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Procuraduría verifica existencia de las fundaciones del Cesar, contratadas para los mercados solidarios.

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El gobernador del Cesar, LUIS ALBERTO MONSALVO GÉNECCO, le hizo saber a la Procuraduría su total disposición a colaborar con las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en todo el país, que buscan establecer si hubo irregularidades en la contratación de los llamados mercados solidarios, para llevar paquetes de alimentos a los sectores más golpeados con la extensión de la Pandemia del coronavirus.

Como lo reveló el procurador general FERNANDO CARRILLO, Cesar es uno de los departamentos incluidos en un primer barrido hecho por los investigadores. Las pesquisas buscan aclarar si en esos departamentos se firmaron contratos sin el lleno de requisitos y o direccionados determinados contratistas.

En el caso concreto de Cesar, el eje de las investigaciones parece centrarse en las cinco fundaciones que recibieron contratos para la adquisición de kits de mercados y alimentos, por un valor que sobrepasa los 14 mil millones de pesos, sospechando que en algunos casos se pudo vulnerar el Erario con información falsa.

En tal sentido, por instrucciones del gobernador, sus asesores preparan la entrega de documentación que respalda los contratos, fechas de ofertas y de adjudicación, en el entendido de que se llenaron los requisitos de Ley y se actuó de forma rápida para llevar los mercados a los sitios vulnerables y más abandonados, acorde con lo establecido en las normas de excepción expedidas por el gobierno del presidente Duque, luego de declarar la Emergencia Social.

Las fundaciones

Como es de público conocimiento, para la adjudicación de los contratos fueron seleccionadas cuatro fundaciones, cuya documentación soporte fue solicitada de forma inmediata con la intención de empezar lo más pronto posible la repartición de los mercados. Se trata de FUDSOCIAL, FUNVIMEJOR, ABIEZER Y VISIÓN CARIBE.

Dentro de las pesquisas ordenadas por los investigadores, a cargo del procurador delegado CAMILO JOSÉ ORREGO MORALES, es de vital importancia establecer la existencia y probar la operatividad de las fundaciones, lo que se logra cruzando la información aportada por estas entidades en las propuestas, con los hallazgos de los agentes disciplinarios.

En ese sentido, los enviados del procurador delegado empezarán en las próximas horas un recorrido para visitar una a una las sedes de las fundaciones, pues en primera instancia se trata de verificar su existencia física, así como su “vida” jurídica, es decir su componente empresarial.

Como este elemento es parte sustancial para el avance de la investigación, este portal se dio a la tarea de buscar a los representantes legales de las fundaciones favorecidas con los contratos, varios de los cuales se abstuvieron de responder, explicando que primero lo harán ante los investigadores. Otros, enviaron a través de subalternos algunas fotografías y videos, así como las respectivas direcciones de las sedes, así:

FUDSOCIAL: Piso tercero de edificio ubicado en la Carrera 12, número 13B-16; FUNDACIÓN VISIÓN CARIBE: Local Dos de edificio ubicado en la carrera 19 número 14-97 de Valledupar; FUNVIMEJOR: carrera 13 número 9A-57; ABEIZER: Segundo piso de edificio ubicado en la  Calle 13 C número 11-20, Valledupar.

No somos fantasmas

Chivas y Crónicas logró contactar a uno de los directivos de una de tales fundaciones, ante información que ha circulado en la capital del Cesar, según la cual las fundaciones son “fantasmas”, es decir que no existen y que fueron cerradas exclusivamente con el objetivo de acceder a los contratos de la pandemia. Se trata de FRANKLIN DONCELL, de “Fudsocial”. De entrada le preguntamos si es verdad que son una entidad “fantasma”.

“No señor, no somos ningún fantasma. Nosotros laboramos desde hace más de tres años, en la oficina 303, ustedes pueden corroborarlo. Tenemos una secretaria y dos empleados que manejan los sistemas, archivos y atienden público. Somos una entidad con amplia experiencia de muchos años, pues llevamos contratando desde el año 2014 en la entrega de paquetes de mercados a adultos mayores, niñez y adolescencia. El año pasado, por ejemplo,  ejecutamos un contrato de 8 mil paquetes, por cerca de mil millones”

Según DONCELL, este contrato consistió en la preparación y distribución de paquetes con destino a niños de los municipios fronterizos del departamento, casi todos en estado de desnutrición. Este contrato, afirma, fue ejecutado en su totalidad en los tres últimos meses del año pasado: octubre, noviembre y diciembre. Agrega que no es la primera vez que contratan y que su especialidad es, justamente, la entrega de este tipo de paquetes, y que lo han venido haciendo en casi todos los municipios del departamento.

