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LA FUERTE respuesta de la Defensoría del Pueblo a la CIDH. «Nosotros hemos cumplido»

El defensor del pueblo Carlos Camargo, le envió una fuerte pero respetuosa respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe de ese organismo sobre las manifestaciones sociales y posibles excesos de la Fuerza Pública.
La Defensoría deja en claro que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH ya se han cumplido por parte de esta entidad y que varias de las informaciones que sustentaron el informe de ese organismo internacional, no fueron corroborados.
Según el defensor Carlos Camargo, la Defensoría seguirá comprometida en el cumplimiento de velar porque los Derechos Humanos de los colombianos y de la protesta social, sean protegidos. El funcionario también recordó que muchas de las acciones violentas presentadas durante los distribios, también afectaron la integridad de varios agentes del Estado.
Comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Respuesta de la Defensoría del Pueblo al informe de la CIDH.
Bogotá, 9 de julio de 2021
Tras una revisión exhaustiva al informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la Defensoría del Pueblo observamos que gran parte de sus consideraciones, coinciden con la realidad que desde nuestra entidad hemos venido evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado nuestro país, y que fue compartida, formalmente, por nuestra entidad a la Comisión, en su visita al país.
Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente.
Por otro lado, como entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia, es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, su sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos.
No obstante, desde nuestra magistratura moral, nos sentimos en la obligación de precisar algunas apreciaciones emitidas por la CIDH, toda vez que no dan cuenta de una parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta en nuestro país, necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro.
Primero: Desde la Defensoría del Pueblo, echamos de menos que en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública.
Segundo: Llama también nuestra atención el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya desconocido la diferencia básica entre los conceptos de Personas sin Ubicar y Personas Desaparecidas, que constituyen a su vez, dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales.
Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas.
Tercero: Resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuales, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución.
Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto.
Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas.
Por lo demás, tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que, con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021.
Finalmente, en cuanto al mecanismo de seguimiento y monitoreo, la Comisión puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad suficiente y está dispuesta a brindar toda la información que la CIDH requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.
Desde la Defensoría del Pueblo, recibimos el informe con espíritu constructivo y estoy seguro que el resto de la institucionalidad hará lo propio.
Todos queremos su vigencia y en ese sentido cada cual busca el mejor camino para que ese resultado se dé. En el mismo sentido consideramos fundamental que los hechos que se evidencien en los informes sobre DDHH den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones.
Este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación.
La CIDH puede contar con nosotros en su propósito de propender por la garantía de los derechos humanos de los colombianos.
Esta es una Defensoría con capacidad institucional, pero sobre todo con disposición para trabajar juntos y con el compromiso férreo de velar por los derechos de todos los ciudadanos.
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SALE CORONEL que autorizó las salidas de Mattos de la Picota.

ATENCIÓN, POR PASEOS DE MATTOS, Relevan de su cargo al subdirector del Inpec, cr Joaquín Medrano, señalado de haber firmado todas las autorizaciones que permitieron las salidas del corrupto empresario.
La información fue confirmada por el nuevo director del Inpec, general Tito Yesid Castellanos, quien además aclaró que esa y otras determinaciones que tomó a su llegada al cargo, obedecieron a instrucciones del propio presidente de la República, del ministro de Justicia y del director de la Policía.
«…..»
El general Castellanos también confirmó que el nombre del coronel Medrano está en la lista requerida por la Fiscalía, dentro de la investigación penal abierta por el escándalo.
Dijo que toda esa información le fue remitida al ente investigador, que ya tiene abierta un proceso en una de las fiscalías Anticorripción.
Tan pronto estalló el escándalo de las salidas del empresario Mattos, el propio fiscal general Francisco Barbosa, anunció que la investigación iba a recaer principalmente sobre aquellos funcionarios del Inpec que firmaron resoluciones y autorizaciones, como es el caso concreto del coronel Medrano, quien en su calidad de jefe de la Guardia penitenciaria, firmó varias resoluciones y en algunos casos revocó otras que favorecieron las salidas de Carlos Mattos.
De hecho, tras la salida del anterior director del Inpec, el Gobierno alcanzó a nombrar como director encargado al coronel Medrano, encargo que fue revocado tan pronto como los medios de comunicación informaron que fue ese oficial quien, precisamente, firmó las salidas del empresario.
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ESPOSO la drogaba y la golpeaba y una Casa de Justicia la salvó.

Valentina es una de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que hoy puede contar su historia sin miedo y con la cara en alto, luego de haber sido rescatada de las «garras» de su esposo, que cada vez actuaba como una bestia que la golpeaba delante de su hijo y la maltrataba verbalmente.
Valentina logró salvarse gracias a que acudió a tiempo a la Casa de Juaticia de Ciudad Bolívar, donde no solo recibió apoyo sicologico y protección física, sino que además fue orientada legalmente para qhe acudiera a la Justicia a denunciar a su pareja, quien hot esta a las puertas de una condena.
La valiente mujer, quien hoy trabaja en una empresa privada que apoya a personas vuñnerables como ella, goza de medidas cautelares y protección policial, dentro de un programa especial auspiciado por el Ministerio de Justicis y la Secretaria de la Mujer de la Alcaldía.
Su historia es más que conmovedora, un ejemplo para que mujeres víctimas como ella se atrevan a denunciar a sus parejas agresores.
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ABSUELTO alcalde de Ibagué

Luego de varios años de ires y venires jurídicos, un juez penal de Ibagué absolvió al alcalde de Ibagué Andrés Hurtado, involucrado en el llamado escándalo de los «piques ilegales», denunciados en el Aeropuerto Perales de la capital tolimense, en el año 2014.
Tras una muy bien sustentada intervención del abogado defensor Andrés Felipe Caballero, el juez 2do Penal del Circuito no tuvo opción distinta a decretar la preclusión de la investigación en favor del mandatario, quien llevaba casi cinco años imputado por dos delitos que le enrostró la Fiscalia.
De tal contundencia fueron los argumentos del abogado defensor, ninguna de las partes se atrevió a apelar la sentencia absolutoria. Fiscalia y Procuraduría, que hasta el día de esta audiencia habían mantenido una férrea posición en contra de los intereses del alcalde y su defensor.
Fue el propio juez presidente de la audiencia, quien anunció la decisión preclusoria, echando al traste los argumentos del ente acauador, que hasta este momento tuvieron el respaldo jurídico del Ministerio Público.
Una vez conocida la decisión, el abogado Caballero hizo el anuncio a través de sus redes sociales.
La decisión del juez penal también dejó en claro, que el abogado Caballero no incurrió en maniobras dilatorias, como lo había insinuado varias veces la fiscal del caso.
Esta decisión de preclusión del delito de PECULADO en favor del alcalde Hurtado, hace tránsito a la figura de «Cosa Juzgada», es decir que queda en firme y no admite ningún recurso ni apelación, pues tanto juez como fiscal y procurador del caso, estuvieron de acuerdo en aceptar como contundentes los argumentos probados del abogado defensor.
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