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La Chiva

Otro coronel de la Policía en líos por supuesto acoso sexual, también está en lista de retirados

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En la lista de ocho coroneles que en las últimas horas fueron retirados del servicio activo, figura un tercer oficial que también está en líos por supuesto acoso sexual. Se trata de CÉSAR AUGUSTO MIRANDA, comandante de la Policía en Vichada, quien según un documento conocido por este portal, ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por parte de cuatro uniformadas, subalternas suyas, entre ellas la encargada de Comunicaciones, y la jefe de Protocolo. Dos patrulleras y dos tenientes, cuyos testimonios ya fueron puestos en conocimiento de la Inspección de la institución y de las entidades de control del Estado.

Una de las denuncias indica que una patrullera fue trasladada de la secretaría del comando operativo de seguridad ciudadana, hacia el puesto de protocolo del comando del departamento. Según la supuesta víctima, no se trataría de un traslado “por necesidades del servicio”, si no por “un tema de atributos físicos”, pues presuntamente el alto oficial le manifestaba a su subalterna: “tienes que ser para mí”.

En otro de los casos denunciados, una oficial fue trasladada de su puesto original a la secretaría privada del coronel. “Por no corresponder a sus  intenciones, le generaron reincidentes tratos no dignos, llamados de atención sin  justificación, optando como último recurso el traslado hacia el primer distrito de la Policía. Le manifestaba que no servía para ser oficial de la Policía y muchos menos profesional en sus funciones”.

Otra de las denuncias se refiere a supuestas presiones a una uniformada en estado de embarazo, quien en alguna ocasión, al parecer, sufrió un desmayo delante de su superior y de otros uniformados, tras ser víctima de agresiones verbales. Dice la denuncia que esta presión le produjo contracciones. Al parecer, en cambio de  ayudarla, la expulsó de la oficina.

Todas estas denuncias están siendo analizadas por la Inspección y tras entidades de control, para ser corroboradas o desmentidas, según el caso. Mientras tanto, el coronel fue retirado de la Policía. Aunque el decreto que así lo ordena, no especifica que su salida esté motivada en estas denuncias, todo parece indicar que los altos mandos de la Institución policial, no tolerarán que casos de estos sigan presentándose, con lo cual esperan que estas decisiones drásticas sirvan de escarmientos público y siente precedentes.

Las “farras” del coronel

El documento conocido por este portal, también contiene una serie de fotografías que muestran a varios uniformados en plena celebración, alrededor de una mesa en las que se ven botellas, al parecer de licor. Se trataría de fiestas populares en la región.

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Otras informaciones que están en la denuncia, se refieren al uso supuestamente irregular que el oficial le daba a los vehículos adscritos a su departamento, los que al parecer usaba con fines personales y familiares. La última palabra la tiene los organismos de control, que establecerán si en efecto las denuncias son veraces y no infundadas.

El coronel MIRANDA figura en la lista de ocho altos oficiales retirados del servicio, entre quienes se encuentran los coroneles ÓSCAR EFRAÍN PINZÓN y RICARDO SUÁREZ LAGUNA, comandantes de la Policía en Huila y Quindío, respectivamente. Facsímil del decreto fue publicado en exclusiva por “Chivas y Crónicas”, cuyos reporteros también conocieron que la próxima semana el alto mando de la Institución prepara nuevas medidas de retiro contra oficiales superiores.

La Chiva

Testigos contra supuestos testaferros de las FARC, le mintieron a la Fiscalía?

Juan Carlos Giraldo

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Un juez de la República deberá decidir en los próximos días si los testigos cuyas declaraciones originaron la más grande investigación de testaferrato contra las FARC le mintieron a la Justicia, provocando que la Fiscalía encarcelara a los propietarios de la cadena de supermercados “SUPERCUNDI”, cuyas sedes, allanadas por el CTI en diferentes ciudades del país, ahora están vinculadas a un proceso de Extinción de Dominio.

Los testigos son ETIFER QUIROGA VARGAS, alias “Alcides”, y LUIS ALBERTO GRAJALES, alias “El indio Armando”, quienes se desmovilizaron voluntariamente como guerrilleros rasos del Frente 53 de las FARC, según consta en documentos reservados del CODA (Comité Operativo para la Dejación de Armas) del Ministerio de Defensa.

Sus testimonios fueron en gran parte el sustento probatorio con el que en febrero del 2018 un fiscal especializado pidió que NORBERTO MORA URREA , entre otros, fuera imputado y enviado a prisión bajo cargos de Lavado de Activos, como presunto testaferro de las FARC, organización ilegal que supuestamente lavaba sus dineros sucios a través de los supermercados propiedad del detenido y su clan familiar.

