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LA FUERTE respuesta de la Defensoría del Pueblo a la CIDH. «Nosotros hemos cumplido»

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El defensor del pueblo Carlos Camargo, le envió una fuerte pero respetuosa respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe de ese organismo sobre las manifestaciones sociales y posibles excesos de la Fuerza Pública. 

La Defensoría deja en claro que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH ya se han cumplido por parte de esta entidad y que varias de las informaciones que sustentaron el informe de ese organismo internacional, no fueron corroborados.

Según el defensor Carlos Camargo, la Defensoría seguirá comprometida en el cumplimiento de velar porque los Derechos Humanos de los colombianos y de la protesta social, sean protegidos. El funcionario también recordó que muchas de las acciones violentas presentadas durante los distribios, también afectaron la integridad de varios agentes del Estado.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. 

Respuesta de la Defensoría del Pueblo al informe de la CIDH.

 

Bogotá, 9 de julio de 2021

Tras una revisión exhaustiva al informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la Defensoría del Pueblo observamos que gran parte de sus consideraciones, coinciden con la realidad que desde nuestra entidad hemos venido evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado nuestro país, y que fue compartida, formalmente, por nuestra entidad a la Comisión, en su visita al país.

Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente.

Por otro lado, como entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia, es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, su sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos.

No obstante, desde nuestra magistratura moral, nos sentimos en la obligación de precisar algunas apreciaciones emitidas por la CIDH, toda vez que no dan cuenta de una parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta en nuestro país, necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro.

Primero: Desde la Defensoría del Pueblo, echamos de menos que en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública.

Segundo: Llama también nuestra atención el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya desconocido la diferencia básica entre los conceptos de Personas sin Ubicar y Personas Desaparecidas, que constituyen a su vez, dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales.

Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas.

Tercero: Resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuales, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución.

Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto.

Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas.

Por lo demás, tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que, con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021.

Finalmente, en cuanto al mecanismo de seguimiento y monitoreo, la Comisión puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad suficiente y está dispuesta a brindar toda la información que la CIDH requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.

Desde la Defensoría del Pueblo, recibimos el informe con espíritu constructivo y estoy seguro que el resto de la institucionalidad hará lo propio.

Todos queremos su vigencia y en ese sentido cada cual busca el mejor camino para que ese resultado se dé. En el mismo sentido consideramos fundamental que los hechos que se evidencien en los informes sobre DDHH den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones.

Este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación.

La CIDH puede contar con nosotros en su propósito de propender por la garantía de los derechos humanos de los colombianos.

Esta es una Defensoría con capacidad institucional, pero sobre todo con disposición para trabajar juntos y con el compromiso férreo de velar por los derechos de todos los ciudadanos.

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VEEDOR, de presentar denuncias, a pagar prisión.

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El Juzgado 11 Civil de Cartagena ordenó el arresto del veedor distrital de esta capital Jorge Quibtana Sosa, por negarse a rectificar de forma equitativa una serie de afirmaciones públicas contra el exgobernador del departamento Dumek Turbay, que lo relacionaban con posibles actos de corrupción en un proceso de licitación. 

Se trata del caso de la conciliación con la Clinica Laura Carolina SAS de Cartagena, por la que el departamento pagó cerca de 10 mil millones de pesos, que a juicio del veedor fueron irregularmente tasados.

Como se opuso a las pretensiones de rectificación solicitadas por el exgobernador, alegando que se vio mancillado su buen nombre, el Juzgado tuteló los derechos del ex mandatarios y en vista de que no hubo la rectificación exigida, ordena el arresto del veedor, para lo cual dio orden a la Policia para que lo conduzca a los calabozos, donde deberá permanecer durante tres días hábiles, como lo dispone la norma por desacato de tutelas.

El veedor insiste en que es víctima de persecución política por parte de los altos funcionarios a los que ha denuniado por posibles actos de corrupción y a través de sus representantes ha manifestado que seguirá adelante con sus acciones. 

De hecho, en las últimas horas radicó denuncia contra el mismo ex gobernador por el tema de la conciliación supuestamente amañada. 

