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La Chiva

Médicos cubanos esperan en Bogotá visa de EEUU tras desertar de Venezuela

Redacción

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Fotografía del 16 de abril de 2017, de un grupo de médicos cubanos reunidos en la Plaza de Banderas al sur de Bogotá
El problema de los cubanos se multiplicó el pasado 12 de enero cuando el Gobierno del expresidente estadounidense Barack Obama suspendió el “Cuban Medical Professional Parole” (CMPP o Parole), un programa especial de visas de EE.UU. para personal médico cubano que deserta de las misiones en el exterior.

El programa “Parole” fue creado en 2006 durante el Gobierno del presidente George W. Bush (2001-2009) para asistir a profesionales de la salud cubanos que escapan de misiones internacionales en terceros países y a los que se ofrece acceso “seguro y legal” a EE.UU.

“En este momento aquí (en Bogotá) se encuentran alrededor de 180 médicos cubanos (…) de esos hay 85 esperando la visa (tras una solicitud) que llegó en tiempo, pero dentro de esos 180 hay 25 que no les dio tiempo para aplicar al ‘Parole’”, aseguró a Efe Óscar Alonso, médico que ejerce como vocero del grupo de cubanos.

La suspensión tomó por sorpresa a algunos de ellos, que se enteraron de la decisión de Obama cuando ya habían abandonado la misión médica.

“Es una situación terrible, pues en Cuba somos perseguidos políticos porque desertamos de una misión médica cubana (que también es) política”, agregó Alonso.

Para poder cruzar a Colombia deben recurrir a un “coyote” que les ayuda a pasar ilegalmente la frontera a cambio de unos 650 dólares, una fortuna para muchos de ellos.

Al llegar se dirigen a la embajada de Estados Unidos, donde solicitan el visado y reciben un salvoconducto que les permite estar temporalmente en Colombia, si bien no pueden trabajar.

Relata que en su camino deben sobornar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela que les pide unos papeles que no tienen y, en ocasiones, también a policías colombianos que les paran en su camino a Bogotá.

Allí empiezan otra odisea ya que deben mantenerse sin trabajar.

Además, según detalló Alonso, hay seis cubanos más que no forman parte de las misiones médicas y que se encuentran en Bogotá intentando encontrar ayuda que les permita abandonar Cuba y encaminarse a Estados Unidos.

Una de las cubanas que abandonaron la misión en Venezuela es María del Carmen Torres, una farmacéutica de 44 años, que solicitó a tiempo el visado, pero que fue rechazado y ahora se encuentra pendiente de una respuesta tras haber renovado la solicitud.

Ahora se encuentra en un “limbo legal” que se prolonga desde octubre de 2016, cuando llegó a Bogotá.

Torres señaló que las duras condiciones de vida en el estado de Aragua, en el norte de Venezuela, fue lo que le llevó a querer desertar, en busca de una vida mejor para ella y sus dos hijos que están en Cuba.

“Allí (en Venezuela) no nos tratan bien, a las 6 de la tarde tenías que estar en la casa prácticamente bajo candado y decidí abandonar la misión porque en Cuba lo que te pagaban era una miseria. Quería darle mejor vida a mis dos niños de 19 y 22 años”, aseguró a Efe.

Todos ellos aguardan ahora una respuesta y esperan que Estados Unidos o Colombia les preste su apoyo.

La Chiva

Escándalo: Aparece copia de fallo judicial de caso de corrupción, cinco días antes de la audiencia

Redacción

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La Fiscalía investiga una denuncia según la cual aparecieron, en sobre sellado, las copias de la parte resolutiva de un fallo judicial supuestamente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con un sonado caso en el que están involucrados reconocidos personajes vinculados con escándalos de corrupción en contratación. Lo que resultaría delicado, es que la audiencia en la que se conocería oficialmente la decisión, había sido programada para este jueves seis de diciembre a las tres de la arde, es decir seis días después de que los documentos circularan y llegaran a manos de los abogados y de otros extraños ajenos al caso.

