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MOCOA: Por primera vez acusan de homicidio a funcionarios, como responsables de una tragedia natural

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La decisión tomada por la Fiscalía General es histórica: por primera vez altos funcionarios públicos deberán responder ante la justicia, por el delito de HOMICIDIO, cuando no tomen decisiones que eviten una tragedia que cause muertes. La determinación tiene que ver con la avalancha que arrasó con el 70 por de MOCOA, causando la muerte de 336 personas y la desaparición de más de 100 habitantes, aunque los sobrevivientes siguen sosteniendo que el número de víctimas es más alto. El ente investigador anunció que imputará cargos a la actual gobernadora del departamento de PUTUMAYO, SORREL AROCA, al alcalde de la capital JOSÉ ANTONIO CASTRO MELÉNDEZ, y al ex alcalde ELVER PORFIDIO CERÓN. Todos serán acusados del delito de HOMICIDIO CULPOSO, es decir que aunque no tuvieron responsabilidad directa en las muertes, su actuar negligente sí influyó en el desenlace fatal.

La decisión judicial  fue anunciada por el fiscal delegado ante la Corte FABIO ESPITIA, quien explicó las razones jurídicas que llevan al ente investigador a tomar esta determinación, que no tiene antecedentes en Colombia, un país con un alto porcentaje de tragedias naturales con resultados fatales. En este caso, desatendieron las alarmas y alertas que habrían evitado que la avalancha causara los efectos catastróficos que el país conoció, ocurridos entre el 31 de marzo y el primero de abril de 2017. En este caso concreto, los tres funcionarios desatendieron su posición de garantes, que los obligaba a actuar diligentemente en la protección de los habitantes de la ciudad, la mayoría de ellas asentadas en zonas de alto riesgo.

“Cuando alguien tiene esa obligación y la cumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y la LEY a actuar se abstiene de hacerlo, y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido”, explicó el fiscal ESPITIA.

En su momento, la gobernadora insistió ante la saciedad que ninguna autoridad había sido negligente, que no se trató de una tragedia anunciada y que ningún funcionario, empezando por ella, tenían porqué responder.

Cambiaron el uso del suelo y aumentaron las invasiones

La investigación dejó en claro que la Gobernación de Putumayo y la alcaldía de Mocoa, no activaron el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, ni un sistema de alertas tempranas, pese a las advertencias científicas que ya habían sido notificadas. Los funcionarios no diseñaron estrategias para prevenir la tragedia, o por lo menos para que sus efectos no fueran los que fueron. La investigación fue más allá:

“En las inspecciones judiciales se constató adicionalmente, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varias de sus afluentes, con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía”, concluye la Fiscalía.

Los ríos mencionados por el fiscal ESPITIA, fueron justamente los que se desbordaron y generaron la avalancha que arrasó 17 barios de la población, en su mayoría barrios de invasión.

Es la primera vez que la justicia colombiana actúa contra altos funcionarios como responsables por omisión en este tipo de tragedias. Ni siquiera por la tragedia del Nevado del Ruiz, que por una avalancha similar arrasó hasta desaparecer la población de ARMERO, TOLIMA. En ese caso, se abrieron investigaciones por el desvío de los recursos y ayudas que llegaron de todo el mundo.

 

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DENUNCIA: Popayán, “inundada” en basuras

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Poco a poco y desde hace más de dos semanas, Popayán se está llenando de basuras por todas partes, por culpa del aparente incumplimiento de la empresa privada encargada de la recolección: Serviaseo. Denuncias de la ciudadanía, líderes políticos y veedores ciudadanos, alertaron sobre la situación, que ya tomó ribetes de CRISIS AMBIENTAL, que comienza a generar problemas de salubridad a los habitantes.

Según las denuncias, SERVIASEO, empresa que se ganó la licitación para operar el servicio, no tiene un plan de contingencia que enfrente este tipo de crisis, ítem que estaba plenamente establecido dentro de los requisitos a los que se sometió a la hora de quedarse con el multimillonario contrato. Como se sabe, en SERVIASEO tienen representación accionaria los hermanos RÍOS, que también en Bogotá tienen fuerte protagonismo empresarial en el mismo campo de las basuras. Uno de sus miembros aparece salpicado en el escándalo de corrupción conocido como el “Cartel de los contratos”, cuyos principales cerebros fueron los NULE.

