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La Denuncia

Las “mañas” que enredan elección de magistrados de la Comisión de Disciplina

Redacción

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  • Una de las reformas en la Justicia más esperadas por la opinión pública, era la eliminación del inoperante CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la entrada en vigencia de un nuevo ente, del que se espera tenga más perfil jurídico y menos político y clientelista. Pero, por lo visto en los últimos meses, ni una cosa ni la otra. Por un lado, parece que este año no se dará la elección de los magistrados del nuevo organismo, que por lo menos ya tiene nombre rimbombante: La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que en el papel se encargará de investigar y sancionar a todos los jueces y fiscales del país, así como a magistrados de los tribunales de Distrito y en segunda instancia a los abogados.

Hace más de un año quedaron listas las siete ternas de las que saldrán los miembros de este nuevo órgano jurisdiccional, que deberán ser elegidos por el Congreso en pleno. Elección que, a la fecha, parece más empantanada que nunca, por cuenta de las mañas de un sector de congresistas y de los mismos magistrados que hoy siguen sentados en los puestos del desacreditado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, devengando sueldos de casi 30 millones de pesos mensuales. Y el último petardo que le estalló a  la entrada en vigencia de este nuevo ente, es el fallo del Consejo de Estado, por medio del cual anuló cuatro de las siete ternas, precisamente las que había conformado la Sala Administrativa del Consejo Superior, con el argumento de que faltó una Ley estatutaria.

Algunas ONG anticorrupción y ciudadanos preocupados, ya sospechan que esta decisión podría tener un tinte político y especialmente burocrático y clientelista, pues permite que siga operando la SALA DISCIPLINARIA del aún vigente CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con un inquietante ingrediente: es una sala interina, porque sus magistrados fueron nombrados A DEDO por los anteriores magistrados que se retiraron por periodo vencido. Es decir, sus reemplazos fueron designados por ellos mismos, sin procesos de transparencia y elección. Amiguismo? Recomendaciones de políticos y de magistrados de las altas cortes, incluido el propio CONSEJO DE ESTADO que ahora vuelve a enredar la elección de la COMISIÓN DE DISCIPLINA?

Un ex magistrado contactado por este portal y que prefiere omitir su nombre, dijo que tiene información de que, al parecer, el presidente del CONGRESO dilató, a propósito, la elección de los magistrados de la COMISIÓN seguro de que el CONSEJO DE ESTADO iba a emitir el fallo que anuló cuatro de las siete ternas. La razón parece muy sencilla: mientras no haya nuevo ente, los amigos de los magistrados del CONSEJO DE ESTADO y los recomendados de los congresistas, seguirán en sus puestos devengando los 30 millones mensuales.

Un abogado consultado por este portal llamó la atención en el hecho de que los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria son interinos todos y tienen períodos ya vencidos. Por ejemplo, PEDRO SANABRIA y JULIA EMMA GARZÓN, quienes tras haber cumplido con sus períodos constitucionales de ocho años, siguen en sus puestos como si nada. Es decir, pasarán a la historia como los magistrados que más han durado en una alta corte.

Otro aspecto en el que llaman la atención los entendidos, es el hecho de que el CONSEJO DE ESTADO haya fallado de la forma en que lo hizo anulando las cuatro ternas, pues él mismo había dado vía libre a la elección el pasado mes de julio, cuando reversó una suspensión decretada meses atrás por un magistrado de una sala no competente, que estaba a quince días de su retiro.

Las ternas de Santos siguen vivas

Como el CONSEJO DE ESTADO tumbó cuatro de las siete ternas, en este momento siguen vigentes las tres que conformó el presidente JUAN MANUEL SANTOS. Así las cosas, la pregunta que se hacen los juristas es si estas ternas también serían anuladas. La respuesta de los mimos entendidos es NO. El presidente de la República tiene una facultad discrecional para ternar a magistrados de las altas cortes, conforme lo establece la Constitución. Por esa razón, se estima que las tres ternas enviadas por el jefe de Estado, sí deben ser sometidas a votación en el Congreso.

