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REVOCATORIAS: ¿Guerra sucia contra el registrador nacional?

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Ya son 80 los procesos de revocatoria de mandatos que siguen su curso en la Registraduría Nacional, derivados, en unos casos, del inconformismo de los electores por el incumplimiento de las promesas de los candidatos y, en otros casos, por mera politiquería y/o venganza política y estrategia electoral.

Las miradas viraron hacia las capitales políticas más determinantes en el mapa electoral colombiano: Bogotá y Medellín, donde se congregan las fuerzas más radicales y decisivas del momento: el uribismo, el «duquismo», la izquierda, la derecha, el centro, la oposición,  etcétera. Y en la mitad de esta confrontación de ideas y presiones , quedó metido el registrador nacional ALEXÁNDER VEGA, a quien el destino lo puso en uno de los momentos más álgidos de la historia electoral reciente de Colombia, pues  es a este funcionario a quien le corresponde ponerles el filtro a las iniciativas, frenarlas en casos que lo ameriten por no incumplimiento de requisitos de Ley y, si es del caso,  enterrarlas  si el acervo probatorio así lo obligue.

Bogotá, donde sus impulsores anunciaron  con «Bombos y platillos» el que sería el más audaz y agresivo de tales iniciativas para revocarle el mandato a la alcaldesa Claudia López, la iniciativa se fue desvaneciendo con el paso de los días y el agotamiento de la calentura política, hasta llevarla a su hundimiento.

En otras ciudades capitales como Cali, la iniciativa se quedó en anuncios  y titulares de prensa, mientras que en las capitales de otros departamentos y en municipios, las iniciativas arrancaron con entusiasmo y, ya en algunos casos,  con la ratificación de la documentación aportada por sus impulsores. La cifra de 80 procesos, es histórica y se prevé que varios de ellos podrán llegar a buen puerto.

¿Guerra sucia al Registrador, de dónde le están «disparando»?

Lo que está en juego en Medellín, por ejemplo, es una confrontación abierta desde los sectores del uribismo contra el actual alcalde Daniel Quintero y su grupo político, que muchos asocian con  el «petrismo». En la capital antioqueña confluyen el uribismo diezmado, el «duquismo» incipiente y el llamado Centro moderado. Pero no es solo el uribismo el ala que más la ha emprendido contra el alcalde y al que le atribuyen el impulso del proceso de revocatoria.

Hay otras fuerzas políticas que intentan «pescar en río revuelto», a la espera de «arañar» un pedazo del «ponqué» que se forme, en caso de que la revocatoria del alcalde Quintero prospere. Sin embargo, lo que se escucha en los mentideros políticos paisas es que la intención de los políticos no es  principalmente «tumbar» al mandatario, sino debilitarlo, crearle un ambiente de ingobernabilidad que le vuelva a dar vida a los partidos que perdieron el poder, como el uribismo  y el «guerrismo», del senador Andrés Guerra, heredero de una de las familias electorales de Antioquia, varias veces envuelta en escándalos y cuestionamientos éticos.

Y es que la guerra sucia no solo se está dando en el campo de las ideas y planteamientos, como debe ser, sino que se  trasladó a las redes sociales, donde las «formas de lucha» no importan. Y de esta estrategia negra no se ha escapado  ni el propio registrador nacional ALEXÁNDER VEGA, blanco de denuncias temerarias y del «reencauche» de versiones viejas, ya desmentidas y aclaradas en su momento. Está claro que fueron «fusiladas» en redes sociales en forma de «noticias actuales», para desprestigiar al registrador por la forma como ha manejado el proceso de revocatoria, en detrimento de sectores como el «guerrismo».

Por eso llama la atención que de la noche a la mañana parezcan en redes noticias recicladas, como por ejemplo una vieja la denuncia según la cual en el año 2010 ALEXÁNDER VEGA le habría hecho una millonaria exigencia de dinero al senador ANDRÉS GUERRA VEGA, para poder entrarlo al Senado de la República, cuando era casi inminente que se «quemaría».

Esta denuncia la ratificó Guerra cuando aspiraba a la gobernación de Antioquia,  y en momentos en que ALEXÁNDER VEGA aspiraba a ser elegido nuevo registrador nacional, como en efecto lo eligieron las atas cortes de Justicia.  En su momento, el hoy registrador negó tajantemente las denuncias y pidió a la Fiscalía que lo investigara, de lo cual nada fue confirmado. De hecho, GUERRA no presentó mayores pruebas, más allá de su testimonio y lo supuestamente dicho por un tercero.