Entonces, porqué están diciendo que cuando fueron a buscarlos en la dirección de la sede registrada, no encontraron a nadie?, le preguntamos:

“La oficina está constituida y casi todo el tiempo mantiene sus puertas abiertas, no solo al público sino también a los entes de control y otros organismos como los entes fiscales. Lo que seguramente ocurrió fue que el día que fueron unos periodistas estaba cerrada, pues el celador había salido. Pero pueden ir cuando consideren, incluso yo estaré dispuesto a atenderlos”.

Según conoció este portal, en efecto esta fundación ha tenido contratos desde el pasado con la Gobernación sin que por ahora se conozca de requerimientos de entes de control o incumplimientos por parte de la DIAN. Así mismo, su constitución en Cámara de Comercio parece estar al día. En el caso concreto objeto de la investigación de la Procuraduría, FRANKLIN DONCELL explica que fueron dos los contratos ejecutados, de lo cual tiene prueba y evidencia.

“En este caso entregamos 1.800 paquetes en el Municipio de El Paso, y 3.200 en el Municipio de Becerril. Es más, fuimos los primeros en llegar hasta allí con los mercados, en momentos en que la población ya empezaba a sufrir los estragos de la pandemia.

Un colaborador de este portal visitó la sede de otra fundación, “Funvimejor”, y constató que evidentemente está funcionando en la dirección aportada en los documentos. Allí fue atendido por dos personas que dijeron estar laborando diariamente. Aseguraron, sin dar sus nombres, que los contratos aludidos se han cumplido de forma legal y oportuna, pero prefirieron dejar en manos de su directivos, las explicaciones pertinentes ante medios y autoridades judiciales que investigan.

Vienen las primeras decisiones

Este portal conoció que el procurador general FERNANDO CARRILLO, podría estar anunciando las primeras decisiones de fondo la próxima semana. Fuentes del Ministerio Público explicaron que CARRILLO se tomará un tiempo prudente, en el entendido de que no todos los contratos vigilados y cuestionados produjeron afectación al Erario, y no quiere entorpecer el normal desarrollo de las administraciones, con decisiones apresuradas.

Lo primero que revisarán los investigadores, es que los contratos se hayan ejecutado, que no haya habido sobrefacturación y que no se hayan cometido falsedades en la documentación aportada por cada uno de los  contratistas. La experiencia contraactual que se soporte, también será determinante, es decir que los contratistas certifiquen un historial de contratos con la entidad oficial.

Otro aspecto importante será el del DOLO. Se mirará con lupa hasta qué punto los mandatarios vigilados actuaron de forma irregular, a sabiendas de que lo hacían y conscientes de que se vulneraría el bien del Estado. Osea, si tuvo intención de hacerlo, porque es posible que haya sido asaltado en su buena fe por asesores o contratistas.

Chivas y Crónicas conoció que el procurador estudia tres alternativas de decisión, dependiendo de la gravedad de las pruebas y evidencias que le entreguen sus investigadores: suspensión inicial de tres meses, con juicio verbal disciplinario, apertura formal de investigación o pliego de cargos, dentro de un proceso ordinario.

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Como estrategia a la prevención al hurto de cables Policía inspeccionó chatarrerías en Baranoa y Sabanalarga.

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Barranquilla, 20 de julio de 2021.

Como parte de las acciones en contra del hurto de redes de energía, personal de la Sijín y Policía hizo un recorrido preventivo por chatarrerías en los municipios de Baranoa y Sabanalarga.

El objetivo es concientizar a los propietarios de estos establecimientos sobre los delitos en que incurrirían por comprar este tipo de material.

Sobre el particular, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade aseguró que a pesar de los esfuerzos persiste el robo de redes eléctricas.

Los puntos más críticos son la zona rural de Martillo, Cascajal, La Retirada, Isabel López y las fincas en inmediaciones de Campeche.

