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EXCUSIVO: Así infiltraron, grabaron y le montaron «falso positivo judicial» al senador ROBLEDO

Redacción

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  • La historia de cómo el senador del Polo Democrático Alternativo se salvó de ser sancionado por cuenta de un «falso positivo judicial» que le montaron a través de una infiltración y una grabación «a escondidas» que le hicieron a una de sus conversaciones. EXCLUSIVO «Chivas y Crónivas».

Aunque los hechos ocurrieron en agosto del 2013, solo ahora, por cuenta de una decisión de la Procuraduría, se logran conocer los alcances de un plan «maquiavélico» que buscaba desprestigiar al senador JORGE ENRIQUE ROBLEDO, con un montaje armado con pruebas falsas que estuvo a punto de convertirse en un típico «Falso positivo judicial», en el que aparecen salpicados un ministro de Estado de la época y un medio de comunicación regional.

La historia se remonta a un anuncio de paro de actividades por parte de trabajadores de «Cerro Matoso», en agosto del 2013. El senador sostuvo una reunión con miembros del sindicato de la empresa, para escuchar los planteamientos de los empleados sindicalizados y las exigencias que soportaban la protesta laboral. Y es de esta reunión, celebrada en la oficina de ROBLEDO, en el edificio del Senado en Bogotá, de la cual sale una grabación que origino una denuncia disciplinaria contra el congresista, por parte de quien en entonces era el ministro de Agricultura y Desarrollo Social, RUBÉN DARÍO LIZARRALDE MONTOYA.

Sin saberlo, dentro del grupo de sindicalistas que ingresó a su despacho, a la reunión que tenía el rótulo de RESERVADA, se encontraba una persona que aparentemente llevaba la misión de grabar las conversaciones de los temas a tratar. El infiltrado cumplió su trabajo y salió del evento con los secretos bajo el brazo. No se sabe cómo ni porqué razón, el contenido de la grabación llegó a conocimiento del ministro LIZARRALDE, quien de inmediato la puso en conocimiento de la Procuraduría, para que se investigara al senador por sus afirmaciones hechas en el transcurso de su encuentro con los sindicalistas.

Adicionalmente un fragmento del texto de la grabación fue publicado por el periódico EL MERIDIANO de Córdoba, mencionando que presuntamente el senador estaba incitando a que los trabajadores bloquearan una vía nacional, en jurisdicción de Caucasia, Antioquia, hecho que a todas luces es constitutivo de delito y grave falta disciplinaria.

La Procuraduría con ALEJANDRO ORDÓÑEZ a la cabeza, inició una investigación disciplinaria, que mucho tiempo después terminó en archivo, ante la ausencia de falta y porque, además, la prueba que soportaba la denuncia del ministro fue ilegalmente obtenida. Según las conclusiones de los investigadores, el hecho de que el senador evidentemente haya hablado del desplazamiento de trabajadores  hacia la zona de la protesta cívica, no debe inferirse que estaba incitando a la comisión de un delito, como lo insinuó el ministro LIZARRALDE en su escrito pidiendo la investigación.

«Pero además, el resto de la grabación no es posible ser analizada por este despacho, en atención a que la misma se encuentra dentro del ámbito de la conversación entre el senador con los miembros del sindicato, y al no existir autenticidad en la grabación aportada, no es posible darle validez dentro de la presente actuación», concluye la Procuraduría.

Más allá del asunto probatorio, la Procuraduría deja en claro que por orden constitucional, los congresistas tienen  todo su derecho a reunirse con la población de las regiones en las que ellos tienen directa injerencia, pues es esa la esencia de su labor congresional. Pero adicionalmente, la Procuraduría resalta que no puede usarse como prueba una grabación, cuando ésta es hecha a escondidas de la persona afectada, es decir sin su autorización.

«El documento fue allegado por el servidor público (Ministro) bajo la advertencia de que la misma había sido aportada por un anónimo, lo que afecta la prueba en su esencia. Al tratarse de unos terceros los grabados, quienes no autorizaron dicha grabación, y que tampoco haya sido aportada por ninguno de los interlocutores al proceso disciplinario, la prueba tiene visos de PRUEBA ILÍCITA, y en consecuencia no puede ser tenida en cuenta…», concluyó el Ministerio Público.

