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La Policía en su laberinto

Redacción

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La Policía Nacional no ha podido salir de la telaraña de escándalos en la que quedó atrapada desde hace tres años, por cuenta de las denuncias de acoso laboral, sexual, corrupción y contratación indebida, sin contar con las detenciones masivas de uniformados de diferentes rangos, vinculados con bandas criminales.

La semana del 10 al 19 de febrero fue especialmente “caliente” para la institución armada, por cuenta de investigaciones e información regada en redes, que de nuevo hicieron que la opinión pública pusiera la lupa y exigiera cambios estructurales. Dos altos mandos que fueron designados en cargos sensibles, debieron hacerse a un lado por los cuestionamientos en su contra, algunos de ellos de alta gravedad e implicación penal.

Las pruebas “calientes” que enredan al comandante del Huila

Como una de las obras maestras de la literatura, escrita por el Nobel Gabriel García Márquez, la historia del supuesto acoso sexual por parte de un alto oficial contra una patrullera, no tiene que ver con los últimos días del Libertador Simón Bolívar, sino con los últimos días de un coronel que se vio obligado a dejar su cargo de comandante del Departamento de Policía del Huila. Se trata de Óscar Pinzón, un oficial muy condecorado que se perfilaba como un próximo general de la República. Pero sus “bajos instintos” le jugaron una mala jugada, en el mejor momento de su carrera.

El nombre del coronel Pinzón quedó en el “ojo del huracán”, tras la delicada denuncia de una hermosa patrullera que lo señala nada más y nada menos que de Acoso Sexual y Laboral. Si no fuera porque la denuncia apareció documentada con fotografías, mensajes de texto y hasta audios, este hecho fácilmente estaría aumentando el cerro de “casos por revisar”. Ana Milena Cruz Rayo se llama la hermosa dama que armó semejante alborto que le costó el puesto a su jefe y posiblemente le generó un lío familiar de grandes proporciones.
Según la patrullera denunciante fueron constantes e incómodas las actuaciones del alto oficial, al punto de llevarla a extremos de estrés. Entre los varios documentos que anexó en su denuncia, la patrullera Cruz hizo saber que que se siente muy afectada sicológicamente, al punto de necesitar tratamiento médico profesional.
“Luego de haber agotado las instancias que me corresponden y haciendo uso  del conducto regular, para informar hechos que considero son de suma importancia, dada la situación en la que me encuentro como mujer, que debe cumplir la subordinación de un señor Oficial con tantos años de carrera institucional y que aprovecha su poder, incluso se ufana del mismo, para no solo atropellar con su estilo de mando, sino que ahora ha llegado a vulnerar lo más sagrado que puede tener una mujer, su tranquilidad frente a situaciones que se sobrepasan de la galantería al acoso e insinuaciones, que hoy  se atribuyen a conductas de violencia de genero, el acoso sexual.” aseguró en una carta que le envió a sus superiores en Bogotá.
Ver Denuncia.
Una de las pruebas que aportó fue una grabación en la que supuestamente el Coronel Pinzón se declara interesado en ella y le hace insinuaciones de tipo íntimo.

Escuchar Grabación: “Yo no pierdo la esperanza de tener algo con usted”

La uniformada también anexa como prueba unos mensajes de chat en los que aparentemente el Coronel Pinzón le hace insinuaciones que no tendrían que ver con actividades de la policía
Ver los mensajes de chat
Desde el momento en que pareció la denuncia en redes sociales, el caso se fue tornando en una noticia de connotación nacional, al punto que llamó la atención de los grades medios y originó las primeras reacciones de varios estamentos y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer. Aunque inicialmente los altos mandos de la institución le restaron importancia, la presión de las redes sociales y los portales noticiosos obligó a que la dirección de la Policía emitiera un comunicado público en el que, al principio, anunció el relevo del cargo del oficial, quien posteriormente se vio obligado a pedir unas vacaciones anticipadas de las que, seguramente, regresará a solicitar la baja, si se tienen en cuenta los anuncios de parte de Procuraduría y Fiscalía, de iniciar sendas investigaciones en su contra.
El oficial lleva 26 años en la Policía, tiempo durante el cual sido condecorado en varias ocasiones por la labor cumplida. la más reciente, el 13 de diciembre del 2017, expedida por la alcaldía de Pitalito, Huila, por su “trabajo institucional y liderazgo”. Su capacidad de liderazgo lo ventilaba como uno de los seguros nuevos generales.

