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Investigación: Familiares de directivas de Fiduprevisora y Findeter desmienten enriquecimiento ilícito y alistan documentos para probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente

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Tras la revelación de la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía para establecer o descartar un posible enriquecimiento ilícito por parte de familiares de directivos y ex directivos de Findeter y Fiduprevisora, voceros y allegados a ese núcleo familiar desmintieron de tajo que 29 bienes inmuebles en la mira de los investigadores hayan sido adquiridos con dineros de oscura procedencia o provenientes de actos de corrupción.

Como fue divulgado por este portal y otros medios de comunicación del país, los bienes de siete personas, entre hijas y hermanas de SANDRA GÓMEZ (actual jefe de Findeter) y DIANA PORRAS (vicepresidente jurídica de la Fiduprevisora)  aparecen en un informe que investigadores de Policía Judicial le entregaron a un fiscal Especializado, que en este momento analiza para establecer si con su adquisición, los propietarios incrementaron injustificadamente su patrimonio, lo que podría configurar un Enriquecimiento Ilícito.

Aunque las dos funcionarias prefirieron no pronunciarse respecto a la noticia, voceros y allegados a ellas con los que este portal tuvo contacto, explicaron que los inmuebles investigados hacen parte de un patrimonio que históricamente las dos familias han adquirido, como quiera que se trata de personas prestantes, empresarios que con el paso de los años han venido adquiriendo estos apartamentos y lotes.

Por ejemplo, explicaron, el esposo de DIANA ALEJANDRA PORRAS es uno de los dueños de una poderosa empresa de trasporte de carga con varias décadas de tradición. Uno de los inmuebles investigados, un apartamento en Medellín, fue comprado hace más de catorce años y luego vendido. Un lote en Girardot, fue adquirido en el año 2004.

“Es lógico y normal que los padres adquieran bienes inmuebles y los pongan a nombre de sus hijos, pues es una forma de asegurarles el futuro, no es una forma de esconderlos. Se trata de propiedades históricas, y eso está perfectamente documentado y será entregado a la Fiscalía cuando sea necesario”, explicó un de los voceros de la familia que prefirió no identificarse.

Respecto a la relación de SANDRA GÓMEZ con DIANA ALEJANDRA PORRAS, la misma persona consultada explicó que se trata de un amistad de hace varios años, que nació incluso desde antes de que alguna de las dos llegara a ocupar cargos de relevancia en el Estado. Amistad que no esconden y que incluso hacen púbica a través de sus redes, en las que se declaran amigas incondicionales.

Venganza?

El mismo vocero dijo que no descarta que las denuncias contra las dos familias sean producto de un plan de venganza orquestado por contratistas afectados por decisiones que las dos funcionarias han tomado desde sus cargos, en los cuales deben estar alertas a las licitaciones que abren esas dependencias.

De hecho, sospechan que detrás de anónimos y denuncias ante los medios de comunicación y los entes de control estarían contratistas que recientemente fueron descalificados en un proceso licitatorio en Medellín, en el que se probó que no cumplieron con los requerimientos. De igual manera no descartan que se trate de enemigos del ministro CARRASQUILLA, que quieran hacerle daño a través de estas dos funcionarias.

Allegados a la familia GÓMEZ también desmintieron rumores según los cuales SANDRA no ha sido ratificada en su cargo como directora de FINDETER, entidad a la que llegó recientemente, luego de su paso como jefa de LA FIDUPREVISORA, donde según los voceros sobresalió por atacar focos de corrupción y denunciar posibles actos indebidos en contratación.

La investigación sigue

Este portal confirmó que el caso en la Fiscalía sigue su curso normal y que el fiscal que lo lidera aún no ha tomado decisiones de fondo, como por ejemplo el de citar o no a audiencia de imputación de cargos, pues está a la espera de los resultados de otras tareas que encomendó a los investigadores de Policía Judicial.

Es posible que dentro del plan metodológico de esta investigación, sean llamados a entrevista los familiares de la dos funcionarias, incluso ellas mismas, para que tengan la oportunidad de entregar pruebas antes de que se tome una decisión en alguno de los sentidos posibles, es decir citarlas a interrogatorio o, dependiendo del acervo probatorio, convocarlas a audiencia de Imputación de Cargos. .

“Ellos están dispuestos a presentarse cuando el fiscal lo determine, están tranquilas y con las pruebas en la mano”, agregó el vocero de la familia.

