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La Chiva

Los sobornos del exalcalde de Cota: capítulo Procuraduría

Redacción

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En sus primeras declaraciones, el exalcalde Balsero insinuó que también le exigieron dinero para procuradores.

La situación jurídica del exalcalde de Cota, Juan David Balsero, podría complicarse en las próximas horas, en caso de que no acepte una oferta que le hizo la Fiscalía, para que revele información relacionada con un capítulo de sobornos en la Procuraduría General de la Nación. En el interrogatorio que ya rindió, Balsero deja entrever el papel que cumplió el procurador Distrital Fabio Becerra Heredia, en relación con el proceso disciplinario que se seguía en contra del exmandatario de Cota, por una inhabilidad cometida cuando fue concejal del mismo municipio. Proceso que culminaría con su destitución.

Balsero ha insistido, y de ello hay denuncia en los órganos de control, que detrás del fallo de destitución conjugaron intereses políticos y económicos, es decir actos de corrupción por parte de funcionarios de la Procuraduría que tenían injerencia en su caso. De hecho, Balsero dijo, en un primer interrogatorio, que las decisiones de la Procuraduría se negociaban en las canchas de tejo de Cota. Y fue más allá, al afirmar que el proyecto de fallo de su destitución, llegó a manos de sus enemigos políticos antes de que saliera finalmente firmado del Ministerio Público.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con información confiable, según la cual a Balsero también le habrían exigido un millonario pago a cambio de no fallar en su contra en la Procuraduría, lo que lo mantendría en el cargo los cuatro años de su mandato. Esa destitución, que finalmente se daría, tal como el propio Balsero lo había anticipado, fue lo que llevó al alcalde a aceptar la posterior oferta de otro soborno, el que pagó a supuestos intermediarios del Tribunal Adminstrativo de Cundinamarca, hecho que hoy lo tiene detenido junto su hijo.

La Fiscalía ya tiene prácticamente perfeccionada la investigación por el soborno del Tribunal de Cundinamarca, gracias a un video en el que Balsero acepta que hizo el pago a los intermediarios de los magistrados, y a la denuncia presentada por una magistrada de la misma corporación, contra sus compañeros de sala. Tanto el video como una entrevista con la magistrada denunciante, fueron conocidas por el país en julio del 2014, a través de una serie de informes periodísticos divulgados por Noticias RCn TV, gracias a los cuales el caso, que en ese momento se encontraba engavetado en la Fiscalía, se reactivó y se evitó su archivo definitivo.

Como las pruebas están prácticamente consolidadas respecto al caso del soborno al Tribunal, además que se cuenta con la confesión del propio Balsero, ahora lo que la Fiscalía busca es que el mismo detenido exmandatario de Cota cuente su versión sobre el supuesto soborno pagado a procuradores en el caso de su proceso disciplinario. La Fiscalía cuenta con información seria y espera que Balsero la corrobore.

Este portal conoció parte de ese entramado, que inicia en un nombre, el del procurador Distrital Fabio Becera Heredia, un personaje de las entrañas del Partido Cambio Radical, protegido del senador Germán Varon Cotrino. Becerra pronto caería en desgracia con su jefe Alejandro Ordóñez, luego de información que lo vnculaba a irregularidades en el fallo mediante el cual archivó de forma inexplicable y sorpresiva, la investigación disciplinaria contra los trece concejales involucrados en el escándalo del Carrusel de contratos de Bogotá. Se dice de Fabio Becerra, que su cercanía con el senador Varón Cotrino es tal, que cuando el entonces procurador Ordoñez le pidio la renuncia, el congresista entró en cólera, formando tremendo escándalo. La investigación que Becerra archivó, inmediatamente fue reabierta por orden de Ordóñez y a la fecha no se ha tomado decisión alguna.

El hermano de exprocurador Becerra es el edil de Barrios Unidos, Juan Carlos Becerra Heredia, también de Cambio Radical, y protegido del concejal Julio Cesar Ardila, otro cacique electoral de Cambio Radical en Bogotá. Después de su salida, el exprocurador Fabio Becerra se presentó para aspirar al cargo de personero de Bogotá por Cambio Radical, pero, a pesar de ser uno de los más opcionados, perdio la competencia.

