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La Chiva

Los celulares del alcalde de Barranca y su esposa, que según Fiscalía fueron usados en actos de corrupción electoral, los paga la Cámara de Comercio

Redacción

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Un nuevo capítulo parece desprenderse del escándalo de corrupción electoral que sacudió a Barrancabermeja, y que tiene en detención domiciliaria y acusado de varios delitos, al alcalde del puerto petrolero DARÍO ECHEVERRI y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta vez el «coletazo» alcanzaría a la Cámara de Comercio de la ciudad, entidad que según se asegura en los mentideros políticos, desde hace varios años es manejada y controlada, tras bambalinas, por el burgomaestre detenido.

Según un documento secreto de la Policía Judicial y del CTI, conocido por «Chivas y Crónicas«, la prueba reina de dicho control que ejerce el alcalde ECHEVERI, es que los teléfonos celulares de su uso personal y el de su esposa MARYLUZ NÚÑEZ, también imputada por la Fiscalía por el mismo escándalo de corrupción electoral, en realidad pertenecen a la Cámara de Comercio y al parecer los venían usando desde el año 2007, mucho antes de ser elegido alcalde.

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Como ha sido publicado por medios periodísticos nacionales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja aparece mencionada en repetidas ocasiones en las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía, en las que aparece como pieza clave en el supuesto entramado corrupto montado por ECHEVERRI y sus asesores para evitar la revocatoria de su mandato.

De los alegatos de la Fiscalía en la imputación de cargos a ECHEVERRI y los demás investigados, se puede concluir que de esas mismas líneas telefónicas el burgomaestre hizo y recibió las llamadas de las personas con las que aparentemente se concertó para llevar a cabo el plan criminal que consistió en constreñir a los electores, de varias maneras: evitando que votaran en unos casos, o haciendo que sufragaran en blanco, en otros casos; como también a través de la promesa y/o entrega de prebendas y puestos en cargos oficiales y contratos y, en algunos eventos, con amenazas de despedidos.

En el caso concreto, lo que los investigadores hallaron a la hora de analizar el cruce de cientos de llamadas interceptadas, es que «el precitado abonado celular (el mismo del que hablaba el alcalde ECHEVERRI) se encuentra a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, con número de identificación NIT: 890201676, desde el 23/02/2007». De hecho, DARÍO ECHEVERRI y su esposa MARILUZ NUÑEZ fueron funcionarios de la misma Cámara de Comercio desde enero del 2008.

Este portal tiene en su poder los pantallazos del perfil de la cuenta WhatsApp que confirman que el usuario de la línea telefónica es el señor ECHEVERRI, así como una de las facturas del año 2017, del operador CLARO, a nombre de la Cámara de Comercio.

Los contratos del hijo

El tema cobra especial relevancia ahora, cuando se sabe que la misma Cámara de Comercio suscribió más de 30 contratos con los medios de comunicación de Barrancabermeja, contratos otorgados justo para la época de la campaña de la revocatoria del mandato del alcalde ECHEVERRI. Revisado el contenido de los informes periodísticos de esos medios que recibieron los jugosos contratos, queda claro que en su gran mayoría se mostraron en favor de la causa del mandatario, en muchos casos avalando el abstencionismo.

Otro nexo que indicaría el manejo que el alcalde mantiene en la contratación de la Cámara, es el hecho de que su propio hijo, DARIO ECHEVERRI SERRANO, también es uno de los beneficiarios de la repartija de contratos, con carga presupuestal a los convenios que el municipio suscribió con la Cámara de Comercio.

Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio: se prenden las alarmas

En el año 2016 se denunció la supuesta injerencia del alcalde ECHEVERRI en la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, según documentos que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento, se habló de pérdida de las planillas de votación y, aunque esta entidad de control avaló las elecciones, le pidió a a Fiscalía General que investigue la posible ocurrencia de delitos en dicho proceso de elección. Paradójico, si se tiene en cuenta que avaló, pese a sospechar la comisión de delitos.

Las planillas de votación, en efecto, no aparecieron. La respuesta de la Presidencia de la Cámara fue que una inundación los despareció. Lo curiosos es que las planillas reposaban en un segundo piso de la sede oficial de la entidad, y en esas fechas no se registró una grave inundación por causa del invierno, y menos de una magnitud tal que alcanzara el segundo piso de la edificación.

El censo electoral, dicen la denuncias, pudo haber sido alterado u ocultado para facilitar que a la Cámara llegaran las fichas del alcalde. Si no se cuenta con información respecto a qué personas y/o empresas hacen parte de ese censo  electoral, los nuevos aspirantes a hacer parte de la Junta Directiva, no tendrán chance alguno.