Los otros generales descabezados

Casi de forma simultánea, otras tres noticias sacudían la estantería de la Policía. Primero, la medida de aseguramiento dictada contra dos generales considerados emblemáticos, señalados de responsabilidad por omisión en el magnicidio de LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO. Se trata de los generales ÓSCAR PELÁEZ CARMONA y ARGEMIRO SERNA, contra quienes varios testigos han afirmado que se prestaron para el desvío de las investigaciones en favor de los capos del cartel de Medellín y de Cali.

Aunque la noticia de por sí era de suma importancia, llevaba oculta una información “venenosa” que horas más tarde le costaría la cabeza a otro general activo, recién nominado como nuevo inspector de la institución armada: CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, quien ni siquiera alcanzó a posesionarse en el poderoso cargo desde el cual se vigila y se disciplina a todos los miembros de la Policía. El nombre de este oficial también aparece referenciado en la investigación por la manipulación de la investigación del caso GALÁN, razón por la cual se vio obligado a declinar el nombramiento. Su futuro en la Policía ahora parece incierto, pues no se ve con buenos ojos que el hombre encargado de impartir justicia entre sus propia tropa, al mismo tiempo esté siendo señalado judicialmente. De él se dice que siendo teniente, hizo parte de los operativos que terminaron con con la captura de siete personas inocentes que fueron detenidas dentro de la estrategia diseñada para desviar las investigaciones en favor de los verdaderos responsables, quienes resultaron ser los capos del cartel de Medellín.

Otro alto oficial “descabezado” es el general JOSÉ VICENTE SEGURA, quien a las pocas horas de ser designado nuevo director de Talento Humano, quien según información que trascendió en portales y en redes sociales, estaría involucrado con un delincuente capturado por la Fiscalía y acusado de trampas en trámites de Aduana. El general SEGURA también pidió la baja, pero argumentando motivos familiares y personales.

Este portal también conoció en las últimas horas, que otro de los generales recientemente nombrado, podría verse involucrado en el escándalo del “narco jet” que cayó con media tonelada de droga en Londres. Las agencias judiciales de Inglaterra y Colombia rastrean el círculo de amistades y aliados del dueño del hangar en Colombia donde se subieron los pasajeros que llevaban la droga, y desde donde partió la aeronave. Los investigadores sospechan que no era la primera vez que esto ocurría, así como que los “narcos” debieron contar con la ayuda de agentes del Estado para entrar y salir del país sin mayor control.

 

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En plena audiencia muere cura acusado de pederastia. Suicidio?

Redacción

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El insólito hecho ocurrió en Cúcuta, durante la audiencia pública en la que un juez debía decidir si enviaba a la cárcel a un supuesto sacerdote señalado de abusar de menores de edad. Cuando el juez de Control de Garantías anunció que el clérigo GERMÁN RESTREPO QUINTERO debía ser conducido por el Inpec a un centro carcelario, el imputado hizo un movimiento inusitado en la silla de acusados, antes de desplomarse al piso.

Inicialmente se pensó que se trataba de un ataque cardíaco, pues el sacerdote mostró signos de recuperación luego de ser atendido en la escena de los hechos. Pero minutos después volvió a caer, esta vez de forma mortal. Testigos presenciales se atrevieron a decir que el supuesto cura se suicidó, y que para ello al parecer habría usado un tipo de cápsula que llevaba consigo, para usar en caso de que la decisión judicial saliera en su contra, como en efecto ocurrió. Pero será Medicina Legal la entidad oficial que de forma científica certifique si en efecto se trató de un suicidio, caso en el que este suceso pasaría a la historia judicial de Colombia. Un hecho similar ocurrió recientemente en Europa cuando un mandatario acusado de delitos de Lesa Humanidad, se tomó una pastilla de cianuro delante de los presentes y ante las cámaras de video que acompañaban la audiencia, antes de caer al suelo muerto de forma fulminante.

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De la encrucijada de URIBE, a la encrucijada de la Corte

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Si se tratara de un partido de fútbol, podría decirse que URIBE empató con “gol olímpico”, después de que la Corte Suprema lo llamara a indagatoria por la supuesta manipulación de testigos. Su estrategia jurídica lanzada a su mejor estilo, a través de una rueda de prensa de casi hora y media, le dio un resultado inmediato, y es que obligó a los magistrados que lo investigan, a que suspendan el proceso que ya había tomado vida propia. El senador recusó a los togados, obligando a que el curso del caso quede suspendido hasta que una sala especial defina si acepta dicha recusación. Según URIBE, los magistrados han opinado, han filtrado a los medios información en su contra y han prejuzgado, además de que, según lo afirma el ex presidente, se han concertado con otros personajes para crear un supuesto “complot” para llevarlo a prisión. La Corte anunció la decisión a través de su cuenta oficial twitter.

