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MOCOA: Por primera vez acusan de homicidio a funcionarios, como responsables de una tragedia natural

Redacción

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La decisión tomada por la Fiscalía General es histórica: por primera vez altos funcionarios públicos deberán responder ante la justicia, por el delito de HOMICIDIO, cuando no tomen decisiones que eviten una tragedia que cause muertes. La determinación tiene que ver con la avalancha que arrasó con el 70 por de MOCOA, causando la muerte de 336 personas y la desaparición de más de 100 habitantes, aunque los sobrevivientes siguen sosteniendo que el número de víctimas es más alto. El ente investigador anunció que imputará cargos a la actual gobernadora del departamento de PUTUMAYO, SORREL AROCA, al alcalde de la capital JOSÉ ANTONIO CASTRO MELÉNDEZ, y al ex alcalde ELVER PORFIDIO CERÓN. Todos serán acusados del delito de HOMICIDIO CULPOSO, es decir que aunque no tuvieron responsabilidad directa en las muertes, su actuar negligente sí influyó en el desenlace fatal.

La decisión judicial  fue anunciada por el fiscal delegado ante la Corte FABIO ESPITIA, quien explicó las razones jurídicas que llevan al ente investigador a tomar esta determinación, que no tiene antecedentes en Colombia, un país con un alto porcentaje de tragedias naturales con resultados fatales. En este caso, desatendieron las alarmas y alertas que habrían evitado que la avalancha causara los efectos catastróficos que el país conoció, ocurridos entre el 31 de marzo y el primero de abril de 2017. En este caso concreto, los tres funcionarios desatendieron su posición de garantes, que los obligaba a actuar diligentemente en la protección de los habitantes de la ciudad, la mayoría de ellas asentadas en zonas de alto riesgo.

“Cuando alguien tiene esa obligación y la cumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y la LEY a actuar se abstiene de hacerlo, y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido”, explicó el fiscal ESPITIA.

En su momento, la gobernadora insistió ante la saciedad que ninguna autoridad había sido negligente, que no se trató de una tragedia anunciada y que ningún funcionario, empezando por ella, tenían porqué responder.

Cambiaron el uso del suelo y aumentaron las invasiones

La investigación dejó en claro que la Gobernación de Putumayo y la alcaldía de Mocoa, no activaron el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, ni un sistema de alertas tempranas, pese a las advertencias científicas que ya habían sido notificadas. Los funcionarios no diseñaron estrategias para prevenir la tragedia, o por lo menos para que sus efectos no fueran los que fueron. La investigación fue más allá:

“En las inspecciones judiciales se constató adicionalmente, que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varias de sus afluentes, con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía”, concluye la Fiscalía.

Los ríos mencionados por el fiscal ESPITIA, fueron justamente los que se desbordaron y generaron la avalancha que arrasó 17 barios de la población, en su mayoría barrios de invasión.

Es la primera vez que la justicia colombiana actúa contra altos funcionarios como responsables por omisión en este tipo de tragedias. Ni siquiera por la tragedia del Nevado del Ruiz, que por una avalancha similar arrasó hasta desaparecer la población de ARMERO, TOLIMA. En ese caso, se abrieron investigaciones por el desvío de los recursos y ayudas que llegaron de todo el mundo.

 

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ATENCIÓN: Corte Suprema vincula a otros dos congresistas al “Cartel de la Toga”

Redacción

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Los representantes a la Cámara  ARGENIS VELÁSQUEZ, de Putumayo y MILTON CÓRDOBA, de Chocó, se convirtieron hoy en los dos últimos congresistas en ser vinculados a la mega investigación penal abierta por el llamado “Cartel de la Toga, al ser citados a VERSIÓN LIBRE por la Sala Penal de la Corte Suprema. Los dos parlamentarios deberán comparecer este lunes 18 de diciembre en compañía de abogados de confianza, para que respondan por cargos en su contra hechos por el ex fiscal LUIS GUSTAVO MORENO.

Este portal conoció que MORENO les dijo a los magistrados investigadores, que los dos representantes contrataron sus servicios cuando litigaba como abogado penalista, para que “les arreglara sus líos” en la Corte Suprema, que en ese entonces los investigaba preliminarmente por delitos contra la Administración pública, por hechos ocurridos cuando los hoy parlamentarios eran alcaldes de municipios de sus departamentos de origen.