En su momento, VEGA explicó ante los medios que replicaron la denuncia de GUERRA, que conoció a GUERRA por conducto de su padre, el ex parlamentario BERNARDO GUERRA SERNA,  quien lo buscó para que lo asesorara en el tema de su hijo que acababa de perder su curul por un margen estrecho de votos.

Se trata de la misma noticia que ahora de nuevo pusieron a circular en redes sociales desde Medellín, a través de un twiter. Lo que llama la atención y podría conducir de nuevo a los caminos de GUERRA , es la descripción que antecede al trino: «Ahora no vayan a pensar que se vendió para no entregar las planillas de #RevocatoriaDanielQuintero. No sean asi»

Aunque le restó importancia a este mensaje salido de la cuenta Twitter de un empresario antioqueño  y no se quiso pronunciar al respecto,  el registrador VEGA comentó a uno de sus asesores que «Palo porque bogas, malo porque no bogas», haciendo alusión a que cualquiera que sea su actuación, en favor o en contra, en este u otro proceso revocatorio, los ataques no se harán espera, pues nadie quedará contento.

Este portal conoció que a oídos de VEGA, han llegado rumores según los cuales detrás de algunas noticias en contra de su elección y gestión como registrador,  puede haber una «manguala» entre empresarios, contratistas derrotados en procesos licitatorios, magistrados de altas cortes y hasta periodistas radiales muy vinculados sentimental y familiarmente a un alto funcionario de la Rama Judicial.

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¿COMPLOT para tumbar al fiscal Barbosa?

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La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión cuya trascendencia ha pasado «de agache» en los medios de comunicación, que tiene que ver con la continuidad y el futuro de FRANCISCO BARBOSA cono fiscal general de la Nación.

Se trata nada menos que de la discusión respecto de si el período del actual jefe del ente acusador es INSTITUCIONAL o, como ya se ha dicho, PERSONAL. Dos términos legales que a vista del ciudadano corriente no tienen mucha relevancia, pero que política y jurídicamente son diametralmente trascendentales, pues el primero significa que BARBOSA debe terminar su periodo de cuatro años como los indica la Constitución, mientras que el segundo implicaría que debe terminar el periodo que dejó pendiente el renunciado NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA.

En el primero de los eventos, a BARBOSA le quedaría muy poco tiempo en el cargo, completando los cuatro años que le correspondían a MARTÍNEZ NEIRA. mientras que en la segunda opción, su gestión iría hasta ajustar los cuatro desde el momento en que se posesionó, luego de ser elegido por la Corte Suprema.

Hasta ahí, las cosas parecieran tranquilas, en el entendido de que el tema ya pasó un primer examen en el Consejo de Estado, que estudió una demanda contra el periodo del actual fiscal, declarándolo como un periodo Institucional, es decir. el mismo de su antecesor MARTÍNEZ. Pero esta «papa caliente»  llegó a la Corte Constitucional por vía de una  tutela que fue presentada, precisamente, contra la sentencia del Consejo de Estado. En Constitucional se prevé un estudio más profundo del tema, pues en esta alta corte se baila a otro ritmo y se responde a otros intereses, especialmente los políticos, ya que se considera un feudo de gran poder de influencia por parte del Gobierno.

¿Complot para tumbarlo?

Lo que este portal conoció en fuentes de las altas cortes que siguen de cerca el asunto y lo analizan en los mentideros del Palacio de Justicia, es que, contrario a lo que ocurrió en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional la cosa se puso «color de hormiga» para BARBOSA. Los contactos del fiscal le han advertido que toma fuerza una teoría para fallar en el sentido de que su periodo es Institucional. es decir que debe completar el de MARTÍNEZ NEIRA, lo que ocurrirá el año entrante.

El argumento de quienes se inclinan por declararlo como Periodo Institucional, se basa en que la renuncia de MARTÍNEZ NEIRA fue voluntaria y que la Constitución en su Artículo 249 establece que el periodo de un fiscal general es, como lo señala textualmente, INSTITUCIONAL, porque la Institución, en este caso la Fiscalía General de la Nación, está por en cima de la persona, en este caso el funcionario que ostenta el cargo.