La denuncia fue instaurada por el abogado LIBARDO RODRÍGUEZ LEUDO, precisamente uno de los defensores de uno de los implicados en la investigación, que llegó a instancias del Tribunal en virtud de una apelación al fallo de  primera instancia con el que un juzgado de Bogotá condenó a varios de los encartados, absuelto a otros y prescrita la acción penal en favor de otros.

Textualmente, en su escrito a la Fiscalía pidiendo que se investigue el insólito suceso, el abogado relata que, a él, la copia del supuesto fallo le llegó en sobre cerrado. Este portal conoció que copias similares fueron conocidas por otras personas allegadas al caso:

El denunciante agrega que “Por la circunstancia anterior y dado que la mencionada información no coincide con lo que los sujetos procesales conocemos de la actuación que se adelanta en esa digna corporación; toda vez que la publicidad de la decisión se llevará a cabo mediante audiencia que se encuentra programada para el día 6 de diciembre de 2018, con el respeto acostumbrado se solicita que se adopten las medidas a que hubiere lugar”.

Pesos pesados

Este portal conoció copias del supuesto fallo filtrado, y que hoy está siendo analizado por los investigadores del CTI y sus forenses, contrastando con lo actuado en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal.

Las alarmas se prendieron por la aparición en ese expediente del empresario de origen judío AARON RABINOVICH, conocido como uno de los “zares” de la seguridad electrónica en el país, como quiera que se ha ganado las licitaciones para varios de los más jugosos contratos para brindarle seguridad a entidades públicas, entre ellas las cárceles del país, especialmente los brazaletes para los presos. Recientemente, este personaje fue condenado por la justicia colombiana y tiene en su contra orden de captura. Se cree que está fuera del país, refugiado en Israel.

Los otros vinculados al expediente aparentemente “filtrado”, son DIANA ISABEL NASIF DE RIMA, representante legal de la empresa “”Cipecol” y “Rapiscan”; GUSTAVO ADOLFO DOMÍNGUEZ, intermediario en contratación; MAURICIO PARADA, de quien se sabe hizo parte del proceso de asignación de un contrato con Fonade; y el mismo señor RABINOVICH, representante legal de la firma “Interamericana de  Sistemas y Seguridad S.A”.

El abogado denunciante sospecha, aclarando que no posee pruebas al respecto, que esta filtración podría presumir que en el interior del Tribunal se podría estar traficando con decisiones que aún no se notifican. La Fiscalía investigará de forma pronta esta denuncia, especialmente si durante la audiencia el fallo sale de la misma forma como aparece en las copias que llegaron a manos de los abogados anticipadamente.

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La Chiva

Los celulares del alcalde de Barranca y su esposa, que según Fiscalía fueron usados en actos de corrupción electoral, los paga la Cámara de Comercio

Redacción

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Un nuevo capítulo parece desprenderse del escándalo de corrupción electoral que sacudió a Barrancabermeja, y que tiene en detención domiciliaria y acusado de varios delitos, al alcalde del puerto petrolero DARÍO ECHEVERRI y varios de sus más cercanos colaboradores. Esta vez el “coletazo” alcanzaría a la Cámara de Comercio de la ciudad, entidad que según se asegura en los mentideros políticos, desde hace varios años es manejada y controlada, tras bambalinas, por el burgomaestre detenido.

Según un documento secreto de la Policía Judicial y del CTI, conocido por “Chivas y Crónicas“, la prueba reina de dicho control que ejerce el alcalde ECHEVERI, es que los teléfonos celulares de su uso personal y el de su esposa MARYLUZ NÚÑEZ, también imputada por la Fiscalía por el mismo escándalo de corrupción electoral, en realidad pertenecen a la Cámara de Comercio y al parecer los venían usando desde el año 2007, mucho antes de ser elegido alcalde.

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Como ha sido publicado por medios periodísticos nacionales, la Cámara de Comercio de Barrancabermeja aparece mencionada en repetidas ocasiones en las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía, en las que aparece como pieza clave en el supuesto entramado corrupto montado por ECHEVERRI y sus asesores para evitar la revocatoria de su mandato.

