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Procuraduría verifica existencia de las fundaciones del Cesar, contratadas para los mercados solidarios.

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El gobernador del Cesar, LUIS ALBERTO MONSALVO GÉNECCO, le hizo saber a la Procuraduría su total disposición a colaborar con las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en todo el país, que buscan establecer si hubo irregularidades en la contratación de los llamados mercados solidarios, para llevar paquetes de alimentos a los sectores más golpeados con la extensión de la Pandemia del coronavirus.

Como lo reveló el procurador general FERNANDO CARRILLO, Cesar es uno de los departamentos incluidos en un primer barrido hecho por los investigadores. Las pesquisas buscan aclarar si en esos departamentos se firmaron contratos sin el lleno de requisitos y o direccionados determinados contratistas.

En el caso concreto de Cesar, el eje de las investigaciones parece centrarse en las cinco fundaciones que recibieron contratos para la adquisición de kits de mercados y alimentos, por un valor que sobrepasa los 14 mil millones de pesos, sospechando que en algunos casos se pudo vulnerar el Erario con información falsa.

En tal sentido, por instrucciones del gobernador, sus asesores preparan la entrega de documentación que respalda los contratos, fechas de ofertas y de adjudicación, en el entendido de que se llenaron los requisitos de Ley y se actuó de forma rápida para llevar los mercados a los sitios vulnerables y más abandonados, acorde con lo establecido en las normas de excepción expedidas por el gobierno del presidente Duque, luego de declarar la Emergencia Social.

Las fundaciones

Como es de público conocimiento, para la adjudicación de los contratos fueron seleccionadas cuatro fundaciones, cuya documentación soporte fue solicitada de forma inmediata con la intención de empezar lo más pronto posible la repartición de los mercados. Se trata de FUDSOCIAL, FUNVIMEJOR, ABIEZER Y VISIÓN CARIBE.

Dentro de las pesquisas ordenadas por los investigadores, a cargo del procurador delegado CAMILO JOSÉ ORREGO MORALES, es de vital importancia establecer la existencia y probar la operatividad de las fundaciones, lo que se logra cruzando la información aportada por estas entidades en las propuestas, con los hallazgos de los agentes disciplinarios.

En ese sentido, los enviados del procurador delegado empezarán en las próximas horas un recorrido para visitar una a una las sedes de las fundaciones, pues en primera instancia se trata de verificar su existencia física, así como su «vida» jurídica, es decir su componente empresarial.

Como este elemento es parte sustancial para el avance de la investigación, este portal se dio a la tarea de buscar a los representantes legales de las fundaciones favorecidas con los contratos, varios de los cuales se abstuvieron de responder, explicando que primero lo harán ante los investigadores. Otros, enviaron a través de subalternos algunas fotografías y videos, así como las respectivas direcciones de las sedes, así:

FUDSOCIAL: Piso tercero de edificio ubicado en la Carrera 12, número 13B-16; FUNDACIÓN VISIÓN CARIBE: Local Dos de edificio ubicado en la carrera 19 número 14-97 de Valledupar; FUNVIMEJOR: carrera 13 número 9A-57; ABEIZER: Segundo piso de edificio ubicado en la  Calle 13 C número 11-20, Valledupar.

No somos fantasmas

Chivas y Crónicas logró contactar a uno de los directivos de una de tales fundaciones, ante información que ha circulado en la capital del Cesar, según la cual las fundaciones son «fantasmas», es decir que no existen y que fueron cerradas exclusivamente con el objetivo de acceder a los contratos de la pandemia. Se trata de FRANKLIN DONCELL, de «Fudsocial». De entrada le preguntamos si es verdad que son una entidad «fantasma».

«No señor, no somos ningún fantasma. Nosotros laboramos desde hace más de tres años, en la oficina 303, ustedes pueden corroborarlo. Tenemos una secretaria y dos empleados que manejan los sistemas, archivos y atienden público. Somos una entidad con amplia experiencia de muchos años, pues llevamos contratando desde el año 2014 en la entrega de paquetes de mercados a adultos mayores, niñez y adolescencia. El año pasado, por ejemplo,  ejecutamos un contrato de 8 mil paquetes, por cerca de mil millones»

Según DONCELL, este contrato consistió en la preparación y distribución de paquetes con destino a niños de los municipios fronterizos del departamento, casi todos en estado de desnutrición. Este contrato, afirma, fue ejecutado en su totalidad en los tres últimos meses del año pasado: octubre, noviembre y diciembre. Agrega que no es la primera vez que contratan y que su especialidad es, justamente, la entrega de este tipo de paquetes, y que lo han venido haciendo en casi todos los municipios del departamento.