La discusión más reciente de un caso medianamente similar, se dio con la elección de EDUARDO MONTEALEGRE, quien reemplazó a la ex embajadora VIVIAN MORALES, a quien el Consejo de Estado de la época le declaró nula su elección, cuando apenas había cumplido un año frente al cargo. En tal caso, el Consejo de Estado declaró casi de forma unánime, que el periodo de MONTEALEGRE era Personal, que empezaba de cero a partir de su posesión.

En aquel momento histórico, el pronunciamiento del Consejo de Estado en favor de MONTEALGERE, fue promovido por intervención oficiosa del conocido abogado constitucionalista GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA, quien convenció a los magistrados de que debían interpretar el Artículo 249 de la Constitución, que no hace salvedad en cuanto a si el periodo es Institucional o Personal., pues llanamente dice «periodo de cuatro años».

Este portal ubicó al constitucionalista CALDERÓN ESPAÑA para una explicación académica sobre el tema, quien  explicó el trámite que una acción de estas surte en la Corte, pero se abstuvo de referirse en concreto al tema de BARBOSA pues la tutela aún no ha sido escogida para su revisión y, eventualmente, podría no ser escogida.

«De ser escogida la tutela, la Corte tendrá que analizar todas esa tensiones que se dan entre normas de igual categoría, por ejemplo el Artículo 249 de la Constitución y el Artículo 125, que fue modificado por un acto legislativo para uniformar las elecciones de alcaldes y gobernadores, que en una época se daban en formas disparejas, porque renunciaban o se les declaraba la nulidad de la elección, o era destituido, y quien lo reemplazaba iba por un periodo personal, y esto hacía que los periodos de alcaldes y gobernadores  no fuera iguales , por lo tanto había elecciones atípicas, en diferentes épocas del año. Esto se sanjó con el acto legislativo», explicó.

Agregó que en materia de elección de un fiscal general, existe una  norma especial posterior, también de carácter constitucional, que estableció clara y taxativamente,  que el periodo del fiscal es de cuatro años y es un periodo personal, según lo dejó claro el Consejo de Estado.

«Yo considero como constitucionalista que debe seguirse la linea que se ha venido tazando en cuanto a que el  periodo de los fiscales es personal, es decir de cuatro años», concluyó.

¿Mano uribista detrás del complot?

Aunque la tutela no ha sido admitida aún, los rumores son fuertes en el sentido de que una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, se inclinaría por aceptarla, primeramente en aras de que se abra una gran discusión al respecto, y para que sea esta alta corte la que siente jurisprudencia, ya que hasta el momento se rige la tesis del Consejo de Estado, esgrimida en el caso MONTEALGRE.

Lo que este portal conoció es que detrás de ese eventual pronunciamiento en contra de los intereses de BARBOSA, estaría la mano de un sector poderoso del uribismo, incluso con el aval del propio gobierno DUQUE, que tendría fundados en que haya nuevo fiscal general, sin importar que ello implique la salida abrupta del actual, de quien se asegura, es «propias tropas» del partido de Gobierno , ya que, de hecho, hizo parte de la campaña de elección del actual presidente, de quien además fue compañero de universidad.

Pero ese interés tendría una razón de ser, según las fuentes que filtraron el dato a este portal: hay temor de que el nuevo presidente de la Republica que reemplace a Duque, no sea del mismo partido Centro Democrático, con lo cual sería el nuevo jefe de Estado quien seleccione una terna para elegir al nuevo fiscal general, que coincida con el de un nuevo gobierno.

Las fuentes aseguran que hay temor en el sector de la Derecha afín a Uribe y a Duque, que el nuevo fiscal llegue a manejar los cientos de casos de corrupción y violación de Derechos Humanos que hoy pesan contra altos dirigentes y ex funcionarios, además de políticos y ex congresistas afines al uribismo y al Gobierno. Temen un fiscal que, además, eche para atrás decisiones que ya han sido tomadas de forma favorable para ellos. Con un nuevo fiscal general, que coincida con el periodo del nuevo presidente, ese riesgo no sería tan latente y tendrían aseguradas las preclusiones.

Las fuentes también advirtieron que otra de las movidas «de ajedrecista» que se cocina dentro del uribismo y el Centro Democrático, también en caso de  una eventual derrota en la urnas, es la promoción  de un proyecto de reforma que cambie las reglas del juego y le quite al presidente el poder de ternar a los candidatos a fiscal, y que en adelante sea potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

En dicho caso, según se planea por parte de los asesores jurídicos constitucionalistas del partido de Gobierno y del propio Uribe, sería la Corte la que designe la terna, lo que obligaría al presidente de la República a elegir pero con los previos y autónomos criterios de la Corte Suprema.

estas iniciativas ya han sido socializadas en algunos sectores, incluso en el empresariado amigo del Gobierno, donde han sido vistos cos buenos ojos.