Fiscalía y Superintendencia ponen la lupa en nueva elección

Este seis de diciembre la Cámara de Comercio se apresta a elegir su nueva Junta Directiva, pero esta vez bajo la lupa que la Fiscalía y los organismos de control como la propia Superintendencia de Industria y Comercio han puesto sobre el puerto petrolero, a raíz del escándalo que hoy tiene con detención domiciliaria a DARÍO ECHEVERRI. Las primeras indagaciones dejaron al descubierto un hecho insólito en el censo electoral en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja: solo el 8 porciento de los afiliados corresponde a sociedades, es decir que e 92 porciento del censo electoral está conformado por personas naturales.

Lo que se va a tratar de establecer ahora, es si todas esas personas naturales cumplen con las normas vigentes para este tipo de elecciones,a la luz del Código de Comercio, pues se sospecha que muchos de los afiliados no ejercerían la actividad mercantil requerida y, por tanto, no podrían hacer parte de las elecciones que se avecinan.

Otro hallazgo es que más del 50 porcieno de los afiliados son de municipios diferentes a Barrancabermeja, pese a que  más del 70 porciento de los comerciantes inscritos son del puerto petrolero. Así las cosas, de nuevo surgen sospechas de que podría presentarse manipulación de la elección, detrás de la cual, se presume, estaría la mano y el supuesto poder manipulador del alcalde ECHEVERI, algo que al parecer ha venido haciendo en los últimos 20 años.

La Superintendencia también revisará el tema de la elección del Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el entendido de que el actual, PABLO MURILLO, ajusta ya 15 años en este cargo, un contador público de quien se asegura es ficha del acalde ECHEVERRI y uno de sus amigos más cercanos. De hecho, la esposa de este contador fue hasta hace poco secretaria de Hacienda del alcalde.

Lo curioso es que para la elección que se avecina para Revisor Fiscal, el requisito es que el aspirante al cargo debe tener experiencia «en negocios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja». Es decir que el único que cumple con este ítem, en el país, vendría a ser el mismo PABLO MURILLO.

La Chiva

Libertad de «Jesús Santrich» desata ira gringa y vienen más visas canceladas

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La decisión de la JEP de negar la extradición a Estados Unidos del jefe de las Farc «JESÚS SANTRICH» y dejarlo en libertad,  desatará una nueva oleada de cancelación de visas por parte del gobierno de DONALD TRUMP, de varios reconocidos personajes de la política y de la justicia colombianas, bajo el supuesto de que con sus decisiones o intromisiones estarían apoyando a un grupo narcotraficante y/o obstruyendo la justicia del poderoso del Norte.

Este portal conoció que en la lista de posibles «revocados» de Visa gringa, estarían los ex fiscales EDUARDO MONTEALRGE y su segundo a bordo JORGE FERNANDO PERDOMO, varios funcionarios de la propia JEP, entre ellos su ex secretaria general MARTHA LUCÍA ZAMORA, y la ex funcionaria de la Fiscalía KATERINE ELJAK, además de por lo menos otros dos magistrados de altas cortes.

Es que la decisión de impedir la extradición de SANTRICH y de paso pedir su libertad inmediata, tomó por sorpresa a los representantes del presidente TRUMP en Colombia y del Departamento de Estado, pues durante seis meses enviaron a Colombia pruebas que dejarían en claro que en efecto el jefe de las Farc hacía parte de un cartel de drogas que enviaba toneladas de cocaina a Estados Unidos vía México, con el apoyo de capos de ese país centroamericano. Según esas pruebas, SANTRICH violó los acuerdos, pues siguió en el negocio de las drogas ilícitas aún después de firmar la paz con el gobierno SANTOS.

Lo que dice la JEP

Pero, contrario a lo que afirma la justicia de Estados Unidos, a juicio de la JEP lo que hubo fue ausencia de pruebas que permitan establecer que  SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ, alias «JESUS SANTRICH», realmente estuvo involucrado con un cartel de narcos, además de que no se puede asegurar que los elementos aportados por la Fiscalía y a DEA, lleven a inferir que esos presuntos hechos ocurrieron después de que firmara la paz con SANTOS.

Tan pronto hizo oficial su decisión, la Jurisdicción Especial para  la Paz, JEP, explicó sus motivos en un escueto trino desde su cuenta oficial:

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, rechazando la decisión de la JEP y, muy seguramente, reiterando que las pruebas aportadas sí pueden establecer que el jefe guerrillero hacía parte de un cartel. Entre otras pruebas, fueron aportados videos y comunicaciones entre SATRICH y otros personajes al parecer allegados a carteles de México, entre ellos un familiar de IVÁN MÁRQUEZ, de quien se dice que fue infiltrado por la DEA.