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DENUNCIA: Popayán, “inundada” en basuras

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Poco a poco y desde hace más de dos semanas, Popayán se está llenando de basuras por todas partes, por culpa del aparente incumplimiento de la empresa privada encargada de la recolección: Serviaseo. Denuncias de la ciudadanía, líderes políticos y veedores ciudadanos, alertaron sobre la situación, que ya tomó ribetes de CRISIS AMBIENTAL, que comienza a generar problemas de salubridad a los habitantes.

Según las denuncias, SERVIASEO, empresa que se ganó la licitación para operar el servicio, no tiene un plan de contingencia que enfrente este tipo de crisis, ítem que estaba plenamente establecido dentro de los requisitos a los que se sometió a la hora de quedarse con el multimillonario contrato. Como se sabe, en SERVIASEO tienen representación accionaria los hermanos RÍOS, que también en Bogotá tienen fuerte protagonismo empresarial en el mismo campo de las basuras. Uno de sus miembros aparece salpicado en el escándalo de corrupción conocido como el “Cartel de los contratos”, cuyos principales cerebros fueron los NULE.

Alerta amarilla

Al tiempo que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra funcionarios públicos que por omisión han sido responsables, la Alcaldía de Popayán declaró la ALERTA AMARILLA, emitiendo una serie de recomendaciones a la ciudadanía que eviten que se genere una crisis de salubridad.

Por su parte la Fiscalía indaga la posibilidad de abrir procesos formales contra los particulares que pudieron  incumplir sus obligaciones contractuales, en el entendido de que manejan dineros públicos, pues la empresa privada que opera el servicio recibe los pagos de la Alcaldía.

El senador caucano LUIS FERNANDO VELASCO también pidió la intervención de los órganos de control, y en una carta pública exigió medidas urgentes y la aplicación de sanciones, si es del caso, contra los posibles responsables de esta crisis, advirtiendo además que puede haber omisión de parte de la superintendencia del ramo, pues ya son varias las quejas contra la misma empresa privada.

Los veedores ciudadanos

Veedores ciudadanos también han estado activos a partir de la crisis, exigiendo la pronta intervención de las autoridades y una respuesta clara e inmediata de la empres SERVIASEO. La líder ambiental VICTORIA GUTIÉRREZ, quien ha estado acompañando a la comunidad luego de desatada la crisis, anunció la posibilidad de acudir a una acción popular que recoja los intereses de la comunidad.

“Estamos acompañando a la comunidad ciudadana de Popayán para instaurar una acción popular, pues Serviaseo no tenía un plan de contingencia efectivo y la comunidad se ve afectada. Los políticos no se aparecen en la ciudad cuando ay crisis, se deben revaluar las condiciones del contrato con esa empresa”, advirtió VICTORIA GUTIÉRREZ.

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IMPUTACIÓN: Fiscalía le cierra el cerco al alcalde Mariquita por nuevo escándalo

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La situación jurídica del cuestionado alcalde de Mariquita Tolima, ALEJANDRO GALINDO,  cada día se antoja más complicada, luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por PREVARICATO POR ACCIÓN, por su actuación presuntamente dolosa en la expedición de un decreto contrario a la Ley, con el que pretendió sacar del camino a la empresa URBES, encargada del manejo del acueducto y recolección de basuras del municipio.

Según la resolución judicial con la que la Fiscalía 48 seccional de Honda lo notificó en su despacho oficial, el mandatario deberá comparecer en audiencia pública el próximo 20 de marzo, durante la cual el ente acusador le imputará los cargos por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, esto quiere decir que expidió una norma contraria a la Ley, a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito.

Se trata del Decreto 072 mediante el cual el alcalde de los mariquiteños pretendió atravesarse al contrato firmado con la empresa ESPUMA URBES, una entidad privada cuya actuación también ha sido fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por la forma como opera el recaudo de los dos servicios públicos.

Con la imputación de cargos, el alcalde GALINDO  queda formalmente vinculado al proceso penal, lo que lo convierte en adelante en IMPUTADO, a la espera de que la misma Fiscalía decida si, de acuerdo con las pruebas, lo llama a juicio y lo acusa formalmente del grave delito, lo que lo dejaría a las puertas de una sentencia condenatoria.

Crisis e Ingobernabilidad

Desde el punto de vista político, esta decisión conlleva una situación incómoda para el mandatario de los mariquiteños, pues podría seguir afectando su gobernabilidad, que de por sí está bastante cuestionada por cuenta de otro escándalo que lo trasnocha y no lo ha dejado ejercer su cargo con total tranquilidad: el robo masivo de lotes a cientos de familias de su pueblo, por lo que su esposa, la ex “Gestora” del municipio ÁNGELA GUTIÉRREZ está presa y ya fue acusada y llamada a juicio por vario delitos.

