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Las sospechosas coincidencias que salpican a magistrado de Nariño, ahora en la mira de la Fiscalía General.

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Al Nivel Centra de la Fiscalía General en Bogotá, llegará en los próximos días el caso del magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño Édgar Guillermo Cabrera Ramos, a quien varias denuncias, anónimas unas, periodísticas y formales otras, vinculan con un posible entramado de corrupción que afectaría el Plan de Abastecimiento de Combustibles  y que alcanza a salpicar a otros funcionarios del Ejecutivo, incluso al  propio alcalde la ciudad en esos momentos.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando en distintos medios radiales de Pasto y el departamento y en redes sociales, salió a relucir una reunión convocada por el ex alcalde de la capital nariñense, en la que, supuestamente, se propuso la recolecta de 300 millones de pesos para una asesoría jurídica, en un caso que se ventilaría ante el Tribunal Administrativo de Nariño, que perjudicaría los intereses de varios sectores de la Economía regional, el bolsillo de los usuarios, incluso del propio Gobierno Nacional, si se tiene en cuenta que afectaba una norma del Ministerio de Minas sobre la regulación de tarifas..

En su momento, el abogado pastuso y ex candidato a la Gobernación del departamento Carlos Santacruz, elevó una acción popular que derivó en una Medida Cautelar que puso en jaque la marcha del plan de abastecimiento de  combustible en la ciudad, hecho reclamado por algunos sectores de la capital. Y es cuando surge el nombre del magistrado Cabrera Ramos, pues el caso llegó a su conocimiento, y en pocos días decretó la Medida Cautelar, con base en un peritaje aportado por el accionante Santacruz.

Lo que se conocería posteriormente, es que el peritaje aportado por Santacruz pudo ser apócrifo, pues se trató de un simple borrador que no fue autorizado por su autor, el perito, para se usado como prueba en un proceso ni él como testigo del mismo. Es decir, el documento carecía de sustento legal. Así fue denunciado en medios virtuales.

La decisión del magistrado Cabrera Ramos fue inmediatamente recurrida ante la máxima instancia de lo Contencioso, el Consejo de Estado, que en sala de cuatro magistrados la revocó de forma contundente y por unanimidad, devolviéndola a su estado inicial y dejando sin efecto la Medida Cautelar, no si antes hacer todo tipo de reproches al juez de primera instancia, entre otras cosas por el uso del cuestionado peritaje.

¿»Vaca» millonaria?

Una vez conocida la decisión del Consejo de Estado, en los pasillos y mentideros políticos y jurídicos de Pasto comenzaron a revivir y a asomar suspicacias respeto a la mentada «Vaca millonaria» de 300 millones, la misma que supuestamente habría auspiciado el ex alcalde de la ciudad, reunión que fue confirmada por el presidente del gremio de distribuidores minoristas, Carlos Riascos, durante una entrevista radial.

Pero más allá de esa reunión, aparecieron comentarios y especulaciones respecto a quiénes serían los destinatarios de la recolecta de 300 millones, supuestamente entregada a un abogado «llegado de Bogotá», como lo constatan varias  grabaciones. Un abogado que, según se afirma, tenía contactos con altos funcionarios de la Rama Judicial de Pasto y Nariño.

Aunque de inmediato todas las miradas apuntaron hacia el magistrado Cabrera Ramos, en su momento no aparecieron pruebas que indicaran que él hubiera recibido sobornos para emitir el fallo y dictar la Medida Cautelar. Sin embargo, otras denuncias que llegaron a periodistas regionales, dieron cuenta de supuestos pagos millonarios que, durante esas misma época, habría hecho el magistrado, al parecer de varias deudas personales.

Ninguna de las informaciones y denuncias pudieron ser probadas y ni siquiera salieron de la órbita de las especulaciones y los comentarios y de datos que aparecieron en redes sociales. Sin embrago, el tema no ha muerto ahí. Este portal conoció que el espinoso tema ya llegó a oídos de la cúpula de la Fiscalía General en Bogotá, que se alista ara nombrar una comisión de alto nivel que realice un dictamen con base en las información formal e informal, oficial y extraoficial.