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El coronel de inteligencia que ahora está en la mira de Uribe

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Se llama Martín Arrauth y es coronel retirado del Ejército desde hace cuatro años, cuando su nombre no fue seleccionado para la lista de ascensos a general, pese a la que parece ser una muy limpia hoja de vida y los resultados y servicios que prestó, especialmente en recolección de información que fue vital para lograr los más contundentes golpes a los grupos terroristas. Además,  fue un verdadero «perro sabueso» en rastreo de corrupción interna en la misma institución a la que sirvió.

Su nombre sonó poco o nada durante su servicio a la Patria, entre otras razones por la discreción que requiere el cargo que ostentó por última vez, antes de salir: jefe de Contrainteligencia. Lo que nadie tenía porqué saber entonces, es que en el 2014 fue el gestor de una impresionante labor de limpieza intestinal, que llevó al desmantelamiento de una red de operaciones secretas ilegales, que varios de sus compañeros y otros altos mandos del Ejército realizaron desde un turbio restaurante «fachada» de Bogotá, con el objetivo de perfilar y hacerles seguimientos a varios personajes de la vida pública, rotulados como enemigos de las Fuerzas y amigos de la Paz.

Ahora, cuando el ojo del «tornado» electoral asoma en el país, el nombre de Arrauth saltó a la palestra, por cuenta de una rueda de prensa del precandidato del Pacto Histórico Roy Barreas y un posterior mensaje lanzado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde su influyente cuenta Twitter.

El senador Barreras se refirió al ex oficial, a propósito de la acusación que la Revista Semana hizo en contra suya, por el hallazgo de varios fajos de billetes en un maletín que dejó abandonado en un hotel del centro de Bogotá, hecho calificado por el congresista como «un montaje» de desprestigio impulsado desde la Casa de Nariño, respaldado mediáticamente por la revista que dirige la hoy periodista uribista Vicky Dávila. Roy Barreras mencionó al ex oficial como la persona que lo secunda y asesora en temas de seguridad en la campaña que apenas comienza.

Apenas unas horas después de que el nombre de Arrauth estuviera dando vueltas en el espectro digital, el ex senador Uribe la emprendió agresivamente y lo retó a mostrar las pruebas de un trabajo de alta envergadura, que el coronel realizó en cumplimiento de sus funciones relacionadas con Inteligencia y que, tras ser conocidas por la Corte Suprema, ocasionó la salida de altos oficiales del Ejército, muchos de ellos afines a los intereses del expresidente Uribe, a quien, al parecer, lo mantenían al tanto de planes operativos y resultados de operaciones e información privilegiada, según se denunció en su momento y se publicó en redes sociales.

Chivas y Crónicas quiso conocer la hoja de vida del coronel retirado y consultó con varios de sus «cursos» y algunos amigos suyos, quienes coincidieron en la rectitud del oficial y en que fueron los resultados de sus atrevidas tareas internas, los que precipitaron su salida del Ejército y frustraron su ascenso. El siguiente es el resumen que hicieron sobre las calidades y la hoja de vida el ex oficial:

«El Coronel Arrauth sí tiene quien le escriba»

Llama la atención que el Senador Roy Barreras hubiese designado un militar retirado como asesor de seguridad de su campaña presidencial. Una campaña que seguramente lo llevará a ser la formula vice presidencial de Gustavo Petro.

Pero sorprendió aún más que el ex Presidente Alvaro Uribe Vélez desde su cuenta en la red social Twitter solicitara al Coronel® Martin Arrauth aportara ¨pruebas¨ sobre supuestas acusaciones realizadas en el 2014  de la participación del expresidente en lo que se denominó Operación Andrómeda y en anónimos enviados a la Corte Suprema de Justicia, donde se acusa al expresidente, según el mismo dice, de realizar perfilamientos. Lo cierto es, que el denunciante anónimo remitió la información a la autoridad judicial competente y no, como suele suceder en Colombia a un medio de comunicación como arma política.

