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Sobornos ODEBRECHT: Procuraduría revive caso de contra contralor GRANADOS y le abre investigación formal

Redacción

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JUAN CARLOS GRANADOS sigue siendo contralor de Bogotá, pese a que la Fiscalía ya lo procesa penalmente por los señalamientos que lo vinculan con la repartija de dólares de ODEBRECHT en Colombia. El sonado caso había pasado temporalmente al olvido, luego de que el ente investigador anunciara las primeras decisiones en su contra. Pero ahora, la Procuraduría también encontró méritos suficientes para procesarlo disciplinariamente, pero no por su actuación como contralor de Bogotá, sino por sus presuntas actuaciones ilegales cuando fue gobernador y, según un comunicado de Prensa oficial, habría favorecido los intereses de la multinacional brasileña. GRANADOS fue señalado de recibir una multimillonaria “coima”, de manos de uno de los direcvtivos de ODEBRECHT que lo visitó en su apartamento del norte de Bogotá.

Según el anuncio oficial, el entonces mandatario habría favorecido a los brasileños en proyectos viales, tales como la vía Duitama-San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre. Como gobernador, GRANADOS hacía parte determinante, como presidente, de la junta directiva de la CAR Cundinamarca. La Procuraduría fundamenta sus sospechas en que, desde su cargo,  el actual contralor de los bogotanos pudo haber influido en las decisiones que favorecieron a terceros, llámese ODEBRECHT o empresas filiales suyas.

La decisión del Ministerio Público también cobija al exsecretario de Infraestructura de la gobernación de Boyacá, BERNARDO UMBARILA, y al exdirector de la CAR Cundinamarca, ALFRED IGNACIO BALLESTEROS. El primero de ellos por los contratos otorgados por el departamento y para verificar posibles reuniones que habría sostenido con personas allegadas a las empresas que se vieron favorecidas con los contratos. El segundo, por las decisiones que avaló respecto a la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales.

Lupa a los contratos al “Cartel de la Toga” y periodistas

El contralor GRANADOS también afronta otros líos legales por cuenta de sus actuaciones y su supuesta cercanía con las cabezas visibles de Odebrecht. Además del señalamiento que en su contra hizo un testigo, según el cual recibió una millonaria suma en un maletín, la posible repartija de contratos que hizo desde su actual cargo como “guardián” de la finanzas de los bogotanos, igualmente lo tiene en aprietos. La Procuraduría ya había anunciado la apertura de un primera investigación disciplinaria en su contra por este hecho, pues al parecer vinculó a dedo y en una posible nómina paralela, a docenas de personajes de dudosa idoneidad con los cargos, presuntamente llevado por amiguismos y favores a magistrados cuestionados y detenidos por el llamado “Cartel de la Toga”.

Uno de ellos, el magistrado LEONIDAS BUSTOS, fue uno de sus asesores, a través de un extraño contrato cuyo objeto era el de revisar la aplicación de una vieja norma. Familiares de otros magistrados involucrados en este escándalo también fueron beneficiarios de los contratos. Hijas, hermanos y esposas de los togados pasaron por allí a firmar los contratos y a reclamar los cheques producto de ellos. También figuran periodistas, algunos de ellos con hasta tres contratos en la misma vigencia, para desarrollar labores “de acercamiento” con jefes de medios de comunicación, pese a la amplia oficina de Prensa con que cuenta la Contraloría.

La contratación de la CAR Cundinamarca también está en el radar de las investigaciones, pues a través de ella se vieron beneficiados otros reconocidos comunicadores radiales y de la televisión, que firmaron como “expertos” en áreas que nada tienen que ver con su profesión y menos con los propósitos de la entidad. La CAR Cundinamarca ha sido considerada una de las “joyas de la corona” de la clase política del departamento, por su enorme presupuesto y capacidad de contratar, y como quiera que es el trampolín desde el cual se lanzan candidaturas a la gobernación y a las corporaciones.

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Más recursos para Salud y Educación en el Valle del Cauca

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La gobernadora del valle DILIAN FRANCISCA TORO entregó otros 300 millones de pesos al hospital “Luis Ablanque” de la Plata, que garantizarán el buen funcionamiento de este centro hospitalario, que este año ya ha recibido cerca de 2 mil millones en recursos.