El caso llega a Bogotá

Este portal conoció que además de este caso, el mismo magistrado ha sido blanco de más cuestionamientos, uno de ellos proveniente de una ONG Anticorrupción, por presuntas prácticas irregulares en el manejo procesal del mismo proceso, exigiendo que se investigue la forma como recibió, usó y tramitó el polémico peritazgo que derivó en la Medida Cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Otras informaciones llegadas a este portal señalan que el magistrado fue denunciado ante la Fiscalía Delegada ante los Tribunales, por los delitos de Injuria y Calumnia precisamente instauradas por los periodistas que revelaron  las sospechosas coincidencias y la posible irregularidad del fallo, a quienes el togado ha tildado públicamente de «Corruptos».

En el entendido de que las denuncias periodísticas y de otra especie no surtieron efecto en los órganos de control de Pasto y Nariño, el caso acaba de llegar a oídos de la cúpula de la Fiscalía en Bogotá, que se alista a nombrar una comisión que revise las actuaciones del magistrado, escudriñe en sus movimientos bancarios y le haga una inspección al proceso que frenó la distribución de combustible, en detrimento de los pequeños empresarios del ramo. Lo que se tratará de establecer o descartar, es si el togado actuó con dolo o por misión, y si direccionó la decisión hacia intereses de terceros, caso en el cual se podría configurar el delito de PREVARICATO..

Un hecho que podría considerarse relevante y sobreviniente, es la decisión del Consejo de Estado, que echó para atrás la Medida Cautelar decretada por el magistrado, que además recriminó su actuar en el desarrollo del espinoso  caso, que puso en vilo varios millones de dólares que se mueven alrededor del negocio del manejo y distribución de combustibles en esa región del sur del país.

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DENUNCIA: ¿Telaraña de contratos en el Periodismo?

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A raíz de denuncias y publicaciones en redes sociales y algunos medios digitales, respecto de posibles actuaciones indebidas y antiéticas de periodistas que, pese a trabajar como reporteros y opimadores en los llamados «grandes medios», al mismo tiempo asesoran y ofician como defensores de políticos, candidatos, altos funcionarios y empresarios, este portal realizará una serie de informes sobre lo que varios internautas ya denominan «la telaraña contractual del periodismo colombiano».

Una telaraña de la que no escapan ni siquiera directores de Medios, a juzgar por algunos escritos anónimos que han hecho llegar a esta redacción, señalando con nombre propio a los comunicadores que se han dejado seducir por las prebendas burocráticas que ofrecen alcaldías, gobernaciones y entidades públicas. Comunicadores  que, en términos normales, tienen la obligación de hacer las veces de veedores de las actuaciones de quienes gobiernan o ejercen liderazgo en el país.

Muchas de las informaciones que transitan por la vía cibernética contra tales periodistas, carecen de fundamento probatorio y se basan en meras especulaciones. Otras contienen evidencias, otras se han podido documentar.

Hoy comenzamos con la directora del periódico El Colombiano de Medellín, pues es uno de los casos más documentados.

Posterimente con periodistas de Bogotá, de grandes medios nacionales.

 

La «teleraña» que enreda a la directora de «El Colombiano».

Luz María Sierra, periodista y actual directora del periódico El Colombiano de Medellín firmo contratos por más de $ 681.000.000 millones con la alcaldía de Enrique Peñalosa y la Contraloría General de la República.

La actual directora del periódico El colombiano ha bebido del erario público por medio de contratos con alcaldías e instituciones estatales del orden nacional, por lo menos desde el año 2016, combinando sus actividades periodísticas con contratos públicos.

Para este artículo se lograron rastrear y hallar por lo menos tres millonarios contratos que Sierra suscribió, como persona natural, en su calidad de comunicadora social y periodista con el sector público. En solo tres contratos la señora Luz María Sierra recibió $681.590.000 millones de pesos provenientes de contratos celebrados a dedo con algunos de sus amigos políticos.

Dentro de los más sonados contratos de Luz María Sierra (contratista) están los suscritos con la alcaldía de Bogotá en la administración de su amigo Enrique Peñalosa 2016-2020, por un millonario valor de $446.590.00 en total, lo que equivale a honorarios de $31.000000 millones mensuales y una bolsa de $20.000.000 millones para cubrir sus gastos de desplazamiento en la capital del país.

Desde el año 2019 algunos congresistas como David Racero llamaron la atención sobre semejante contrato millonario de Luz María Sierra, teniendo en cuenta que ella había participado y apoyado la campaña que llevó a Enrique Peñalosa al Palacio Liévano y, después, siendo alcalde Peñalosa, contrató con la misma comunicadora,  las labores de Prensa y Comunicación en su administración.