Esa solicitud probatoria, de hace ya más de seis años, llamó la atención en las redes sociales y entonces, se hizo necesario revisar la hoja de vida del Coronel® para poder conocer su desempeño como militar y entender las razones por las cuales fue designado en ese cargo, en el seno del Pacto Histórico:

Resulta que Martín Arrauth es un profesional en ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Magíster en Relaciones Internacionales y Negocios de la Universidad Militar Nueva Granada y en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Javeriana. Sus actas de grado son documentos públicos que pueden ser consultados por cualquier ciudadano, porque no tiene nada de raro que en esta contienda electoral, en donde el debate político pasó a un segundo planto y la injuria y calumnia pasó a ser el centro de la confrontación, alguien se atreva a decir que sus títulos profesionales son falsos. El que se atreva a tanto, que adjunte el certificado de la universidad que así lo acredita.

Además, dice la hoja de vida del Coronel que es un especialista en seguridad y defensa nacional y en comando y estado mayor de la Escuela Superior de Guerra. En resumen, podría decirse entonces que el Coronel® Martín Arrauth es un estratega, que durante su carrera militar fue un hombre de inteligencia y contrainteligencia en diferentes dependencias del Ejercito Nacional y seguramente, conociendo el tipo de información a la que tuvo acceso con ocasión a su ejercicio profesional, es que temen que ahora que se encuentra en el equipo de trabajo del Pacto Histórico juegue al mismo estilo que hemos observado en el arranque de la contienda electoral, filtrando importante información sobre el departamento de Antioquia, realizando montajes y utilizando medios de comunicación como armas del poder.

La hoja de vida del Coronel Arrauth denota, que se trata de un militar a quien por realizar su trabajo, sus investigados denegaron su ascenso a General y afortunadamente para el país fue así. Hoy tenemos a un hombre con sobrada preparación profesional perfectamente verificable en la contienda política al servicio de la sociedad civil que tanto lo necesita.

A la lista «oscura»?

Ahora, el temor que hay es que el nombre del coronel Arrauth aparezca en una supuesta lista de personajes de la vida pública y la política a los que, según denunció el senador IVÁN CEPEDA, serían perfilados para ser incluidos en un plan de desprestigio y daño reputacional con montajes, que contaría con la participación de blogueros, influencers, periodistas de grandes medios, reporteros y portales digitales.

De hecho, el propio ROY BARRERAS ya se atrevió a calcular que el caso del «maletín millonario» es parte de ese complot de desprestigio y que vendrán muchos más, con la ayuda de grandes medios como ocurrió con la Revista Semana, bajo la dirección de la polémica expresentadora Vicky Dávila.

El coronel Arrauth no quiso responder a varias llamadas que le hizo este portal, pero allegados a su entorno social y familiar señalaron que el oficial está dispuesto a responder a cuanto cuestionamiento se pretenda hacer en su contra, as{í como a entregar los soportes que demuestran su rectitud en cada una de sus actuaciones como coronel efectivo y ahora retirado. No descartan que aparezcan acciones oscuras contra su buen nombre, especialmente ahora que se sabe públicamente que trabaja en la campaña del Pacto Histórico.

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Las sospechosas coincidencias que salpican a magistrado de Nariño, ahora en la mira de la Fiscalía General.

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Al Nivel Centra de la Fiscalía General en Bogotá, llegará en los próximos días el caso del magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño Édgar Guillermo Cabrera Ramos, a quien varias denuncias, anónimas unas, periodísticas y formales otras, vinculan con un posible entramado de corrupción que afectaría el Plan de Abastecimiento de Combustibles  y que alcanza a salpicar a otros funcionarios del Ejecutivo, incluso al  propio alcalde la ciudad en esos momentos.

Los hechos se remontan al año 2019, cuando en distintos medios radiales de Pasto y el departamento y en redes sociales, salió a relucir una reunión convocada por el ex alcalde de la capital nariñense, en la que, supuestamente, se propuso la recolecta de 300 millones de pesos para una asesoría jurídica, en un caso que se ventilaría ante el Tribunal Administrativo de Nariño, que perjudicaría los intereses de varios sectores de la Economía regional, el bolsillo de los usuarios, incluso del propio Gobierno Nacional, si se tiene en cuenta que afectaba una norma del Ministerio de Minas sobre la regulación de tarifas..

En su momento, el abogado pastuso y ex candidato a la Gobernación del departamento Carlos Santacruz, elevó una acción popular que derivó en una Medida Cautelar que puso en jaque la marcha del plan de abastecimiento de  combustible en la ciudad, hecho reclamado por algunos sectores de la capital. Y es cuando surge el nombre del magistrado Cabrera Ramos, pues el caso llegó a su conocimiento, y en pocos días decretó la Medida Cautelar, con base en un peritaje aportado por el accionante Santacruz.

