Ya son 80 los procesos de revocatoria de mandatos que siguen su curso en la Registraduría Nacional, derivados, en unos casos, del inconformismo de los electores por el incumplimiento de las promesas de los candidatos y, en otros casos, por mera politiquería y/o venganza política y estrategia electoral.

Las miradas viraron hacia las capitales políticas más determinantes en el mapa electoral colombiano: Bogotá y Medellín, donde se congregan las fuerzas más radicales y decisivas del momento: el uribismo, el “duquismo”, la izquierda, la derecha, el centro, la oposición,  etcétera. Y en la mitad de esta confrontación de ideas y presiones , quedó metido el registrador nacional ALEXÁNDER VEGA, a quien el destino lo puso en uno de los momentos más álgidos de la historia electoral reciente de Colombia, pues  es a este funcionario a quien le corresponde ponerles el filtro a las iniciativas, frenarlas en casos que lo ameriten por no incumplimiento de requisitos de Ley y, si es del caso,  enterrarlas  si el acervo probatorio así lo obligue.

Bogotá, donde sus impulsores anunciaron  con “Bombos y platillos” el que sería el más audaz y agresivo de tales iniciativas para revocarle el mandato a la alcaldesa Claudia López, la iniciativa se fue desvaneciendo con el paso de los días y el agotamiento de la calentura política, hasta llevarla a su hundimiento.

En otras ciudades capitales como Cali, la iniciativa se quedó en anuncios  y titulares de prensa, mientras que en las capitales de otros departamentos y en municipios, las iniciativas arrancaron con entusiasmo y, ya en algunos casos,  con la ratificación de la documentación aportada por sus impulsores. La cifra de 80 procesos, es histórica y se prevé que varios de ellos podrán llegar a buen puerto.

¿Guerra sucia al Registrador, de dónde le están “disparando”?

Lo que está en juego en Medellín, por ejemplo, es una confrontación abierta desde los sectores del uribismo contra el actual alcalde Daniel Quintero y su grupo político, que muchos asocian con  el “petrismo”. En la capital antioqueña confluyen el uribismo diezmado, el “duquismo” incipiente y el llamado Centro moderado. Pero no es solo el uribismo el ala que más la ha emprendido contra el alcalde y al que le atribuyen el impulso del proceso de revocatoria.

Hay otras fuerzas políticas que intentan “pescar en río revuelto”, a la espera de “arañar” un pedazo del “ponqué” que se forme, en caso de que la revocatoria del alcalde Quintero prospere. Sin embargo, lo que se escucha en los mentideros políticos paisas es que la intención de los políticos no es  principalmente “tumbar” al mandatario, sino debilitarlo, crearle un ambiente de ingobernabilidad que le vuelva a dar vida a los partidos que perdieron el poder, como el uribismo  y el “guerrismo”, del senador Andrés Guerra, heredero de una de las familias electorales de Antioquia, varias veces envuelta en escándalos y cuestionamientos éticos.

Y es que la guerra sucia no solo se está dando en el campo de las ideas y planteamientos, como debe ser, sino que se  trasladó a las redes sociales, donde las “formas de lucha” no importan. Y de esta estrategia negra no se ha escapado  ni el propio registrador nacional ALEXÁNDER VEGA, blanco de denuncias temerarias y del “reencauche” de versiones viejas, ya desmentidas y aclaradas en su momento. Está claro que fueron “fusiladas” en redes sociales en forma de “noticias actuales”, para desprestigiar al registrador por la forma como ha manejado el proceso de revocatoria, en detrimento de sectores como el “guerrismo”.

Por eso llama la atención que de la noche a la mañana parezcan en redes noticias recicladas, como por ejemplo una vieja la denuncia según la cual en el año 2010 ALEXÁNDER VEGA le habría hecho una millonaria exigencia de dinero al senador ANDRÉS GUERRA VEGA, para poder entrarlo al Senado de la República, cuando era casi inminente que se “quemaría”.