La Corte contraataca: indagatoria en septiembre

Temprano, la Corte había anunciado que fijó para el próximo tres de septiembre la fecha en la que el ex presidente URIBE debe comparecer a rendir la indagatoria, como sindicado de los delitos de SOBORNO y FRAUDE PROCESAL, por la supuesta manipulación de un testigo que había ofrecido información en contra suya y de su hermano, el ganadero SANTIAGO URIBE, también procesado por conformación de grupos paramilitares.

Con este anuncio, la corporación judicial dejó en claro que la competencia para procesar al ex presidente seguirá siendo suya y no la Fiscalía, pese a la anunciada dimisión del ex mandatario, con lo cual se creía que el caso pasaría  a la conocimiento Fiscalía General por perder el fuero de congresista.

La diligencia, a la que el ex jefe de Estado debe ir acompañado de un defensor de confianza, quedó supeditada a que la recusación se resuelva antes de esa fecha, es decir el tres de septiembre, pues de lo contrario el caso seguirá suspendido. De acuerdo con el procedimiento que una recusación requiere, es muy posible que antes del tres de septiembre no haya sido resuelta, pues una decisión, la que sea, será apelada y deberá ser revisada por una instancia diferente. Así las cosas, la renuncia de URIBE VÉLEZ a su curul, tampoco quedaría en firme.

La Corte también fijó fecha al congresista HERNÁN PRADA, quien aparece mencionado en los audios y en los testimonios y pruebas recaudadas por los investigadores, según las cuales haría parte del plan para manipular a los testigos de cargo contra los hermanos URIBE. El parlamentario deberá acudir el cuatro del mismo mes.

Así mismo la Corte ordenó escuchar a por lo menos treinta testigos, entre reclusos, paramilitares políticos periodistas, abogados y funcionarios públicos, que de una u otra forma han aparecido relacionados en este histórico episodio, pues es la primear vez en la historia jurídico política colombiana, que un presidente de la República es vinculado formalmente a un proceso penal en la Corte Suprema y debe acudir a rendir indagatoria.

Así las cosas, aunque la encrucijada parecía ser del ex presidente URIBE, con la sorpresiva recusación la encrucijada le corresponde a los magistrados de la Corte, pues este recurso los obliga a apartarse momentáneamente y no seguir adelantando el proceso y ante el temor de que se les retire del conocimiento del mismo, en caso de que sean aceptados los argumentos de los abogados del aún senador e la República.

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El soborno a un testigo que enreda a URIBE y que podría llevarlo a la cárcel

Redacción

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La Corte Suprema de Justicia podría acudir a su propia jurisprudencia para continuar investigando al ex presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ y, eventualmente, juzgarlo, ante el anuncio del senador en el sentido de que renuncia al fuero de parlamentario, aparentemente en un intento por evitar ser procesado por los magistrados penalistas, por un caso de supuesto soborno a un testigo en su contra.

URIBE anunció a través de su cuenta de Twitter la decisión de renunciar a su curul de senador, luego de conocer que la Sala Penal de la Corte lo citó a indagatoria para que responda sobre su responsabilidad en la supuesta manipulación de un testigo, un delincuente preso que al parecer iba a declarar en contra del ex presidente por haberle mandado emisarios a su celda, en un aparente intento de convencerlo de cambiar su versión.

 

Chivas y Crónicas conoció que pese al intento de URIBE por hacerle el quite a la Corte y que su caso sea enviado a la Fiscalía, los magistrados ya habrían determinado que echarán mano a una tesis que la misma Sala Penal dictó hace varios años, cuando apresó y juzgó a varias docenas de parlamentarios aliados con los paramilitares, dentro del llamado caso de la “parapolíitca”.

