78 colombianos hacia los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lo que convirtió la extradición en el gobierno de ÁLVARO URIBE VÉLEZ en la principal arma para combatir el tráfico de estupefacientes, lo que nos impone entonces,  un acercamiento a éste trámite en aras de buscar mejorar las condiciones y los derechos de los procesados y de sus familia. La extradición de los ciudadanos colombianos se encuentra contemplada en la Constitución Nacional en su artículo 35, no procede por delitos políticos, ni por hechos acontecidos con anterioridad a 1997. Procede por delitos cometidos en el exterior y que sean considerados como tales en la legislación penal colombiana, por tanto será interesante conocer el debate jurídico en el caso que la justicia ordinaria deba conocer el caso de Santricht,  si la conspiración para el tráfico de estupefacientes, es considerado delito en Colombia. El respeto al derecho objetivo, que es la fuente de los derechos subjetivos, es La Paz.

La Chiva

Libertad de «Jesús Santrich» desata ira gringa y vienen más visas canceladas

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La decisión de la JEP de negar la extradición a Estados Unidos del jefe de las Farc «JESÚS SANTRICH» y dejarlo en libertad,  desatará una nueva oleada de cancelación de visas por parte del gobierno de DONALD TRUMP, de varios reconocidos personajes de la política y de la justicia colombianas, bajo el supuesto de que con sus decisiones o intromisiones estarían apoyando a un grupo narcotraficante y/o obstruyendo la justicia del poderoso del Norte.

Este portal conoció que en la lista de posibles «revocados» de Visa gringa, estarían los ex fiscales EDUARDO MONTEALRGE y su segundo a bordo JORGE FERNANDO PERDOMO, varios funcionarios de la propia JEP, entre ellos su ex secretaria general MARTHA LUCÍA ZAMORA, y la ex funcionaria de la Fiscalía KATERINE ELJAK, además de por lo menos otros dos magistrados de altas cortes.

Es que la decisión de impedir la extradición de SANTRICH y de paso pedir su libertad inmediata, tomó por sorpresa a los representantes del presidente TRUMP en Colombia y del Departamento de Estado, pues durante seis meses enviaron a Colombia pruebas que dejarían en claro que en efecto el jefe de las Farc hacía parte de un cartel de drogas que enviaba toneladas de cocaina a Estados Unidos vía México, con el apoyo de capos de ese país centroamericano. Según esas pruebas, SANTRICH violó los acuerdos, pues siguió en el negocio de las drogas ilícitas aún después de firmar la paz con el gobierno SANTOS.

Lo que dice la JEP

Pero, contrario a lo que afirma la justicia de Estados Unidos, a juicio de la JEP lo que hubo fue ausencia de pruebas que permitan establecer que  SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ, alias «JESUS SANTRICH», realmente estuvo involucrado con un cartel de narcos, además de que no se puede asegurar que los elementos aportados por la Fiscalía y a DEA, lleven a inferir que esos presuntos hechos ocurrieron después de que firmara la paz con SANTOS.

Tan pronto hizo oficial su decisión, la Jurisdicción Especial para  la Paz, JEP, explicó sus motivos en un escueto trino desde su cuenta oficial:

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, rechazando la decisión de la JEP y, muy seguramente, reiterando que las pruebas aportadas sí pueden establecer que el jefe guerrillero hacía parte de un cartel. Entre otras pruebas, fueron aportados videos y comunicaciones entre SATRICH y otros personajes al parecer allegados a carteles de México, entre ellos un familiar de IVÁN MÁRQUEZ, de quien se dice que fue infiltrado por la DEA.

Entre las varias reacciones que se esperan por parte del gobierno de TRUMP como consecuencia de la decisión de la JEP, se teme por una decertificación de Colombia en su lucha contra las drogas, lo que implica una sustancial reducción de la ayuda económica a nuestro país.

Igualmente se espera la cancelación de más visas y la solicitud de extradición de otros jefes de las FARC, de  la misma cúpula de la otrora organización terrorista y subversiva. De hecho, se sabe que algunos jefes de ese grupo serán cobijados con órdenes de captura en las próximas horas por incumplimiento de los acuerdos firmados con SANTOS.

