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Exfiscales MONTEALEGRE y PERDOMO entran al “Cartel de la Toga”

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Después de meses de especulación, de testimonios filtrados parcialmente y de anuncios explosivos, se confirmó por pesquisas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, sí estarían vinculados con el llamado “Cartel de la Toga”, cuyo jefe, según la misma investigación, fue el otrora poderoso presidente de la Corte Suprema, el magistrado JOSÉ LEONIDAS BUSTOS, de quien se especula tramita un asilo político en Canadá, país al que viajó luego de estallar el que se considera el más grande escándalo de corrupción judicial de la historia.

Una de las piezas procesales que sirve de soporte para la solicitud de investigación contra MONTEALEGRE y PERDOMO, es la declaración del ex fiscal anticorrupción LUIS GUSTAVO MORENO, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos, quien en varias declaraciones ha hablado de su relación con los dos altos ex funcionarios judiciales,  concretamente por la injerencia que el ex magistrado BUSTOS tuvo en la nómina de la Fiscalía General, durante la gestión de MONTEALEGRE y de PERDOMO, su segundo a bordo.

De hecho, uno de los más influyentes fiscales delegados ante la Corte Suprema, fue ubicado en ese importante y estratégico cargo por recomendación de BUSTOS, y quien según las pruebas estaría relacionado con bienes y automotores que presuntamente fueron adquiridos con el pago de comisiones millonarias del Cartel de la Toga.

MORENO entregó copias de tiquetes aéreos, fotografías, chats y relación de viajes al exterior en compañía del entonces presidente de la Corte y de su esposa, la ex fiscal MARTHA CRISTINA PINEDA, además de abogados que también aparecen salpicados en el mismo escándalo de corrupción. MORENO también habló de su cercanía con la administración de MONTEALEGRE, quien le concedió un millonario contrato de asesoría externa, y especialmente de su amistad con PERDOMO, quien luego de ser Vicefiscal, pasó a ser Fiscal General encargado, mientras se elegía al nuevo jefe del ente investigador, NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ.

Hay que recordar que, de acuerdo con pruebas recaudadas y testimonios,  el caso “Cartel de la Toga” está sólidamente unido al escándalo sobornos Odebrecht, que también tiene un capítulo pendiente en la Fiscalía General, según o anticipó el testigo estrella OTTO BULA, en cuyo celular incautado por elCTI aparecen menciones al ex vicefiscal PERDOMO cuando aspiraba a ser elegido fiscal general en propiedad..

Cartel de amigos y sin visa?

Además de BUSTOS, MONTEALEGRE y PERDOMO, las investigaciones también apuntan a otro cuestionado magistrado, EIDER PATIÑO, presidente de la Sala Penal de la Corte, de quien se sabe su amistad y cercanía con BUSTOS y compañía. De hecho, además del colegaje, los unía una gran amistad y era frecuente verlos en cocteles, reuniones sociales y cenas en exclusivos hoteles, junto a los también cuestionados e investigados togados JOSÉ FRANCISCO RICAURTE (hoy detenido y acusado) CAMILO TARQUINO (procesado preliminarmente) y GUSTAVO MALO (investigado y preso).

La noticia de la vinculación de MONTEALEGRE y PERDOMO con el “Cartel de la Toga”, se conoció durante el anuncio de la solicitud de acusación formal que el representante investigador,  EDWAR RODRÍGUEZ, hizo contra el magistrado BUSTOS, señalándolo de ser una especie de “capo” de la organización delincuencial que, según testigos, operaba cobrando millonarias comisiones a altos funcionarios aforados, a cambio de no investigarlos  o no apresarlos, en los procesos abiertos en su contra en la Sala Penal de la Alta Corporación.

“Bustos hizo parte, como el cerebro de una red criminal encaminada a entorpecer procesos en la Comisión de Acusación”, señala la decisión, en la que se le endilgan al magistrado os delitos de  CONCIERTO PARA DELINQUIR, COHECHO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

Agrega la decisión que “las declaraciones por separado de los testigos dan información muy importante que vinculan al doctor BUSTOS MARTÍNEZ con los actos de corrupción, pero si se analizan en conjunto dan claridad de todo el entramado de acciones desplegadas por el grupo delincuencial”

Estas informaciones se conocen en medio de una serie de especulaciones según las cuales Estados Unidos le revocó la Visa a varios altos e influyentes funcionarios judiciales, entre ellos algunos magistrados, uno de ellos el propio EIDER PATIÑO, quien no lo ha negado públicamente.