“Agradecemos la labor preventiva de la Policía y el acompañamiento en la lucha contra este delito”, dijo.

Agregó que para luchar contra el robo de cables es fundamental el compromiso de la comunidad y por eso es importante que ante cualquier manipulación de la infraestructura deben comunicarse a la Policía Nacional o a la oficina telefónica de Air-e al 115.

A la fecha cerca de 60 personas han sido capturadas por delitos asociados al robo de cables eléctricos.

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LA FUERTE respuesta de la Defensoría del Pueblo a la CIDH. “Nosotros hemos cumplido”

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El defensor del pueblo Carlos Camargo, le envió una fuerte pero respetuosa respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe de ese organismo sobre las manifestaciones sociales y posibles excesos de la Fuerza Pública. 

La Defensoría deja en claro que muchas de las observaciones y recomendaciones que hace la CIDH ya se han cumplido por parte de esta entidad y que varias de las informaciones que sustentaron el informe de ese organismo internacional, no fueron corroborados.

Según el defensor Carlos Camargo, la Defensoría seguirá comprometida en el cumplimiento de velar porque los Derechos Humanos de los colombianos y de la protesta social, sean protegidos. El funcionario también recordó que muchas de las acciones violentas presentadas durante los distribios, también afectaron la integridad de varios agentes del Estado.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo. 

Respuesta de la Defensoría del Pueblo al informe de la CIDH.

 

Bogotá, 9 de julio de 2021

Tras una revisión exhaustiva al informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde la Defensoría del Pueblo observamos que gran parte de sus consideraciones, coinciden con la realidad que desde nuestra entidad hemos venido evidenciando durante el acompañamiento permanente a las manifestaciones que recientemente ha experimentado nuestro país, y que fue compartida, formalmente, por nuestra entidad a la Comisión, en su visita al país.

Creemos que la CIDH leyó juiciosamente nuestras apreciaciones y se pronunció sobre lo que consideraba conveniente.

Por otro lado, como entidad garante de los Derechos Humanos en Colombia, es nuestro deber resaltar el hecho de que Colombia se destaca por su fuerte institucionalidad, su sistema de justicia y su capacidad para atender autónoma, diligente y adecuadamente los asuntos de derechos humanos.

No obstante, desde nuestra magistratura moral, nos sentimos en la obligación de precisar algunas apreciaciones emitidas por la CIDH, toda vez que no dan cuenta de una parte importante de los hechos presentados en el marco de la protesta en nuestro país, necesarios para la construcción de soluciones y puntos de encuentro.

Primero: Desde la Defensoría del Pueblo, echamos de menos que en el capítulo sobre violencia a misiones médicas no se haya hecho referencia a que la mayoría de dichas afectaciones han provenido de bloqueos permanentes y actos de violencia por parte de infiltrados en las manifestaciones, concentrándose únicamente en las acciones de la fuerza pública.

Segundo: Llama también nuestra atención el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya desconocido la diferencia básica entre los conceptos de Personas sin Ubicar y Personas Desaparecidas, que constituyen a su vez, dos realidades completamente diferentes, que determinan la afectación o no de derechos fundamentales.

Esta omisión desconoce también la importancia que tiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas como el inicio de una investigación activa y rápida para encontrar a esas personas, y para evitar la materialización efectiva de un delito de desaparición. La diferencia en las cifras, lejos de constituir una inconsistencia es básicamente el reflejo de conceptualizaciones metodológicas claramente sustentadas y mucho más precisas.

Tercero: Resalta que esta oportunidad tampoco haya sido aprovechada por la Comisión Interamericana para definir unos criterios claros, objetivos y verificables respecto de cuáles cierres viales o bloqueos pueden ser objeto de restricciones y prohibiciones por parte de los Estados y cuales, en cambio, están cobijados por el derecho a la manifestación, respetando y sujetándose a lo contenido por nuestra Constitución.

Pese a que la Comisión recibió amplia información sobre las graves vulneraciones de derechos que fueron consecuencia de estos bloqueos, su análisis es ambiguo en las observaciones y recomendaciones en ese punto.

Por solo citar un ejemplo, se elude el hecho de que dos niños perdieron sus vidas mientras las ambulancias en las que eran trasladados fueron detenidas y vandalizadas.