Entre las varias reacciones que se esperan por parte del gobierno de TRUMP como consecuencia de la decisión de la JEP, se teme por una decertificación de Colombia en su lucha contra las drogas, lo que implica una sustancial reducción de la ayuda económica a nuestro país.

Igualmente se espera la cancelación de más visas y la solicitud de extradición de otros jefes de las FARC, de  la misma cúpula de la otrora organización terrorista y subversiva. De hecho, se sabe que algunos jefes de ese grupo serán cobijados con órdenes de captura en las próximas horas por incumplimiento de los acuerdos firmados con SANTOS.

Mientras tanto SANTRICH, a través de un audio que hizo circular en medios de comunicación desde la cárcel La Picota, tras conocer la decisión de la JEP, dijo que su libertad aclara que estaba siendo víctima de un montaje por parte de la derecha colombiana y tras instancias.

«La decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía contra mí», afirmó.

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La Chiva

Esposa del alcalde de Mariquita confiesa que sí estafaron a sus electores con una falsa venta de lotes. Fiscalía prepara nuevas decisiones

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Por: Juan Carlos Giraldo

Diseño gráfico: Leidy Johana Ramírez

A las puertas de una condena que podría ser hasta de diez años, quedó expuesta ÁNGELA GUTIÉRREZ, quien ostentara el cargo de «Primera Gestora» del municipio, en calidad de esposa del actual alcalde de Mariquita ALEJANDRO GALINDO, por su reconocida responsabilidad en el masivo robo de lotes a cientos de humildes habitantes de la población que creyeron en un proyecto de vivienda de interés social que resultó ser una estafa que ya supera los 5 mil millones de pesos.

Así quedó claro luego de la sorpresiva CONFESIÓN que hiciera la señora GUTIÉRREZ ante la Fiscalía y ante un juez de la República, que en los próximos días deberá tasar el quántum de la pena a imponer, que según las normas penales vigentes oscila entre ocho y diez años de prisión. Como la ahora confesa delincuente aceptó los cargos, la Ley prevé una rebaja de hasta un 50   porciento de esa pena.

La aceptación del cargo implica que la ex primera gestora continúe en la cárcel por lo menos dos años más, pues únicamente podría recobrar la libertad condicional una vez cumpla la tercera pena de la sentencia que le sea impuesta. Sin embargo, en su contra cursan otras dos investigaciones derivadas de los mimos hechos corruptos cometidos por ella y parte de su séquito de amigos y asesores de la campaña y luego de la alcaldía.

Según la Fiscalía, ÁNGELA GUTIÉRREZ también incurrió en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cargo que la detenida señora se negó a aceptar, por lo que podría verse avocada a una nueva condena, esta superior a la que en los próximos días le será impuesta por aceptar la ESTAFA.

La Fiscalía también cuenta con elementos para tratar de configurar en contra de la señora GUTIÉRREZ el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, pues se sabe que no actuó sola en el montaje y ejecución del plan criminal para quedarse con los más de 5 mil millones de pesos que salieron de los bolsillos de más de 1000 víctimas ya reconocidas, la mayoría de ellas amigos personales del alcalde GALINDO y su esposa, colaboradores de su campaña y electores, que se sintieron confiados en que una vez ganara las elecciones, el alcalde y su esposa les iban a solucionar el problema de vivienda.

Se le complica la situación al alcalde

La aceptación del cargo por parte de la señora GUTIÉRREZ pondrá en aprietos al ya cuestionado e investigado alcalde ALEJANDRO GALINDO, como quiera que la Fiscalía cuenta con elementos que permiten inferir que el mandatario de los mariquiteños podría haber estado enterado de las andanzas de su esposa y estuvo al tanto de parte del andamiaje montado por ella para estafar a sus amigos y coterráneos y quedarse con el millonario botín.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con «un as bajo la manga», que podrían ser conversaciones telefónicas, consignaciones bancarias y el testimonio de un eventual testigo, que podría complicarle la situación jurídica a GALINDO, pues al parecer  se trataría de una persona muy allegada a la pareja de esposos y con  acceso a la administración municipal.

De hecho, en un primer intento, la Fiscalía le ofreció a la señora GUTIÉRREZ una serie de beneficios jurídicos a cambio de que entregue información y delate a quienes muy seguramente trabajaron de su mano para estafar a los cientos de inversionistas. Inicialmente, la señora GUTIÉRREZ se negó, aunque los tiempos procesales aún le alcanzan para en caso de quiera comenzar un proceso de «Colaboración Eficaz» con la justicia que, incluso podría representarle la libertad inmediata, si se acoge, por ejemplo, a la figura del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

Fuentes del ámbito político le confirmaron a «Chivas y Crónicas» que la situación jurídica del alcalde podría definirse una vez el panorama político se aclare y se sepa quién será su sucesor en la alcaldía, pues un eventual encarcelamiento de GALINDO afectaría la imagen del partido que le dio el aval, especialmente en esta contienda electoral que se avecina.