Alerta amarilla

Al tiempo que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación contra funcionarios públicos que por omisión han sido responsables, la Alcaldía de Popayán declaró la ALERTA AMARILLA, emitiendo una serie de recomendaciones a la ciudadanía que eviten que se genere una crisis de salubridad.

Por su parte la Fiscalía indaga la posibilidad de abrir procesos formales contra los particulares que pudieron  incumplir sus obligaciones contractuales, en el entendido de que manejan dineros públicos, pues la empresa privada que opera el servicio recibe los pagos de la Alcaldía.

El senador caucano LUIS FERNANDO VELASCO también pidió la intervención de los órganos de control, y en una carta pública exigió medidas urgentes y la aplicación de sanciones, si es del caso, contra los posibles responsables de esta crisis, advirtiendo además que puede haber omisión de parte de la superintendencia del ramo, pues ya son varias las quejas contra la misma empresa privada.

Los veedores ciudadanos

Veedores ciudadanos también han estado activos a partir de la crisis, exigiendo la pronta intervención de las autoridades y una respuesta clara e inmediata de la empres SERVIASEO. La líder ambiental VICTORIA GUTIÉRREZ, quien ha estado acompañando a la comunidad luego de desatada la crisis, anunció la posibilidad de acudir a una acción popular que recoja los intereses de la comunidad.

“Estamos acompañando a la comunidad ciudadana de Popayán para instaurar una acción popular, pues Serviaseo no tenía un plan de contingencia efectivo y la comunidad se ve afectada. Los políticos no se aparecen en la ciudad cuando ay crisis, se deben revaluar las condiciones del contrato con esa empresa”, advirtió VICTORIA GUTIÉRREZ.

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IMPUTACIÓN: Fiscalía le cierra el cerco al alcalde Mariquita por nuevo escándalo

Redacción

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La situación jurídica del cuestionado alcalde de Mariquita Tolima, ALEJANDRO GALINDO,  cada día se antoja más complicada, luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por PREVARICATO POR ACCIÓN, por su actuación presuntamente dolosa en la expedición de un decreto contrario a la Ley, con el que pretendió sacar del camino a la empresa URBES, encargada del manejo del acueducto y recolección de basuras del municipio.

Según la resolución judicial con la que la Fiscalía 48 seccional de Honda lo notificó en su despacho oficial, el mandatario deberá comparecer en audiencia pública el próximo 20 de marzo, durante la cual el ente acusador le imputará los cargos por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, esto quiere decir que expidió una norma contraria a la Ley, a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito.

Se trata del Decreto 072 mediante el cual el alcalde de los mariquiteños pretendió atravesarse al contrato firmado con la empresa ESPUMA URBES, una entidad privada cuya actuación también ha sido fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por la forma como opera el recaudo de los dos servicios públicos.

Con la imputación de cargos, el alcalde GALINDO  queda formalmente vinculado al proceso penal, lo que lo convierte en adelante en IMPUTADO, a la espera de que la misma Fiscalía decida si, de acuerdo con las pruebas, lo llama a juicio y lo acusa formalmente del grave delito, lo que lo dejaría a las puertas de una sentencia condenatoria.

Crisis e Ingobernabilidad

Desde el punto de vista político, esta decisión conlleva una situación incómoda para el mandatario de los mariquiteños, pues podría seguir afectando su gobernabilidad, que de por sí está bastante cuestionada por cuenta de otro escándalo que lo trasnocha y no lo ha dejado ejercer su cargo con total tranquilidad: el robo masivo de lotes a cientos de familias de su pueblo, por lo que su esposa, la ex “Gestora” del municipio ÁNGELA GUTIÉRREZ está presa y ya fue acusada y llamada a juicio por vario delitos.

Este portal ha recibido información no confirmada según la cual ALEJANDRO GALINDO confía ciegamente en las gestiones que varios congresistas de la región y algunos de sus jefes políticos estarían realizando en las altas esferas para que los procesos penales no avancen de forma acelerada, hasta tanto termine su gestión como alcalde.

En los pasillos de la alcaldía de Mariquita se rumora con insistencia que GALINDO hace ingentes esfuerzos y contactos políticos para dejar acomodado en la nueva administración a una de sus “fichas”, un funcionario que trabaja a su lado y que pronto lanzaría su nombre como candidato a sucederlo en el cargo.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, tras sus huellas

Esta nueva investigación de tipo penal se convierte en la más avanzada de las tres que la Fiscalía ha iniciado en contra del alcalde GALINDO que, de paso sea dicho, cogió por sorpresa a los mariquiteños, pues en principio pensaron que la Imputación de cargos tenía que ver con el escándalo del masivo robo de lotes a sus propios coterráneos.