El exalcalde Juan David Balsero ya dijo que fue el exprocurador Becerra quien supuestamente le filtró las piezas procesales reservadas de la investigación disciplinaria que finalmente acabó con su carrera política. Por eso, la Fiscalía cree que Balsero cuenta con más información que podría aportar. En caso de no hacerlo, su situación jurídica se podría agravar, pues las prueba en poder de los investigadores pueden ser la base de una nueva imputación de cargos en su contra, por los delitos de Cohecho, Concusión, Interés indebido en contratación pública y celebración indebida de contratos. El ente investigador también aprovechará la captura de Balsero, para indagarle sobre otros hechos de corrupción ocurridos en Cota, no durante su fugaz administración, sino por los personajes que conoció y sus andanzas. Por ejemplo, el ahora llamado “Cartel del POT”. En las próximas horas se conocerá si la Fiscalía llama a ampliación de interrogatorio a Balsero para preguntarle sobre estos nuevos hechos.

Pero, qué información nueva ha llegado a la Fiscalía? “Chivas y Crónicas” supo que se trata de versiones que hablan de un supuesto pago de un soborno en la Procuraduría, de casi 1.000 millones de pesos a dos procuradores, precisamente para evitar la suspensión y posterior destitución del señor Balsero como alcalde de Cota. En este nuevo escándalo, además del exprocurador Becerra, estarían involucrados otras importantes personalidades del mundo político judicial. La información extraoficial señala que la millonaria suma, al parecer, fue recogida por un prestigioso contratista de obras públicas de Cota, y entregada a una mujer, funcionaria de la alcaldía del municipio, y quien hoy ocupa una alta dignidad en la Gobernación de Cundinamarca. La misma mujer, al parecer  habría entregado los mil millones de pesos en efectivo a un par de prestigiosos abogados, cuya oficina está ubicada al lado del Edificio de Ecopetrol en Bogotá. Allí en esa oficina, los abogados, socios en ese entonces, se comprometieron a hacer llegar el dinero a sus destinatarios en la Procuraduría. Este portal conoció que uno de estos abogados, llegó a un altísimo cargo en el Poder Electoral. La Fiscalía sospecha que Balsero podría aún conservar pruebas de este episodio, incluso sus escoltas, conductores y su propio hijo, hoy detenido con él por el caso del Tribunal.

Finalmente el plan de soborno se frustraría, pues de manera sorpresiva el fallo salió en contra de los intreses de Balsero, lo que produjo una ruptura total de sus relaciones con los protagonistas. A partir de ese momento Balsero comenzaría a recibir amenazas de muerte, que desde aquel momento fueron documentadas por el propio exalcalde en la Fiscalía: panfletos y cartas extorsivas que le llegaban a su lugar de residencia. 

Balsero también mencionó el nombre del actual alcalde de Cota, Carlos Julio Moreno, de quien aseguró que estaría detrás de la corrupción en la Procuraduría, pues ya dijo que este sabía de la existencia del fallo en su contra antes de que se hiciera oficial. Este portal conoció que la situación del actual alcalde Moreno, también está en el radar de la Fiscalía y de la Procuraduría, a donde llegaron denuncias de corrupción administrativa relacionada con millonarios contratos, incluso el POT.

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La Chiva

Escándalo: Aparece copia de fallo judicial de caso de corrupción, cinco días antes de la audiencia

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La Fiscalía investiga una denuncia según la cual aparecieron, en sobre sellado, las copias de la parte resolutiva de un fallo judicial supuestamente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con un sonado caso en el que están involucrados reconocidos personajes vinculados con escándalos de corrupción en contratación. Lo que resultaría delicado, es que la audiencia en la que se conocería oficialmente la decisión, había sido programada para este jueves seis de diciembre a las tres de la arde, es decir seis días después de que los documentos circularan y llegaran a manos de los abogados y de otros extraños ajenos al caso.

