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La Chiva

Testigos contra supuestos testaferros de las FARC, le mintieron a la Fiscalía?

Redacción

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Un juez de la República deberá decidir en los próximos días si los testigos cuyas declaraciones originaron la más grande investigación de testaferrato contra las FARC le mintieron a la Justicia, provocando que la Fiscalía encarcelara a los propietarios de la cadena de supermercados «SUPERCUNDI», cuyas sedes, allanadas por el CTI en diferentes ciudades del país, ahora están vinculadas a un proceso de Extinción de Dominio.

Los testigos son ETIFER QUIROGA VARGAS, alias «Alcides», y LUIS ALBERTO GRAJALES, alias «El indio Armando», quienes se desmovilizaron voluntariamente como guerrilleros rasos del Frente 53 de las FARC, según consta en documentos reservados del CODA (Comité Operativo para la Dejación de Armas) del Ministerio de Defensa.

Sus testimonios fueron en gran parte el sustento probatorio con el que en febrero del 2018 un fiscal especializado pidió que NORBERTO MORA URREA , entre otros, fuera imputado y enviado a prisión bajo cargos de Lavado de Activos, como presunto testaferro de las FARC, organización ilegal que supuestamente lavaba sus dineros sucios a través de los supermercados propiedad del detenido y su clan familiar.

Casi cinco años después de haberse desmovilizado, los dos hombres aseguraron bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía, que mientras hicieron parte del grupo armado ilegal, en varias ocasiones vieron al señor MORA URREA en algunos de los campamentos, y que escucharon cuando supuestamente sus comandantes hablaban de él como una persona muy importante para las FARC.

También afirmaron que  «todos los almacenes que tenía ese señor NORBERTO MORA URREA y la familia, eran de la guerrilla. Él aparece como propietario legal, pero eso era de las FARC. Él también tenía fincas, ganado, casas…».

Los testimonios que probarían la mentira

Este portal conoció EN EXCLUSIVA los testimonios que los mismos testigos habían manifestado años atrás a las autoridades militares, el día que se desmovilizaron voluntariamente, ante el CODA. Estas declaraciones miden la credibilidad del recién desmovilizado, es el primer requisito para probar su pertenencia a la guerrilla, además de servir a las autoridades militares para identificar estructuras guerrilleras que aún siguen en combate, por lo cual gozan de absoluta veracidad.

En dichas comparecencias, los dos hombres fueron extensamente interrogados sobre la composición del frente al cual pertenecieron, el 53, los alias y nombres ciertos de quienes fueron sus compañeros, el tiempo que permanecieron allí, los testaferros que conocieron, el armamento, las rutas, el manejo de dinero, planes terroristas, etcétera. En el caso concreto, en ningún momento se refirieron a MORA URREA, pese a que entregaron nombres de personas que según creían, eran los testaferros del frente al que pertenecieron, haciendo referencia a propietarios de pequeñas parcelas, tiendas y algunos animales.

Concretamente, ETIFER QUIROGA VARGAS, alias «Alcides», al ser interrogado sobre bienes y propiedades que pudo conocer de propiedad de las FARC, manifestó no tener conocimiento:

Por su parte el segundo testigo de cargo, LUIS ALBERTO GRAJALES, alias «El Indio Armando», fue más allá al relatar en detalles los bienes que según él cree que pertenecían a las FARC, luego de aclarar que poco sabía al respecto, en el entendido de que sus funciones en el frente fueron de un perfil relativamente bajo y con poco o ningún acceso a información sensible, que además era compartimentada y solo conocían sus superiores.  Así queda claro en el informe que el RIME radica, con base en las declaraciones del desmovilizado:

«Propiedades de la guerrilla: Según el entrevistado, a pesar de no conocer con exactitud los negocios, aduce que algunas tiendas que funcionan en las veredas Miravalles, La Esmeralda y Puerto Esperanza, del municipio de Castillo, Meta, son de propiedad de los terroristas del Frente 53, que utilizan como fachada para poder entrar grandes cantidades de víveres sin que las autoridades les pongan problema». 

En otro aparte de su exposición, alias «El Indio Armando» volvió a insistir en que no conoce de bienes o testaferros de las FARC, como quedó consignado en el siguiente documento oficial del Ministerio de Defensa:

Un juez decidirá si los testigos mintieron

Aunque la Fiscalía insiste en que las pruebas que llevaron a las ocupaciones de los supermercados son lo suficientemente sólidas y no se trata únicamente de las declaraciones de los testigos, la defensa de la familia MORA pedirá ante un juez de Garantías que eche para atrás la medida de aseguramiento que tiene en la cárcel al propietario de los negocios, en el entendido de que está plenamente probado que no perteneció a las FARC ni les colaboró y que por el contrario fue víctima de este grupo subversivo, como quiera que estuvo secuestrado por el mismo frente con el que ahora lo vinculan.