Este portal ha recibido información no confirmada según la cual ALEJANDRO GALINDO confía ciegamente en las gestiones que varios congresistas de la región y algunos de sus jefes políticos estarían realizando en las altas esferas para que los procesos penales no avancen de forma acelerada, hasta tanto termine su gestión como alcalde.

En los pasillos de la alcaldía de Mariquita se rumora con insistencia que GALINDO hace ingentes esfuerzos y contactos políticos para dejar acomodado en la nueva administración a una de sus “fichas”, un funcionario que trabaja a su lado y que pronto lanzaría su nombre como candidato a sucederlo en el cargo.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, tras sus huellas

Esta nueva investigación de tipo penal se convierte en la más avanzada de las tres que la Fiscalía ha iniciado en contra del alcalde GALINDO que, de paso sea dicho, cogió por sorpresa a los mariquiteños, pues en principio pensaron que la Imputación de cargos tenía que ver con el escándalo del masivo robo de lotes a sus propios coterráneos.

En el caso de los lotes, el mandatario mariquiteño tiene tras su espalda tres denuncias más, una de las cuales ya se encuentra en estado avanzado y la que podría próximamente arrojar resultados. Los investigadores ya recogieron suficiente evidencia que lo vincula con la recepción de dineros producto de la cuestionada venta de los predios, así como interceptaciones telefónicas que dejarían en claro que desde un principio supo del riesgo del negocio emprendido por su esposa y del despilfarro del dinero recibido producto del mismo, entregado por los incautos compradores a varias personas del círculo más cercano del mandatario, su esposa, amigos, familiares, asesores y funcionarios. No se descarta que antes de mitad de este año sea citado a audiencia de IMPUTACIÓN DE CARGOS, incluso con solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, pues se trata de delitos relacionados con estafas, falsedades y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría también lo indaga disciplinariamente por los mimos hechos, además de su actuación en el caso de la empresa URBES y por la contratación concedida durante su cuestionada administración. La Contraloría también lo tiene en la mira su gestión en el manejo de los recursos, luego de conocerse denuncias según las cuales subalternos suyos, que manejan entidades del municipio, como por ejemplo el Hospital, le han dado un sospechoso manejo a los contratos, con aparente sobrecostos y favoreciendo a amigos y allegados contratistas.

Recientemente, gran parte de la ciudadanía participó de una manifestación pública durante la cual exgieron su renuncia y lo calificaron de CORRUPTO.

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ESCÁNDALO: Más líos judiciales para la pareja de exfuncionarios PERDOMO-QUINTANA

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El periódico El Espectador publicó este viernes una noticia “bomba” que deja en entredicho a la pareja de altos ex funcionarios de la Fiscalía General JORGE FERNANDO PERDOMO y DANY JULIÁN QUINTANA, según la cual estarían involucrados en un gravísimo caso de corrupción de tráfico y venta de decisiones sobre bienes incautados  a la mafia. Una especie de “Cartel de la Toga”

De hecho, el diario capitalino llamó a este nuevo escándalo como “un cartel”, supuestamente montado para recuperar los bienes que la propia Fiscalía les ha incautado a mafiosos, corruptos, grupos armados ilegales  y bandas del crimen organizado como por ejemplo la “Oficina de Envigado”.

De ese supuesto “cartel” también harían parte dos altos exfuncionarios de la Contraloría regional de Córdoba, un abogado, una fiscal especializada  y la señora ANDREA MALAGÓN, quien fuera hasta hace pocos meses la poderosa jefe de la Unidad de Éxtinción de Dominio de la Fiscalía, dependencia sobre la que ahora se centran las investigaciones.

El Espectador revela una serie de audios según los cuales el eje del escándalo seria ALFREDO JOSÉ MENDOZA FORTICH, secretario general de la Contraloría de Córdoba, así como su hermano CARLOS, quienes supuestamente habrían sido los emisarios que visitaron en la cárcel al excongresista OTTO BULA, capturado por el escándalo Odebrecht, del cual es testigo, y a quien le habrían pedido cuatro mil millones de pesos a cambio de devolverle predios suyos en la Costa, que ya estaban incursos en procesos en la Unidad de Extinción de Dominio a cargo de la MALAGÓN.

“Una denuncia de excongresista OTO BULA, sería la pieza clave para armar el rompecabezas de lo que sería un nuevo cartel de la corrupción en la Justicia, en el que sale mencionado hasta el exvicefiscal general JORGE PERDOMO”, revela el periódico de la capital.