La denuncia fue instaurada por el abogado LIBARDO RODRÍGUEZ LEUDO, precisamente uno de los defensores de uno de los implicados en la investigación, que llegó a instancias del Tribunal en virtud de una apelación al fallo de  primera instancia con el que un juzgado de Bogotá condenó a varios de los encartados, absuelto a otros y prescrita la acción penal en favor de otros.

Textualmente, en su escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue el insólito suceso, el abogado relata que, a él, la copia del supuesto fallo le llegó en sobre cerrado. Este portal conoció que copias similares fueron conocidas por otras personas allegadas al caso:

El denunciante agrega que “Por la circunstancia anterior y dado que la mencionada información no coincide con lo que los sujetos procesales conocemos de la actuación que se adelanta en esa digna corporación; toda vez que la publicidad de la decisión se llevará a cabo mediante audiencia que se encuentra programada para el día 6 de diciembre de 2018, con el respeto acostumbrado se solicita que se adopten las medidas a que hubiere lugar”.

Pesos pesados

Este portal conoció copias del supuesto fallo filtrado, y que hoy está siendo analizado por los investigadores del CTI y sus forenses, contrastando con lo actuado en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal.

Las alarmas se prendieron por la aparición en ese expediente del empresario de origen judío AARON RABINOVICH, conocido como uno de los “zares” de la seguridad electrónica en el país, como quiera que se ha ganado las licitaciones para varios de los más jugosos contratos para brindarle seguridad a entidades públicas, entre ellas las cárceles del país, especialmente los brazaletes para los presos. Recientemente, este personaje fue condenado por la justicia colombiana y tiene en su contra orden de captura. Se cree que está fuera del país, refugiado en Israel.

Los otros vinculados al expediente aparentemente “filtrado”, son DIANA ISABEL NASIF DE RIMA, representante legal de la empresa “”Cipecol” y “Rapiscan”; GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ, intermediario en contratación; MAURICIO PARADA, de quien se sabe hizo parte del proceso de asignación de un contrato con Fonade; y el mismo señor RABINOVICH, representante legal de la firma “Interamericana de  Sistemas y Seguridad S.A”.

El abogado denunciante sospecha, aclarando que no posee pruebas al respecto, que esta filtración podría presumir que en el interior del Tribunal se podría estar traficando con decisiones que aún no se notifican. La Fiscalía investigará de forma pronta esta denuncia, especialmente si durante la audiencia el fallo sale de la misma forma como aparece en las copias que llegaron a manos de los abogados anticipadamente.

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La Chiva

Los celulares del alcalde de Barranca y su esposa, que según Fiscalía fueron usados en actos de corrupción electoral, los paga la Cámara de Comercio

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Un nuevo capítulo parece desprenderse del escándalo de corrupción electoral que sacudió a Barrancabermeja, y que tiene en detención domiciliaria y acusado de varios delitos, al alcalde del puerto petrolero DARÍO ECHEVERRI y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta vez el “coletazo” alcanzaría a la Cámara de Comercio de la ciudad, entidad que según se asegura en los mentideros políticos, desde hace varios años es manejada y controlada, tras bambalinas, por el burgomaestre detenido.

Según un documento secreto de la Policía Judicial y del CTI, conocido por “Chivas y Crónicas“, la prueba reina de dicho control que ejerce el alcalde ECHEVERI, es que los teléfonos celulares de su uso personal y el de su esposa MARYLUZ NÚÑEZ, también imputada por la Fiscalía por el mismo escándalo de corrupción electoral, en realidad pertenecen a la Cámara de Comercio y al parecer los venían usando desde el año 2007, mucho antes de ser elegido alcalde.

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Como ha sido publicado por medios periodísticos nacionales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja aparece mencionada en repetidas ocasiones en las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía, en las que aparece como pieza clave en el supuesto entramado corrupto montado por ECHEVERRI y sus asesores para evitar la revocatoria de su mandato.

