La agencia de prensa Freepress inició esta semana una campaña en redes sociales para concientizar a los usuarios en internet sobre el aumento desafortunado del abuso sexual en menores en Colombia. La campaña que, inicialmente irá desde septiembre hasta diciembre de este 2019, hará pedagogía para que padres de familia identifiquen síntomas y comportamientos en los menores que podrían alertar sobre un posible caso de abuso sexual en los menores.

“Cifras como que cada dos horas y media se interpone una denuncia en medicina legal en Bogotá por abuso sexual es niños habla de una sociedad enferma. Además, el 80% de los casos queda en la impunidad. Lo que quiere decir que en Colombia no está pasando nada”, afirmó, Yuber Mendoza, Director Ejecutivo de la agencia Freepress.

Los que quieran hacer parte de la campaña sólo deben dar me gusta a la página oficial de la campaña en Facebook: NO al abuso sexual de menores

Luego podrán descargar las piezas gráficas y vídeos que se van a publicar en el sitio de Facebook para que los puedan compartir en las distintas redes sociales.

Este ejercicio es sólo pedagógico, no busca recaudar fondos, sino que, a través del ecosistema digital, se generará conciencia para bajar los índices del abuso sexual en los niños.

Yuber Mendoza agregó además que, “sí logramos disminuir algunos puntos en los altos porcentajes de violencia sexual que existen en nuestro país, esta campaña habrá cumplido su objetivo. Luego veremos que mas podemos hacer con la ayuda de todos”.

Por ahora sólo se necesita que la página en Facebook crezca en seguidores y que los contenidos como piezas gráficas en las que lee textos como: los violadores, que en la mayoría de los casos son familiares cercanos, son unos monstruos que deben estar en la cárcel, se compartan.

Por su puesto se espera que algunos medios de comunicación repliquen la campaña para tener un alcance importante.

En un par de meses se informará sobre los primeros resultados de esta campaña social-digital.

Fuentes del Partido Conservador le confirmaron a este portal que sus directivas revisan, con lupa, los avales entregados a casi 300 candidatos a JAL, concejos, alcaldías y gobernaciones del país, como consecuencia de la lluvia de críticas que esa colectividad ha recibido, por el apoyo brindado a aspirantes seriamente cuestionados, algunos de ellos con acusaciones de la Fiscalía en contra, e incursos en juicios criminales por delitos de corrupción.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que recibió del Partido Conservador, provino de la Fundación Justicia y Reparación, cuyas cabezas visibles, los politólogos y líderes de opinión ARIEL ÁVILA y LEÓN VALENCIA, confirmaron en rueda de prensa que el Conservador es uno de los partidos que más avales «sospechosos» ha otorgado. Incluso, ante la pregunta de una posible compra y venta de avales por parte de la colectividad azul, los dos analistas respondieron que esa es una información que, en efecto, han recibido y evalúan.

Ante los cuestionamientos de esa fundación y de otras ONG, así como del MOE, las directivas del Partido Conservador optaron por volver a revisar los avales ya otorgados, en el entendido de que aún pueden ser revocados los casos más delicados, pues queda una última instancia antes de las elecciones.

El caso Guitarrero en la mira

Uno de los casos en revisión es el del candidato a la alcaldía de Cota Cundinamarca, NÉSTOR GUITARRERO, a quien le fue entregado el Aval pese a que en ocasiones anteriores había aspirado a nombre de otros partidos, incluso de la oposición como el Polo.

Pero más allá de este cuestionamiento, contra GUITARRERO cursan siete procesos penales en diferentes fiscalías del departamento, una de ellas nada menos que por CORRUPCIÓN ELECTORAL, pues evidencias e indicios apuntan a que en una aspiración anterior habría acudido a la compra y venta de votos. Por este caso, un funcionario allegado a sus huestes políticas se convirtió en testigo de cargo en su contra y ya declaró en la Fiscalía detallando la forma como trasladaron de otros municipios vecinos hacia Cota, a docenas de personas que entregaron su cédula para inscribirla, a cambio de 30 mil pesos.

