En apenas 10 años el senador del Centro Democrático EDWAR RODRÍGUEZ visitó el cielo de la política colombiana al lado de su mentor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, pero rápidamente bajó a los «sótanos del infierno» de esa misma política, al punto que lo quieren sacar a «escobazos» del grupo de consentidos del partido al que llegó siendo un completo desconocido.

De sus inicios en la política y sus apariciones públicas se sabe poco, solo que fue asesor de Angelino Garzón en la Vicepresidencia de la República.  En «Congreso Visible» se lee que inició su relación con el expresidente URIBE VÉLEZ ca sus 19 años de edad, cuando al parecer lo hizo incursionar en el sector público, en el Ministerio de Justicia y el Interior.

De la Vicepresidencia saltó directo a la lista cerrada del uribismo en el 2014, saliendo elegido para la Cámara de Representantes,  logro que repitió en el 2018. Sin ningún tipo de «pelambre» político, rápidamente se convirtió en  una especie de «comodín» del uribismo, que lo ubicó estratégicamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a donde llegó a ser su presidente.

Desde esta célula legislativa cumplió la misión encomendada, entre otras la de impulsar investigaciones contra enemigos de su jefe natural, el enredado expresidente URIBE VÉLEZ. Por sus manos pasaron los casos más emblemáticos del llamado «Cartel de la Toga», y fue desde allí que se impulsaron las investigaciones contra dos de los magistrados involucrados en esta corruptela. Uno de ellos, LEONIDAS BUSTOS, hoy escondido en Canadá, un personaje que desde su puesto como presidente de la Corte no disimuló su apoyo incondicional al entonces presidente JUAN MANUEL SANTOS, a quien incluso le regaló una «paloma de la paz» durante un acto público en Cartagena, lo que fue catalogado como una imprudencia innecesaria que reñía con la división de poderes del Estado y su imparcialidad.

La Mala Hora

Pero el «reinado» se le está evaporando tan rápido como su fugaz ascenso a probar las mieles del poder, al parecer por «jugaditas» impulsadas desde el interior de su propio partido, cuyas cabezas visibles hoy parecen darle la espalda y quitarle el respaldo que lo llevó a ser considerado uno de los consentidos del jefe, al punto que le pasó por la cabeza la idea de ser presidente de la República por esa colectividad.

Resulta que cuando ya tenía todo listo para inscribir su nombre en la lista de precandidatos del Centro Democrático que se someterán a una consulta y encuesta internas, de las cuales saldrá el candidato presidencial, alguien se le atravesó a sus aspiraciones y lo sacó «de taquito» de toda posibilidad, El comité de ética del partido lo vetó, negándole el derecho de figurar en la lista de convocados.

No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, pero las malas lenguas ya empezaron a especular con información que podría estar relacionada con algunos informes que de forma clandestina habrían recibido en el mentado comité de ética, vinculándolo con personas de dudosa reputación, y con movimientos contables y de bienes . Al parecer, un anónimo alertó de algún tipo de hechos oscuros, que de todas formas no fueron corroborados antes de que se decidiera sacarlo de la pista.

Así las cosas, EDWAR RODRÍGUEZ fue la ausencia más notoria en los «talleres» que empezaron a desarrollar los otros precandidatos, entre quienes aparece como figura en punta, la senadora MARÍA FERNANDA CABAL. Dicen esas mismas malas lenguas, que el golpeado representante no se va quedar quieto y que ya tiene información de quiénes estarían detrás de su desgracia pasajera.

Por lo pronto, lo que ya anunció fue acudir a instrumentos legales para hacer valer sus derechos, como por ejemplo una TUTELA, que de ser fallada en su favor obligaría a las directivas el partido incluirlo en la lista de aspirantes.

La citación a una de sus colaboradoras inmediatas para que rinda testimonio, indica que el proceso contra la senadora uribista MARÍA FERNANDA CABAL, por presunta compra de votos para obtener su curul del Congreso, no solo está vivo sino que se reactivó, contrario a lo que muchas voces de la Opinión Pública y la Oposición temían.

El asunto de maras está radicado en la Sala Penal de la Corte Suprema, con el número 53012, bajo la dirección del magistrado HÉCTOR JAVIER ALARCÓN GRANNOBLES, de cuyo despacho acaba de emanar el oficio 5998, citando CON CARÁCTER URGENTE, a la señor MARÍA MARGARITA PRADA, quien al parecer se trata de una de las perdonas más allegadas a la senadora del Centro Democrático, como quiera que trabajó bajo su mando hasta hace varios meses.

