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IMPUTACIÓN: Fiscalía le cierra el cerco al alcalde Mariquita por nuevo escándalo

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La situación jurídica del cuestionado alcalde de Mariquita Tolima, ALEJANDRO GALINDO,  cada día se antoja más complicada, luego de que la Fiscalía anunciara que le imputará cargos por PREVARICATO POR ACCIÓN, por su actuación presuntamente dolosa en la expedición de un decreto contrario a la Ley, con el que pretendió sacar del camino a la empresa URBES, encargada del manejo del acueducto y recolección de basuras del municipio.

Según la resolución judicial con la que la Fiscalía 48 seccional de Honda lo notificó en su despacho oficial, el mandatario deberá comparecer en audiencia pública el próximo 20 de marzo, durante la cual el ente acusador le imputará los cargos por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, esto quiere decir que expidió una norma contraria a la Ley, a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito.

Se trata del Decreto 072 mediante el cual el alcalde de los mariquiteños pretendió atravesarse al contrato firmado con la empresa ESPUMA URBES, una entidad privada cuya actuación también ha sido fuertemente cuestionada por la ciudadanía, por la forma como opera el recaudo de los dos servicios públicos.

Con la imputación de cargos, el alcalde GALINDO  queda formalmente vinculado al proceso penal, lo que lo convierte en adelante en IMPUTADO, a la espera de que la misma Fiscalía decida si, de acuerdo con las pruebas, lo llama a juicio y lo acusa formalmente del grave delito, lo que lo dejaría a las puertas de una sentencia condenatoria.

Crisis e Ingobernabilidad

Desde el punto de vista político, esta decisión conlleva una situación incómoda para el mandatario de los mariquiteños, pues podría seguir afectando su gobernabilidad, que de por sí está bastante cuestionada por cuenta de otro escándalo que lo trasnocha y no lo ha dejado ejercer su cargo con total tranquilidad: el robo masivo de lotes a cientos de familias de su pueblo, por lo que su esposa, la ex “Gestora” del municipio ÁNGELA GUTIÉRREZ está presa y ya fue acusada y llamada a juicio por vario delitos.

Este portal ha recibido información no confirmada según la cual ALEJANDRO GALINDO confía ciegamente en las gestiones que varios congresistas de la región y algunos de sus jefes políticos estarían realizando en las altas esferas para que los procesos penales no avancen de forma acelerada, hasta tanto termine su gestión como alcalde.

En los pasillos de la alcaldía de Mariquita se rumora con insistencia que GALINDO hace ingentes esfuerzos y contactos políticos para dejar acomodado en la nueva administración a una de sus “fichas”, un funcionario que trabaja a su lado y que pronto lanzaría su nombre como candidato a sucederlo en el cargo.

Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, tras sus huellas

Esta nueva investigación de tipo penal se convierte en la más avanzada de las tres que la Fiscalía ha iniciado en contra del alcalde GALINDO que, de paso sea dicho, cogió por sorpresa a los mariquiteños, pues en principio pensaron que la Imputación de cargos tenía que ver con el escándalo del masivo robo de lotes a sus propios coterráneos.

En el caso de los lotes, el mandatario mariquiteño tiene tras su espalda tres denuncias más, una de las cuales ya se encuentra en estado avanzado y la que podría próximamente arrojar resultados. Los investigadores ya recogieron suficiente evidencia que lo vincula con la recepción de dineros producto de la cuestionada venta de los predios, así como interceptaciones telefónicas que dejarían en claro que desde un principio supo del riesgo del negocio emprendido por su esposa y del despilfarro del dinero recibido producto del mismo, entregado por los incautos compradores a varias personas del círculo más cercano del mandatario, su esposa, amigos, familiares, asesores y funcionarios. No se descarta que antes de mitad de este año sea citado a audiencia de IMPUTACIÓN DE CARGOS, incluso con solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, pues se trata de delitos relacionados con estafas, falsedades y enriquecimiento ilícito.

La Procuraduría también lo indaga disciplinariamente por los mimos hechos, además de su actuación en el caso de la empresa URBES y por la contratación concedida durante su cuestionada administración. La Contraloría también lo tiene en la mira su gestión en el manejo de los recursos, luego de conocerse denuncias según las cuales subalternos suyos, que manejan entidades del municipio, como por ejemplo el Hospital, le han dado un sospechoso manejo a los contratos, con aparente sobrecostos y favoreciendo a amigos y allegados contratistas.

Recientemente, gran parte de la ciudadanía participó de una manifestación pública durante la cual exgieron su renuncia y lo calificaron de CORRUPTO.

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Como estrategia a la prevención al hurto de cables Policía inspeccionó chatarrerías en Baranoa y Sabanalarga.

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Barranquilla, 20 de julio de 2021.

Como parte de las acciones en contra del hurto de redes de energía, personal de la Sijín y Policía hizo un recorrido preventivo por chatarrerías en los municipios de Baranoa y Sabanalarga.

El objetivo es concientizar a los propietarios de estos establecimientos sobre los delitos en que incurrirían por comprar este tipo de material.

Sobre el particular, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade aseguró que a pesar de los esfuerzos persiste el robo de redes eléctricas.

Los puntos más críticos son la zona rural de Martillo, Cascajal, La Retirada, Isabel López y las fincas en inmediaciones de Campeche.

“Agradecemos la labor preventiva de la Policía y el acompañamiento en la lucha contra este delito”, dijo.

Agregó que para luchar contra el robo de cables es fundamental el compromiso de la comunidad y por eso es importante que ante cualquier manipulación de la infraestructura deben comunicarse a la Policía Nacional o a la oficina telefónica de Air-e al 115.