No es desconocida la simpatía política y relación amistosa que ha tenido Luz María Sierra con Enrique Peñalosa y su apoyo en campañas políticas. Para muchos, ella ha sido siempre de su círculo más cercano.

CONTRATISTA Y PERIODISTA AL MISMO TIEMPO?

Pero los contratos millonarios no paran ahí. Según el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos, Luz María Sierra firmó también otros millonarios contratos en los años 2017 y 2018, que harían parte de la piñata de millonario contratos, esta vez con la Contraloría General de la República.

Vale la pena destacar que todos estos contratos han sido definidos en la modalidad de «contratación directa», al tiempo que se desempañaba como analista, opinadora y periodista de la «Mesa de Trabajo» de la emisora Blu Radio. Lo que la opinión pública se pregunta, ahora que se empiezan a destapar estos millonarios contratos, es: ¿Luz María Sierra combina sus actividades como periodista y al mismo tiempo es contratista y recibe dineros públicos? ¿Como separa sus opiniones periodísticas de su calidad de contratista?

Según la plataforma SECOP se trató del contrato 078-17, con la Contraloría General de la República firmado el 21 de junio de 2017 por valor de $95.200.000, bajo el objeto de “Elaboración de planes de identidad corporativa…imagen y la reputación de la Contraloría.”

Según el mismo SECOP, que es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, Sierra también firmó el contrato 057 de 2018, nuevamente, con la Contraloría General de la República, bajo el objeto de “Asesorar la oficina de comunicaciones” de esa entidad, por un valor de $140.000.000 millones generando una asignación de $20.000.000 millones mensuales.

Según fuentes consultadas, Sierra ha aprovechado su cargo de periodista para defender sus contratos como en el caso de la Contraloría General de República.

La pesquisa documental realizada hasta el momento, halló también que en diversas publicaciones de la Contraloría General de República, aparece el nombre de Luz María Sierra como asesora editorial.

En otra publicación de la Contraloría también aparece Luz María Sierra con el cargo de edición.

Sobre estos cargos de Luz María Sierra en publicaciones de la Contraloría General de la República, no se ha podido establecer los números de contratos, los valores y objetos de estos trabajos realizados por la actual directora el periódico El Colombiano.

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SOY CORRUPTO, Así se declara el senador liberal Mario Castaño

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En una sorpresiva e inesperada decisión, el senador liberal MARIO CASTAÑO se declaró culpable de los diferentes delitos derivados del entramada corrupto ideado y organizado por él, para quedarse con miles de millones producto de «coimas», cobradas a alcaldes a los que, por su intermediación, las entidades estatales les entregaron multimillonarios contratos de obra civil y construcción de sedes deportivas, entre otros.

la red de corrupción montada por CASTAÑO fue de tal éxito monetario, que según testimonios en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema, los dineros obtenidos gracias a estas artimañas eran entregados en efectivo, en bolsas de  basura, en tal cantidad que muchas veces era imposible que sus receptores lo contaran manualmente, lo que los obligaba a pesarlo y registrarlo en kilos. Al mejor estilo de la mafia del narcotráfico de los 80.

MARIO CASTAÑO le dijo a la Corte Suprema que se acoge a la figura de la Sentencia Anticipada, lo que supone una aceptación de los delitos que se le imputan, con la intención de terminar de forma anticipada el proceso y de paso hacerse a una buena rebaja de penas.

la decisión del senador supone también, que no va a delatar a ninguna otra de las ilustres personalidades  involucradas en el entramado corrupto, cuyos nombres ya han empezado a aflorar en informes periodísticos y en piezas procesales filtradas. Se habla de representantes a la Cámara, senadores, secretarios de comisión del Congreso, alcaldes, gobernadores, contratistas y lobystas pero, especialmente, se habla de por lo menos un expresidente de la República que sería el gran mentor y padrino del senador.

Los testimonios que se escuchan en los mentideros políticos y pasillos del Congreso, afirman que ese expresidente fue quien llevó de la mano al senador, a «colonizar» el Eje Cafetero, especialmente Armenia y Quindío, cuando la región quedó acéfala de senadores. Desde la capital del departamento montó todo un emporio destinado a hacer elegir alcaldes y gobernadores, así como funcionarios en los entes de control regionales. pero, principalmente, para apoderarse la contratación y direccionar presupuestos a cambio de obras que gestionaba, se supone,  con el respaldo  del expresidente y su partido. Muy pronto, nada se hacía en el Eje Cafetero sin el aval de CASTAÑO, desde hojas de  vida hasta propuestas de proyectos y avales para contratos y candidatos.