El asunto es de tal interés nacional, que el procurador general FERNANDO CARRILLO ya intervino, anunciando que acompañaría el proceso de elección, lo cual hasta el momento no ha cumplido, permitiendo que el presidente del SENADO siga dilatando la elección de los miembros de la SALA DE DISCIPLINA. Se espera que ese acompañamiento se manifieste ahora, pues hay temor de que las tres ternas aún vivas, las del presidente Santos, corran la misma suerte de las otras cuatro.

Si no hay elección este año, por lo menos de las tres ternas del presidente SANTOS, la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA DE LA JUSTICIA no entrará a operar ni siquiera el próximo año, pues la creación de una ley estatutaria, como lo exige el CONSEJO DE ESTADO,  duraría más de doce meses, pues deber ser sometida a ocho debates en el Congreso. Sin olvidar que el 2018 será un año electoral.

Todo parece indicar que, de nuevo, está funcionando la maquinaria política, confabulada con la maquinaria judicial de las altas cortes, una especie de corrupción burocrática. De hecho, algunos medios ya han denunciado las amistades de algunos magistrados del CONSEJO DE ESTADO con familiares de los magistrados interinos que siguen sentados en el viejo CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Incluso, se especula con una supuesta relación estrecha entre la magistrada ESTELA CONTO con el esposo de una de las magistradas que sigue en el CONSEJO SUPERIOR en período ya vencido. La doctora CONTO fue la ponente del fallo que tumbó las cuatro ternas.

En una próxima entrega, este portal se encargará de los cuestionamientos a algunos candidatos de las ternas presentadas por el presidente SANTOS, de quienes, incluso, se habla de estar salpicados por los dineros corruptos de ODEBRECHT, cuando las adiciones presupuestales para la RUTA DEL SOL DOS, pasaron por las comisiones económicas de CÁMARA y SENADO, de la mano del ÑOÑO ELÍAS, a través de sujs fichas claves allí.

 

 

La Denuncia

La nueva EPS no cumple con los fallos de las tutelas afectado la integridad de los adultos mayores y sus familias

irina gastelbondo castro

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Hermelinda Murcia De Ramírez es una esposa que lucha por la salud y el apoyo de la nueva EPS para mejorar la calidad de vida de su marido el señor Manuel Ramírez, según la señora Hermelinda padece ceguera total por glaucoma bilateral y demencia tipo alzhéimer avanzada aeroecleroris y osteoartritis, también afirma que la neuróloga Kelly Carmen Fuentemayor tratante ordenó una enfermera las 24 horas de lunes a lunes, ya que su esposo no se puede valer por sí mismo y necesita de la ayuda de una profesional.

 

La señora Hermelinda con la edad de 90 años no puede lidiar sola con esta responsabilidad obviamente porque es una adulta mayor y bajo su cargo también tiene la responsabilidad de cuidar a su hija mayor de edad que sufre de síndrome de Down e hipotiroidismo, por eso solicita que la EPS le suministre pañales y una enfermera de tiempo completo aunque ellos alegan que no pueden entregarle ese beneficio porque no se encuentra dentro del POS y la falta de ellos no pone en riesgo la vida del paciente, Luego de un tiempo el señor Manuel Ramírez le tuvieron que realizar una operación retirando el ojo por una infección, no basta con todo lo que tiene que pasar y reclamar la esposa de este señor ahora su calidad de vida sigue deteriorándose, a pesar que se entabló una acción de tutela y se le dio 48 horas a la EPS de prestar los servicios al afectado, ellos realizaron una visita domiciliaria al señor Manuel afirman que la familia se puede hacer cargo de él que no necesitan la asistencia de la EPS a pesar de la impugnación del fallo.

Haz click en botón rojo para descargar el fallo de la tutela

Se radicó un incidente desacato para obtener el servicio, pero al parecer a la EPS no le interesa cumplir y la corte en vez de hacer valer la orden, le hizo otro requerimiento a la entidad, que es algo como si fuera un favor que se le está solicitando y no el deber de hacer cumplir la ley.


Haz click en el botón rojo para descargar el incidente del desacato

es muy triste ver estos casos en un país como Colombia donde cada día se muere la gente por la falta de humanidad hacia el ciudadano, no se están solicitando lujos ni mucho menos dinero solo lo básico para que él señor Manuel Ramírez tenga una estabilidad en su salud y su esposa pueda estar pendiente de él y de su hija y tener tranquila que su esposo está en manos de una profesional.