Como se recordará, en el año 2007, docenas de senadores y representantes procesados por sus probados vínculos con los jefes “paras”, renunciaron a su curul para de esa forma esquivar a la Corte buscando que sus expedientes fueran enviados a la Fiscalía, donde, según presumían, recibirían un tratamiento jurídico más beneficioso. En ese momento, la Corte cambió la jurisprudencia y dejó en claro que pese a la renuncia, la competencia seguiría siendo de la Sala Penal, cuando se trata de delitos cometidos en función y en vigencia del fuero parlamentario.

Si los magistrados de la actual Sala Penal mantienen esa tesis jurídica, el caso de ÁLVARO URIBE se mantendrá en la Corte, pues los hechos investigados supuestamente ocurrieron cuando ya había adquirido su fuero de senador. En la Corte los procesados aún no tienen derecho a una segunda instancia, pues los mismos magistrados que procesan son los que acusan juzgan y condenan. Así las coas, el panorama para el poderoso senador sería incierto y se vería avocado a una medida de aseguramiento en su contra, en caso de que las pruebas en poder de los investigadores prosperen y no puedan ser derrotadas por los abogados defensores. En un comunicado público, la Corte Suprema, al anunciar el llamado a indagatoria, dejó en claro que cuenta con un acervo probatorio bastante sólido en contra del senador. En uno de los apartes del comunicado, la Corte afirma:

“Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de de abrir instrucción al senador IVÁN CEPEDA y compulsó copias contra el denunciante ÁLVARO URIBE. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente URIBE habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas URIBE y PRADA deberán responder por los mencionados delitos”

URIBE, pillao

El viacrucis legal que hoy empezó a sufrir el senador URIBE inició con una serie de interceptaciones telefónicas ordenadas por la misma Corte, dentro de un proceso preliminar abierto contra el senador IVÁN CEPEDA, también por supuesta manipulación de testigos, pero en ese caso para enlodar al expresidente de la República.

Pero, como se dice popularmente, “el tiro le salió por la culata” a URIBE, pues la Corte Suprema no solo estableció que el senador CEPEDA nada tuvo que ver con la supuesta manipulación de testigos contra URIBE, sino que por el contrario habría sido URIBE quien incurrió en tal práctica delincuencial, según una serie de interceptaciones telefónicas en las que se escucha al propio URIBE hablando con varios personajes sobre el tema de los testigos en su contra y, aparentemente, arreglando la forma de que los testigos se retractaran. De hecho, URIBE le advierte  a uno de sus interlocutores que “los hijueputas del CTI” pueden estar escuchádolos, en una clara alusión a que sus teléfonos podrían estar interceptados, como en efecto lo estaban.

En esas mismas llamadas el expresidente deja entrever que alguien del CTI le advirtió que lo estaban escuchando. Según publicó el diario El Espectador en su momento, el jefe del CTI de la Fiscalía para la época de los hechos investigados, era el hoy litigante DANY JULIÁN QUINTANA, quien casualmente en la tarde de este martes se mostró contrariado con la decisión de la Corte Suprema de llamar a indagatoria al expresidente.

Ese fue uno de los indicios que llevó a la Corte a abrir la indagación preliminar contra URIBE, que hoy, después de  otras pruebas recogidas, llevaron a la determinación de vincularlo formalmente como sindicado y llamarlo a indagatoria, diligencia para la cual deberá acudir con un abogado de confianza.

En la misma decisión, la Corte también vincula al representante ÁLVARO HERNÁN PRADA, mientras que compulsa copias ante la Fiscalía para que se investiguen otros posibles delitos cometidos durante en supuesta manipulación del testigo. Los delitos por los que ambos personajes deben rendir cuentas, son SOBORNO A TESTIGO Y FRAUDE PROCESAL, cuyas penas, según lo contempla el Código Penal, sobrepasan los doce años de prisión y por ende no pueden ser excarcelables.

Dentro del acervo probatorio se ha mencionado el actuar de dos abogados, el reconocido litigante JAIME LOMBANA, defensor del presidente URIBE en algunos casos, así como al litigante caleño DIEGO CADENA. Al parecer, los dos profesionales del Derecho habrían visitado al testigo en su celda, para hablarle del testimonio que enreda a URIBE. El testigo ya denunció amenazas de muerte en su contra y de su familia.

La Corte también menciona en sus hallazgos llamadas hechas por abogados a la detenida fiscal expecializada HILDA NIÑO, apresada y acusada por graves hechos de corrupción, entre otros haber favorecido a jefes paramilitares a cambio de dinero, entre ellos a ORLANDO VILLA ZAPATA, un potencial testigo contra políticos colombianos y narcos.

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