También aclara el fallo que este tipo de conductas, las de grabar a escondidas a alguien y pretender usar ese material como prueba judicial, lo que hace es vulnerar el Derecho a la Intimidad, más si se tarta de un congresista que está actuando dentro de su órbita congresional.

La decisión también llama la atención en el hecho de que le periódico EL MERIDIANO haya publicado la grabación de forma fragmentaria, señalando la supuesta intención del senador ROBLEDO  de incitar a un bloqueo, pues, dice la Procuraduría, lo publicado «no se ajusta al contenido de la grabación».

Este portal buscó la reacción del senador ROBLEDO a través de su abogada SILVIA RUGELES, quien explicó que aunque no hay forma de asegurar con nombre propio quiénes planearon semejante montaje judicial, sí están seguros de que se trató de un típico caso de infiltración ilegal, con la única intención de desprestigiar al congresista y, de paso, meterlo en un lío judicial del cual, sin embargo, logró salir avante. La abogada RUGELES fue notificada del archivo de la denuncia este martes 15 de enero, aunque la decisión llevaba varios meses tomada sin que el senador y su defensa fueran informados formalmente.

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Libertad de «Jesús Santrich» desata ira gringa y vienen más visas canceladas

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La decisión de la JEP de negar la extradición a Estados Unidos del jefe de las Farc «JESÚS SANTRICH» y dejarlo en libertad,  desatará una nueva oleada de cancelación de visas por parte del gobierno de DONALD TRUMP, de varios reconocidos personajes de la política y de la justicia colombianas, bajo el supuesto de que con sus decisiones o intromisiones estarían apoyando a un grupo narcotraficante y/o obstruyendo la justicia del poderoso del Norte.

Este portal conoció que en la lista de posibles «revocados» de Visa gringa, estarían los ex fiscales EDUARDO MONTEALRGE y su segundo a bordo JORGE FERNANDO PERDOMO, varios funcionarios de la propia JEP, entre ellos su ex secretaria general MARTHA LUCÍA ZAMORA, y la ex funcionaria de la Fiscalía KATERINE ELJAK, además de por lo menos otros dos magistrados de altas cortes.

Es que la decisión de impedir la extradición de SANTRICH y de paso pedir su libertad inmediata, tomó por sorpresa a los representantes del presidente TRUMP en Colombia y del Departamento de Estado, pues durante seis meses enviaron a Colombia pruebas que dejarían en claro que en efecto el jefe de las Farc hacía parte de un cartel de drogas que enviaba toneladas de cocaina a Estados Unidos vía México, con el apoyo de capos de ese país centroamericano. Según esas pruebas, SANTRICH violó los acuerdos, pues siguió en el negocio de las drogas ilícitas aún después de firmar la paz con el gobierno SANTOS.

Lo que dice la JEP

Pero, contrario a lo que afirma la justicia de Estados Unidos, a juicio de la JEP lo que hubo fue ausencia de pruebas que permitan establecer que  SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ, alias «JESUS SANTRICH», realmente estuvo involucrado con un cartel de narcos, además de que no se puede asegurar que los elementos aportados por la Fiscalía y a DEA, lleven a inferir que esos presuntos hechos ocurrieron después de que firmara la paz con SANTOS.

Tan pronto hizo oficial su decisión, la Jurisdicción Especial para  la Paz, JEP, explicó sus motivos en un escueto trino desde su cuenta oficial:

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, rechazando la decisión de la JEP y, muy seguramente, reiterando que las pruebas aportadas sí pueden establecer que el jefe guerrillero hacía parte de un cartel. Entre otras pruebas, fueron aportados videos y comunicaciones entre SATRICH y otros personajes al parecer allegados a carteles de México, entre ellos un familiar de IVÁN MÁRQUEZ, de quien se dice que fue infiltrado por la DEA.

Entre las varias reacciones que se esperan por parte del gobierno de TRUMP como consecuencia de la decisión de la JEP, se teme por una decertificación de Colombia en su lucha contra las drogas, lo que implica una sustancial reducción de la ayuda económica a nuestro país.

Igualmente se espera la cancelación de más visas y la solicitud de extradición de otros jefes de las FARC, de  la misma cúpula de la otrora organización terrorista y subversiva. De hecho, se sabe que algunos jefes de ese grupo serán cobijados con órdenes de captura en las próximas horas por incumplimiento de los acuerdos firmados con SANTOS.

