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La Denuncia

Nepotismo de secretario de Palacio, otra de las “fusiladas” denunciadas por EL EXPEDIENTE

Redacción

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  • En el argot periodístico, la expresión “Fusilar” se usa entre colegas para decir que un medio de comunicación publica las noticias exclusivas de otros como si fueran suyas, o extrae documentos, fotografías o videos sin reconocerles el crédito a los verdaderos autores de tales “chivas”. Esto es lo que ha venido denunciando reiteradamente el portal de noticias EL EXPEDIENTE, con una serie de revelaciones y denuncias de corrupción, que han sido retomadas por otros medios, los llamados “grandes medios de comunicación del país”, sin que al portal lo mencionen como el origen de la información.

El más reciente de estos episodios tiene que ver con las denuncias de EL EXPEDIENTE sobre el posible nepotismo en que habría incurrido el ex director del SENA y actual secretario general del Palacio de Nariño, ALFONSO PRADA, hoy considerado mano derecha del presidente de la República JUAN MANUEL SANTOS. Según el portal, PRADA literalmente “trasteó” con casi todo su personal de confianza con el que laboraba en el SENA, hacia el Palacio de Nariño, al tiempo que dejó nombrados en su anterior puesto a varios familiares de sus colaboradores. Con documentos y fotografías, el director de la publicación virtual GUSTAVO RUGELES, denunció entre otros los siguientes nombramientos:

“El 16 de enero de 2017 la señora ZULMA BEATRIZ CARRILLO, esposa de JUAN PABLO ARENAS, secretario jurídico y hombre de confianza de PRADA, fue contratada para prestar apoyo administrativo, por 71 millones de pesos. El abogado ARENAS es hijo de MARTHA QUIROZ, una persona que asumió la crianza de ALFONSO PRADA cuando se apartó de su familia y desde entonces lo ha acompañado en su ascenso político”.

“El 7 de junio el secretario general del SENA MILTON NÚÑEZ, firmó contrato por valor de 28 millones de pesos a favor de la señora SONIA ALEJANDRS SALGADO DE LA TORRE, cuñada del abogado JUAN PABLO ARENAS… El 20 de enero de 2017 la señora MARÍA FRANCISCA MAYA recibió un contrato en la Dirección General del SENA, por valor de 38 millones de pesos; Maya es la compañera sentimental de PAUL SOLARTE, actual asesor de ALFONSO PRADA en la secretaría general de la Presidencia”.

Y así, sucesivamente, el portal documentó por lo menos otros diez contratos de personas con algún tipo de vínculo familiar con PRADA o sus asesores más cercanos. “El nepotismo de ALFONSO PRADA: diez familiares en la nómina del Sena”, se tituló al reportaje investigativo. De hecho, en su más reciente entrega, reveló que el hermano del abatido jefe de las FARC alias “Alfonso Cano”, el ex concejal de Bogotá ROBERTO SÁENZ, también fue beneficiario de jugosos contratos en el SENA, como coordinador de la estrategia del Postconflicto.

Una de las fotos que acompañan las denuncias de EL EXPEDIENTE, muestra a PRADA ya posesionado en su alto cargo en PALACIO DE NARIÑO, rodeado de quienes son considerados su “anillo de confianza”. Frente a las denuncias, el secretario de la Presidencia ha mostrado silencio, mientras que la persona que lo sucedió en el cargo en el SENA, MARÍA ANDREA NIETO, ya habló en la emisora LA W, confirmando que en efecto detrás del poder en esta entidad, se sigue sintiendo la mano de un poderoso, que al parecer es el mismo PRADA.

No es la primera vez que el portal EL EXPEDIENTE denuncia que sus exclusivas son “fusiladas” sin que los demás medios le concedan el crédito que le corresponde. Hace pocas semanas ocurrió lo mismo con el caso de la congresista del CENTRO DEMOCRÁTICO TATIANA CABELLO, denunciada porque al parecer cobraba dinero a un particular vinculado a ARMANDO BENEDETTI, así como por posibles acosos laborales y cobros de cuotas de sueldo a sus empleados.

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La Denuncia

La nueva EPS no cumple con los fallos de las tutelas afectado la integridad de los adultos mayores y sus familias

irina gastelbondo castro

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Hermelinda Murcia De Ramírez es una esposa que lucha por la salud y el apoyo de la nueva EPS para mejorar la calidad de vida de su marido el señor Manuel Ramírez, según la señora Hermelinda padece ceguera total por glaucoma bilateral y demencia tipo alzhéimer avanzada aeroecleroris y osteoartritis, también afirma que la neuróloga Kelly Carmen Fuentemayor tratante ordenó una enfermera las 24 horas de lunes a lunes, ya que su esposo no se puede valer por sí mismo y necesita de la ayuda de una profesional.