“Nosotros venimos apoyando al Hospital desde que llegamos. Ya habíamos dado $1.500 millones al inicio de este año para pago de personal; dimos dotación para las salas de cirugía y ahora estamos apoyando con $300 millones para paga el recurso humano”, explicó la mandataria tras hacer la entrega del cheque al director de centro hospitalario.

También para la Educación

La gobernadora también hizo entrega de 15o tablets con contenido digital para el fortalecimiento de la cátedra de emprendimiento, con destino a instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento, lo que facilitará el acceso de los estudiantes a nuevos conocimientos a través de las distintas plataformas.

La gobernadora también impulsa la Escuela Taller de Buenaventura, donde un grupo de mujeres fabrica 35 mil camisas para los niños de los colegios públicos de la ciudad. Son 70 mujeres las que se dedican a confeccionar la ropa para los estudiantes de las instituciones educativas públicas del departamento y del puerto.

“Estamos buscando que las mujeres sean autónomas financieramente, porque de esta manera se hacen respetar y no se dejan de nadie. Espero que este año que viene sea de consolidación de todas ustedes porque seguiremos brindándoles todo el apoyo que sea necesario”, les expresó la gobernadora a las mujeres en su visita a la Casa Taller.

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LEONARDO ESPINOSA, el Adhoc de MARTÍNEZ

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La Corte Suprema de Justicia cumplió y antes de irse de vacaciones resolvió sin mayor discusión el embrollo del fiscal Adhoc que reemplazará a NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ en varias investigaciones relacionadas con los sobornos de Odebrecht. Se trata del decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, LEONARDO ESPINOSA, el primero de los ternados por el presidente DUQUE. Fue elegido con 17 votos.

De paso, los togados de la Corte en pleno desestimaron los otros dos nombres, el de la actual secretaria jurídica de Palacio CLARA MARÍA GONZÁLEZ y el del exmagistrado GILBERTO OROZCO. Respecto a la señora GONZÁLEZ, los magistrados consideraron que podría estar inhabilitada, por cuanto reina la jurisprudencia según la cual una funcionaria de alto rango no puede al mismo tiempo ocupar un cargo de elevado perfil como el de un fiscal general, así sea Ad hoc. Sobre el abogado OROZCO, la corporación no valoró lo suficiente su perfil, pese a la brillante hoja de vida que presentó a su consideración, que incluye, entre otros cargos, su vinculación de más de 30 años con la Rama Judicial y en la magistratura.

 

17 magistrados votaron en favor de Espinosa

Lo que sí deja en claro la Corte con esta elección, es que no se requiere de un penalista para ejercer el cargo de fiscal general, pese a que se trata de un funcionario que lidera la política criminal del Estado y, además, personalmente debe desarrollar tareas exclusivamente de carácter penal y criminológico. En ese caso, los magistrados consideraron que el fiscal Adhoc tendrá como soporte investigativo y a su disposición, fiscales especializados que actualmente trabajan bajo la batuta de NÉSTOR HUMERTO MARTÍNEZ, varios de ellos en el mismo caso Odebrecht.

El fiscal Adhoc LEONARDO ESPINOSA es un profesor universitario de 65 años de edad, abogado y politólogo, y se desempeña como decano de Derecho la Universidad “Sergio Arboleda” desde hace 30 años, donde comenzó como docente. Se sabe que es amigo personal del presidente IVÁN DUQUE, de quien fue su profesor en la misma academia.

Los casos

Son por lo menos tres los casos sensibles que en principio llegarán a conocimiento del fiscal Adhoc, especialmente el que vincula a las exministras de Estado GINA PARODY y CECILIA ÁLVAREZ, de quienes se señala en la investigación que se beneficiaron de las obras que adelantó ODEBRECHT, al valorizar un predio de sus familias. Las dos exfuncionarias ya fueron vinculadas al proceso formalmente.

Los otros temas que debería conocer el fiscal Adhoc, están relacionados con la muerte de dos testigos que habían anticipado revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht, revelaciones que comprometen seriamente al propio fiscal NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ. También deberá pasar por su despacho el tema de las asesorías que brindó MARTÍNEZ al Grupo Aval, mientras este grupo económico fue socio de la multinacional brasileña.