También se especula, de haber corrido la misma suerte, con los nombres de los ex fiscales EDUARDO MONTEALEGRE y JORGE FERNANDO PERDOMO, aunque la información no ha sido oficialmente confirmada pero tampoco desmentida. De hecho, en una rueda de prensa que este martes concedió el ex fiscal MONTEALEGRE, se negó a responder preguntas al respecto, ciñéndose a la lectura de un comunicado.

De ser cierta la información sobre la cancelación de la Visa a MONTEALEGRE y PERDOMO, las especulaciones han ido más allá del tema del supuesto apoyo a los privilegios jurídicos a jefes de las FARC,  -por ejemplo atravesarse a la extradición a Estados Unidos-, pues se habla de temas relacionados con otro tipo de narcotraficantes en la mira de Estados Unidos.

Montealegre señala a Uribe

La rueda de prensa convocada por MONTEALEGRE para responder a los anuncios de la investigación en su contra como presunto miembro importante del “Cartel de la Toga”, no lo fue, pues en realidad se trató de una lectura de un comunicado de prensa, en el que arremetió contra el uribismo y el paramilitarismo.

Visiblemente ofuscado y en compañía de su escudero y pareja en su administración JORGE FERNANDO PERDOMO, el ex fiscal MONTEALEGRE se fue “lanza en ristre” contra el ex presidente ÁLVARO URIBE, a quien señaló de ser el artífice de una supuesta persecución en su contra y de los defensores de la paz. En tono fuerte y apelando a términos de alto calibre, MONTEALEGRE anunció que denunciará a URIBE internacionalmente como responsable de dos de las más horrendas  masacres cometidas por los grupos paramilitares que, precisamente,  firmaron un cuestionado acuerdo de paz con el gobierno del hoy senador de la República y máximo jefe del Centro Democrático.

 El comunicado

 

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Como estrategia a la prevención al hurto de cables Policía inspeccionó chatarrerías en Baranoa y Sabanalarga.

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Barranquilla, 20 de julio de 2021.

Como parte de las acciones en contra del hurto de redes de energía, personal de la Sijín y Policía hizo un recorrido preventivo por chatarrerías en los municipios de Baranoa y Sabanalarga.

El objetivo es concientizar a los propietarios de estos establecimientos sobre los delitos en que incurrirían por comprar este tipo de material.

Sobre el particular, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade aseguró que a pesar de los esfuerzos persiste el robo de redes eléctricas.

Los puntos más críticos son la zona rural de Martillo, Cascajal, La Retirada, Isabel López y las fincas en inmediaciones de Campeche.

“Agradecemos la labor preventiva de la Policía y el acompañamiento en la lucha contra este delito”, dijo.

Agregó que para luchar contra el robo de cables es fundamental el compromiso de la comunidad y por eso es importante que ante cualquier manipulación de la infraestructura deben comunicarse a la Policía Nacional o a la oficina telefónica de Air-e al 115.

A la fecha cerca de 60 personas han sido capturadas por delitos asociados al robo de cables eléctricos.

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LA FUERTE respuesta de la Defensoría del Pueblo a la CIDH. “Nosotros hemos cumplido”

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El defensor del pueblo Carlos Camargo, le envió una fuerte pero respetuosa respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe de ese organismo sobre las manifestaciones sociales y posibles excesos de la Fuerza Pública. 

La Defensoría deja en claro que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH ya se han cumplido por parte de esta entidad y que varias de las informaciones que sustentaron el informe de ese organismo internacional, no fueron corroborados.

Según el defensor Carlos Camargo, la Defensoría seguirá comprometida en el cumplimiento de velar porque los Derechos Humanos de los colombianos y de la protesta social, sean protegidos. El funcionario también recordó que muchas de las acciones violentas presentadas durante los distribios, también afectaron la integridad de varios agentes del Estado.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. 

Respuesta de la Defensoría del Pueblo al informe de la CIDH.

 

Bogotá, 9 de julio de 2021

Tras una revisión exhaustiva al informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la Defensoría del Pueblo observamos que gran parte de sus consideraciones, coinciden con la realidad que desde nuestra entidad hemos venido evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado nuestro país, y que fue compartida, formalmente, por nuestra entidad a la Comisión, en su visita al país.

Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente.

Por otro lado, como entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia, es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, su sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos.

No obstante, desde nuestra magistratura moral, nos sentimos en la obligación de precisar algunas apreciaciones emitidas por la CIDH, toda vez que no dan cuenta de una parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta en nuestro país, necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro.

Primero: Desde la Defensoría del Pueblo, echamos de menos que en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública.

Segundo: Llama también nuestra atención el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya desconocido la diferencia básica entre los conceptos de Personas sin Ubicar y Personas Desaparecidas, que constituyen a su vez, dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales.

Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas.

Tercero: Resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuales, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución.

Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto.

Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas.

Por lo demás, tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que, con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021.

Finalmente, en cuanto al mecanismo de seguimiento y monitoreo, la Comisión puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad suficiente y está dispuesta a brindar toda la información que la CIDH requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.

Desde la Defensoría del Pueblo, recibimos el informe con espíritu constructivo y estoy seguro que el resto de la institucionalidad hará lo propio.

Todos queremos su vigencia y en ese sentido cada cual busca el mejor camino para que ese resultado se dé. En el mismo sentido consideramos fundamental que los hechos que se evidencien en los informes sobre DDHH den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones.

Este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación.

La CIDH puede contar con nosotros en su propósito de propender por la garantía de los derechos humanos de los colombianos.

Esta es una Defensoría con capacidad institucional, pero sobre todo con disposición para trabajar juntos y con el compromiso férreo de velar por los derechos de todos los ciudadanos.

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ATENCIÓN, Cundinamarca el mejor departamento de Colombia, según Standard & Poors.

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El departamento recibe la máxima y mejor calificación posible de Standard & Poors, por la excelente inversión social de sus recursos y aprovechamiento de intereses. El gobernador Nicolas García resalta que este logro se consiga en plena pandemia por el Covid19.

Standard & Poor’s otorga máxima calificación a Cundinamarca, ratificando su estabilidad financiera, bajo riesgo, y excelente manejo de las finanzas.

Calificación AAA otorgada por Standard & Poor’s confirma el buen manejo de las finanzas departamentales, el cumplimiento de los indicadores y reglas fiscales, así como la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de sus ingresos y por ende su capacidad de pago.

Calificación AAA le ha permitido ahorrar a Cundinamarca por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos. 

Bogotá 12 de julio de 2021. En medio de la crisis ocasionada por el covid-19, y en contraste con otras calificaciones otorgadas por Standard & Poor’s en el último año; el Departamento de Cundinamarca, bajo el liderazgo del Gobernador Nicolás García Bustos, logró obtener por tercer año consecutivo la calificación AAA otorgada por esta importante agencia. 

Obtener esta calificación significa que el departamento se ubica en la categoría de “grado de inversión” lo que representa que su capacidad para responder a sus compromisos financieros es extremadamente fuerte y prestarle conlleva muy bajo riesgo, por lo cual los intereses son más bajos. Esta calificación, tiene en cuenta la capacidad operativa, la estructura financiera, así como la eficiencia en el manejo de las finanzas departamentales, un adecuado cumplimiento en el pago de las obligaciones, importantes estrategias en materia de reactivación, y un óptimo control y cumplimiento en los indicadores de disciplina fiscal; aspectos todos evaluados rigurosamente y cuyo resultado ratifica la solidez y estabilidad del Departamento en el mediano y largo plazo, aún en medio de la crisis.

“Recibimos con agrado y satisfacción la calificación otorgada por Standard & Poor’s, la cual no sólo representa un importante reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los funcionarios de la Gobernación, y consolida a Cundinamarca en una importante posición a nivel internacional, sino que le permitirá continuar ahorrando al departamento importantes recursos que se destinarán como hasta ahora a inversión social” Afirmó el Gobernador de Cundinamarca al recordar que gracias a la máxima calificación, Cundinamarca ha logrado ahorrar en los últimos tres años por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos, lo cual le ha permitido una mayor inversión social en sectores como educación, salud y transporte, y destinar importantes recursos a proyectos de gran trascendencia como lo son la troncal de Transmilenio Soacha, el Hospital de Zipaquirá y el Regiotram, entre otros.

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