En el caso de los lotes, el mandatario mariquiteño tiene tras su espalda tres denuncias más, una de las cuales ya se encuentra en estado avanzado y la que podría próximamente arrojar resultados. Los investigadores ya recogieron suficiente evidencia que lo vincula con la recepción de dineros producto de la cuestionada venta de los predios, así como interceptaciones telefónicas que dejarían en claro que desde un principio supo del riesgo del negocio emprendido por su esposa y del despilfarro del dinero recibido producto del mismo, entregado por los incautos compradores a varias personas del círculo más cercano del mandatario, su esposa, amigos, familiares, asesores y funcionarios. No se descarta que antes de mitad de este año sea citado a audiencia de IMPUTACIÓN DE CARGOS, incluso con solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, pues se trata de delitos relacionados con estafas, falsedades y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría también lo indaga disciplinariamente por los mimos hechos, además de su actuación en el caso de la empresa URBES y por la contratación concedida durante su cuestionada administración. La Contraloría también lo tiene en la mira su gestión en el manejo de los recursos, luego de conocerse denuncias según las cuales subalternos suyos, que manejan entidades del municipio, como por ejemplo el Hospital, le han dado un sospechoso manejo a los contratos, con aparente sobrecostos y favoreciendo a amigos y allegados contratistas.

Recientemente, gran parte de la ciudadanía participó de una manifestación pública durante la cual exgieron su renuncia y lo calificaron de CORRUPTO.

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ESCÁNDALO: Más líos judiciales para la pareja de exfuncionarios PERDOMO-QUINTANA

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El periódico El Espectador publicó este viernes una noticia “bomba” que deja en entredicho a la pareja de altos ex funcionarios de la Fiscalía General JORGE FERNANDO PERDOMO y DANY JULIÁN QUINTANA, según la cual estarían involucrados en un gravísimo caso de corrupción de tráfico y venta de decisiones sobre bienes incautados  a la mafia. Una especie de “Cartel de la Toga”

De hecho, el diario capitalino llamó a este nuevo escándalo como “un cartel”, supuestamente montado para recuperar los bienes que la propia Fiscalía les ha incautado a mafiosos, corruptos, grupos armados ilegales  y bandas del crimen organizado como por ejemplo la “Oficina de Envigado”.

De ese supuesto “cartel” también harían parte dos altos exfuncionarios de la Contraloría regional de Córdoba, un abogado, una fiscal especializada  y la señora ANDREA MALAGÓN, quien fuera hasta hace pocos meses la poderosa jefe de la Unidad de Éxtinción de Dominio de la Fiscalía, dependencia sobre la que ahora se centran las investigaciones.

El Espectador revela una serie de audios según los cuales el eje del escándalo seria ALFREDO JOSÉ MENDOZA FORTICH, secretario general de la Contraloría de Córdoba, así como su hermano CARLOS, quienes supuestamente habrían sido los emisarios que visitaron en la cárcel al excongresista OTTO BULA, capturado por el escándalo Odebrecht, del cual es testigo, y a quien le habrían pedido cuatro mil millones de pesos a cambio de devolverle predios suyos en la Costa, que ya estaban incursos en procesos en la Unidad de Extinción de Dominio a cargo de la MALAGÓN.

“Una denuncia de excongresista OTO BULA, sería la pieza clave para armar el rompecabezas de lo que sería un nuevo cartel de la corrupción en la Justicia, en el que sale mencionado hasta el exvicefiscal general JORGE PERDOMO”, revela el periódico de la capital.