 

La señora Hermelinda con la edad de 90 años no puede lidiar sola con esta responsabilidad obviamente porque es una adulta mayor y bajo su cargo también tiene la responsabilidad de cuidar a su hija mayor de edad que sufre de síndrome de Down e hipotiroidismo, por eso solicita que la EPS le suministre pañales y una enfermera de tiempo completo aunque ellos alegan que no pueden entregarle ese beneficio porque no se encuentra dentro del POS y la falta de ellos no pone en riesgo la vida del paciente, Luego de un tiempo el señor Manuel Ramírez le tuvieron que realizar una operación retirando el ojo por una infección, no basta con todo lo que tiene que pasar y reclamar la esposa de este señor ahora su calidad de vida sigue deteriorándose, a pesar que se entabló una acción de tutela y se le dio 48 horas a la EPS de prestar los servicios al afectado, ellos realizaron una visita domiciliaria al señor Manuel afirman que la familia se puede hacer cargo de él que no necesitan la asistencia de la EPS a pesar de la impugnación del fallo.

Haz click en botón rojo para descargar el fallo de la tutela

Se radicó un incidente desacato para obtener el servicio, pero al parecer a la EPS no le interesa cumplir y la corte en vez de hacer valer la orden, le hizo otro requerimiento a la entidad, que es algo como si fuera un favor que se le está solicitando y no el deber de hacer cumplir la ley.


Haz click en el botón rojo para descargar el incidente del desacato

es muy triste ver estos casos en un país como Colombia donde cada día se muere la gente por la falta de humanidad hacia el ciudadano, no se están solicitando lujos ni mucho menos dinero solo lo básico para que él señor Manuel Ramírez tenga una estabilidad en su salud y su esposa pueda estar pendiente de él y de su hija y tener tranquila que su esposo está en manos de una profesional.

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La Denuncia

El increíble drama de una madre y su lucha contra la Nueva EPS en Ibagué

Omar Andres Rodríguez Reina

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Como ya es costumbre en Colombia, para poder acceder a una atención digna en las EPS es necesario seguir varios pasos tormentosos: Primero, llamar a la entidad correspondiente para solicitar una cita médica, que puede demorar varios meses para ser atendida, dependiendo de la disponibilidad y prioridad que considere la EPS.

Segundo: Después de una larga espera para ser atendidos por el médico en un corto tiempo, previo el lleno de un extenso cuestionario que se debe responder para el historial que debe diligenciar el doctor, se asigna una nueva cita si es necesario, pero esta vez con un especialista. Es en el tercer paso donde se empieza a evidenciar el gran problema que hay en la salud y gracias al cual el afectado comienza a pensar en la posibilidad de ir buscando las herramientas legales, como por ejemplo la tutela, para poder recibir la atención que por Ley, y en sobre el papel, le corresponde.

ADRIANA VILLARREAL es un claro y vivo ejemplo de este drama nacional. Ella es una joven madre que lucha contra el deficiente sistema de salud del país, pues su hija menor DANNA ISABELLA, de cinco años, tiene varios quebrantos de salud, todos delicados: Microcefalia, Disgenesia del Cuerpo Calloso, Epilepsia Sintomática, Síndrome de West, Retardo Global del Desarrollo, Cuadriparesia Espástica y Estrabismo Derecho.

Como si esto fuera poco tiene que lidiar con algunos abusos y desacatos de Ley que, a juicio de Adriana, la NUEVA EPS está incumpliendo. Es tal su angustia, que no vio más remedio que acudir a las redes sociales, para hacer conocer su drama. De inmediato comenzó a recibir total apoyo de los cibernautas, quienes indignados por los terribles hechos le ofrecen todo tipo de ayudas y le indican algunos consejos para que la denuncia no se quede así. ADRIANA dice que “Son pésimos los manejos del Gerente de la Nueva EPS el Señor Wilmar Rodolfo Lozano Parga”, quien además ha recibido quejas de parte de otros pacientes o familiares de los mismos. Ella comenta que son constantes las “humillaciones y burlas a las que la han expuesto”, razón  por la cual hizo llegar a este portal varias copias del fallo de una tutela que presentó y ganó.

En diciembre del año pasado, un fallo de tutela a favor de DANNA ISABELLA VILLARREAL indicó que debían darle en el término de 48 horas, todas las autorizaciones de las citas médicas, terapias, transportes y pañales. Pero asegura que hasta el momento no ha recibido terapias ocupacionales ni de lenguaje y menos los pañales. Lo peor, según reitera, es tener que seguir aguantando el mal trato que ha recibido por parte de la entidad. Las quejas ante la Nueva EPS ya están radicadas ante la Superintendencia de Salud.