De los alegatos de la Fiscalía en la imputación de cargos a ECHEVERRI y los demás investigados, se puede concluir que de esas mismas líneas telefónicas el burgomaestre hizo y recibió las llamadas de las personas con las que aparentemente se concertó para llevar a cabo el plan criminal que consistió en constreñir a los electores, de varias maneras: evitando que votaran en unos casos, o haciendo que sufragaran en blanco, en otros casos; como también a través de la promesa y/o entrega de prebendas y puestos en cargos oficiales y contratos y, en algunos eventos, con amenazas de despedidos.

En el caso concreto, lo que los investigadores hallaron a la hora de analizar el cruce de cientos de llamadas interceptadas, es que “el precitado abonado celular (el mismo del que hablaba el alcalde ECHEVERRI) se encuentra a nombre de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, con número de identificación NIT: 890201676, desde el 23/02/2007”. De hecho, DARÍO ECHEVERRI y su esposa MARILUZ NUÑEZ fueron funcionarios de la misma Cámara de Comercio desde enero del 2008.

Este portal tiene en su poder los pantallazos del perfil de la cuenta WhatsApp que confirman que el usuario de la línea telefónica es el señor ECHEVERRI, así como una de las facturas del año 2017, del operador CLARO, a nombre de la Cámara de Comercio.

Los contratos del hijo

El tema cobra especial relevancia ahora, cuando se sabe que la misma Cámara de Comercio suscribió más de 30 contratos con los medios de comunicación de Barrancabermeja, contratos otorgados justo para la época de la campaña de la revocatoria del mandato del alcalde ECHEVERRI. Revisado el contenido de los informes periodísticos de esos medios que recibieron los jugosos contratos, queda claro que en su gran mayoría se mostraron en favor de la causa del mandatario, en muchos casos avalando el abstencionismo.

Otro nexo que indicaría el manejo que el alcalde mantiene en la contratación de la Cámara, es el hecho de que su propio hijo, DARIO ECHEVERRI SERRANO, también es uno de los beneficiarios de la repartija de contratos, con carga presupuestal a los convenios que el municipio suscribió con la Cámara de Comercio.

Nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio: se prenden las alarmas

En el año 2016 se denunció la supuesta injerencia del alcalde ECHEVERRI en la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, según documentos que reposan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En su momento, se habló de pérdida de las planillas de votación y, aunque esta entidad de control avaló las elecciones, le pidió a a Fiscalía General que investigue la posible ocurrencia de delitos en dicho proceso de elección. Paradójico, si se tiene en cuenta que avaló, pese a sospechar la comisión de delitos.

Las planillas de votación, en efecto, no aparecieron. La respuesta de la Presidencia de la Cámara fue que una inundación los despareció. Lo curiosos es que las planillas reposaban en un segundo piso de la sede oficial de la entidad, y en esas fechas no se registró una grave inundación por causa del invierno, y menos de una magnitud tal que alcanzara el segundo piso de la edificación.

El censo electoral, dicen la denuncias, pudo haber sido alterado u ocultado para facilitar que a la Cámara llegaran las fichas del alcalde. Si no se cuenta con información respecto a qué personas y/o empresas hacen parte de ese censo  electoral, los nuevos aspirantes a hacer parte de la Junta Directiva, no tendrán chance alguno.

Fiscalía y Superintendencia ponen la lupa en nueva elección

Este seis de diciembre la Cámara de Comercio se apresta a elegir su nueva Junta Directiva, pero esta vez bajo la lupa que la Fiscalía y los organismos de control como la propia Superintendencia de Industria y Comercio han puesto sobre el puerto petrolero, a raíz del escándalo que hoy tiene con detención domiciliaria a DARÍO ECHEVERRI. Las primeras indagaciones dejaron al descubierto un hecho insólito en el censo electoral en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja: solo el 8 porciento de los afiliados corresponde a sociedades, es decir que e 92 porciento del censo electoral está conformado por personas naturales.