Entonces, porqué están diciendo que cuando fueron a buscarlos en la dirección de la sede registrada, no encontraron a nadie?, le preguntamos:

«La oficina está constituida y casi todo el tiempo mantiene sus puertas abiertas, no solo al público sino también a los entes de control y otros organismos como los entes fiscales. Lo que seguramente ocurrió fue que el día que fueron unos periodistas estaba cerrada, pues el celador había salido. Pero pueden ir cuando consideren, incluso yo estaré dispuesto a atenderlos».

Según conoció este portal, en efecto esta fundación ha tenido contratos desde el pasado con la Gobernación sin que por ahora se conozca de requerimientos de entes de control o incumplimientos por parte de la DIAN. Así mismo, su constitución en Cámara de Comercio parece estar al día. En el caso concreto objeto de la investigación de la Procuraduría, FRANKLIN DONCELL explica que fueron dos los contratos ejecutados, de lo cual tiene prueba y evidencia.

«En este caso entregamos 1.800 paquetes en el Municipio de El Paso, y 3.200 en el Municipio de Becerril. Es más, fuimos los primeros en llegar hasta allí con los mercados, en momentos en que la población ya empezaba a sufrir los estragos de la pandemia.

Un colaborador de este portal visitó la sede de otra fundación, «Funvimejor», y constató que evidentemente está funcionando en la dirección aportada en los documentos. Allí fue atendido por dos personas que dijeron estar laborando diariamente. Aseguraron, sin dar sus nombres, que los contratos aludidos se han cumplido de forma legal y oportuna, pero prefirieron dejar en manos de su directivos, las explicaciones pertinentes ante medios y autoridades judiciales que investigan.

Vienen las primeras decisiones

Este portal conoció que el procurador general FERNANDO CARRILLO, podría estar anunciando las primeras decisiones de fondo la próxima semana. Fuentes del Ministerio Público explicaron que CARRILLO se tomará un tiempo prudente, en el entendido de que no todos los contratos vigilados y cuestionados produjeron afectación al Erario, y no quiere entorpecer el normal desarrollo de las administraciones, con decisiones apresuradas.

Lo primero que revisarán los investigadores, es que los contratos se hayan ejecutado, que no haya habido sobrefacturación y que no se hayan cometido falsedades en la documentación aportada por cada uno de los  contratistas. La experiencia contraactual que se soporte, también será determinante, es decir que los contratistas certifiquen un historial de contratos con la entidad oficial.

Otro aspecto importante será el del DOLO. Se mirará con lupa hasta qué punto los mandatarios vigilados actuaron de forma irregular, a sabiendas de que lo hacían y conscientes de que se vulneraría el bien del Estado. Osea, si tuvo intención de hacerlo, porque es posible que haya sido asaltado en su buena fe por asesores o contratistas.

Chivas y Crónicas conoció que el procurador estudia tres alternativas de decisión, dependiendo de la gravedad de las pruebas y evidencias que le entreguen sus investigadores: suspensión inicial de tres meses, con juicio verbal disciplinario, apertura formal de investigación o pliego de cargos, dentro de un proceso ordinario.

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VEEDOR, de presentar denuncias, a pagar prisión.

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El Juzgado 11 Civil de Cartagena ordenó el arresto del veedor distrital de esta capital Jorge Quibtana Sosa, por negarse a rectificar de forma equitativa una serie de afirmaciones públicas contra el exgobernador del departamento Dumek Turbay, que lo relacionaban con posibles actos de corrupción en un proceso de licitación. 

Se trata del caso de la conciliación con la Clinica Laura Carolina SAS de Cartagena, por la que el departamento pagó cerca de 10 mil millones de pesos, que a juicio del veedor fueron irregularmente tasados.

Como se opuso a las pretensiones de rectificación solicitadas por el exgobernador, alegando que se vio mancillado su buen nombre, el Juzgado tuteló los derechos del ex mandatarios y en vista de que no hubo la rectificación exigida, ordena el arresto del veedor, para lo cual dio orden a la Policia para que lo conduzca a los calabozos, donde deberá permanecer durante tres días hábiles, como lo dispone la norma por desacato de tutelas.

El veedor insiste en que es víctima de persecución política por parte de los altos funcionarios a los que ha denuniado por posibles actos de corrupción y a través de sus representantes ha manifestado que seguirá adelante con sus acciones. 