La madre de la niña comenta que en segunda instancia la hicieron ir en el mes de febrero con su hija, hasta Ibagué, para cumplir una cita de Oftalmología Pediátrica, ya que así decía la orden y la autorización. Se presentó para la cita, pero cuando iba a ser atendida se dio cuenta que el profesional que atendería a su hija no era Oftalmólogo Pediátrico sino un Oftalmólogo General, lo que a todas luces es incorrecto. Al parecer un error cometido por los funcionarios de la EPS, ya que el servicio solicitado solo lo prestan en Bogotá, nunca en Ibagué. Tamaña equivocación le hizo perder tiempo y dinero. Hace unas semanas le dieron la autorización para los pañales en Ibagué, pero cuando ADRIANA se dirigió a la dirección que le suministraron, le informaron que no tenían los pañales. Inmediatamente fue a la Nueva EPS en la dirección Cr.5 con 30, donde la atendió INGRID JOHANA SOLÓRZANO, funcionaria de la entidad de salud, quien le manifestó que le iba a entregar unos en una farmacia. La misma empleada le había dicho días antes que la llamaba para solucionar unas citas que había perdido por falta del transporte que ellos no ordenaron, le dijo que la estaban llamando de Bogotá, pero según Adriana eso es mentira ya que la funcionaria Ingrid labora en Ibagué.

En días pasados nuevamente la niña DANNA ISABELLA tenía cita en Ibagué para valoración de las terapias, pero nuevamente por errores de la entidad de salud la perdió, esto debido a que la Nueva EPS no ordenó el transporte. Actualmente aún no le han autorizado la cita de fisiatría y en la orden dice prioritaria. Desesperada, la madre de la niña le comentó a este portal que ya lleva más de un año tratando de agendarla, pero cuando se la han autorizado le sale para el San José infantil de Bogotá, donde nunca tiene agenda. Otra autorización que le salió fue para el San Ignacio, pero allí no atienden pacientes enviados de otro hospital. Increíble.

Este portal trató de comunicarse con la Nueva EPS de Ibagué, pero los teléfonos que registran en la página no son contestados, como tampoco permiten la posibilidad de dejar razones.

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La Denuncia

Los graves cuestionamientos al Consorcio que aspira a repartir los alimentos escolares en Cundinamarca

Redacción

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Una red de veedurías anunció que denunciará el que podría ser un nuevo escándalo de corrupción en la contratación de los PAE (Plan de Alimentación Escolar), esta vez en el departamento de Cundinamarca. Documentos que hicieron llegar a este portal, dan cuenta de supuestas maniobras engañosas por parte de una de las empresas que aspira a quedarse con la millonaria torta, que pasa de los 32 mil millones de pesos.

Se trata del consorcio “UNIÓN TEMPORAL PAE CUNDINAMARCA 2018”, que según la denuncia que está siendo presentada ante los órganos de control, habrían presentado contratos de arrendamiento con información que ha generado dudas. Se trata de los arriendos de las bodegas donde, según se exige por parte de la Gobernación, deben permanecer a buen resguardo los alimentos con destino a los escolares del departamento, la mayoría habitantes en regiones rurales de difícil acceso.

Por ejemplo, según los papeles que soportarán la denuncia, en dos certificaciones de arrendamiento de una bodega, aparece registrado el mismo número de cédula, pero con distinto nombre. Una, firmada por el JOSÉ GUILLERMO MUÑOZ ARANGUREN y la otra por JORGE MUÑOZ.

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Otra de las presuntas inconsistencias denunciadas, se presentaría en los documentos que soportan las inspecciones sanitarias a los vehículos que deben transportar los alimentos. Por ejemplo, vehículos que fueron inspeccionados en una fecha, aparecen con el concepto favorable fechado meses anteriores. A juzgar por los documentos aportados, una inspección fue hecha el 10 de diciembre del 2017, mientras que el certificado de  favorabilidad aparece fechado el 22 de noviembre del mismo año.

Llama la atención que aunque tales inspecciones deben ser realizadas por las secretarías de Salud, en el caso concreto de este consorcio cuestionado, las que presentaron ante la gobernación de Cundinamarca fueron hechas en el municipio de SOLEDAD, ATLÁNTICO.

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Las condiciones de los pliegos exigen que una de las cuatro empresas que componen un consorcio, debe tener como mínimo una participación del 50 por ciento, sin importar la participación que las demás socias tengan. En este caso, se documentó que posiblemente esta exigencia no fue cumplida por el consorcio cuestionado, cuya participación es del 45 por ciento.

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Fiscalía con la lupa puesta

Hace seis meses, en un comunicado público, el fiscal general advirtió que a través de estos programas PAE, se podría estar desangrando parte del erario de las gobernaciones, por cuenta de la corrupción. Desde ese momento, las investigaciones penales han recaído sobre los departamentos de Córdoba, Santander, Cesar y la Guajira, donde ya se han establecido maniobras corruptas lideradas por políticos y contratistas.

En este caso, es la primera vez que se conoce de denuncias al respecto relacionadas con el departamento de Cundinamarca. Este portal trató de comunicarse con la secretaria de Educación del Departamento, MARY RUTH HERNÁNDEZ, quien no respondió los llamados.

Esta denuncia se conoce en momentos en que la Secretaría abrió el proceso licitatorio para la adjudicación del  contrato que supera los 32 mil millones de pesos, y que pretende darle alimentación a alumnos de escuelas públicas de más de cien municipios de Cundinamarca y sus veredas, muchos de ellos de difícil acceso.

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