Su representante, en apuros

Del entramado corrupto han aflorado también otros nombres ya están en el radar de las investigaciones de la Justicia y la Corte, donde ya está señalada por testigos la actual representante a la Cámara Sandra Bibiana Aristizábal, quien fuera su fórmula en las pasadas elecciones al Congreso y a quien, según se dice, la ubicó en la gerencia de Telecafé, desde donde lanzó su plataforma y campaña política que la llevó a su actual curul.

Precisamente Telecafé está en la mira de los órganos de control, pues está claro que en los últimos 3 años recibió de varias entidades estatales, contratos que superan los 320 mil millones de pesos, varios de los cuales emanaron del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se sospecha que el senador CASTAÑO tenía gran influencia y contaba con alfiles para direccionar la contratación hacia el canal regional.

A juicio de entendidos, MARIO CASTAÑO podría verse avocado a una pena de más de 15 años, sobre la cual podría recibir una rebaja de hasta un 50 porciento, gracias a la aceptación de los cargos en su Sentencia Anticipada. De todas formas, no se descarta que se acoja a otra figura jurídica para obtener beneficios adicionales, en caso de que acceda a delatar a otros implicados. De hecho, dependiendo de los delitos que no queden en la Sentencia Anticipada, le imputaron podría acceder al Principio de Oportunidad, lo que le daría inmunidad penal.

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¿COMPLOT para tumbar al fiscal Barbosa?

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La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión cuya trascendencia ha pasado «de agache» en los medios de comunicación, que tiene que ver con la continuidad y el futuro de FRANCISCO BARBOSA cono fiscal general de la Nación.

Se trata nada menos que de la discusión respecto de si el período del actual jefe del ente acusador es INSTITUCIONAL o, como ya se ha dicho, PERSONAL. Dos términos legales que a vista del ciudadano corriente no tienen mucha relevancia, pero que política y jurídicamente son diametralmente trascendentales, pues el primero significa que BARBOSA debe terminar su periodo de cuatro años como los indica la Constitución, mientras que el segundo implicaría que debe terminar el periodo que dejó pendiente el renunciado NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA.

En el primero de los eventos, a BARBOSA le quedaría muy poco tiempo en el cargo, completando los cuatro años que le correspondían a MARTÍNEZ NEIRA. mientras que en la segunda opción, su gestión iría hasta ajustar los cuatro desde el momento en que se posesionó, luego de ser elegido por la Corte Suprema.

Hasta ahí, las cosas parecieran tranquilas, en el entendido de que el tema ya pasó un primer examen en el Consejo de Estado, que estudió una demanda contra el periodo del actual fiscal, declarándolo como un periodo Institucional, es decir. el mismo de su antecesor MARTÍNEZ. Pero esta «papa caliente»  llegó a la Corte Constitucional por vía de una  tutela que fue presentada, precisamente, contra la sentencia del Consejo de Estado. En Constitucional se prevé un estudio más profundo del tema, pues en esta alta corte se baila a otro ritmo y se responde a otros intereses, especialmente los políticos, ya que se considera un feudo de gran poder de influencia por parte del Gobierno.

¿Complot para tumbarlo?

Lo que este portal conoció en fuentes de las altas cortes que siguen de cerca el asunto y lo analizan en los mentideros del Palacio de Justicia, es que, contrario a lo que ocurrió en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional la cosa se puso «color de hormiga» para BARBOSA. Los contactos del fiscal le han advertido que toma fuerza una teoría para fallar en el sentido de que su periodo es Institucional. es decir que debe completar el de MARTÍNEZ NEIRA, lo que ocurrirá el año entrante.

El argumento de quienes se inclinan por declararlo como Periodo Institucional, se basa en que la renuncia de MARTÍNEZ NEIRA fue voluntaria y que la Constitución en su Artículo 249 establece que el periodo de un fiscal general es, como lo señala textualmente, INSTITUCIONAL, porque la Institución, en este caso la Fiscalía General de la Nación, está por en cima de la persona, en este caso el funcionario que ostenta el cargo.

La discusión más reciente de un caso medianamente similar, se dio con la elección de EDUARDO MONTEALEGRE, quien reemplazó a la ex embajadora VIVIAN MORALES, a quien el Consejo de Estado de la época le declaró nula su elección, cuando apenas había cumplido un año frente al cargo. En tal caso, el Consejo de Estado declaró casi de forma unánime, que el periodo de MONTEALEGRE era Personal, que empezaba de cero a partir de su posesión.