De los alegatos de la Fiscalía en la imputación de cargos a ECHEVERRI y los demás investigados, se puede concluir que de esas mismas líneas telefónicas el burgomaestre hizo y recibió las llamadas de las personas con las que aparentemente se concertó para llevar a cabo el plan criminal que consistió en constreñir a los electores, de varias maneras: evitando que votaran en unos casos, o haciendo que sufragaran en blanco, en otros casos; como también a través de la promesa y/o entrega de prebendas y puestos en cargos oficiales y contratos y, en algunos eventos, con amenazas de despedidos.

En el caso concreto, lo que los investigadores hallaron a la hora de analizar el cruce de cientos de llamadas interceptadas, es que “el precitado abonado celular (el mismo del que hablaba el alcalde ECHEVERRI) se encuentra a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, con número de identificación NIT: 890201676, desde el 23/02/2007”. De hecho, DARÍO ECHEVERRI y su esposa MARILUZ NUÑEZ fueron funcionarios de la misma Cámara de Comercio desde enero del 2008.

Este portal tiene en su poder los pantallazos del perfil de la cuenta WhatsApp que confirman que el usuario de la línea telefónica es el señor ECHEVERRI, así como una de las facturas del año 2017, del operador CLARO, a nombre de la Cámara de Comercio.

Los contratos del hijo

El tema cobra especial relevancia ahora, cuando se sabe que la misma Cámara de Comercio suscribió más de 30 contratos con los medios de comunicación de Barrancabermeja, contratos otorgados justo para la época de la campaña de la revocatoria del mandato del alcalde ECHEVERRI. Revisado el contenido de los informes periodísticos de esos medios que recibieron los jugosos contratos, queda claro que en su gran mayoría se mostraron en favor de la causa del mandatario, en muchos casos avalando el abstencionismo.

Otro nexo que indicaría el manejo que el alcalde mantiene en la contratación de la Cámara, es el hecho de que su propio hijo, DARIO ECHEVERRI SERRANO, también es uno de los beneficiarios de la repartija de contratos, con carga presupuestal a los convenios que el municipio suscribió con la Cámara de Comercio.

Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio: se prenden las alarmas

En el año 2016 se denunció la supuesta injerencia del alcalde ECHEVERRI en la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, según documentos que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento, se habló de pérdida de las planillas de votación y, aunque esta entidad de control avaló las elecciones, le pidió a a Fiscalía General que investigue la posible ocurrencia de delitos en dicho proceso de elección. Paradójico, si se tiene en cuenta que avaló, pese a sospechar la comisión de delitos.

Las planillas de votación, en efecto, no aparecieron. La respuesta de la Presidencia de la Cámara fue que una inundación los despareció. Lo curiosos es que las planillas reposaban en un segundo piso de la sede oficial de la entidad, y en esas fechas no se registró una grave inundación por causa del invierno, y menos de una magnitud tal que alcanzara el segundo piso de la edificación.

El censo electoral, dicen la denuncias, pudo haber sido alterado u ocultado para facilitar que a la Cámara llegaran las fichas del alcalde. Si no se cuenta con información respecto a qué personas y/o empresas hacen parte de ese censo  electoral, los nuevos aspirantes a hacer parte de la Junta Directiva, no tendrán chance alguno.

Fiscalía y Superintendencia ponen la lupa en nueva elección

Este seis de diciembre la Cámara de Comercio se apresta a elegir su nueva Junta Directiva, pero esta vez bajo la lupa que la Fiscalía y los organismos de control como la propia Superintendencia de Industria y Comercio han puesto sobre el puerto petrolero, a raíz del escándalo que hoy tiene con detención domiciliaria a DARÍO ECHEVERRI. Las primeras indagaciones dejaron al descubierto un hecho insólito en el censo electoral en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja: solo el 8 porciento de los afiliados corresponde a sociedades, es decir que e 92 porciento del censo electoral está conformado por personas naturales.