Es de aclarar que la citación a la señora PRADA no indica que haya indicios en su contra, más bien se trata de escucharla en diligencia de entrevista, no como indiciada, solo con el interés de que relate y explique cuál fue el rol que cumplió al lado de la senadora, pues la Corte Suprema indaga si, en efecto, como lo dice una denuncia, la señora CABAL pagó para obtener los votos que la llevaron al Congreso, hecho por el cual ya dos personas de su entorno político, funcionarios de su UTL, fueron sentenciadas.

Complot político

En comunicación que este portal sostuvo con la senadora CABAL, atribuyó las denuncias en su contra a un complot político urdido por enemigos del uribismo, que salen a relucir ahora, justo cuando disputa con otros líderes de su partido, la posibilidad de ser exaltada como la candidata única del Centro Democrático a la Presidencia de la República.  atribuye la senadora este supuesto complot, a una ONG Cívica de abogados radicada en  Cali, donde la congresista cuenta con un gran caudal electoral.

Según  la señora CABAL, su situación en este sonado proceso ya ha sido ampliamente aclarada ante distintos investigadores, aclarando que el caso de las dos personas que ya fueron procesadas por la presunta compra de votos es distinto, y que está demostrado que no recibieron instrucciones suyas, al punto de desconocer las razones por las que lo hicieron, si es que lo hicieron.

La citación

Chivas y Crónicas obtuvo copia del oficio que vía correo electrónico le fue enviado a la señora PRADA, en el que, antes de ser citada formalmente en ENTREVISTA, se le pide una serie de información respecto a su ubicación actual, su dirección de residencia y contactos. Esta es una fase previa a la citación.

La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión cuya trascendencia ha pasado «de agache» en los medios de comunicación, que tiene que ver con la continuidad y el futuro de FRANCISCO BARBOSA cono fiscal general de la Nación.

Se trata nada menos que de la discusión respecto de si el período del actual jefe del ente acusador es INSTITUCIONAL o, como ya se ha dicho, PERSONAL. Dos términos legales que a vista del ciudadano corriente no tienen mucha relevancia, pero que política y jurídicamente son diametralmente trascendentales, pues el primero significa que BARBOSA debe terminar su periodo de cuatro años como los indica la Constitución, mientras que el segundo implicaría que debe terminar el periodo que dejó pendiente el renunciado NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA.

En el primero de los eventos, a BARBOSA le quedaría muy poco tiempo en el cargo, completando los cuatro años que le correspondían a MARTÍNEZ NEIRA. mientras que en la segunda opción, su gestión iría hasta ajustar los cuatro desde el momento en que se posesionó, luego de ser elegido por la Corte Suprema.

Hasta ahí, las cosas parecieran tranquilas, en el entendido de que el tema ya pasó un primer examen en el Consejo de Estado, que estudió una demanda contra el periodo del actual fiscal, declarándolo como un periodo Institucional, es decir. el mismo de su antecesor MARTÍNEZ. Pero esta «papa caliente»  llegó a la Corte Constitucional por vía de una  tutela que fue presentada, precisamente, contra la sentencia del Consejo de Estado. En Constitucional se prevé un estudio más profundo del tema, pues en esta alta corte se baila a otro ritmo y se responde a otros intereses, especialmente los políticos, ya que se considera un feudo de gran poder de influencia por parte del Gobierno.

¿Complot para tumbarlo?

Lo que este portal conoció en fuentes de las altas cortes que siguen de cerca el asunto y lo analizan en los mentideros del Palacio de Justicia, es que, contrario a lo que ocurrió en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional la cosa se puso «color de hormiga» para BARBOSA. Los contactos del fiscal le han advertido que toma fuerza una teoría para fallar en el sentido de que su periodo es Institucional. es decir que debe completar el de MARTÍNEZ NEIRA, lo que ocurrirá el año entrante.

El argumento de quienes se inclinan por declararlo como Periodo Institucional, se basa en que la renuncia de MARTÍNEZ NEIRA fue voluntaria y que la Constitución en su Artículo 249 establece que el periodo de un fiscal general es, como lo señala textualmente, INSTITUCIONAL, porque la Institución, en este caso la Fiscalía General de la Nación, está por en cima de la persona, en este caso el funcionario que ostenta el cargo.

La discusión más reciente de un caso medianamente similar, se dio con la elección de EDUARDO MONTEALEGRE, quien reemplazó a la ex embajadora VIVIAN MORALES, a quien el Consejo de Estado de la época le declaró nula su elección, cuando apenas había cumplido un año frente al cargo. En tal caso, el Consejo de Estado declaró casi de forma unánime, que el periodo de MONTEALEGRE era Personal, que empezaba de cero a partir de su posesión.