Mientras tanto SANTRICH, a través de un audio que hizo circular en medios de comunicación desde la cárcel La Picota, tras conocer la decisión de la JEP, dijo que su libertad aclara que estaba siendo víctima de un montaje por parte de la derecha colombiana y tras instancias.

«La decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía contra mí», afirmó.

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Esposa del alcalde de Mariquita confiesa que sí estafaron a sus electores con una falsa venta de lotes. Fiscalía prepara nuevas decisiones

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Por: Juan Carlos Giraldo

Diseño gráfico: Leidy Johana Ramírez

A las puertas de una condena que podría ser hasta de diez años, quedó expuesta ÁNGELA GUTIÉRREZ, quien ostentara el cargo de «Primera Gestora» del municipio, en calidad de esposa del actual alcalde de Mariquita ALEJANDRO GALINDO, por su reconocida responsabilidad en el masivo robo de lotes a cientos de humildes habitantes de la población que creyeron en un proyecto de vivienda de interés social que resultó ser una estafa que ya supera los 5 mil millones de pesos.

Así quedó claro luego de la sorpresiva CONFESIÓN que hiciera la señora GUTIÉRREZ ante la Fiscalía y ante un juez de la República, que en los próximos días deberá tasar el quántum de la pena a imponer, que según las normas penales vigentes oscila entre ocho y diez años de prisión. Como la ahora confesa delincuente aceptó los cargos, la Ley prevé una rebaja de hasta un 50   porciento de esa pena.

La aceptación del cargo implica que la ex primera gestora continúe en la cárcel por lo menos dos años más, pues únicamente podría recobrar la libertad condicional una vez cumpla la tercera pena de la sentencia que le sea impuesta. Sin embargo, en su contra cursan otras dos investigaciones derivadas de los mimos hechos corruptos cometidos por ella y parte de su séquito de amigos y asesores de la campaña y luego de la alcaldía.

Según la Fiscalía, ÁNGELA GUTIÉRREZ también incurrió en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cargo que la detenida señora se negó a aceptar, por lo que podría verse avocada a una nueva condena, esta superior a la que en los próximos días le será impuesta por aceptar la ESTAFA.

La Fiscalía también cuenta con elementos para tratar de configurar en contra de la señora GUTIÉRREZ el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, pues se sabe que no actuó sola en el montaje y ejecución del plan criminal para quedarse con los más de 5 mil millones de pesos que salieron de los bolsillos de más de 1000 víctimas ya reconocidas, la mayoría de ellas amigos personales del alcalde GALINDO y su esposa, colaboradores de su campaña y electores, que se sintieron confiados en que una vez ganara las elecciones, el alcalde y su esposa les iban a solucionar el problema de vivienda.

Se le complica la situación al alcalde

La aceptación del cargo por parte de la señora GUTIÉRREZ pondrá en aprietos al ya cuestionado e investigado alcalde ALEJANDRO GALINDO, como quiera que la Fiscalía cuenta con elementos que permiten inferir que el mandatario de los mariquiteños podría haber estado enterado de las andanzas de su esposa y estuvo al tanto de parte del andamiaje montado por ella para estafar a sus amigos y coterráneos y quedarse con el millonario botín.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con «un as bajo la manga», que podrían ser conversaciones telefónicas, consignaciones bancarias y el testimonio de un eventual testigo, que podría complicarle la situación jurídica a GALINDO, pues al parecer  se trataría de una persona muy allegada a la pareja de esposos y con  acceso a la administración municipal.

De hecho, en un primer intento, la Fiscalía le ofreció a la señora GUTIÉRREZ una serie de beneficios jurídicos a cambio de que entregue información y delate a quienes muy seguramente trabajaron de su mano para estafar a los cientos de inversionistas. Inicialmente, la señora GUTIÉRREZ se negó, aunque los tiempos procesales aún le alcanzan para en caso de quiera comenzar un proceso de «Colaboración Eficaz» con la justicia que, incluso podría representarle la libertad inmediata, si se acoge, por ejemplo, a la figura del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

Fuentes del ámbito político le confirmaron a «Chivas y Crónicas» que la situación jurídica del alcalde podría definirse una vez el panorama político se aclare y se sepa quién será su sucesor en la alcaldía, pues un eventual encarcelamiento de GALINDO afectaría la imagen del partido que le dio el aval, especialmente en esta contienda electoral que se avecina.