En otros escritos el veedor ha insinuado que jefes de órganos de control del Estado estarían «Tapando» tales supuestos actos corruptos e insinuó que ello se debe a relaciones de tipo político y personal del ex mandatario con esos altos funcionarios de Bogotá. 

Uno de ellos, cuyo nombre se abstiene de mencionar este portal por el hecho de que involucra nombres de hijos y familiares, le dijo a Chivas y Crónicas que tiene como probar que se trata de una denuncia «disparatada » y no descartó acciones legales como la tutela para proteger su buen nombre y el de una de sus hijas mencionadas por el veedor en una de sus quejas. 

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Cárcel para siete presuntos integrantes de la banda delictiva El Tren de Aragua, con injerencia en Ipiales (Nariño)

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Los procesados son señalados como posibles responsables de dos homicidios perpetrados en esa ciudad.

Ipiales (Nariño), 31 de agosto de 2021

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez primero penal con funciones de control de garantías de Ipiales (Nariño) privó de la libertad en establecimiento carcelario a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial El Tren de Aragua, por su posible coautoría en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Los asegurados son Andrés Esteban Salazar Zambrano, Nelson Enrique Melgara Calderón, Diego Alejandro Arteaga Ceballos, Julio Versar Monro Hernández, Juan Alfonso Luna Rivera, José Alberto Moreno Higuita y Britani Delgado Peña-Gómez.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 24 de agosto en un parqueadero ubicado en la calle 3 con carrera 39, barrio Centenario de Ipiales, donde un grupo de personas armadas ingresó e intimidó a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar. Inicialmente, los hoy asegurados al parecer amarraron a las víctimas de pies y manos, y posteriormente les dispararon a quemarropa y las agredieron con armas blancas. Se presume que pretendían hurtarles los vehículos.

Otra persona que se percató de lo ocurrido y alcanzó a huir fue clave para la identificación de los agresores, pues logró reconocerlos en un álbum fotográfico.

Al día siguiente, en un operativo realizado por agentes de la Sijín de la Policía Nacional, fueron capturados los presuntos miembros de la banda, tras el análisis y cotejo de las imágenes de las cámaras de seguridad del parqueadero y del sector por donde emprendieron la fuga. A los procesados se les incautaron 3 armas de fuego y 6 celulares.

Durante las audiencias concentradas ninguno de los supuestos implicados admitió la culpa.

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DURO GOLPE A “LOS PELUSOS” EN NORTE DE SANTANDER 

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REALIZABAN LOS ACTOS CRIMINALES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁBREGO, OCAÑA, SARDINATA Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Ocaña, Norte de Santander.  En el marco en el marco de la Campaña Militar & Policial Esparta, en el municipio de Ocaña, bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional en Norte de Santander a través de La Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial realizaron la captura en flagrancia de 02 personas y 01 por orden judicial del Grupo Armado Organizado “Los Pelusos” por los delitos de concierto agravado con fines extorsivos, Homicidio, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas.

Mediante labores de inteligencia y labores propias de Policía judicial, al barrio el Mambo del municipio de Ocaña llegaron efectivos de la Seccional de Investigación e Inteligencia de la Policía de Norte de Santander y llevaron a cabo 02 diligencias de registro y allanamiento realizando la captura de Jesús Fabián Delgado Ascanio alias “Zanahoria” de 24 años de edad, cabecilla de la Comisión Armada que delinque en el municipio de Ocaña y Abrego de esta organización, Jaider Chona Sánchez alias “Jader o Caucho” de 31 años de edad, sería el Cuarto Cabecilla de la Estructura, Juan Pablo Rodríguez Lazaro alias “CHEMO” de 21 años de edad, Integrante de la Comisión Armada que delinque en el municipio de Ocaña.

Estas personas serían los encargados de cometer extorsiones y ataques a la fuerza pública, realizando la quema de vehículos en los “Paros Armados”, igualmente causando diversos daños materiales a vehículos de trasporte público, de carga y desplazamiento forzado en las comunidades de la zona.

Durante el procedimiento se incautaron 02 Granadas, 01 Brazalete de color Rojo con Negro Alusivos Ejército Popular de Liberación EPL, cartuchos calibre 9 mm y celulares.

Los capturados fueron dejados a disposición de Fiscalía 126 especializada DECOC de la Ciudad de Cúcuta y mediante audiencias un Juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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