Casi cinco años después de haberse desmovilizado, los dos hombres aseguraron bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía, que mientras hicieron parte del grupo armado ilegal, en varias ocasiones vieron al señor MORA URREA en algunos de los campamentos, y que escucharon cuando supuestamente sus comandantes hablaban de él como una persona muy importante para las FARC.

También afirmaron que  “todos los almacenes que tenía ese señor NORBERTO MORA URREA y la familia, eran de la guerrilla. Él aparece como propietario legal, pero eso era de las FARC. Él también tenía fincas, ganado, casas…”.

Los testimonios que probarían la mentira

Este portal conoció EN EXCLUSIVA los testimonios que los mismos testigos habían manifestado años atrás a las autoridades militares, el día que se desmovilizaron voluntariamente, ante el CODA. Estas declaraciones miden la credibilidad del recién desmovilizado, es el primer requisito para probar su pertenencia a la guerrilla, además de servir a las autoridades militares para identificar estructuras guerrilleras que aún siguen en combate, por lo cual gozan de absoluta veracidad.

En dichas comparecencias, los dos hombres fueron extensamente interrogados sobre la composición del frente al cual pertenecieron, el 53, los alias y nombres ciertos de quienes fueron sus compañeros, el tiempo que permanecieron allí, los testaferros que conocieron, el armamento, las rutas, el manejo de dinero, planes terroristas, etcétera. En el caso concreto, en ningún momento se refirieron a MORA URREA, pese a que entregaron nombres de personas que según creían, eran los testaferros del frente al que pertenecieron, haciendo referencia a propietarios de pequeñas parcelas, tiendas y algunos animales.

Concretamente, ETIFER QUIROGA VARGAS, alias “Alcides”, al ser interrogado sobre bienes y propiedades que pudo conocer de propiedad de las FARC, manifestó no tener conocimiento:

Por su parte el segundo testigo de cargo, LUIS ALBERTO GRAJALES, alias “El Indio Armando”, fue más allá al relatar en detalles los bienes que según él cree que pertenecían a las FARC, luego de aclarar que poco sabía al respecto, en el entendido de que sus funciones en el frente fueron de un perfil relativamente bajo y con poco o ningún acceso a información sensible, que además era compartimentada y solo conocían sus superiores.  Así queda claro en el informe que el RIME radica, con base en las declaraciones del desmovilizado:

“Propiedades de la guerrilla: Según el entrevistado, a pesar de no conocer con exactitud los negocios, aduce que algunas tiendas que funcionan en las veredas Miravalles, La Esmeralda y Puerto Esperanza, del municipio de Castillo, Meta, son de propiedad de los terroristas del Frente 53, que utilizan como fachada para poder entrar grandes cantidades de víveres sin que las autoridades les pongan problema”. 

En otro aparte de su exposición, alias “El Indio Armando” volvió a insistir en que no conoce de bienes o testaferros de las FARC, como quedó consignado en el siguiente documento oficial del Ministerio de Defensa:

Un juez decidirá si los testigos mintieron

Aunque la Fiscalía insiste en que las pruebas que llevaron a las ocupaciones de los supermercados son lo suficientemente sólidas y no se trata únicamente de las declaraciones de los testigos, la defensa de la familia MORA pedirá ante un juez de Garantías que eche para atrás la medida de aseguramiento que tiene en la cárcel al propietario de los negocios, en el entendido de que está plenamente probado que no perteneció a las FARC ni les colaboró y que por el contrario fue víctima de este grupo subversivo, como quiera que estuvo secuestrado por el mismo frente con el que ahora lo vinculan.

Incluso, tienen en su poder las entrevistas de los principales jefes del Frente 53, entre ellos el temible alias “Romaña” y “El loco Iván”, quienes aseguraron bajo juramento que ni siquiera conocen personalmente a MORA URREA y que por el contrario estuvo secuestrado bajo sus órdenes, por lo que al parecer recibieron sendos pagos por su liberación.

También cuenta con reportes de Inteligencia Militar que indican que para la época en que los testigos afirman haber visto al acusado en los campamentos, los dos guerrilleros se encontraban en lugares diferentes, incluso uno de ellos recibiendo clases en un centro educativo al sur de Bogotá.

La defensa también pretende probar que algunas fechas mencionadas por los declarantes de cargo no concuerdan con la realidad, incluso que un jefe guerrillero que mencionan ya estaba muerto para la época en que lo ubican como testigo presencial. De hecho, un general activo del Ejército ya declaró y certificó que sobre el acusado MORA no se tienen reportes de haber sido miembro de las FARC ni colaborador suyo.