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Investigación: Familiares de directivas de Fiduprevisora y Findeter desmienten enriquecimiento ilícito y alistan documentos para probar que sus bienes fueron adquiridos legalmente

Redacción

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Tras la revelación de la existencia de una investigación preliminar de la Fiscalía para establecer o descartar un posible enriquecimiento ilícito por parte de familiares de directivos y ex directivos de Findeter y Fiduprevisora, voceros y allegados a ese núcleo familiar desmintieron de tajo que 29 bienes inmuebles en la mira de los investigadores hayan sido adquiridos con dineros de oscura procedencia o provenientes de actos de corrupción.

Como fue divulgado por este portal y otros medios de comunicación del país, los bienes de siete personas, entre hijas y hermanas de SANDRA GÓMEZ (actual jefe de Findeter) y DIANA PORRAS (vicepresidente jurídica de la Fiduprevisora)  aparecen en un informe que investigadores de Policía Judicial le entregaron a un fiscal Especializado, que en este momento analiza para establecer si con su adquisición, los propietarios incrementaron injustificadamente su patrimonio, lo que podría configurar un Enriquecimiento Ilícito.

Aunque las dos funcionarias prefirieron no pronunciarse respecto a la noticia, voceros y allegados a ellas con los que este portal tuvo contacto, explicaron que los inmuebles investigados hacen parte de un patrimonio que históricamente las dos familias han adquirido, como quiera que se trata de personas prestantes, empresarios que con el paso de los años han venido adquiriendo estos apartamentos y lotes.

Por ejemplo, explicaron, el esposo de DIANA ALEJANDRA PORRAS es uno de los dueños de una poderosa empresa de trasporte de carga con varias décadas de tradición. Uno de los inmuebles investigados, un apartamento en Medellín, fue comprado hace más de catorce años y luego vendido. Un lote en Girardot, fue adquirido en el año 2004.

“Es lógico y normal que los padres adquieran bienes inmuebles y los pongan a nombre de sus hijos, pues es una forma de asegurarles el futuro, no es una forma de esconderlos. Se trata de propiedades históricas, y eso está perfectamente documentado y será entregado a la Fiscalía cuando sea necesario”, explicó un de los voceros de la familia que prefirió no identificarse.

Respecto a la relación de SANDRA GÓMEZ con DIANA ALEJANDRA PORRAS, la misma persona consultada explicó que se trata de un amistad de hace varios años, que nació incluso desde antes de que alguna de las dos llegara a ocupar cargos de relevancia en el Estado. Amistad que no esconden y que incluso hacen púbica a través de sus redes, en las que se declaran amigas incondicionales.

Venganza?

El mismo vocero dijo que no descarta que las denuncias contra las dos familias sean producto de un plan de venganza orquestado por contratistas afectados por decisiones que las dos funcionarias han tomado desde sus cargos, en los cuales deben estar alertas a las licitaciones que abren esas dependencias.

De hecho, sospechan que detrás de anónimos y denuncias ante los medios de comunicación y los entes de control estarían contratistas que recientemente fueron descalificados en un proceso licitatorio en Medellín, en el que se probó que no cumplieron con los requerimientos. De igual manera no descartan que se trate de enemigos del ministro CARRASQUILLA, que quieran hacerle daño a través de estas dos funcionarias.

Allegados a la familia GÓMEZ también desmintieron rumores según los cuales SANDRA no ha sido ratificada en su cargo como directora de FINDETER, entidad a la que llegó recientemente, luego de su paso como jefa de LA FIDUPREVISORA, donde según los voceros sobresalió por atacar focos de corrupción y denunciar posibles actos indebidos en contratación.

La investigación sigue

Este portal confirmó que el caso en la Fiscalía sigue su curso normal y que el fiscal que lo lidera aún no ha tomado decisiones de fondo, como por ejemplo el de citar o no a audiencia de imputación de cargos, pues está a la espera de los resultados de otras tareas que encomendó a los investigadores de Policía Judicial.

Es posible que dentro del plan metodológico de esta investigación, sean llamados a entrevista los familiares de la dos funcionarias, incluso ellas mismas, para que tengan la oportunidad de entregar pruebas antes de que se tome una decisión en alguno de los sentidos posibles, es decir citarlas a interrogatorio o, dependiendo del acervo probatorio, convocarlas a audiencia de Imputación de Cargos. .

“Ellos están dispuestos a presentarse cuando el fiscal lo determine, están tranquilas y con las pruebas en la mano”, agregó el vocero de la familia.

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