De hecho, en las últimas horas radicó denuncia contra el mismo ex gobernador por el tema de la conciliación supuestamente amañada. 

En otros escritos el veedor ha insinuado que jefes de órganos de control del Estado estarían «Tapando» tales supuestos actos corruptos e insinuó que ello se debe a relaciones de tipo político y personal del ex mandatario con esos altos funcionarios de Bogotá. 

Uno de ellos, cuyo nombre se abstiene de mencionar este portal por el hecho de que involucra nombres de hijos y familiares, le dijo a Chivas y Crónicas que tiene como probar que se trata de una denuncia «disparatada » y no descartó acciones legales como la tutela para proteger su buen nombre y el de una de sus hijas mencionadas por el veedor en una de sus quejas. 

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Cárcel para siete presuntos integrantes de la banda delictiva El Tren de Aragua, con injerencia en Ipiales (Nariño)

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Los procesados son señalados como posibles responsables de dos homicidios perpetrados en esa ciudad.

Ipiales (Nariño), 31 de agosto de 2021

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez primero penal con funciones de control de garantías de Ipiales (Nariño) privó de la libertad en establecimiento carcelario a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial El Tren de Aragua, por su posible coautoría en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Los asegurados son Andrés Esteban Salazar Zambrano, Nelson Enrique Melgara Calderón, Diego Alejandro Arteaga Ceballos, Julio Versar Monro Hernández, Juan Alfonso Luna Rivera, José Alberto Moreno Higuita y Britani Delgado Peña-Gómez.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 24 de agosto en un parqueadero ubicado en la calle 3 con carrera 39, barrio Centenario de Ipiales, donde un grupo de personas armadas ingresó e intimidó a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar. Inicialmente, los hoy asegurados al parecer amarraron a las víctimas de pies y manos, y posteriormente les dispararon a quemarropa y las agredieron con armas blancas. Se presume que pretendían hurtarles los vehículos.

Otra persona que se percató de lo ocurrido y alcanzó a huir fue clave para la identificación de los agresores, pues logró reconocerlos en un álbum fotográfico.

Al día siguiente, en un operativo realizado por agentes de la Sijín de la Policía Nacional, fueron capturados los presuntos miembros de la banda, tras el análisis y cotejo de las imágenes de las cámaras de seguridad del parqueadero y del sector por donde emprendieron la fuga. A los procesados se les incautaron 3 armas de fuego y 6 celulares.

Durante las audiencias concentradas ninguno de los supuestos implicados admitió la culpa.

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DURO GOLPE A “LOS PELUSOS” EN NORTE DE SANTANDER 

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REALIZABAN LOS ACTOS CRIMINALES EN LOS MUNICIPIOS DE ÁBREGO, OCAÑA, SARDINATA Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Ocaña, Norte de Santander.  En el marco en el marco de la Campaña Militar & Policial Esparta, en el municipio de Ocaña, bajo el direccionamiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional en Norte de Santander a través de La Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial realizaron la captura en flagrancia de 02 personas y 01 por orden judicial del Grupo Armado Organizado “Los Pelusos” por los delitos de concierto agravado con fines extorsivos, Homicidio, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas.

Mediante labores de inteligencia y labores propias de Policía judicial, al barrio el Mambo del municipio de Ocaña llegaron efectivos de la Seccional de Investigación e Inteligencia de la Policía de Norte de Santander y llevaron a cabo 02 diligencias de registro y allanamiento realizando la captura de Jesús Fabián Delgado Ascanio alias “Zanahoria” de 24 años de edad, cabecilla de la Comisión Armada que delinque en el municipio de Ocaña y Abrego de esta organización, Jaider Chona Sánchez alias “Jader o Caucho” de 31 años de edad, sería el Cuarto Cabecilla de la Estructura, Juan Pablo Rodríguez Lazaro alias “CHEMO” de 21 años de edad, Integrante de la Comisión Armada que delinque en el municipio de Ocaña.

Estas personas serían los encargados de cometer extorsiones y ataques a la fuerza pública, realizando la quema de vehículos en los “Paros Armados”, igualmente causando diversos daños materiales a vehículos de trasporte público, de carga y desplazamiento forzado en las comunidades de la zona.

Durante el procedimiento se incautaron 02 Granadas, 01 Brazalete de color Rojo con Negro Alusivos Ejército Popular de Liberación EPL, cartuchos calibre 9 mm y celulares.

Los capturados fueron dejados a disposición de Fiscalía 126 especializada DECOC de la Ciudad de Cúcuta y mediante audiencias un Juez de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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