En gran parte de sus dichos ante la Fiscalía, los testigos refieren el nombre de alias “El Mono Jojoy” como el comandante que les presentó a MORA como el testaferro del Bloque Oriental, lo que, según afirman, ocurrió durante un acto público en que el abatido líder de las FARC lo notificó a grito entero.

Al ser consultado sobre las declaraciones hasta ahora desconocidas por la Fiscalía que los testigos rindieron ante el CODA, la defensa del señor MORA afirmó desconocerlas, aunque no descartó pedirlas oficialmente para que hagan parte del acervo probatorio que busca demostrar la supuesta inocencia de sus clientes.

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La Chiva

Escándalo del POT Cundinamarca: Fiscalía abre investigación contra el gobernador REY

Redacción

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Un fiscal delegado ante la Corte abrió investigación contra el actual gobernador de Cundinamarca JORGE EMILIO REY, en respuesta a las denuncias de posibles actos de corrupción en la implementación del POT, cuando el mandatario era alcalde del municipio de Funza. Concretamente, el proceso tiene que ver con el impuesto multimillonario conocido como: Plusvalía.

Este portal conoció que el fiscal que asumió el caso, ya echó andar las diligencias preliminares, entre ellas el plan metodológico, que incluye la recepción de pruebas testimoniales y documentales, como por ejemplo las ampliaciones de las denuncias ya formuladas, las noticias emitidas por diferentes medios de comunicación y columnistas como DANIEL CORONEL, así como las revelaciones del senador CARLOS FERNANDO GALÁN.

Precisamente, en entrevista con un programa periodístico del Canal Capital, el senador reveló que él ya fue notificado de la decisión de apertura de investigación contra el gobernador REY, y reiteró las denuncias que ha venido formulando por el tema del POT y el cobro de la Plusvalía.

Una de las primeras diligencias será escuchar las declaraciones de testigos, que en este caso serían varios de los propietarios de predios de la zona, que se declararon víctimas del millonario cobro, por considerarlo irregular,  ilegal y desproporcionado.

Puntualmente, la investigación tratará de establecer si es cierto que se hicieron “cobros por debajo de la mesa” a varios de los propietarios, pues algunos de ellos se han declarado sorprendidos de que el municipio tasara un cobro inicial en 526 mil millones de pesos, y luego, con el paso de  las semanas, lo bajara a tan solo 36 mil millones, es decir menos del diez por ciento del monto inicial.

El senador GALÁN aseguró que tiene información según la cual semejante rebaja pudo obedecer a que presuntamente se pactaron pagos clandestinos con los latifundistas, de tal forma que el dinero entrara a las arcas de funcionarios corruptos y no a las del municipio.

Este portal ha documentado otros casos de posible corrupción en el cobro de este impuesto, denunciados por representantes de los afectados, quienes de hecho ya están reclamando la devolución de los dineros y alistan demandas contra el municipio.

Por el POT, REY y sus asesores también en la mira de la Fiscalía

La Fiscalía también abrió investigación por las denuncias de irregularidades en la implementación del POT de por lo menos ocho municipios de Cundinamarca, entre ellos el propio Funza y especialmente Mosquera, dentro de un mega proceso rotulado como el del “Volteo de tierras”, que consiste en cambiar el uso del suelo, de rural a urbano, para incrementar exponencialmente el valor de los predios.

Por este caso ya  fue capturado el ex alcalde de Mosquera ÁLVARO RINCÓN, quien fue cobijado con medida de aseguramiento, en una investigación en la que están involucradas otras cinco personas. Otro personaje salpicado en este escándalo es NICOLÁS GARCÍA BUSTOS, quien estuvo en la misma alcaldía en calidad de alcalde encargado, y como tal fue quien firmó el ajuste del POT en el municipio.

De la alcaldía de Mosquera, GARCÍA BUSTOS pasó a la gobernación de Cundinamarca, llevado de la mano del gobernador JORGE EMILIO REY, quien lo nombró como jefe de su gabinete. Actualmente es uno de los asesores de cabecera  del candidato presidencial GERMÁN VARGAS LLERAS, quien lo encargó de su campaña en el departamento de Cundinamarca.

También aparece salpicado el actual gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, JORGE MACHUCA, ya investigado por la Fiscalía en el mismo caso en el que está involucrado el gobernador REY, a quien precisamente reemplazó en la alcaldía de ese municipio. Se le cuestiona por haber otorgado licencias a firmas privadas, al parecer de forma irregular. La jefe de Planeación de la alcaldía de entonces, era MILENA OROZCO, esposa del detenido ex alcalde de Madrid, GIOVANY VILLARRAGA, quien igualmente fue cobijado con medida de aseguramiento por el escándalo del “Volteo de tierras”.

¿El gobernador, a interrogatorio?