A la fecha cerca de 60 personas han sido capturadas por delitos asociados al robo de cables eléctricos.

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LA FUERTE respuesta de la Defensoría del Pueblo a la CIDH. “Nosotros hemos cumplido”

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El defensor del pueblo Carlos Camargo, le envió una fuerte pero respetuosa respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe de ese organismo sobre las manifestaciones sociales y posibles excesos de la Fuerza Pública. 

La Defensoría deja en claro que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH ya se han cumplido por parte de esta entidad y que varias de las informaciones que sustentaron el informe de ese organismo internacional, no fueron corroborados.

Según el defensor Carlos Camargo, la Defensoría seguirá comprometida en el cumplimiento de velar porque los Derechos Humanos de los colombianos y de la protesta social, sean protegidos. El funcionario también recordó que muchas de las acciones violentas presentadas durante los distribios, también afectaron la integridad de varios agentes del Estado.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. 

Respuesta de la Defensoría del Pueblo al informe de la CIDH.

 

Bogotá, 9 de julio de 2021

Tras una revisión exhaustiva al informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la Defensoría del Pueblo observamos que gran parte de sus consideraciones, coinciden con la realidad que desde nuestra entidad hemos venido evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado nuestro país, y que fue compartida, formalmente, por nuestra entidad a la Comisión, en su visita al país.

Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente.

Por otro lado, como entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia, es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, su sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos.

No obstante, desde nuestra magistratura moral, nos sentimos en la obligación de precisar algunas apreciaciones emitidas por la CIDH, toda vez que no dan cuenta de una parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta en nuestro país, necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro.

Primero: Desde la Defensoría del Pueblo, echamos de menos que en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública.

Segundo: Llama también nuestra atención el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya desconocido la diferencia básica entre los conceptos de Personas sin Ubicar y Personas Desaparecidas, que constituyen a su vez, dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales.

Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas.

Tercero: Resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuales, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución.

Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto.

Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas.

Por lo demás, tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que, con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021.

Finalmente, en cuanto al mecanismo de seguimiento y monitoreo, la Comisión puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad suficiente y está dispuesta a brindar toda la información que la CIDH requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.

Desde la Defensoría del Pueblo, recibimos el informe con espíritu constructivo y estoy seguro que el resto de la institucionalidad hará lo propio.

Todos queremos su vigencia y en ese sentido cada cual busca el mejor camino para que ese resultado se dé. En el mismo sentido consideramos fundamental que los hechos que se evidencien en los informes sobre DDHH den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones.

Este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación.

La CIDH puede contar con nosotros en su propósito de propender por la garantía de los derechos humanos de los colombianos.

Esta es una Defensoría con capacidad institucional, pero sobre todo con disposición para trabajar juntos y con el compromiso férreo de velar por los derechos de todos los ciudadanos.

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ATENCIÓN, Cundinamarca el mejor departamento de Colombia, según Standard & Poors.

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El departamento recibe la máxima y mejor calificación posible de Standard & Poors, por la excelente inversión social de sus recursos y aprovechamiento de intereses. El gobernador Nicolas García resalta que este logro se consiga en plena pandemia por el Covid19.

Standard & Poor’s otorga máxima calificación a Cundinamarca, ratificando su estabilidad financiera, bajo riesgo, y excelente manejo de las finanzas.

Calificación AAA otorgada por Standard & Poor’s confirma el buen manejo de las finanzas departamentales, el cumplimiento de los indicadores y reglas fiscales, así como la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de sus ingresos y por ende su capacidad de pago.

Calificación AAA le ha permitido ahorrar a Cundinamarca por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos. 

Bogotá 12 de julio de 2021. En medio de la crisis ocasionada por el covid-19, y en contraste con otras calificaciones otorgadas por Standard & Poor’s en el último año; el Departamento de Cundinamarca, bajo el liderazgo del Gobernador Nicolás García Bustos, logró obtener por tercer año consecutivo la calificación AAA otorgada por esta importante agencia. 

Obtener esta calificación significa que el departamento se ubica en la categoría de “grado de inversión” lo que representa que su capacidad para responder a sus compromisos financieros es extremadamente fuerte y prestarle conlleva muy bajo riesgo, por lo cual los intereses son más bajos. Esta calificación, tiene en cuenta la capacidad operativa, la estructura financiera, así como la eficiencia en el manejo de las finanzas departamentales, un adecuado cumplimiento en el pago de las obligaciones, importantes estrategias en materia de reactivación, y un óptimo control y cumplimiento en los indicadores de disciplina fiscal; aspectos todos evaluados rigurosamente y cuyo resultado ratifica la solidez y estabilidad del Departamento en el mediano y largo plazo, aún en medio de la crisis.

“Recibimos con agrado y satisfacción la calificación otorgada por Standard & Poor’s, la cual no sólo representa un importante reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los funcionarios de la Gobernación, y consolida a Cundinamarca en una importante posición a nivel internacional, sino que le permitirá continuar ahorrando al departamento importantes recursos que se destinarán como hasta ahora a inversión social” Afirmó el Gobernador de Cundinamarca al recordar que gracias a la máxima calificación, Cundinamarca ha logrado ahorrar en los últimos tres años por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos, lo cual le ha permitido una mayor inversión social en sectores como educación, salud y transporte, y destinar importantes recursos a proyectos de gran trascendencia como lo son la troncal de Transmilenio Soacha, el Hospital de Zipaquirá y el Regiotram, entre otros.

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