Lo que se va a tratar de establecer ahora, es si todas esas personas naturales cumplen con las normas vigentes para este tipo de elecciones,a la luz del Código de Comercio, pues se sospecha que muchos de los afiliados no ejercerían la actividad mercantil requerida y, por tanto, no podrían hacer parte de las elecciones que se avecinan.

Otro hallazgo es que más del 50 porcieno de los afiliados son de municipios diferentes a Barrancabermeja, pese a que  más del 70 porciento de los comerciantes inscritos son del puerto petrolero. Así las cosas, de nuevo surgen sospechas de que podría presentarse manipulación de la elección, detrás de la cual, se presume, estaría la mano y el supuesto poder manipulador del alcalde ECHEVERI, algo que al parecer ha venido haciendo en los últimos 20 años.

La Superintendencia también revisará el tema de la elección del Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el entendido de que el actual, PABLO MURILLO, ajusta ya 15 años en este cargo, un contador público de quien se asegura es ficha del acalde ECHEVERRI y uno de sus amigos más cercanos. De hecho, la esposa de este contador fue hasta hace poco secretaria de Hacienda del alcalde.

Lo curioso es que para la elección que se avecina para Revisor Fiscal, el requisito es que el aspirante al cargo debe tener experiencia “en negocios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja”. Es decir que el único que cumple con este ítem, en el país, vendría a ser el mismo PABLO MURILLO.

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La Chiva

Crece el escándalo: Las reuniones secretas del contralor de Medellín con director de Hospital y contratistas

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El escándalo del posible loby que hizo el gerente del Hospital General de Medellín JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE,  para reintegrarse a su cargo después de haber suspendido por la Procuraduría, tomó nuevo ribetes que ahora salpican nada menos que al contralor delegado para asuntos médicos de la capital antioqueña, CARLOS CORREA.

Este portal tuvo acceso a videos y fotografías, en las que se ve a este funcionario de control reunido con el gerente del hospital y varios contratistas, quienes al parecer se encontraron en una reunión “privada” en un conocido hotel de Medellín. Los asistentes a la clandestina cita, fueron grabados en video y fotografiados desde una mesa vecina en la que departían, sin que se percataran. En las imágenes se ve claramente al contralor hablando con el gerente, mientras ambos toman nota en unas libretas, en las que al parecer marcan números y cifras. Al lado de cada uno de los funcionarios se ven dos personas más, quienes según las fuentes consultadas por este portal se trataría de contratistas.

Según abogados consultados, este hecho podría configurar no solo faltas gravísimas disciplinarias, sino también delitos penales, pues el contralor delegado para los temas de salud es quien justamente debe vigilar, supervisar y si es del caso investigar y enjuiciar fiscalmente al gerente del hospital, quien tiene rango de funcionario público y maneja multimillonaria contratación en medicamentos y utencilios de salud. Es decir que el contralor es el juez natural del gerente. De hecho, el contralor ya ha investigado a BUSTAMANTE en anteriores ocasiones, por lo que esta reunión clandestina resultaría sospechosa.

Este portal también conoció que uno de los asistentes a la reunión, es un conocido contratista del área de los medicamentos, y podría tener contratos vigentes con el Hospital. Según las fuentes de “Chivas y Crónicas”, la esposa de este contratista habría recibido un contrato de una de las entidades vigiladas por el contralor “pillado” en el video.

Los videos y fotografías no han sido entregados a los órganos de control, aunque las fuentes de Chivas y Crónicas aseguraron que están a la espera de acompañarlas de las respectivas denuncias disciplinarias y penales que planean elevar. Todo parece indicar que esta reunión capada en video, habría ocurrido justo después de que el gerente BUSTAMANTE fuera restituido en su cargo.

De hecho, además de esta reunión, hay evidencias de que el gerente del hospital habría avalado un loby a través del mismo contralor, con una funcionaria de la Procuraduría en Bogotá, para lograr que fuese devuelto a su cargo, luego de que fuera suspendido por posibles irregularidades en la contratación del hospital. El propio procurador general FERNANDO CARRILLO lo denunció públicamente cuando conoció que el cuestionado funcionario se había vuelto a posesionar.

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