En aquel momento histórico, el pronunciamiento del Consejo de Estado en favor de MONTEALGERE, fue promovido por intervención oficiosa del conocido abogado constitucionalista GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA, quien convenció a los magistrados de que debían interpretar el Artículo 249 de la Constitución, que no hace salvedad en cuanto a si el periodo es Institucional o Personal., pues llanamente dice «periodo de cuatro años».

Este portal ubicó al constitucionalista CALDERÓN ESPAÑA para una explicación académica sobre el tema, quien  explicó el trámite que una acción de estas surte en la Corte, pero se abstuvo de referirse en concreto al tema de BARBOSA pues la tutela aún no ha sido escogida para su revisión y, eventualmente, podría no ser escogida.

«De ser escogida la tutela, la Corte tendrá que analizar todas esa tensiones que se dan entre normas de igual categoría, por ejemplo el Artículo 249 de la Constitución y el Artículo 125, que fue modificado por un acto legislativo para uniformar las elecciones de alcaldes y gobernadores, que en una época se daban en formas disparejas, porque renunciaban o se les declaraba la nulidad de la elección, o era destituido, y quien lo reemplazaba iba por un periodo personal, y esto hacía que los periodos de alcaldes y gobernadores  no fuera iguales , por lo tanto había elecciones atípicas, en diferentes épocas del año. Esto se sanjó con el acto legislativo», explicó.

Agregó que en materia de elección de un fiscal general, existe una  norma especial posterior, también de carácter constitucional, que estableció clara y taxativamente,  que el periodo del fiscal es de cuatro años y es un periodo personal, según lo dejó claro el Consejo de Estado.

«Yo considero como constitucionalista que debe seguirse la linea que se ha venido tazando en cuanto a que el  periodo de los fiscales es personal, es decir de cuatro años», concluyó.

¿Mano uribista detrás del complot?

Aunque la tutela no ha sido admitida aún, los rumores son fuertes en el sentido de que una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, se inclinaría por aceptarla, primeramente en aras de que se abra una gran discusión al respecto, y para que sea esta alta corte la que siente jurisprudencia, ya que hasta el momento se rige la tesis del Consejo de Estado, esgrimida en el caso MONTEALGRE.

Lo que este portal conoció es que detrás de ese eventual pronunciamiento en contra de los intereses de BARBOSA, estaría la mano de un sector poderoso del uribismo, incluso con el aval del propio gobierno DUQUE, que tendría fundados en que haya nuevo fiscal general, sin importar que ello implique la salida abrupta del actual, de quien se asegura, es «propias tropas» del partido de Gobierno , ya que, de hecho, hizo parte de la campaña de elección del actual presidente, de quien además fue compañero de universidad.

Pero ese interés tendría una razón de ser, según las fuentes que filtraron el dato a este portal: hay temor de que el nuevo presidente de la Republica que reemplace a Duque, no sea del mismo partido Centro Democrático, con lo cual sería el nuevo jefe de Estado quien seleccione una terna para elegir al nuevo fiscal general, que coincida con el de un nuevo gobierno.

Las fuentes aseguran que hay temor en el sector de la Derecha afín a Uribe y a Duque, que el nuevo fiscal llegue a manejar los cientos de casos de corrupción y violación de Derechos Humanos que hoy pesan contra altos dirigentes y ex funcionarios, además de políticos y ex congresistas afines al uribismo y al Gobierno. Temen un fiscal que, además, eche para atrás decisiones que ya han sido tomadas de forma favorable para ellos. Con un nuevo fiscal general, que coincida con el periodo del nuevo presidente, ese riesgo no sería tan latente y tendrían aseguradas las preclusiones.

Las fuentes también advirtieron que otra de las movidas «de ajedrecista» que se cocina dentro del uribismo y el Centro Democrático, también en caso de  una eventual derrota en la urnas, es la promoción  de un proyecto de reforma que cambie las reglas del juego y le quite al presidente el poder de ternar a los candidatos a fiscal, y que en adelante sea potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

En dicho caso, según se planea por parte de los asesores jurídicos constitucionalistas del partido de Gobierno y del propio Uribe, sería la Corte la que designe la terna, lo que obligaría al presidente de la República a elegir pero con los previos y autónomos criterios de la Corte Suprema.

estas iniciativas ya han sido socializadas en algunos sectores, incluso en el empresariado amigo del Gobierno, donde han sido vistos cos buenos ojos.

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