Por lo demás, tras revisar detalladamente las 41 recomendaciones del informe, concluimos que, con algunas excepciones, la mayor parte de ellas ya se han venido ejecutando, y en particular por la Defensoría del Pueblo a través de múltiples acciones, así como en las recomendaciones al Ministerio de Defensa del pasado mes de diciembre y en la Resolución 077 de junio de 2021.

Finalmente, en cuanto al mecanismo de seguimiento y monitoreo, la Comisión puede contar con que la institucionalidad colombiana y en particular la Defensoría del Pueblo tiene la capacidad suficiente y está dispuesta a brindar toda la información que la CIDH requiera sobre los ajustes institucionales que Colombia está haciendo para responder a la protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.

Desde la Defensoría del Pueblo, recibimos el informe con espíritu constructivo y estoy seguro que el resto de la institucionalidad hará lo propio.

Todos queremos su vigencia y en ese sentido cada cual busca el mejor camino para que ese resultado se dé. En el mismo sentido consideramos fundamental que los hechos que se evidencien en los informes sobre DDHH den cuenta de la realidad vivida por el país durante las manifestaciones, sin sesgos, ni omisiones ni sobrevaloraciones.

Este es el primer y más importante paso para la protección de los derechos de nuestra gente, y para la reconciliación.

La CIDH puede contar con nosotros en su propósito de propender por la garantía de los derechos humanos de los colombianos.

Esta es una Defensoría con capacidad institucional, pero sobre todo con disposición para trabajar juntos y con el compromiso férreo de velar por los derechos de todos los ciudadanos.

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ATENCIÓN, Cundinamarca el mejor departamento de Colombia, según Standard & Poors.

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El departamento recibe la máxima y mejor calificación posible de Standard & Poors, por la excelente inversión social de sus recursos y aprovechamiento de intereses. El gobernador Nicolas García resalta que este logro se consiga en plena pandemia por el Covid19.

Standard & Poor’s otorga máxima calificación a Cundinamarca, ratificando su estabilidad financiera, bajo riesgo, y excelente manejo de las finanzas.

Calificación AAA otorgada por Standard & Poor’s confirma el buen manejo de las finanzas departamentales, el cumplimiento de los indicadores y reglas fiscales, así como la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de sus ingresos y por ende su capacidad de pago.

Calificación AAA le ha permitido ahorrar a Cundinamarca por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos. 

Bogotá 12 de julio de 2021. En medio de la crisis ocasionada por el covid-19, y en contraste con otras calificaciones otorgadas por Standard & Poor’s en el último año; el Departamento de Cundinamarca, bajo el liderazgo del Gobernador Nicolás García Bustos, logró obtener por tercer año consecutivo la calificación AAA otorgada por esta importante agencia. 

Obtener esta calificación significa que el departamento se ubica en la categoría de “grado de inversión” lo que representa que su capacidad para responder a sus compromisos financieros es extremadamente fuerte y prestarle conlleva muy bajo riesgo, por lo cual los intereses son más bajos. Esta calificación, tiene en cuenta la capacidad operativa, la estructura financiera, así como la eficiencia en el manejo de las finanzas departamentales, un adecuado cumplimiento en el pago de las obligaciones, importantes estrategias en materia de reactivación, y un óptimo control y cumplimiento en los indicadores de disciplina fiscal; aspectos todos evaluados rigurosamente y cuyo resultado ratifica la solidez y estabilidad del Departamento en el mediano y largo plazo, aún en medio de la crisis.

“Recibimos con agrado y satisfacción la calificación otorgada por Standard & Poor’s, la cual no sólo representa un importante reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los funcionarios de la Gobernación, y consolida a Cundinamarca en una importante posición a nivel internacional, sino que le permitirá continuar ahorrando al departamento importantes recursos que se destinarán como hasta ahora a inversión social” Afirmó el Gobernador de Cundinamarca al recordar que gracias a la máxima calificación, Cundinamarca ha logrado ahorrar en los últimos tres años por concepto de intereses de la deuda más de 18 mil millones de pesos, lo cual le ha permitido una mayor inversión social en sectores como educación, salud y transporte, y destinar importantes recursos a proyectos de gran trascendencia como lo son la troncal de Transmilenio Soacha, el Hospital de Zipaquirá y el Regiotram, entre otros.

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