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La Denuncia

El increíble drama de una madre y su lucha contra la Nueva EPS en Ibagué

Omar Andres Rodríguez Reina

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Como ya es costumbre en Colombia, para poder acceder a una atención digna en las EPS es necesario seguir varios pasos tormentosos: Primero, llamar a la entidad correspondiente para solicitar una cita médica, que puede demorar varios meses para ser atendida, dependiendo de la disponibilidad y prioridad que considere la EPS.

Segundo: Después de una larga espera para ser atendidos por el médico en un corto tiempo, previo el lleno de un extenso cuestionario que se debe responder para el historial que debe diligenciar el doctor, se asigna una nueva cita si es necesario, pero esta vez con un especialista. Es en el tercer paso donde se empieza a evidenciar el gran problema que hay en la salud y gracias al cual el afectado comienza a pensar en la posibilidad de ir buscando las herramientas legales, como por ejemplo la tutela, para poder recibir la atención que por Ley, y en sobre el papel, le corresponde.

ADRIANA VILLARREAL es un claro y vivo ejemplo de este drama nacional. Ella es una joven madre que lucha contra el deficiente sistema de salud del país, pues su hija menor DANNA ISABELLA, de cinco años, tiene varios quebrantos de salud, todos delicados: Microcefalia, Disgenesia del Cuerpo Calloso, Epilepsia Sintomática, Síndrome de West, Retardo Global del Desarrollo, Cuadriparesia Espástica y Estrabismo Derecho.

Como si esto fuera poco tiene que lidiar con algunos abusos y desacatos de Ley que, a juicio de Adriana, la NUEVA EPS está incumpliendo. Es tal su angustia, que no vio más remedio que acudir a las redes sociales, para hacer conocer su drama. De inmediato comenzó a recibir total apoyo de los cibernautas, quienes indignados por los terribles hechos le ofrecen todo tipo de ayudas y le indican algunos consejos para que la denuncia no se quede así. ADRIANA dice que “Son pésimos los manejos del Gerente de la Nueva EPS el Señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga”, quien además ha recibido quejas de parte de otros pacientes o familiares de los mismos. Ella comenta que son constantes las “humillaciones y burlas a las que la han expuesto”, razón  por la cual hizo llegar a este portal varias copias del fallo de una tutela que presentó y ganó.

En diciembre del año pasado, un fallo de tutela a favor de DANNA ISABELLA VILLARREAL indicó que debían darle en el término de 48 horas, todas las autorizaciones de las citas médicas, terapias, transportes y pañales. Pero asegura que hasta el momento no ha recibido terapias ocupacionales ni de lenguaje y menos los pañales. Lo peor, según reitera, es tener que seguir aguantando el mal trato que ha recibido por parte de la entidad. Las quejas ante la Nueva EPS ya están radicadas ante la Superintendencia de Salud.

La madre de la niña comenta que en segunda instancia la hicieron ir en el mes de febrero con su hija, hasta Ibagué, para cumplir una cita de Oftalmología Pediátrica, ya que así decía la orden y la autorización. Se presentó para la cita, pero cuando iba a ser atendida se dio cuenta que el profesional que atendería a su hija no era Oftalmólogo Pediátrico sino un Oftalmólogo General, lo que a todas luces es incorrecto. Al parecer un error cometido por los funcionarios de la EPS, ya que el servicio solicitado solo lo prestan en Bogotá, nunca en Ibagué. Tamaña equivocación le hizo perder tiempo y dinero. Hace unas semanas le dieron la autorización para los pañales en Ibagué, pero cuando ADRIANA se dirigió a la dirección que le suministraron, le informaron que no tenían los pañales. Inmediatamente fue a la Nueva EPS en la dirección Cr.5 con 30, donde la atendió INGRID JOHANA SOLÓRZANO, funcionaria de la entidad de salud, quien le manifestó que le iba a entregar unos en una farmacia. La misma empleada le había dicho días antes que la llamaba para solucionar unas citas que había perdido por falta del transporte que ellos no ordenaron, le dijo que la estaban llamando de Bogotá, pero según Adriana eso es mentira ya que la funcionaria Ingrid labora en Ibagué.