Por este caso GUITARRERO está llamado a juicio y acude en plena audiencia pública a un juzgado penal de Facatativá, a donde ya compareció como acusado. La Fiscalía pediría condena en su contra, en el entendido de que las pruebas hasta ahora no han sido variadas favorablemente.

Tomado de la Revista Semana

De hecho, en un informe periodístico reciente, la Revista Semana entregó el listado de todos los candidatos cuestionados en el país, zona por zona, en la que GUITARRERO aparece como el único aspirante del departamento de Cundinamarca con líos y señalamientos.

En caso de que el aval del Partido Conservador le sea revocado a GUITARRERO, su aspiración a repetir como alcalde de Cota, automáticamente se verá frustrada.

La Alcaldía de Cota Cundinamarca evitará que un resguardo indígena, ubicado en los predios del municipio, sea desalojado por orden de la Justicia Civil, como consecuencia de una acción judicial emprendida por el verdadero propietario del predio, un ciudadano que hace 25 años lo adquirió por 12 millones de pesos.

Se trata de un sitio considerado sagrado por la comunidad indígena Muisca, donde periódicamente sus miembros realizan actividades propias de su cultura y adoraciones, y que funciona dentro de una extensión de aproximadamente 505 hectáreas, en los límites del bello municipio cundinamarqués.

El gobernador de dicha comunidad, GREGORY CHINGATÉ, se mostró muy preocupado por un fallo de última instancia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, según el cual el verdadero dueño del predio donde opera el resguardo, es el ciudadano RICARDO PÁEZ, quien logro demostrar que compró el lote hace 25 años. Según la sentencia judicial, en efecto, el lugar sagrado indígena debe ser desalojado de inmediato, para ser devuelto a su verdadero dueño.

Pero la comunidad indígena opina y afirma otra cosa, a juzgar por las palabras del gobernador GREGORY CHINGATÉ, ante medios de comunicación locales y nacionales, como el Noticiero CM& TV, que visitó el lugar y entrevistó a los implicados en el litigio:

«En 1876, tras un remate que hace el Estado Soberano de Cundinamarca, nosotros adquirimos estas tierras por un valor de 9.001 pesos».

Por ahora la Corte Suprema, máxima autoridad Civil en el tema, parece darle la razón al declarado propietario, quien papeles en manos ha logrado demostrar la propiedad el predio. El ciudadano PÁEZ lamenta lo sucedido, pero asegura que debe respetarse la decisión y el derecho que tiene sobre el lote.

«De buena fe les compré porque ellos tenían sus escrituras y su certificado de libertad, ahí siempre cultivaban y tenían ovejas y sus vacas», explicó PÁEZ, el ciudadano oriundo de Boyacá.

Aparece el «Ángel Salvador»

                                                                                   Carlos Moreno, alcalde de Cota

Ante el desespero de los miembros de la comunidad indígena, apareció como «caído del cielo» el alcalde de Cota, CARLOS MORENO, quien de inmediato dio instrucciones a su equipo de trabajo jurídico, para que le encuentren una pronta salida legal al asunto y los indígenas no pierdan su tradicional lugar de adoración.

«He dado órdenes para que del Presupuesto del Municipio salga una partida que permita comprarle el predio al ciudadano PÁEZ, con el fin de donarlo o prestárselo a esta comunidad indígena, a la que la ciudadanía de Cota le merece todo el respeto, admiración y solidaridad», explicó el burgomaestre.

Así las cosas, de lo único que depende el asunto es de un pronunciamiento del Concejo Municipal aprobando el presupuesto con el que se pague el predio, ante lo cual se definirá si queda a nombre del municipio y éste lo presta, dona o arrienda al comunidad indígena.

Este gesto del alcalde MORENO ha recibido el respaldo de la opinión pública, la clase dirigente de la zona, del sector privado y empresarial y de gran parte de la ciudadanía, pues lo ven como una salia humanitaria y un ejemplo de tolerancia, precisamente en momentos en que el país reclama Paz, Reparación y reconocimiento de los Derechos de las minorías y comunidades étnicas, consagrados en la Constitución Nacional.