La publicación señala que aunque los hechos y las evidencias datan del año 2018, el caso se activó  la semana pasada, con la captura de ALFREDO JOSSÉ MENDOZA FORTICH y su hermano CARLOS, quienes fueron llevados ante un  juez de garantías en una audiencia que se realizó a puerta cerrada en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. A propósito de la denuncia de OTTO BULA, El periódico agrega:

“Allí relata cómo ALFREDO MENDOZA FORTICH lo buscó, en la cárcel La Picota de Bogotá, para preguntarle si estaba interesado en hacer negocios con él, diciéndole que podía ayudarlo a liberar varios de sus bienes en proceso de extinción de dominio en la Fiscalía. MENDOZA FORTICH le habría comentado a BULA que su hermano CARLOS RAÚL era amigo del exvicefiscal PERDOMO y del exdirector del CTI DANY JULIÁN QUINTANA, quienes según él, hacían el procedimiento para liberar los bienes incautados”

Según El Espectador, por este arreglo, ALFREDO MENDOZA pidió a BULA 6 mil millones, a lo que BULA le habría propuesto que e iba a dar un anticipo de 2 mil millones porque no contaba con todo el dinero. La explosiva noticia de El Espectador explica lo que ocurrió en delante:

“En respuesta, ALFREDO MENDOZA le dijo que debía hablar con PERDOMO y que este ya había hablado con la entonces directora especializada de Extinción de la Fiscalía, ANDREA MALAGÓN, para verificar el estado del proceso.”

También revela el periódico que MENDOZA ingresó varias veces a la Picota a hablar con BULA y negociar el pago, que se acordó en dos tandas por partes iguales, tras lo cual un abogado de BULA se reuniría con la exfiscal MALAGÓN. Y agrega la forma como supuestamente iba a ser repartido el dinero entre los otrora poderosos funcionarios de la Fiscalía:

“MALAGÓN le daría dinero a otra funcionaria de la Dirección de Extinción (una fiscal ya detenida), otra parte iba para PERDOMO y 500 millones para los hermanos MENDOZA FORTICH”.

Como en la mafia

En su denuncia OTTO BULA presentó audios de sus reuniones en la cárcel con MENDOZA, al tiempo que las indagaciones de la Fiscalía ya han establecido que en efecto hubo encuentros entre MENDOZA y PERDOMO, además de grabaciones de llamadas que DANY JULIÁN QUINTANA sostuvo con el mismo intermediario. Ahora, los investigadores tratan de establecer si es cierta la versión del testigo, según la cual el negocio incluyó la forma en que debía ser entregado el dinero que debía llegar a manos del exfiscal general JORGE PERDOMO y de QUINTANA. Un cinematográfico y sofisticado operativo digno de la alta mafia:

“La forma de entrega del dinero era un carro blindado, que debía ser dejado en un parqueadero con las llaves. Allí llegaría un joven entre los 18 y los 20 años llamado SANTIAGO, que supuestamente era de confianza de PERDOMO”.

Varias de ls revelaciones ya fueron corroboradas por los investigadores, con base en el testimonio de BULA, los ingresos a la cárcel y las llamadas, así como con las respuestas que están dando lo capturados hermanos MENDOZA, al tiempo que los encartados salieron a negar las acusaciones asegurando que sus nombres fueron usados de forma inescrupulosa por los intermediarios.

Este portal conoció que en este escándalo también sale a relucir el nombre del exfiscal general EDUARDO MONTEALEGRE, jefe de los otros dos funcionarios durante su administración,(fueron sus escuderos y manos derecha). Al parecer, MONTEALEGRE asistió a una de las reuniones citadas por el testigo. También figura el nombre de un exsuperintendente, ante quien, al parecer, también se ofrecían servicios de loby.

También conoció este portal que estos hallazgos pudieron haber sido el motivo dela intempestiva salida de la jefe de la Unidad de Extinción de Dominio ANDREA MALAGÓN, quien hasta ese momento se ufana públicamente y en privado de ser una de las de mayor confianza y más allegadas al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, y de tener respaldo absoluto de la DEA. El portal de noticias “Los irreverentes” ha asegurado en varias publicaciones que tiene en su poder “serias y graves” pruebas en contra de esta exfuncionaria, relacionadas con actos de corrupción.

La Fiscalía no ha anunciado oficialmente si procederá a investigar formalmente a la pareja de exfuncionarios PERDOMO-QUINTANA, o si les compulsara copias para que sean procesados. Mientras tanto ellos anuncian que se declararán víctimas de una persecución, mientras que respecto de MONTEALEGRE su caso podría ser enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

No es la primera vez que el ex fiscal general PERDOMO aparece salpicado en un escándalo de corrupción relacionado con favores a amigos o simpatizantes. La emisora la W reveló el año pasado que presuntamente sirvió de intermediario ara ayudar s un poderoso político de su natal HUILA.

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