Luego de ser alcaldes, los dos mandatarios lograron cada uno un escaño en la Cámara de Representantes, y fue cuando los procesos en su contra por los hechos anteriores a sus curules, fueron abiertos por la Sala Penal, por Celebración Indebida de Contratos. Y es cuando buscan la asesoría jurídiica de LUIS GUSTAVO MORENO, quien ya en es esos tiempos ofrecía sus servicios como supuesto enlace de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde, según vociferaba, tenía contactos “por lo alto” que podían arreglar sus líos penales. Lo cierto es que los procesos de CÓRDOBA y de la señora VELÁSQUEZ, fueron asignados al magistrado GUSTAVO MALO, de quien los testigos aseguran que hacía parte del llamado “Cartel de la Toga”.

LUIS GUSTAVO MORENO, hoy convertido en testigo estrella de la Corte Suprema, le aseguró a los investigadores del proceso del “Cartel de la Toga”, que los dos representantes pudieron haberse beneficiado de las supuestas omisiones del magistrado MALO, por cuya supuesta “flexibilidad” habrían pagado una millonaria suma de dinero.

Por ahora la Corte Suprema le da credibilidad a los dichos de MORENO, quien al parecer soportó sus señalamientos con recibos de pago que le habrían entregado los dos representantes. Por eso los citó a ambos para este lunes 18 de diciembre a diligencia de Versión Libre, la que se constituirá en la última actuación de los magistrados antes de salir a disfrutar de las vacaciones judiciales que terminan en enero.

La representante ya había sido llamada a indagatoria

Este portal pudo conocer que hay extrañeza en los círculos cercanos a los dos representantes ante esta decisión de última hora de la Corte Suprema, por cuanto aseguran que, contrario a otros casos ventilados en este escándalo, sus procesos no estuvieron “engabetados” en el despacho del magistrado. Por el contrario, a la representante ARGEIS VELÁSQUEZ la llamaron a indagatoria por los hechos por los que fue denunciada como alcaldesa de Orito, Putumayo, lo que demostraría que no fue beneficiaria de ningún favor proveniente de las confesadas acciones corruptas de LUIS GUSTAVO MORENO.

Consultado uno de los abogados que acompañará a los representantes a la diligencia judicial, se limitaron a señalar que este es otro de  los casos en los que se demostrará que LUIS GUSTAVO MORENO “les robó la plata a sus clientes”. Aducen que tanto CÓRDOBA como VELÁSQUEZ, le pagaron al ex fiscal MORENO por sus servicios profesionales como abogado defensor, y no como lobysta ni para que llevara dinero al magistrado MALO.

Tras declarar la inocencia de sus prohijados, los abogados agregaron que los dos congresistas acudirán a la Sala Penal este lunes 18, seguros de que probarán su inocencia y entregarán documentos e información que evite que los magistrados decreten apertura formal de la investigación en su contra y sean llamados a indagatoria.

La versión libre de los parlamentarios fue fijada por el delito de COHECHO, el mismo por el que fueron vinculados y ya capturados los otros parlamentarios MUSSA BESAYLE y ÁLVARO ASTHON, hoy presos en La Picota.

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Personería advierte que la UAESP estaría protegiendo a los grandes empresarios del Aseo en Bogotá

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La Personería de Bogotá le pidió a la UAESP que suspenda la multimillonaria licitación para la prestación del servicio de aseo en la capital del país. Según el concepto, entre otras razones, la licitación, tal como está concebida, viola el Derecho al Trabajo de los recicladores, pues el modelo de contenedores proyectado podría impedirles el acceso al material aprovechable.

En un duro pronunciamiento, el órgano de control deja entrever que, tal como está montada la jugosa licitación, se podría estar favoreciendo a los grandes empresarios que aspiran a quedarse con “la torta” de este servicio, calculada en más de 4 billones de pesos, y por la que pujan los más poderosos “cacaos” de este sector. Según el escrito, los recicladores serían los primeros damnificados si el proceso licitatorio sigue su curso como está previsto.

 La petición de la Personería se suma al concepto de la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ANLA, conocido en las últimas horas, según el cual la UAESP necesita contar con una licencia ambiental para contratar el servicio de aseo en ciertas regiones de Bogotá, especialmente las ubicadas en zonas de reserva natural, como por ejemplo el Páramo de Sumapaz. Igualmente, varias tutelas también se le atravesaron a la licitación, que podrían ser falladas en las próximas horas.