La publicación señala que aunque los hechos y las evidencias datan del año 2018, el caso se activó  la semana pasada, con la captura de ALFREDO JOSSÉ MENDOZA FORTICH y su hermano CARLOS, quienes fueron llevados ante un  juez de garantías en una audiencia que se realizó a puerta cerrada en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. A propósito de la denuncia de OTTO BULA, El periódico agrega:

“Allí relata cómo ALFREDO MENDOZA FORTICH lo buscó, en la cárcel La Picota de Bogotá, para preguntarle si estaba interesado en hacer negocios con él, diciéndole que podía ayudarlo a liberar varios de sus bienes en proceso de extinción de dominio en la Fiscalía. MENDOZA FORTICH le habría comentado a BULA que su hermano CARLOS RAÚL era amigo del exvicefiscal PERDOMO y del exdirector del CTI DANY JULIÁN QUINTANA, quienes según él, hacían el procedimiento para liberar los bienes incautados”

Según El Espectador, por este arreglo, ALFREDO MENDOZA pidió a BULA 6 mil millones, a lo que BULA le habría propuesto que e iba a dar un anticipo de 2 mil millones porque no contaba con todo el dinero. La explosiva noticia de El Espectador explica lo que ocurrió en delante:

“En respuesta, ALFREDO MENDOZA le dijo que debía hablar con PERDOMO y que este ya había hablado con la entonces directora especializada de Extinción de la Fiscalía, ANDREA MALAGÓN, para verificar el estado del proceso.”

También revela el periódico que MENDOZA ingresó varias veces a la Picota a hablar con BULA y negociar el pago, que se acordó en dos tandas por partes iguales, tras lo cual un abogado de BULA se reuniría con la exfiscal MALAGÓN. Y agrega la forma como supuestamente iba a ser repartido el dinero entre los otrora poderosos funcionarios de la Fiscalía:

“MALAGÓN le daría dinero a otra funcionaria de la Dirección de Extinción (una fiscal ya detenida), otra parte iba para PERDOMO y 500 millones para los hermanos MENDOZA FORTICH”.

Como en la mafia

En su denuncia OTTO BULA presentó audios de sus reuniones en la cárcel con MENDOZA, al tiempo que las indagaciones de la Fiscalía ya han establecido que en efecto hubo encuentros entre MENDOZA y PERDOMO, además de grabaciones de llamadas que DANY JULIÁN QUINTANA sostuvo con el mismo intermediario. Ahora, los investigadores tratan de establecer si es cierta la versión del testigo, según la cual el negocio incluyó la forma en que debía ser entregado el dinero que debía llegar a manos del exfiscal general JORGE PERDOMO y de QUINTANA. Un cinematográfico y sofisticado operativo digno de la alta mafia:

“La forma de entrega del dinero era un carro blindado, que debía ser dejado en un parqueadero con las llaves. Allí llegaría un joven entre los 18 y los 20 años llamado SANTIAGO, que supuestamente era de confianza de PERDOMO”.

Varias de ls revelaciones ya fueron corroboradas por los investigadores, con base en el testimonio de BULA, los ingresos a la cárcel y las llamadas, así como con las respuestas que están dando lo capturados hermanos MENDOZA, al tiempo que los encartados salieron a negar las acusaciones asegurando que sus nombres fueron usados de forma inescrupulosa por los intermediarios.

Este portal conoció que en este escándalo también sale a relucir el nombre del exfiscal general EDUARDO MONTEALEGRE, jefe de los otros dos funcionarios durante su administración,(fueron sus escuderos y manos derecha). Al parecer, MONTEALEGRE asistió a una de las reuniones citadas por el testigo. También figura el nombre de un exsuperintendente, ante quien, al parecer, también se ofrecían servicios de loby.

También conoció este portal que estos hallazgos pudieron haber sido el motivo dela intempestiva salida de la jefe de la Unidad de Extinción de Dominio ANDREA MALAGÓN, quien hasta ese momento se ufana públicamente y en privado de ser una de las de mayor confianza y más allegadas al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, y de tener respaldo absoluto de la DEA. El portal de noticias “Los irreverentes” ha asegurado en varias publicaciones que tiene en su poder “serias y graves” pruebas en contra de esta exfuncionaria, relacionadas con actos de corrupción.

La Fiscalía no ha anunciado oficialmente si procederá a investigar formalmente a la pareja de exfuncionarios PERDOMO-QUINTANA, o si les compulsara copias para que sean procesados. Mientras tanto ellos anuncian que se declararán víctimas de una persecución, mientras que respecto de MONTEALEGRE su caso podría ser enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

No es la primera vez que el ex fiscal general PERDOMO aparece salpicado en un escándalo de corrupción relacionado con favores a amigos o simpatizantes. La emisora la W reveló el año pasado que presuntamente sirvió de intermediario ara ayudar s un poderoso político de su natal HUILA.

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