Y la platica?

Como se trata de un delito con connotaciones económicas, -pues hay involucrados casi seis mil millones de pesos que al parecer recaudaron por la multiplicidad de venta de lotes clonados- esta aceptación del delito por parte de ÁNGELA GUTIÉRREZ conlleva a que se inicie un proceso de indemnización a sus víctimas, que a través de una firma de abogados reclaman la inmediata devolución del dinero invertido.

Este portal conoció que el consejo del abogado defensor de la detenida ex primera gestora del municipio, es que acepte únicamente el cargo de ESTAFA, en el entendido de que la Fiscalía no tendría mayor acervo probatorio para acusarla y llevarla a juicio por los otros delitos investigados, especialmente el de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía le confirmaron a este portal que, por el contrario, las pruebas recaudadas por los investigadores apuntan a que gran parte del dinero recibido por la acusada y sus  compinches, incrementó su patrimonio de manera injustificada y fue a parar a cuentas secretas que están en la mira de la Fiscalía y sobre lo cual este portal publicará en los próximos días mayores detalles, pues al parecer se habrían cometidos otros delitos aún no investigados, como por ejemplo el de TESTAFERRATO, a través del traspaso de bienes.

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La Chiva

Fiscalía a punto de establecer si Los SARMIENTO del Grupo AVAL conocían de los sobornos de Odebrecht. Primera imagen de MELO esposado

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Un testimonio hasta ahora oculto a la opinión pública, en poder de un fiscal especializado, podría dar luces sobre la suerte jurídica de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y de su hijo LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ, máximas cabezas del Grupo AVAL. De paso, esta prueba igualmente podría aclarar si los dos magnates fueron cómplices del entramado corrupto montado por la multinacional brasileña, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en el país.

El testimonio, en poder de «Chivas y Crónicas» y que será publicado una vez surta los trámites internos en la Fiscalía, fue entregado por uno de los principales implicados en el escándalo y habla de la forma como SARMIENTO GUTIÉRREZ, presuntamente, fue enterado del pago de por lo menos seis millones de dólares en sobornos, antes de que estos fueran girados. Es decir, que el banquero habría dado el aval para esos pagos.

Como se sabe, en el fallo condenatorio de casi doce años contra el presidente de Corficolombiana JOSÉ ELÍAS MELO, el juez del caso compulsó copias para que SARMIENTO GUTIÉRREZ sea igualmente investigado por los sobornos, pues le parece imposible que como máxima cabeza del Grupo AVAL no se haya enterado del pago de las multimillonarias «coimas».

Primera imagen esposado hacia La Picota

Mientras tanto, agentes del CTI trasladarán a un pabellón especial de la Cárcel La Picota, al expresidente de Corficolombiana, luego de ser notificado de la dura condena en su contra, la más alta de cuantas se han impuesto hasta el momento por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.

Este portal conoció la primera imagen del poderoso ejecutivo tras la condena, captada en el momento en que es trasladado, esposado, hacia un calabozo especial del Búnker de la Fiscalía, desde donde será remitido a la Picota, para que cumpla la condena, y a la espera de la apelación de elevarán sus abogados.

Los testimonios que los enredan

Además del testimonio secreto conocido por este portal, la prueba que más peso ha tenido en este caso contra las cabezas visibles el Grupo Aval, es el del expresidente de Odebrecht  en Colombia, LUIZ BUENO JR, uno de los primeros procesados por la Justicia de su país y de Estados Unidos, y quien ya confesó y relató la forma como la multinacional brasileña desplegó y puso a marchar en gran parte del continente, un plan criminal para ganarse los principales contratos de obra civil en diferentes países.

Concretamente, fue el mismo BUENO JR quien advirtió del comportamiento de JOSÉ ELÍAS MELO, lo que fue tenido en cuenta por el juez colombiano a la hora de imponerle la drástica condena.

Respecto a los SARMIENTO ANGULO y SARMIENTO GUTIÉRREZ, la Fiscalía recauda más acervo probatorio para empezar a investigarlos. En este caso, las pruebas deberán pasar a conocimiento del fiscal adhoc LEONARDO ESPINOSA, quien asumió todo lo relacionado con los indicios que comprometan al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, debido a su actuación como abogado del grupo Aval y asesor de los dos poderosos banqueros.

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