Incluso, tienen en su poder las entrevistas de los principales jefes del Frente 53, entre ellos el temible alias «Romaña» y «El loco Iván», quienes aseguraron bajo juramento que ni siquiera conocen personalmente a MORA URREA y que por el contrario estuvo secuestrado bajo sus órdenes, por lo que al parecer recibieron sendos pagos por su liberación.

También cuenta con reportes de Inteligencia Militar que indican que para la época en que los testigos afirman haber visto al acusado en los campamentos, los dos guerrilleros se encontraban en lugares diferentes, incluso uno de ellos recibiendo clases en un centro educativo al sur de Bogotá.

La defensa también pretende probar que algunas fechas mencionadas por los declarantes de cargo no concuerdan con la realidad, incluso que un jefe guerrillero que mencionan ya estaba muerto para la época en que lo ubican como testigo presencial. De hecho, un general activo del Ejército ya declaró y certificó que sobre el acusado MORA no se tienen reportes de haber sido miembro de las FARC ni colaborador suyo.

En gran parte de sus dichos ante la Fiscalía, los testigos refieren el nombre de alias «El Mono Jojoy» como el comandante que les presentó a MORA como el testaferro del Bloque Oriental, lo que, según afirman, ocurrió durante un acto público en que el abatido líder de las FARC lo notificó a grito entero.

Al ser consultado sobre las declaraciones hasta ahora desconocidas por la Fiscalía que los testigos rindieron ante el CODA, la defensa del señor MORA afirmó desconocerlas, aunque no descartó pedirlas oficialmente para que hagan parte del acervo probatorio que busca demostrar la supuesta inocencia de sus clientes.

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La Chiva

Libertad de «Jesús Santrich» desata ira gringa y vienen más visas canceladas

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La decisión de la JEP de negar la extradición a Estados Unidos del jefe de las Farc «JESÚS SANTRICH» y dejarlo en libertad,  desatará una nueva oleada de cancelación de visas por parte del gobierno de DONALD TRUMP, de varios reconocidos personajes de la política y de la justicia colombianas, bajo el supuesto de que con sus decisiones o intromisiones estarían apoyando a un grupo narcotraficante y/o obstruyendo la justicia del poderoso del Norte.

Este portal conoció que en la lista de posibles «revocados» de Visa gringa, estarían los ex fiscales EDUARDO MONTEALRGE y su segundo a bordo JORGE FERNANDO PERDOMO, varios funcionarios de la propia JEP, entre ellos su ex secretaria general MARTHA LUCÍA ZAMORA, y la ex funcionaria de la Fiscalía KATERINE ELJAK, además de por lo menos otros dos magistrados de altas cortes.

Es que la decisión de impedir la extradición de SANTRICH y de paso pedir su libertad inmediata, tomó por sorpresa a los representantes del presidente TRUMP en Colombia y del Departamento de Estado, pues durante seis meses enviaron a Colombia pruebas que dejarían en claro que en efecto el jefe de las Farc hacía parte de un cartel de drogas que enviaba toneladas de cocaina a Estados Unidos vía México, con el apoyo de capos de ese país centroamericano. Según esas pruebas, SANTRICH violó los acuerdos, pues siguió en el negocio de las drogas ilícitas aún después de firmar la paz con el gobierno SANTOS.

Lo que dice la JEP

Pero, contrario a lo que afirma la justicia de Estados Unidos, a juicio de la JEP lo que hubo fue ausencia de pruebas que permitan establecer que  SEUXIS PAUCIAS HERNÁNDEZ, alias «JESUS SANTRICH», realmente estuvo involucrado con un cartel de narcos, además de que no se puede asegurar que los elementos aportados por la Fiscalía y a DEA, lleven a inferir que esos presuntos hechos ocurrieron después de que firmara la paz con SANTOS.

Tan pronto hizo oficial su decisión, la Jurisdicción Especial para  la Paz, JEP, explicó sus motivos en un escueto trino desde su cuenta oficial:

Se espera para las próximas horas un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, rechazando la decisión de la JEP y, muy seguramente, reiterando que las pruebas aportadas sí pueden establecer que el jefe guerrillero hacía parte de un cartel. Entre otras pruebas, fueron aportados videos y comunicaciones entre SATRICH y otros personajes al parecer allegados a carteles de México, entre ellos un familiar de IVÁN MÁRQUEZ, de quien se dice que fue infiltrado por la DEA.