En aquel momento histórico, el pronunciamiento del Consejo de Estado en favor de MONTEALGERE, fue promovido por intervención oficiosa del conocido abogado constitucionalista GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA, quien convenció a los magistrados de que debían interpretar el Artículo 249 de la Constitución, que no hace salvedad en cuanto a si el periodo es Institucional o Personal., pues llanamente dice «periodo de cuatro años».

Este portal ubicó al constitucionalista CALDERÓN ESPAÑA para una explicación académica sobre el tema, quien  explicó el trámite que una acción de estas surte en la Corte, pero se abstuvo de referirse en concreto al tema de BARBOSA pues la tutela aún no ha sido escogida para su revisión y, eventualmente, podría no ser escogida.

«De ser escogida la tutela, la Corte tendrá que analizar todas esa tensiones que se dan entre normas de igual categoría, por ejemplo el Artículo 249 de la Constitución y el Artículo 125, que fue modificado por un acto legislativo para uniformar las elecciones de alcaldes y gobernadores, que en una época se daban en formas disparejas, porque renunciaban o se les declaraba la nulidad de la elección, o era destituido, y quien lo reemplazaba iba por un periodo personal, y esto hacía que los periodos de alcaldes y gobernadores  no fuera iguales , por lo tanto había elecciones atípicas, en diferentes épocas del año. Esto se sanjó con el acto legislativo», explicó.

Agregó que en materia de elección de un fiscal general, existe una  norma especial posterior, también de carácter constitucional, que estableció clara y taxativamente,  que el periodo del fiscal es de cuatro años y es un periodo personal, según lo dejó claro el Consejo de Estado.

«Yo considero como constitucionalista que debe seguirse la linea que se ha venido tazando en cuanto a que el  periodo de los fiscales es personal, es decir de cuatro años», concluyó.

¿Mano uribista detrás del complot?

Aunque la tutela no ha sido admitida aún, los rumores son fuertes en el sentido de que una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, se inclinaría por aceptarla, primeramente en aras de que se abra una gran discusión al respecto, y para que sea esta alta corte la que siente jurisprudencia, ya que hasta el momento se rige la tesis del Consejo de Estado, esgrimida en el caso MONTEALGRE.

Lo que este portal conoció es que detrás de ese eventual pronunciamiento en contra de los intereses de BARBOSA, estaría la mano de un sector poderoso del uribismo, incluso con el aval del propio gobierno DUQUE, que tendría fundados en que haya nuevo fiscal general, sin importar que ello implique la salida abrupta del actual, de quien se asegura, es «propias tropas» del partido de Gobierno , ya que, de hecho, hizo parte de la campaña de elección del actual presidente, de quien además fue compañero de universidad.

Pero ese interés tendría una razón de ser, según las fuentes que filtraron el dato a este portal: hay temor de que el nuevo presidente de la Republica que reemplace a Duque, no sea del mismo partido Centro Democrático, con lo cual sería el nuevo jefe de Estado quien seleccione una terna para elegir al nuevo fiscal general, que coincida con el de un nuevo gobierno.

Las fuentes aseguran que hay temor en el sector de la Derecha afín a Uribe y a Duque, que el nuevo fiscal llegue a manejar los cientos de casos de corrupción y violación de Derechos Humanos que hoy pesan contra altos dirigentes y ex funcionarios, además de políticos y ex congresistas afines al uribismo y al Gobierno. Temen un fiscal que, además, eche para atrás decisiones que ya han sido tomadas de forma favorable para ellos. Con un nuevo fiscal general, que coincida con el periodo del nuevo presidente, ese riesgo no sería tan latente y tendrían aseguradas las preclusiones.

Las fuentes también advirtieron que otra de las movidas «de ajedrecista» que se cocina dentro del uribismo y el Centro Democrático, también en caso de  una eventual derrota en la urnas, es la promoción  de un proyecto de reforma que cambie las reglas del juego y le quite al presidente el poder de ternar a los candidatos a fiscal, y que en adelante sea potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

En dicho caso, según se planea por parte de los asesores jurídicos constitucionalistas del partido de Gobierno y del propio Uribe, sería la Corte la que designe la terna, lo que obligaría al presidente de la República a elegir pero con los previos y autónomos criterios de la Corte Suprema.

estas iniciativas ya han sido socializadas en algunos sectores, incluso en el empresariado amigo del Gobierno, donde han sido vistos cos buenos ojos.