Ahora, según la Personería, los damnificados podrían ser los recicladores, cuyos derechos han sido protegidos reiteradamente por fallos de la Corte Constitucional.

“Es preocupante para la Personería, el hecho de trasladar a un particular, la garantía de esos derechos de una población de especial protección, al negar la posibilidad de acceder de manera cierta y segura al material aprovechable, cuando es el mismo operador el más interesado en recolectar mayor cantidad de residuos, pues la rentabilidad de su negocio está directamente relacionada con el volumen de desechos que recolecta y transporta”, advierte el concepto de la Personería.

Grandes empresarios: los más beneficiados?

Pero más allá de la probable afectación que podrían sufrir los recicladores de la capital del país, la Personería hace caer en cuenta que así como están programadas las cosas, serían los grandes empresarios del Aseo los que finalmente saldrían ganando económicamente, por encima de los intereses de quienes se encargan de reciclar los residuos, prestándole un gran servicio a la comunidad. Por eso, en el concepto, el órgano del Ministerio Público advierte lo siguiente:

“En el proceso contractual se evidencia una protección especial al concesionario, en contradicción a los derechos de la población reclicladora, a pesar de que estos dos actores son prestadores del servicio público de aseo… La cláusula segunda del Numeral Cinco del proceso licitatorio, dice que se garantiza la exclusividad al concesionario en la prestación del servicio a su cargo, impidiendo el ingreso de otros prestadores para ejecutar las actividades propias del servicio que presta. No se observa en el documento contractual, ningún amparo similar a favor de los recicladres de oficio”.

A la jugosa licitación aspiran varios de los más reconocidos y poderosos empresarios del aseo del país y de Europa, pues las cifras que manejarían oscilan entre los 4 y los 5 billones de pesos en una operación de ocho años. La licitación está prevista para cerrarse este 15 de diciembre

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En el limbo licitación de 4 billones para el aseo de Bogotá: UAESP debe pedir licencia ambiental

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Un concepto de la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ANLA, dejó en el limbo la multimillonaria licitación que definirá cuáles empresas se encargarán de prestar el servicio de barrido,  recolección y limpieza (RBL) de las basuras de la capital del país, que deberá empezar en el año 2018. El pronunciamiento quedó consignado en respuesta a un Derecho de Petición relacionado con la localidad de SUMAPAZ, jurisdicción del páramo que lleva el mismo nombre. La ANLA advierte que antes de conceder algún tipo de concesión para la prestación de este tipo de servicios públicos, la UAESP debe contar con una licencia ambiental, pues se trata de terrenos de un parque natural. Para lo entendidos, como la localidad de SUMAPAZ hace parte integral de la capital del país, la falta de licencia para esta región vicia toda el proceso licitatorio, sin importar que las demás 19 localidades no requieran del mismo requisito. Lo que está en juego son los 4 billones de pesos que vale a licitación, a la que aspiran los más poderosos empresarios del sector.

La UAESP, que queda en una encrucijada de gran envergadura, respondió extraoficialmente a algunos medios que, por ahora, analizarán la situación con el equipo jurídico de la entidad, pero que en principio consideran que sin esta licencia sí podrían entregar la licitación. Abogados consultados por este portal coinciden en que el requisito es fundamental, y que la falta de éste vicia todo el proceso. De hecho, anunciaron que por vía de  la tutela podría frenarse el trámite.

El concepto

Las tutelas

Simultáneamente se conoció que grupos de ciudadanos preocupados ya acudieron a la figura de la tutela para tratar de frenar la licitación del aseo, en el entendido de que más allá de los temas ambientales, también se puede estar presentando un detrimento a las arcas de la capital. INTI ASPRILLA, por ejemplo, anunció que en las próximas horas un juzgado penal de Bogotá emitirá un primer pronunciamiento, que podría decretar la suspensión provisional del proceso, como medida cautelar.

También se supo que grupos de campesinos que se asesoran para defender sus derechos que consideran vulnerados de alguna manera con la puesta en marcha del contrato, sea quien sea el que lo gane. El tema de  recolección de basuras ha sido uno de los “talones de aquiles” para los mandatarios capitalinos en los últimos años. De hecho, fue este el tema vertebral del fallo de destitución contra el entonces alcalde GUSTAVO PETRO, por parte de la Procuraduría, fallo que finalmente fue anulado por el Consejo de Estado.

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