Lo que se conocería posteriormente, es que el peritaje aportado por Santacruz pudo ser apócrifo, pues se trató de un simple borrador que no fue autorizado por su autor, el perito, para se usado como prueba en un proceso ni él como testigo del mismo. Es decir, el documento carecía de sustento legal. Así fue denunciado en medios virtuales.

La decisión del magistrado Cabrera Ramos fue inmediatamente recurrida ante la máxima instancia de lo Contencioso, el Consejo de Estado, que en sala de cuatro magistrados la revocó de forma contundente y por unanimidad, devolviéndola a su estado inicial y dejando sin efecto la Medida Cautelar, no si antes hacer todo tipo de reproches al juez de primera instancia, entre otras cosas por el uso del cuestionado peritaje.

¿»Vaca» millonaria?

Una vez conocida la decisión del Consejo de Estado, en los pasillos y mentideros políticos y jurídicos de Pasto comenzaron a revivir y a asomar suspicacias respeto a la mentada «Vaca millonaria» de 300 millones, la misma que supuestamente habría auspiciado el ex alcalde de la ciudad, reunión que fue confirmada por el presidente del gremio de distribuidores minoristas, Carlos Riascos, durante una entrevista radial.

Pero más allá de esa reunión, aparecieron comentarios y especulaciones respecto a quiénes serían los destinatarios de la recolecta de 300 millones, supuestamente entregada a un abogado «llegado de Bogotá», como lo constatan varias  grabaciones. Un abogado que, según se afirma, tenía contactos con altos funcionarios de la Rama Judicial de Pasto y Nariño.

Aunque de inmediato todas las miradas apuntaron hacia el magistrado Cabrera Ramos, en su momento no aparecieron pruebas que indicaran que él hubiera recibido sobornos para emitir el fallo y dictar la Medida Cautelar. Sin embargo, otras denuncias que llegaron a periodistas regionales, dieron cuenta de supuestos pagos millonarios que, durante esas misma época, habría hecho el magistrado, al parecer de varias deudas personales.

Ninguna de las informaciones y denuncias pudieron ser probadas y ni siquiera salieron de la órbita de las especulaciones y los comentarios y de datos que aparecieron en redes sociales. Sin embrago, el tema no ha muerto ahí. Este portal conoció que el espinoso tema ya llegó a oídos de la cúpula de la Fiscalía General en Bogotá, que se alista ara nombrar una comisión de alto nivel que realice un dictamen con base en las información formal e informal, oficial y extraoficial.

El caso llega a Bogotá

Este portal conoció que además de este caso, el mismo magistrado ha sido blanco de más cuestionamientos, uno de ellos proveniente de una ONG Anticorrupción, por presuntas prácticas irregulares en el manejo procesal del mismo proceso, exigiendo que se investigue la forma como recibió, usó y tramitó el polémico peritazgo que derivó en la Medida Cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Otras informaciones llegadas a este portal señalan que el magistrado fue denunciado ante la Fiscalía Delegada ante los Tribunales, por los delitos de Injuria y Calumnia precisamente instauradas por los periodistas que revelaron  las sospechosas coincidencias y la posible irregularidad del fallo, a quienes el togado ha tildado públicamente de «Corruptos».

En el entendido de que las denuncias periodísticas y de otra especie no surtieron efecto en los órganos de control de Pasto y Nariño, el caso acaba de llegar a oídos de la cúpula de la Fiscalía en Bogotá, que se alista a nombrar una comisión que revise las actuaciones del magistrado, escudriñe en sus movimientos bancarios y le haga una inspección al proceso que frenó la distribución de combustible, en detrimento de los pequeños empresarios del ramo. Lo que se tratará de establecer o descartar, es si el togado actuó con dolo o por misión, y si direccionó la decisión hacia intereses de terceros, caso en el cual se podría configurar el delito de PREVARICATO..

Un hecho que podría considerarse relevante y sobreviniente, es la decisión del Consejo de Estado, que echó para atrás la Medida Cautelar decretada por el magistrado, que además recriminó su actuar en el desarrollo del espinoso  caso, que puso en vilo varios millones de dólares que se mueven alrededor del negocio del manejo y distribución de combustibles en esa región del sur del país.

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