La Fiscalía ya estableció que en algunos predios, en los municipios que están siendo monitoreados por los investigadores, con el mismos número de licencia, figuran matriculados varios proyectos. Los delitos podrían ser el de Fraude procesal, Falsedad en documento, Enriquecimiento Ilícito y Concierto para Delinquir.

La Fiscalía analiza si en los próximos días llamará a interrogatorio al gobernador REY, quien a través de varios medios de comunicación ha expresado que está dispuesto a comparecer ante la Justicia, aunque ha negado que esté siendo investigado. Este portal tiene en su poder el oficio mediante el cual fue notificado.

En diálogo con “Chivas y Crónicas”, el senador denunciante de estos hechos, CARLOS FERNANDO GALÁN, le pidió al fiscal general celeridad en estas investigaciones, en la medida en que al parecer los posibles delitos cometidos siguen perjudicando a miles de personas, empresarios y propietarios de predios.

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La Chiva

Escándalo de Lotes: Así fue reseñada Primera Dama de Mariquita, en la cárcel Picaleña

Redacción

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“Chivas y Crónicas” obtuvo en EXCLUSIVA las imágenes de la reseña que el INPEC le hizo a quien fuera la Primera dama de Mariquita, ROSA ÁNGELA GUTIÉRREZ FAIRFOOT, al momento de su ingreso a la Cárcel Picaleña de Ibagué, a donde fue enviada por orden de un juez de Garantías y a petición de la Fiscalía, tras establecer su responsabilidad en el desfalco a miles de personas que le entregaron algo más de cinco mil millones de pesos, en un fracasado negocio de venta de lotes.

Hasta este lunes 16 de abril, la señora GUTIÉRREZ  permaneció confinada en los calabozos del CTI de l búnker de la Fiscalía de Ibagué, donde fue recluida mientras se liberaba un cupo en la Cárcel Picaleña. Ante la insistencia de  la Fiscalía, el INPEC otorgó una celda para que la procesada permanezca allí mientras se adelanta el juicio en su contra, y en caso de que resulte condenada.

La esposa del alcalde fue rotulada bajo el número TD 639302454, que es la reseña oficial del INPEC, la misma que se le practica a cualquier preso que sea remitido por las autoridades judiciales, en este caso una indiciada ya   formalmente acusada por la Fiscalía.

Fuentes consultadas por este portal y que estuvieron presentes en el momento en que la señora GUTIÉRREZ fue confinada en el centro de reclusión, contaron que la notaron visiblemente conmovida, con el rostro pálido y en estad de ánimo decaído. Y no es para menos, pues en los calabozos de la Fiscalía contaba con algunos privilegios propios de un lugar que se considera de tránsito. A partir de ahora deberá someterse al duro régimen carcelario, que limita sus visitas y el acceso de abogados y familiares.

A la espera de más decisiones

Este portal también conoció que la fiscal que lidera la investigación se apresta a tomar nuevas decisiones, en el  entendido de que uno de los delitos imputados a la señora GUTIÉRREZ es el de CONCIERTO PARA DELINQUIR, lo que sugiere que más personas se asociaron con ella para cometer los tres delitos que ya fueron imputados.

Grabaciones en poder de los investigadores, por ejemplo, dan cuenta de contactos que la señora GUTIÉRREZ sostuvo con contadores del municipio, con quienes, al parecer, planeó la forma de esconder evidencias y pruebas,  incluso quemándolas, para evadir la acción de la Justicia.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que hay una lista de por lo menos diez personas en el radar de las investigaciones, la mayoría de ellas quienes hicieron parte del entorno social de la capturada, así como ex colaboradores del despacho del alcalde GALINDO y otros personajes que sirvieron para revender lotes y enriquecerse de forma ilícita.

Los abogados de las víctimas le han insistido a la Procuraduría y a la misma Fiscalía, que se pronuncie de forma inmediata sobre la actuación del propio alcalde ALEJANDRO GALINDO, de quien se asegura que estuvo al tanto de todos los movimientos ilegales que hizo su esposa para hacerse a las millonarias partidas que le entregaron los incautos compradores, hoy victimas de la masiva estafa. De hecho, varias consignaciones de dinero aparecen a nombre y en la cuenta bancaria del propio alcalde ALEJANDRO GALINDO.

Hasta el momento, la señora GUTIÉRREZ no ha aceptado las ofertas de la Fiscalía para que se acoja a los beneficios de Ley, que le permitiría acceder a rebajas de pena y a otros beneficios jurídicos, a cambio de que entregue información o delate a quienes al parecer fueron sus compinches y aliados en esta supuesta empresa criminal que afectó a docenas de familias, la mayoría de origen humilde y gente venida de veredas cercanas y del campo.

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