Mientras tanto SANTRICH, a través de un audio que hizo circular en medios de comunicación desde la cárcel La Picota, tras conocer la decisión de la JEP, dijo que su libertad aclara que estaba siendo víctima de un montaje por parte de la derecha colombiana y tras instancias.

«La decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía contra mí», afirmó.

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La Chiva

Esposa del alcalde de Mariquita confiesa que sí estafaron a sus electores con una falsa venta de lotes. Fiscalía prepara nuevas decisiones

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Por: Juan Carlos Giraldo

Diseño gráfico: Leidy Johana Ramírez

A las puertas de una condena que podría ser hasta de diez años, quedó expuesta ÁNGELA GUTIÉRREZ, quien ostentara el cargo de «Primera Gestora» del municipio, en calidad de esposa del actual alcalde de Mariquita ALEJANDRO GALINDO, por su reconocida responsabilidad en el masivo robo de lotes a cientos de humildes habitantes de la población que creyeron en un proyecto de vivienda de interés social que resultó ser una estafa que ya supera los 5 mil millones de pesos.

Así quedó claro luego de la sorpresiva CONFESIÓN que hiciera la señora GUTIÉRREZ ante la Fiscalía y ante un juez de la República, que en los próximos días deberá tasar el quántum de la pena a imponer, que según las normas penales vigentes oscila entre ocho y diez años de prisión. Como la ahora confesa delincuente aceptó los cargos, la Ley prevé una rebaja de hasta un 50   porciento de esa pena.

La aceptación del cargo implica que la ex primera gestora continúe en la cárcel por lo menos dos años más, pues únicamente podría recobrar la libertad condicional una vez cumpla la tercera pena de la sentencia que le sea impuesta. Sin embargo, en su contra cursan otras dos investigaciones derivadas de los mimos hechos corruptos cometidos por ella y parte de su séquito de amigos y asesores de la campaña y luego de la alcaldía.

Según la Fiscalía, ÁNGELA GUTIÉRREZ también incurrió en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cargo que la detenida señora se negó a aceptar, por lo que podría verse avocada a una nueva condena, esta superior a la que en los próximos días le será impuesta por aceptar la ESTAFA.

La Fiscalía también cuenta con elementos para tratar de configurar en contra de la señora GUTIÉRREZ el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, pues se sabe que no actuó sola en el montaje y ejecución del plan criminal para quedarse con los más de 5 mil millones de pesos que salieron de los bolsillos de más de 1000 víctimas ya reconocidas, la mayoría de ellas amigos personales del alcalde GALINDO y su esposa, colaboradores de su campaña y electores, que se sintieron confiados en que una vez ganara las elecciones, el alcalde y su esposa les iban a solucionar el problema de vivienda.

Se le complica la situación al alcalde

La aceptación del cargo por parte de la señora GUTIÉRREZ pondrá en aprietos al ya cuestionado e investigado alcalde ALEJANDRO GALINDO, como quiera que la Fiscalía cuenta con elementos que permiten inferir que el mandatario de los mariquiteños podría haber estado enterado de las andanzas de su esposa y estuvo al tanto de parte del andamiaje montado por ella para estafar a sus amigos y coterráneos y quedarse con el millonario botín.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con «un as bajo la manga», que podrían ser conversaciones telefónicas, consignaciones bancarias y el testimonio de un eventual testigo, que podría complicarle la situación jurídica a GALINDO, pues al parecer  se trataría de una persona muy allegada a la pareja de esposos y con  acceso a la administración municipal.

De hecho, en un primer intento, la Fiscalía le ofreció a la señora GUTIÉRREZ una serie de beneficios jurídicos a cambio de que entregue información y delate a quienes muy seguramente trabajaron de su mano para estafar a los cientos de inversionistas. Inicialmente, la señora GUTIÉRREZ se negó, aunque los tiempos procesales aún le alcanzan para en caso de quiera comenzar un proceso de «Colaboración Eficaz» con la justicia que, incluso podría representarle la libertad inmediata, si se acoge, por ejemplo, a la figura del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

Fuentes del ámbito político le confirmaron a «Chivas y Crónicas» que la situación jurídica del alcalde podría definirse una vez el panorama político se aclare y se sepa quién será su sucesor en la alcaldía, pues un eventual encarcelamiento de GALINDO afectaría la imagen del partido que le dio el aval, especialmente en esta contienda electoral que se avecina.

