Por Álvaro Ayala Tamayo

No crean que Mario Castaño es el único congresista que saquea los recursos públicos. Lo que sucede es que al tipo lo pillaron y le estalló el escándalo a 10 días de su reelección. Una campaña al Congreso de la República vale $10.000 millones de pesos. Durante los 4 años de legislatura, un padre de la patria devenga como salario $1.700 millones de pesos (pobrecitos). ¿Cómo recupera los $8.300 millones restantes que se gastó? Sencillo, con corrupción. Y ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Los contratistas son los grandes financiadores del proceso para conseguir los votos del legislador. El aspirante no pone un solo peso de su bolsillo.

El torcido es sencillo. Iniciada la contienda electoral, candidatos y contratistas se comprometen con lo que llaman “pacto de honor”, que en la realidad es alianza entre diablos. Yo te financio y cuando te elijamos, nombras en los cargos a tus alfiles para que dirijan y manipulen todas las licitaciones municipales, departamentales y nacionales. Así se PROYECTA la conchabanza. El departamento del Quindío es región de políticos malditos al por mayor. Ahora se dedican a importarlos, no solo de Caldas, sino también de Pereira, Bogotá, Valle y otras latitudes. Tienen tan poca autoestima los quindianos, que vendieron las entidades oficiales a bandidos venidos de otros departamentos.

Castaño llegó de Manizales con los integrantes de su pandilla y se los nombraron en los cargos donde tramitan los millonarios contratos. Ese es el negocio, socio. Trabajos que valen $100 millones de pesos los inflan y entregan la licitación amañada por $1.000 millones. No son $900 millones de plusvalía, son de corrupción. Así sucesivamente.

Lo denunciado el pasado sábado por la prestigiosa Revista Semana, es el modo de operar por casi todas las organizaciones criminales de la política nacional. No hay escapatoria porque el pueblo también se corrompió y se prostituyó. Billete y favores sexuales, reza el concierto para delinquir. Un rival lo delató y gracias a Semana salieron a la luz pública las vulgares llamadas. Las pruebas legalmente recaudadas y protegidas en cadena de custodia por el CTI desmantelarán esta organización criminal.

Aún falta mucho, pero la fiscalía les anotó un buen gol. Al ratero prófugo Juan Carlos Martínez no le alcanzará la plata robada para comprar Lomotil. En la guarida donde se encuentre llegará la policía o el CTI. Ahí tiene su dolor de muela para rato, pues dicen que es odontólogo. Sin anestesia los jueces quitarán esa caries que mordía el presupuesto. “El Hombre del Maletín”, como lo conocen en el bajo mundo, aseguran que anda encaletando un botín de 5 millones de dólares fruto de sus picarescas esquilmadas al erario. Si lo pillan las autoridades de EEUU lavando esas fortunas mal habidas, le libran una orden de captura con fines de extradición.

Un consejo para los capturados. Delaten a sus jefes. La justicia tiene algo que se llama principio de oportunidad y colaboración eficaz. Acepten los cargos a cambio de rebaja de penas e incluso de detención domiciliaria. No importa que los llamen “sapos”, delaten a los jerarcas de la banda comenzando por Castaño, gobernadores, alcaldes y secretarios. Ahí es donde todo está podrido.

Desde cuando Mario Castaño se apoderó de los puestos en el occidente colombiano, a la gente le preguntan: ¿Por quién va a votar? Y responden con ironía, “pues por los malos”. En el Quindío hay desempleo y hambre porque los ciudadanos adquirieron malos hábitos hasta volverlos costumbres. Aquí hicieron metástasis todos los vicios de la política. Votan a conciencia por quien va a robar. Luego, en actos de cinismo se quejan de la delincuencia estatal. Pero, en la siguiente campaña ese político que está robando promete acabar con la corrupción. Los dineros están echados. Esa vuelta ya se pagó. Al individuo lo reeligen el domingo. Lo más probable es que a su fórmula a la cámara también.

La salvación sería que quienes recibieron dinero para votar el próximo domingo sean honestos desleales y los traicionen. El que peca y reza no reelige al tramposo. El pueblo y el congreso son una sola bacinilla. Si les practican las pruebas de ADN los resultados son las mismas heces. “Cierto papi, así nos consorciamos”. Solo falta que estos desgraciados pidan a la Academia Colombiana de la Lengua dinero por la autoría del nuevo verbo “consorciar”. “Queda lleno y pide postre”.

Otra de las modalidades delictivas que PROYECTA es el trabajo de los servidores públicos. No los ingresan por nómina. Los hacen nombrar por contrato de prestación de servicios durante 3, 6 o 12 meses. Luego los extorsionan para que entreguen una coima que se reparten entre congresista e intermediario de confianza. Cada mes hay que dar hasta la mitad del salario. Cuando no cumplen les hacen cancelar el contrato.

El gran problema es que el Legislador tiene la competencia para reformar el asunto y ellos no se van a quitar el negocio, socio. Faltan por caer algunos perfumados que están en altos cargos de los municipios y departamentos. Se emborracharon con los $15.000 millones del contrato de la licorera. La sociedad espera que la Corte Suprema de Justicia les calme el guayabo.

Los denunciantes dicen que fueron amenazados de muerte. 

La Fiscalía General de la Nación Colombia, abrió una indagación preliminar por la presunta corrupción que se habría dado en contratos del 2020 para el transporte de estudiantes en medio de la pandemia en la Universidad de Los Llanos, Unillanos.

Según información obtenida por Caracol Radio, un fiscal de Villavicencio tiene el proceso y un agente de #PolicíaJudicial ya comenzó la recolección de pruebas.

Ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría fue denunciado el rector de la Universidad pública de Los Llanos, (@Unillanos_) Pablo Emilio Cruz, por presunta contratación irregular en medio de la pandemia.

La denuncia fue radicada el pasado 3 de junio de 2021 ante las tres autoridades y relaciona dos contratos para el servicio de transporte terrestre destinado a estudiantes y personal administrativo para que asistieran a clases en esa universidad.

El primer contrato (No 2343 de 2020) se suscribió por un valor de $1.198.335.356 con la obligación de realizar 8.812 recorridos hacia las sedes de #Barcelona (vía Villavicencio – PuertoLópez) y san Antonio Villavicencio, entre febrero y julio de 2020.

El segundo contrato (No 2403 de 2020) se suscribió por un valor de $669.416.000, con la obligación de realizar 8.139 recorridos hacia las sedes de Barcelona (vía Villavicencio – Puerto López) y san Antonio Villavicencio, entre julio y noviembre de 2020.

En respuestas oficiales emitidas por decanos y directores de diferentes programas académicos de esa universidad conocidas por Caracol Radio, se afirma que en ninguno de los programas para los periodos referidos fue presenciales, sino virtuales.

Además, en la denuncia piden que se investigue un presunto detrimento, puesto que los pagos de dichos contratos no coinciden con los reportes de la oficina jurídica con los de la oficina de Tesorería.

El rector de la Unillanos, le dijo a Caracol Radio que se analiza el caso y dará respuestas en un plazo máximo de ocho días.

Tomado de @caracolradio