Esta denuncia la ratificó Guerra cuando aspiraba a la gobernación de Antioquia,  y en momentos en que ALEXÁNDER VEGA aspiraba a ser elegido nuevo registrador nacional, como en efecto lo eligieron las atas cortes de Justicia.  En su momento, el hoy registrador negó tajantemente las denuncias y pidió a la Fiscalía que lo investigara, de lo cual nada fue confirmado. De hecho, GUERRA no presentó mayores pruebas, más allá de su testimonio y lo supuestamente dicho por un tercero.

En su momento, VEGA explicó ante los medios que replicaron la denuncia de GUERRA, que conoció a GUERRA por conducto de su padre, el ex parlamentario BERNARDO GUERRA SERNA,  quien lo buscó para que lo asesorara en el tema de su hijo que acababa de perder su curul por un margen estrecho de votos.

Se trata de la misma noticia que ahora de nuevo pusieron a circular en redes sociales desde Medellín, a través de un twiter. Lo que llama la atención y podría conducir de nuevo a los caminos de GUERRA , es la descripción que antecede al trino: “Ahora no vayan a pensar que se vendió para no entregar las planillas de #RevocatoriaDanielQuintero. No sean asi”

Aunque le restó importancia a este mensaje salido de la cuenta Twitter de un empresario antioqueño  y no se quiso pronunciar al respecto,  el registrador VEGA comentó a uno de sus asesores que “Palo porque bogas, malo porque no bogas”, haciendo alusión a que cualquiera que sea su actuación, en favor o en contra, en este u otro proceso revocatorio, los ataques no se harán espera, pues nadie quedará contento.

Este portal conoció que a oídos de VEGA, han llegado rumores según los cuales detrás de algunas noticias en contra de su elección y gestión como registrador,  puede haber una “manguala” entre empresarios, contratistas derrotados en procesos licitatorios, magistrados de altas cortes y hasta periodistas radiales muy vinculados sentimental y familiarmente a un alto funcionario de la Rama Judicial.

Al Nivel Centra de la Fiscalía General en Bogotá, llegará en los próximos días el caso del magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño Édgar Guillermo Cabrera Ramos, a quien varias denuncias, anónimas unas, periodísticas y formales otras, vinculan con un posible entramado de corrupción que afectaría el Plan de Abastecimiento de Combustibles  y que alcanza a salpicar a otros funcionarios del Ejecutivo, incluso al  propio alcalde la ciudad en esos momentos.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando en distintos medios radiales de Pasto y el departamento y en redes sociales, salió a relucir una reunión convocada por el ex alcalde de la capital nariñense, en la que, supuestamente, se propuso la recolecta de 300 millones de pesos para una asesoría jurídica, en un caso que se ventilaría ante el Tribunal Administrativo de Nariño, que perjudicaría los intereses de varios sectores de la Economía regional, el bolsillo de los usuarios, incluso del propio Gobierno Nacional, si se tiene en cuenta que afectaba una norma del Ministerio de Minas sobre la regulación de tarifas..

En su momento, el abogado pastuso y ex candidato a la Gobernación del departamento Carlos Santacruz, elevó una acción popular que derivó en una Medida Cautelar que puso en jaque la marcha del plan de abastecimiento de  combustible en la ciudad, hecho reclamado por algunos sectores de la capital. Y es cuando surge el nombre del magistrado Cabrera Ramos, pues el caso llegó a su conocimiento, y en pocos días decretó la Medida Cautelar, con base en un peritaje aportado por el accionante Santacruz.

Lo que se conocería posteriormente, es que el peritaje aportado por Santacruz pudo ser apócrifo, pues se trató de un simple borrador que no fue autorizado por su autor, el perito, para se usado como prueba en un proceso ni él como testigo del mismo. Es decir, el documento carecía de sustento legal. Así fue denunciado en medios virtuales.