Y la platica?

Como se trata de un delito con connotaciones económicas, -pues hay involucrados casi seis mil millones de pesos que al parecer recaudaron por la multiplicidad de venta de lotes clonados- esta aceptación del delito por parte de ÁNGELA GUTIÉRREZ conlleva a que se inicie un proceso de indemnización a sus víctimas, que a través de una firma de abogados reclaman la inmediata devolución del dinero invertido.

Este portal conoció que el consejo del abogado defensor de la detenida ex primera gestora del municipio, es que acepte únicamente el cargo de ESTAFA, en el entendido de que la Fiscalía no tendría mayor acervo probatorio para acusarla y llevarla a juicio por los otros delitos investigados, especialmente el de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía le confirmaron a este portal que, por el contrario, las pruebas recaudadas por los investigadores apuntan a que gran parte del dinero recibido por la acusada y sus  compinches, incrementó su patrimonio de manera injustificada y fue a parar a cuentas secretas que están en la mira de la Fiscalía y sobre lo cual este portal publicará en los próximos días mayores detalles, pues al parecer se habrían cometidos otros delitos aún no investigados, como por ejemplo el de TESTAFERRATO, a través del traspaso de bienes.

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La Chiva

Fiscalía a punto de establecer si Los SARMIENTO del Grupo AVAL conocían de los sobornos de Odebrecht. Primera imagen de MELO esposado

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Un testimonio hasta ahora oculto a la opinión pública, en poder de un fiscal especializado, podría dar luces sobre la suerte jurídica de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y de su hijo LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ, máximas cabezas del Grupo AVAL. De paso, esta prueba igualmente podría aclarar si los dos magnates fueron cómplices del entramado corrupto montado por la multinacional brasileña, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en el país.

El testimonio, en poder de «Chivas y Crónicas» y que será publicado una vez surta los trámites internos en la Fiscalía, fue entregado por uno de los principales implicados en el escándalo y habla de la forma como SARMIENTO GUTIÉRREZ, presuntamente, fue enterado del pago de por lo menos seis millones de dólares en sobornos, antes de que estos fueran girados. Es decir, que el banquero habría dado el aval para esos pagos.

Como se sabe, en el fallo condenatorio de casi doce años contra el presidente de Corficolombiana JOSÉ ELÍAS MELO, el juez del caso compulsó copias para que SARMIENTO GUTIÉRREZ sea igualmente investigado por los sobornos, pues le parece imposible que como máxima cabeza del Grupo AVAL no se haya enterado del pago de las multimillonarias «coimas».

Primera imagen esposado hacia La Picota

Mientras tanto, agentes del CTI trasladarán a un pabellón especial de la Cárcel La Picota, al expresidente de Corficolombiana, luego de ser notificado de la dura condena en su contra, la más alta de cuantas se han impuesto hasta el momento por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.

Este portal conoció la primera imagen del poderoso ejecutivo tras la condena, captada en el momento en que es trasladado, esposado, hacia un calabozo especial del Búnker de la Fiscalía, desde donde será remitido a la Picota, para que cumpla la condena, y a la espera de la apelación de elevarán sus abogados.

Los testimonios que los enredan

Además del testimonio secreto conocido por este portal, la prueba que más peso ha tenido en este caso contra las cabezas visibles el Grupo Aval, es el del expresidente de Odebrecht  en Colombia, LUIZ BUENO JR, uno de los primeros procesados por la Justicia de su país y de Estados Unidos, y quien ya confesó y relató la forma como la multinacional brasileña desplegó y puso a marchar en gran parte del continente, un plan criminal para ganarse los principales contratos de obra civil en diferentes países.

Concretamente, fue el mismo BUENO JR quien advirtió del comportamiento de JOSÉ ELÍAS MELO, lo que fue tenido en cuenta por el juez colombiano a la hora de imponerle la drástica condena.

Respecto a los SARMIENTO ANGULO y SARMIENTO GUTIÉRREZ, la Fiscalía recauda más acervo probatorio para empezar a investigarlos. En este caso, las pruebas deberán pasar a conocimiento del fiscal adhoc LEONARDO ESPINOSA, quien asumió todo lo relacionado con los indicios que comprometan al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, debido a su actuación como abogado del grupo Aval y asesor de los dos poderosos banqueros.

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