Y la platica?

Como se trata de un delito con connotaciones económicas, -pues hay involucrados casi seis mil millones de pesos que al parecer recaudaron por la multiplicidad de venta de lotes clonados- esta aceptación del delito por parte de ÁNGELA GUTIÉRREZ conlleva a que se inicie un proceso de indemnización a sus víctimas, que a través de una firma de abogados reclaman la inmediata devolución del dinero invertido.

Este portal conoció que el consejo del abogado defensor de la detenida ex primera gestora del municipio, es que acepte únicamente el cargo de ESTAFA, en el entendido de que la Fiscalía no tendría mayor acervo probatorio para acusarla y llevarla a juicio por los otros delitos investigados, especialmente el de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía le confirmaron a este portal que, por el contrario, las pruebas recaudadas por los investigadores apuntan a que gran parte del dinero recibido por la acusada y sus  compinches, incrementó su patrimonio de manera injustificada y fue a parar a cuentas secretas que están en la mira de la Fiscalía y sobre lo cual este portal publicará en los próximos días mayores detalles, pues al parecer se habrían cometidos otros delitos aún no investigados, como por ejemplo el de TESTAFERRATO, a través del traspaso de bienes.

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La Chiva

Fiscalía a punto de establecer si Los SARMIENTO del Grupo AVAL conocían de los sobornos de Odebrecht. Primera imagen de MELO esposado

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Un testimonio hasta ahora oculto a la opinión pública, en poder de un fiscal especializado, podría dar luces sobre la suerte jurídica de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y de su hijo LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ, máximas cabezas del Grupo AVAL. De paso, esta prueba igualmente podría aclarar si los dos magnates fueron cómplices del entramado corrupto montado por la multinacional brasileña, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en el país.

El testimonio, en poder de «Chivas y Crónicas» y que será publicado una vez surta los trámites internos en la Fiscalía, fue entregado por uno de los principales implicados en el escándalo y habla de la forma como SARMIENTO GUTIÉRREZ, presuntamente, fue enterado del pago de por lo menos seis millones de dólares en sobornos, antes de que estos fueran girados. Es decir, que el banquero habría dado el aval para esos pagos.

Como se sabe, en el fallo condenatorio de casi doce años contra el presidente de Corficolombiana JOSÉ ELÍAS MELO, el juez del caso compulsó copias para que SARMIENTO GUTIÉRREZ sea igualmente investigado por los sobornos, pues le parece imposible que como máxima cabeza del Grupo AVAL no se haya enterado del pago de las multimillonarias «coimas».

Primera imagen esposado hacia La Picota

Mientras tanto, agentes del CTI trasladarán a un pabellón especial de la Cárcel La Picota, al expresidente de Corficolombiana, luego de ser notificado de la dura condena en su contra, la más alta de cuantas se han impuesto hasta el momento por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.

Este portal conoció la primera imagen del poderoso ejecutivo tras la condena, captada en el momento en que es trasladado, esposado, hacia un calabozo especial del Búnker de la Fiscalía, desde donde será remitido a la Picota, para que cumpla la condena, y a la espera de la apelación de elevarán sus abogados.

Los testimonios que los enredan

Además del testimonio secreto conocido por este portal, la prueba que más peso ha tenido en este caso contra las cabezas visibles el Grupo Aval, es el del expresidente de Odebrecht  en Colombia, LUIZ BUENO JR, uno de los primeros procesados por la Justicia de su país y de Estados Unidos, y quien ya confesó y relató la forma como la multinacional brasileña desplegó y puso a marchar en gran parte del continente, un plan criminal para ganarse los principales contratos de obra civil en diferentes países.

Concretamente, fue el mismo BUENO JR quien advirtió del comportamiento de JOSÉ ELÍAS MELO, lo que fue tenido en cuenta por el juez colombiano a la hora de imponerle la drástica condena.

Respecto a los SARMIENTO ANGULO y SARMIENTO GUTIÉRREZ, la Fiscalía recauda más acervo probatorio para empezar a investigarlos. En este caso, las pruebas deberán pasar a conocimiento del fiscal adhoc LEONARDO ESPINOSA, quien asumió todo lo relacionado con los indicios que comprometan al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, debido a su actuación como abogado del grupo Aval y asesor de los dos poderosos banqueros.

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