La decisión del magistrado Cabrera Ramos fue inmediatamente recurrida ante la máxima instancia de lo Contencioso, el Consejo de Estado, que en sala de cuatro magistrados la revocó de forma contundente y por unanimidad, devolviéndola a su estado inicial y dejando sin efecto la Medida Cautelar, no si antes hacer todo tipo de reproches al juez de primera instancia, entre otras cosas por el uso del cuestionado peritaje.

¿”Vaca” millonaria?

Una vez conocida la decisión del Consejo de Estado, en los pasillos y mentideros políticos y jurídicos de Pasto comenzaron a revivir y a asomar suspicacias respeto a la mentada “Vaca millonaria” de 300 millones, la misma que supuestamente habría auspiciado el ex alcalde de la ciudad, reunión que fue confirmada por el presidente del gremio de distribuidores minoristas, Carlos Riascos, durante una entrevista radial.

Pero más allá de esa reunión, aparecieron comentarios y especulaciones respecto a quiénes serían los destinatarios de la recolecta de 300 millones, supuestamente entregada a un abogado “llegado de Bogotá”, como lo constatan varias  grabaciones. Un abogado que, según se afirma, tenía contactos con altos funcionarios de la Rama Judicial de Pasto y Nariño.

Aunque de inmediato todas las miradas apuntaron hacia el magistrado Cabrera Ramos, en su momento no aparecieron pruebas que indicaran que él hubiera recibido sobornos para emitir el fallo y dictar la Medida Cautelar. Sin embargo, otras denuncias que llegaron a periodistas regionales, dieron cuenta de supuestos pagos millonarios que, durante esas misma época, habría hecho el magistrado, al parecer de varias deudas personales.

Ninguna de las informaciones y denuncias pudieron ser probadas y ni siquiera salieron de la órbita de las especulaciones y los comentarios y de datos que aparecieron en redes sociales. Sin embrago, el tema no ha muerto ahí. Este portal conoció que el espinoso tema ya llegó a oídos de la cúpula de la Fiscalía General en Bogotá, que se alista ara nombrar una comisión de alto nivel que realice un dictamen con base en las información formal e informal, oficial y extraoficial.

El caso llega a Bogotá

Este portal conoció que además de este caso, el mismo magistrado ha sido blanco de más cuestionamientos, uno de ellos proveniente de una ONG Anticorrupción, por presuntas prácticas irregulares en el manejo procesal del mismo proceso, exigiendo que se investigue la forma como recibió, usó y tramitó el polémico peritazgo que derivó en la Medida Cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Otras informaciones llegadas a este portal señalan que el magistrado fue denunciado ante la Fiscalía Delegada ante los Tribunales, por los delitos de Injuria y Calumnia precisamente instauradas por los periodistas que revelaron  las sospechosas coincidencias y la posible irregularidad del fallo, a quienes el togado ha tildado públicamente de “Corruptos”.

En el entendido de que las denuncias periodísticas y de otra especie no surtieron efecto en los órganos de control de Pasto y Nariño, el caso acaba de llegar a oídos de la cúpula de la Fiscalía en Bogotá, que se alista a nombrar una comisión que revise las actuaciones del magistrado, escudriñe en sus movimientos bancarios y le haga una inspección al proceso que frenó la distribución de combustible, en detrimento de los pequeños empresarios del ramo. Lo que se tratará de establecer o descartar, es si el togado actuó con dolo o por misión, y si direccionó la decisión hacia intereses de terceros, caso en el cual se podría configurar el delito de PREVARICATO..

Un hecho que podría considerarse relevante y sobreviniente, es la decisión del Consejo de Estado, que echó para atrás la Medida Cautelar decretada por el magistrado, que además recriminó su actuar en el desarrollo del espinoso  caso, que puso en vilo varios millones de dólares que se mueven alrededor del negocio del manejo y distribución de combustibles en esa región del sur del país.