Entre las varias reacciones que se esperan por parte del gobierno de TRUMP como consecuencia de la decisión de la JEP, se teme por una decertificación de Colombia en su lucha contra las drogas, lo que implica una sustancial reducción de la ayuda económica a nuestro país.

Igualmente se espera la cancelación de más visas y la solicitud de extradición de otros jefes de las FARC, de  la misma cúpula de la otrora organización terrorista y subversiva. De hecho, se sabe que algunos jefes de ese grupo serán cobijados con órdenes de captura en las próximas horas por incumplimiento de los acuerdos firmados con SANTOS.

Mientras tanto SANTRICH, a través de un audio que hizo circular en medios de comunicación desde la cárcel La Picota, tras conocer la decisión de la JEP, dijo que su libertad aclara que estaba siendo víctima de un montaje por parte de la derecha colombiana y tras instancias.

«La decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fiscalía contra mí», afirmó.

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La Chiva

Esposa del alcalde de Mariquita confiesa que sí estafaron a sus electores con una falsa venta de lotes. Fiscalía prepara nuevas decisiones

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Por: Juan Carlos Giraldo

Diseño gráfico: Leidy Johana Ramírez

A las puertas de una condena que podría ser hasta de diez años, quedó expuesta ÁNGELA GUTIÉRREZ, quien ostentara el cargo de «Primera Gestora» del municipio, en calidad de esposa del actual alcalde de Mariquita ALEJANDRO GALINDO, por su reconocida responsabilidad en el masivo robo de lotes a cientos de humildes habitantes de la población que creyeron en un proyecto de vivienda de interés social que resultó ser una estafa que ya supera los 5 mil millones de pesos.

Así quedó claro luego de la sorpresiva CONFESIÓN que hiciera la señora GUTIÉRREZ ante la Fiscalía y ante un juez de la República, que en los próximos días deberá tasar el quántum de la pena a imponer, que según las normas penales vigentes oscila entre ocho y diez años de prisión. Como la ahora confesa delincuente aceptó los cargos, la Ley prevé una rebaja de hasta un 50   porciento de esa pena.

La aceptación del cargo implica que la ex primera gestora continúe en la cárcel por lo menos dos años más, pues únicamente podría recobrar la libertad condicional una vez cumpla la tercera pena de la sentencia que le sea impuesta. Sin embargo, en su contra cursan otras dos investigaciones derivadas de los mimos hechos corruptos cometidos por ella y parte de su séquito de amigos y asesores de la campaña y luego de la alcaldía.

Según la Fiscalía, ÁNGELA GUTIÉRREZ también incurrió en el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, cargo que la detenida señora se negó a aceptar, por lo que podría verse avocada a una nueva condena, esta superior a la que en los próximos días le será impuesta por aceptar la ESTAFA.

La Fiscalía también cuenta con elementos para tratar de configurar en contra de la señora GUTIÉRREZ el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR, pues se sabe que no actuó sola en el montaje y ejecución del plan criminal para quedarse con los más de 5 mil millones de pesos que salieron de los bolsillos de más de 1000 víctimas ya reconocidas, la mayoría de ellas amigos personales del alcalde GALINDO y su esposa, colaboradores de su campaña y electores, que se sintieron confiados en que una vez ganara las elecciones, el alcalde y su esposa les iban a solucionar el problema de vivienda.

Se le complica la situación al alcalde

La aceptación del cargo por parte de la señora GUTIÉRREZ pondrá en aprietos al ya cuestionado e investigado alcalde ALEJANDRO GALINDO, como quiera que la Fiscalía cuenta con elementos que permiten inferir que el mandatario de los mariquiteños podría haber estado enterado de las andanzas de su esposa y estuvo al tanto de parte del andamiaje montado por ella para estafar a sus amigos y coterráneos y quedarse con el millonario botín.

Este portal conoció que la Fiscalía cuenta con «un as bajo la manga», que podrían ser conversaciones telefónicas, consignaciones bancarias y el testimonio de un eventual testigo, que podría complicarle la situación jurídica a GALINDO, pues al parecer  se trataría de una persona muy allegada a la pareja de esposos y con  acceso a la administración municipal.

De hecho, en un primer intento, la Fiscalía le ofreció a la señora GUTIÉRREZ una serie de beneficios jurídicos a cambio de que entregue información y delate a quienes muy seguramente trabajaron de su mano para estafar a los cientos de inversionistas. Inicialmente, la señora GUTIÉRREZ se negó, aunque los tiempos procesales aún le alcanzan para en caso de quiera comenzar un proceso de «Colaboración Eficaz» con la justicia que, incluso podría representarle la libertad inmediata, si se acoge, por ejemplo, a la figura del PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

Fuentes del ámbito político le confirmaron a «Chivas y Crónicas» que la situación jurídica del alcalde podría definirse una vez el panorama político se aclare y se sepa quién será su sucesor en la alcaldía, pues un eventual encarcelamiento de GALINDO afectaría la imagen del partido que le dio el aval, especialmente en esta contienda electoral que se avecina.