En días pasados nuevamente la niña DANNA ISABELLA tenía cita en Ibagué para valoración de las terapias, pero nuevamente por errores de la entidad de salud la perdió, esto debido a que la Nueva EPS no ordenó el transporte. Actualmente aún no le han autorizado la cita de fisiatría y en la orden dice prioritaria. Desesperada, la madre de la niña le comentó a este portal que ya lleva más de un año tratando de agendarla, pero cuando se la han autorizado le sale para el San José infantil de Bogotá, donde nunca tiene agenda. Otra autorización que le salió fue para el San Ignacio, pero allí no atienden pacientes enviados de otro hospital. Increíble.

Este portal trató de comunicarse con la Nueva EPS de Ibagué, pero los teléfonos que registran en la página no son contestados, como tampoco permiten la posibilidad de dejar razones.

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La Denuncia

Los graves cuestionamientos al Consorcio que aspira a repartir los alimentos escolares en Cundinamarca

Redacción

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Una red de veedurías anunció que denunciará el que podría ser un nuevo escándalo de corrupción en la contratación de los PAE (Plan de Alimentación Escolar), esta vez en el departamento de Cundinamarca. Documentos que hicieron llegar a este portal, dan cuenta de supuestas maniobras engañosas por parte de una de las empresas que aspira a quedarse con la millonaria torta, que pasa de los 32 mil millones de pesos.

Se trata del consorcio “UNIÓN TEMPORAL PAE CUNDINAMARCA 2018”, que según la denuncia que está siendo presentada ante los órganos de control, habrían presentado contratos de arrendamiento con información que ha generado dudas. Se trata de los arriendos de las bodegas donde, según se exige por parte de la Gobernación, deben permanecer a buen resguardo los alimentos con destino a los escolares del departamento, la mayoría habitantes en regiones rurales de difícil acceso.

Por ejemplo, según los papeles que soportarán la denuncia, en dos certificaciones de arrendamiento de una bodega, aparece registrado el mismo número de cédula, pero con distinto nombre. Una, firmada por el JOSÉ GUILLERMO MUÑOZ ARANGUREN y la otra por JORGE MUÑOZ.

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Otra de las presuntas inconsistencias denunciadas, se presentaría en los documentos que soportan las inspecciones sanitarias a los vehículos que deben transportar los alimentos. Por ejemplo, vehículos que fueron inspeccionados en una fecha, aparecen con el concepto favorable fechado meses anteriores. A juzgar por los documentos aportados, una inspección fue hecha el 10 de diciembre del 2017, mientras que el certificado de  favorabilidad aparece fechado el 22 de noviembre del mismo año.

Llama la atención que aunque tales inspecciones deben ser realizadas por las secretarías de Salud, en el caso concreto de este consorcio cuestionado, las que presentaron ante la gobernación de Cundinamarca fueron hechas en el municipio de SOLEDAD, ATLÁNTICO.

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Las condiciones de los pliegos exigen que una de las cuatro empresas que componen un consorcio, debe tener como mínimo una participación del 50 por ciento, sin importar la participación que las demás socias tengan. En este caso, se documentó que posiblemente esta exigencia no fue cumplida por el consorcio cuestionado, cuya participación es del 45 por ciento.

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Fiscalía con la lupa puesta

Hace seis meses, en un comunicado público, el fiscal general advirtió que a través de estos programas PAE, se podría estar desangrando parte del erario de las gobernaciones, por cuenta de la corrupción. Desde ese momento, las investigaciones penales han recaído sobre los departamentos de Córdoba, Santander, Cesar y la Guajira, donde ya se han establecido maniobras corruptas lideradas por políticos y contratistas.

En este caso, es la primera vez que se conoce de denuncias al respecto relacionadas con el departamento de Cundinamarca. Este portal trató de comunicarse con la secretaria de Educación del Departamento, MARY RUTH HERNÁNDEZ, quien no respondió los llamados.

Esta denuncia se conoce en momentos en que la Secretaría abrió el proceso licitatorio para la adjudicación del  contrato que supera los 32 mil millones de pesos, y que pretende darle alimentación a alumnos de escuelas públicas de más de cien municipios de Cundinamarca y sus veredas, muchos de ellos de difícil acceso.

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