Aunque la Ley señala expresamente que son 20 días hábiles, el Consejo de Estado lleva meses sin emitir fallo en el caso de cinco concejales de Barrancabermeja (uno de ellos ya convertido en diputado) y siete ex concejales, cuya investidura fue demanda por abierta violación de la Ley, al aprobar auxilios educativos para los empleados públicos del mismo concejo.

Un documento conocido por este portal, radicado ante la Presidencia del Consejo de Estado, donde actualmente reposan las demandas, advierte de posibles casos de corrupción por parte de mandos medios de esta alta corporación de lo contencioso, que estarían dilatando el tramite interno de las demandas y la publicación de los fallos. Lo que llama la atención es que los procesos vienen fallados en primera instancia en contra de los demandados, con perdida de investidura para todos los  13 encartados. Como apelaron, el caso llegó al Consejo de Estado en agosto del 2020.

De todos los casos, solo se ha emitido fallo en uno de los  procesos, el que involucra a dos concejales: EMEL ARNACHE, hoy diputado, y HOLLMAN JIMÉNEZ. En ambos, confirmó la sentencia de Pérdida de Investidura. Sigue pendiente el de los concejales LUIS ALBERTO ARIZMENDI, JORGE ARMANDO CARRERO, LUIS MANUEL TORO, HENRY YAIR CORREA, LEONARDO GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO CALDERÓN .

También se espera pronunciamiento en el caso de los ex concejales ÓVER TORRES, FRANKLYN ANGARITA, ÓSCAR LLORENTE, YESENIA VILLAMIZAR  Y ELAINE JIMÉNEZ, quienes para el siguiente periodo se “quemaron”, pues se habían vuelto a postular pese a los cuestionamientos legales.

Lo que está en juego

Es que la preocupación que ronda los mentideros y pasillos políticos de Barranca no es para menos. En caso de que el Consejo de Estado confirme la perdida de investidura de los otros seis concejales actuales, el puerto petrolero prácticamente se queda sin quorum, sin mayorías a la hora de una votación, por lo cual se hace necesario que de inmediato ingresen quienes ocuparon los renglones inferiores en las listas.

Así las cosas, por ejemplo, el conocido líder cívico CÉSAR GUZMÁN, quien no alcanzó la curul pese a sacar 1.300 votos, por el Partido Verde, llegaría al cabildo municipal de manera automática, en reemplazo de LUIS FERNANDO CALDERÓN, uno de los procesos que “duerme” en el Consejo de Estado.

Y aquí es donde se presenta el cuello de botella en el Consejo de Estado, por la demora en el pronunciamiento, pues la apelación está radicada desde agosto del año 2020. la pregunta que ronda es, Porqué el alto tribunal está sacando los fallos a cuenta gotas?. Esa situación tiene en vilo al puerto petrolero, ya que el Concejo prácticamente no legisla por la incertidumbre que existe, afectando de paso la administración municipal, que necesita sacar adelante sus proyectos e iniciativas.

El documento conocido por este portal dice textualmente que “Al parecer los concejales afectados por el fallo en primera instancia, han logrado permear  mandos medios dentro del Consejo de Estado, a través de los cuales han logrado implementar prácticas dilatorias, que les permitan retrasar la publicación de los fallos …”. Pero también se ha conocido información según la cual un senador de Santander estaría detrás de esta dilación aprovechando sus influencias políticas a nivel nacional, para que un supuesto pupilo suyo entre a la Asamblea Departamental.

La sospecha de posible corrupción no recae sobre los magistrados del Consejo de Estado, sino sobre mandos medios que estarían dilatando los trámites, las notificaciones y las publicaciones, dándole tiempo a poderosos políticos de Santander interesados en mantener su presencia en Concejo y Asamblea.

La situación es de tal urgencia, que varios ciudadanos preocupados, ejerciendo labor de veeduría, decidieron presentar un Derecho de Petición ante la Presidencia del Consejo de Estado, preguntando si existen o no fallos en esos casos y que, en caso de no existir, porqué razón demoran las decisiones mucho mas allá de los términos establecidos por la Ley.