Y la platica?

Como se trata de un delito con connotaciones económicas, -pues hay involucrados casi seis mil millones de pesos que al parecer recaudaron por la multiplicidad de venta de lotes clonados- esta aceptación del delito por parte de ÁNGELA GUTIÉRREZ conlleva a que se inicie un proceso de indemnización a sus víctimas, que a través de una firma de abogados reclaman la inmediata devolución del dinero invertido.

Este portal conoció que el consejo del abogado defensor de la detenida ex primera gestora del municipio, es que acepte únicamente el cargo de ESTAFA, en el entendido de que la Fiscalía no tendría mayor acervo probatorio para acusarla y llevarla a juicio por los otros delitos investigados, especialmente el de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Sin embargo, fuentes de la misma Fiscalía le confirmaron a este portal que, por el contrario, las pruebas recaudadas por los investigadores apuntan a que gran parte del dinero recibido por la acusada y sus  compinches, incrementó su patrimonio de manera injustificada y fue a parar a cuentas secretas que están en la mira de la Fiscalía y sobre lo cual este portal publicará en los próximos días mayores detalles, pues al parecer se habrían cometidos otros delitos aún no investigados, como por ejemplo el de TESTAFERRATO, a través del traspaso de bienes.

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La Chiva

Fiscalía a punto de establecer si Los SARMIENTO del Grupo AVAL conocían de los sobornos de Odebrecht. Primera imagen de MELO esposado

Redacción

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Un testimonio hasta ahora oculto a la opinión pública, en poder de un fiscal especializado, podría dar luces sobre la suerte jurídica de LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO y de su hijo LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ, máximas cabezas del Grupo AVAL. De paso, esta prueba igualmente podría aclarar si los dos magnates fueron cómplices del entramado corrupto montado por la multinacional brasileña, para ganarse los más jugosos contratos de obra civil en el país.

El testimonio, en poder de «Chivas y Crónicas» y que será publicado una vez surta los trámites internos en la Fiscalía, fue entregado por uno de los principales implicados en el escándalo y habla de la forma como SARMIENTO GUTIÉRREZ, presuntamente, fue enterado del pago de por lo menos seis millones de dólares en sobornos, antes de que estos fueran girados. Es decir, que el banquero habría dado el aval para esos pagos.

Como se sabe, en el fallo condenatorio de casi doce años contra el presidente de Corficolombiana JOSÉ ELÍAS MELO, el juez del caso compulsó copias para que SARMIENTO GUTIÉRREZ sea igualmente investigado por los sobornos, pues le parece imposible que como máxima cabeza del Grupo AVAL no se haya enterado del pago de las multimillonarias «coimas».

Primera imagen esposado hacia La Picota

Mientras tanto, agentes del CTI trasladarán a un pabellón especial de la Cárcel La Picota, al expresidente de Corficolombiana, luego de ser notificado de la dura condena en su contra, la más alta de cuantas se han impuesto hasta el momento por el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia.

Este portal conoció la primera imagen del poderoso ejecutivo tras la condena, captada en el momento en que es trasladado, esposado, hacia un calabozo especial del Búnker de la Fiscalía, desde donde será remitido a la Picota, para que cumpla la condena, y a la espera de la apelación de elevarán sus abogados.

Los testimonios que los enredan

Además del testimonio secreto conocido por este portal, la prueba que más peso ha tenido en este caso contra las cabezas visibles el Grupo Aval, es el del expresidente de Odebrecht  en Colombia, LUIZ BUENO JR, uno de los primeros procesados por la Justicia de su país y de Estados Unidos, y quien ya confesó y relató la forma como la multinacional brasileña desplegó y puso a marchar en gran parte del continente, un plan criminal para ganarse los principales contratos de obra civil en diferentes países.

Concretamente, fue el mismo BUENO JR quien advirtió del comportamiento de JOSÉ ELÍAS MELO, lo que fue tenido en cuenta por el juez colombiano a la hora de imponerle la drástica condena.

Respecto a los SARMIENTO ANGULO y SARMIENTO GUTIÉRREZ, la Fiscalía recauda más acervo probatorio para empezar a investigarlos. En este caso, las pruebas deberán pasar a conocimiento del fiscal adhoc LEONARDO ESPINOSA, quien asumió todo lo relacionado con los indicios que comprometan al actual fiscal general NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ, debido a su actuación como abogado del grupo Aval y asesor de los dos poderosos banqueros.

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