Lo que se va a tratar de establecer ahora, es si todas esas personas naturales cumplen con las normas vigentes para este tipo de elecciones,a la luz del Código de Comercio, pues se sospecha que muchos de los afiliados no ejercerían la actividad mercantil requerida y, por tanto, no podrían hacer parte de las elecciones que se avecinan.

Otro hallazgo es que más del 50 porcieno de los afiliados son de municipios diferentes a Barrancabermeja, pese a que  más del 70 porciento de los comerciantes inscritos son del puerto petrolero. Así las cosas, de nuevo surgen sospechas de que podría presentarse manipulación de la elección, detrás de la cual, se presume, estaría la mano y el supuesto poder manipulador del alcalde ECHEVERI, algo que al parecer ha venido haciendo en los últimos 20 años.

La Superintendencia también revisará el tema de la elección del Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en el entendido de que el actual, PABLO MURILLO, ajusta ya 15 años en este cargo, un contador público de quien se asegura es ficha del acalde ECHEVERRI y uno de sus amigos más cercanos. De hecho, la esposa de este contador fue hasta hace poco secretaria de Hacienda del alcalde.

Lo curioso es que para la elección que se avecina para Revisor Fiscal, el requisito es que el aspirante al cargo debe tener experiencia “en negocios de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja”. Es decir que el único que cumple con este ítem, en el país, vendría a ser el mismo PABLO MURILLO.

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La Chiva

Crece el escándalo: Las reuniones secretas del contralor de Medellín con director de Hospital y contratistas

Redacción

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El escándalo del posible loby que hizo el gerente del Hospital General de Medellín JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE,  para reintegrarse a su cargo después de haber suspendido por la Procuraduría, tomó nuevo ribetes que ahora salpican nada menos que al contralor delegado para asuntos médicos de la capital antioqueña, CARLOS CORREA.

Este portal tuvo acceso a videos y fotografías, en las que se ve a este funcionario de control reunido con el gerente del hospital y varios contratistas, quienes al parecer se encontraron en una reunión “privada” en un conocido hotel de Medellín. Los asistentes a la clandestina cita, fueron grabados en video y fotografiados desde una mesa vecina en la que departían, sin que se percataran. En las imágenes se ve claramente al contralor hablando con el gerente, mientras ambos toman nota en unas libretas, en las que al parecer marcan números y cifras. Al lado de cada uno de los funcionarios se ven dos personas más, quienes según las fuentes consultadas por este portal se trataría de contratistas.

Según abogados consultados, este hecho podría configurar no solo faltas gravísimas disciplinarias, sino también delitos penales, pues el contralor delegado para los temas de salud es quien justamente debe vigilar, supervisar y si es del caso investigar y enjuiciar fiscalmente al gerente del hospital, quien tiene rango de funcionario público y maneja multimillonaria contratación en medicamentos y utencilios de salud. Es decir que el contralor es el juez natural del gerente. De hecho, el contralor ya ha investigado a BUSTAMANTE en anteriores ocasiones, por lo que esta reunión clandestina resultaría sospechosa.

Este portal también conoció que uno de los asistentes a la reunión, es un conocido contratista del área de los medicamentos, y podría tener contratos vigentes con el Hospital. Según las fuentes de “Chivas y Crónicas”, la esposa de este contratista habría recibido un contrato de una de las entidades vigiladas por el contralor “pillado” en el video.

Los videos y fotografías no han sido entregados a los órganos de control, aunque las fuentes de Chivas y Crónicas aseguraron que están a la espera de acompañarlas de las respectivas denuncias disciplinarias y penales que planean elevar. Todo parece indicar que esta reunión capada en video, habría ocurrido justo después de que el gerente BUSTAMANTE fuera restituido en su cargo.

De hecho, además de esta reunión, hay evidencias de que el gerente del hospital habría avalado un loby a través del mismo contralor, con una funcionaria de la Procuraduría en Bogotá, para lograr que fuese devuelto a su cargo, luego de que fuera suspendido por posibles irregularidades en la contratación del hospital. El propio procurador general FERNANDO CARRILLO lo denunció públicamente cuando conoció que el cuestionado funcionario se había vuelto a posesionar.

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